El gobierno de Macri ha celebrado la decisión de la Corte norteamericana de “consultar al procurador de la Casa Blanca” en relación al juicio millonario que un conjunto de fondos buitre tramitan contra YPF.
El juicio -donde hay en juego una cifra de al menos 3.000 millones de dólares- tiene su origen en la “reestatización” de la petrolera que encaró el kirchnerismo. En ese momento (2012), la administración K expropió el 50% del paquete accionario de la compañía que estaba en manos de Repsol. Pero dejó intacta la propiedad del grupo Petersen, que detentaba el 25% de las acciones y que pertenecía al empresario kirchnerista Eskenazi. Tres años después de la “estatización”, Petersen-Eskenazi se presentaron a la justicia, alegando que el Estado argentino debió haber realizado una oferta por el total del paquete accionario y, por lo tanto, darles la oportunidad de vender su parte. A su turno, Petersen vendió después los derechos por este juicio a un conglomerado de fondos buitre encabezado por el estudio inglés Budford. Así, el juicio contra el país que comenzó en Nueva York el empresario “nac & pop” Eskenazi lo continuaron estos fondos, habiendo obtenido dos fallos favorables a sus pretensiones. Ahora la Corte yanqui, que debía adoptar una decisión final, postergó pronunciarse y habilitó a la intervención directa de Trump. Una larga historia de saqueo a la petrolera estatal ha quedado, de este modo, en manos del gobierno norteamericano.
El saqueo y sus cómplices
Tres años antes de la seudo-nacionalización de YPF, Petersen-Eskenazi había accedido al 25% del paquete accionario de la empresa sin poner un peso: el “nacional y popular” fue capitalizando su parte en YPF… con los dividendos que obtenía de la propia operación de la compañía, una operación de vaciamiento que perpetró en sociedad con la propia Repsol. Entre 2008 y 2011, Repsol y Eskenazi “se repartieron US$24.193 millones en dividendos entre 2008 y 2011, cuando las ganancias fueron de US$16.676 millones” (M.E.Estenssoro, Los interrogantes detrás del juicio por YPF, La Nación 20/12). Sin perjuicio de ello, y ya con Repsol afuera de la compañía, Petersen no perdió la chance de asestar un golpe final, iniciando el juicio que ahora se ventila en Washington. Los procuradores y abogados del gobierno macrista han reclamado que el juicio se ventile en los tribunales locales. Los buitres, por el contrario, se sirven de la propia “internacionalización” de la firma -que cotiza en Wall Street- para alegar la intervención de los tribunales extranjeros. Esta condición colonial, desde luego, continuó en pie después de la supuesta “estatización” kirchnerista.
El desenlace de este juicio tendrá lugar cuando el derrumbe del mercado petrolero internacional -y la propia bancarrota del régimen macrista- han colocado en la picota al pretendido boom energético de la Argentina. La reducción de los subsidios a los grupos petroleros que operan en Vaca Muerta -con Techint a la cabeza-, son una clara expresión de ello. Si se une esa restricción al escándalo de los cuadernos -que tiene a la burguesía nacional en el banquillo- es muy claro lo que significa tener a Trump y al gobierno yanqui como árbitro en este juicio contra YPF. Este arbitraje será utilizado para favorecer un desplazamiento de la explotación petrolera en favor de los pulpos vinculados al país del Norte, y, al mismo tiempo, para exigir mayores concesiones -una de ellas podría consistir en la privatización mayor o incluso integral de la propia YPF.
La encrucijada de YPF es una clara demostración de lo que ha significado la “reconstrucción de la burguesía nacional” por parte del kirchnerismo -una política de vaciamiento del patrimonio público y de expoliación de los trabajadores. Cuando esos recursos se agotaron, los empresarios “nacionales” concurrieron a Nueva York a pedir resarcimientos, y luego cedieron a los fondos buitre los derechos económicos por esta conspiración contra el país. El macrismo, naturalmente, se servirá de este litigio para tramar con Trump una mayor entrega de los recursos petroleros.
Con mayor fuerza aún, esta crisis plantea la nacionalización del conjunto de los recursos energéticos del país, sin resarcimiento a sus vaciadores, bajo control obrero.
Marcelo Ramal
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