A través del decreto 669/19 el gobierno modificó la ley Nº24557 de Sistema de Riesgos de Trabajo. La modificación afecta a la baja el cálculo de la indemnización por accidente o muerte del trabajador. El DNU se anunció en el marco de la campaña “Si, se puede” junto al recorte de aportes patronales. La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo expresó su conformidad. “Las empresas celebran el DNU” tituló muy ilustrativamente Ámbito Financiero (30/9). El silencio de los Fernández, Massa y Lavagna indica que todo el arco patronal apoya a la medida. La CGT se limitó a pedir que el gobierno “abandone las políticas de hambre, miseria y exclusión”. Casi como una provocación, el anuncio sucede a menos de una semana del fallecimiento de un operario en el aeropuerto de Ezeiza por no contar con las condiciones mínimas de seguridad.
El DNU técnicamente nace flojo de papeles. De Necesidad y Urgencia no tiene nada, no hay motivos o circunstancias excepcionales que impidan implementar los trámites ordinarios para reformar la ley. El punto es político. El gobierno intenta recuperar el apoyo de un sector de la burguesía y el PJ-K no quiere dejar las huellas digitales en una medida de carácter rabiosamente antipopular. Por otra parte, está cuestionada la constitucionalidad del decreto, toda vez que no se puede legislar de manera regresiva en materia laboral.
La modificación de la base de cálculo refiere al cambio de referencia en las actualizaciones del salario base a tomar en cuenta para la indemnización. La ley estipula que se actualice según la Tasa Activa del Banco Nación. Según el DNU debe aplicarse el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). La diferencia es sustancial. Se estima una diferencia superior al 100% entre ambas tasas.
Una política de estado
En 2012, bajo la presidencia de CFK, el FPV, con el apoyo de la CGT y la UIA, aprobaba la anulación de la “doble vía”. Un reclamo histórico de las patronales que condiciona el reclamo del trabajador. En 2017, con el latiguillo de desarmar la “industria del juicio”, el macrismo logró con el apoyo de la oposición una nueva reforma. Se incorporaron instancias administrativas, bajo control de las ART, para retrasar y condicionar la instancia judicial. En esa ocasión, el FPV impidió que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se pronuncie en contra de la reforma.
Este nuevo ataque vía DNU es continuidad de una ofensiva brutal para “bajar los costos laborales”. Tienen un hilo conductor con las leyes de flexibilidad de los 90 y empalma con las reformas estructurales que reclama el FMI.
Cuanto más barato es el accidente, menos son los “gastos” en prevención. La mayoría de los mal llamados accidentes laborales son producto de la negligencia patronal. Pero no se circunscribe al área de seguridad e higiene. Los premios por presentismo, por producción, las jornadas laborales extensas, la reducción de los descansos, el resorte de las dotaciones, los salarios de pobreza, el clima carcelario de muchos lugares de trabajo son factores que inciden aumentando la probabilidad de accidentes.
La burocracia sindical está comprometida a fondo con el pacto social del ajuste y la reforma laboral. En esta perspectiva está discutiendo la unificación de las centrales obreras. Su política de tregua y precarización es fundamental para que el ajuste se descargue sobre la espalda de los trabajadores. Las muertes en Vaca Muerta tras la flexibilización del convenio constituyen un ejemplo muy ilustrativo. Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, salió a rechazar el DNU de Macri porque es “reforma laboral encubierta”. Lo que encubre Sasia es que él mismo firmó una reforma laboral vía convenio colectivo. La impostura de la burocracia no tiene límites.
Más que nunca está planteada la batalla por el control obrero en los lugares de trabajo. La puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene integrada por trabajadores y con la potestad de detener la producción debe integrarse a la lucha por el la estabilidad laboral, el salario y las condiciones de trabajo. Para eso debemos luchar por una nueva dirección, clasista y de lucha, en el movimiento obrero. Mantiene vigencia el planteo de un paro activo de 36hs para derrotar el régimen ajustador del FMI. Para que la crisis no la paguen los trabajadores.
Abajo la reforma laboral
Abajo el régimen de las ART
Sebastián Rodriguez
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