sábado, 26 de enero de 2019

Los gobiernos y el capital sojero, responsables de las inundaciones



El Noreste bajo el agua

Las recientes inundaciones han configurado un verdadero drama humanitario en el norte del país. Se estima que son decenas de miles las personas afectadas en Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santiago del Estero; 6.000 de las cuales fueron evacuadas y no pueden volver a sus hogares. A las amplísimas zonas rurales afectadas se suman las urbanas –al menos 22 ciudades chaqueñas, seis santafecinas y cuatro santiagueñas, acorde al informe del Sinagir.
Solo en el norte de Santa Fe -adonde van a parar gran parte de los excedentes hídricos de la región- son 500.000 las hectáreas bajo agua. En esta catástrofe tiene fuerte influencia la imparable sojización del suelo y los desmontes de bosques nativos (que, según estudios recientes del Instituto de Tecnología Agropecuaria, absorben 10 veces más agua que los terrenos con soja). Greenpeace indica que Argentina es uno de los diez países que más ha destruido sus bosques en los últimos 30 años, en pos de la soja y la ganadería concentrada; 80% de esta deforestación se concentra en Santiago, Chaco, Formosa y Salta.
El anegamiento generalizado vuelve a dar cuenta, a su vez, de la falta de obras hídricas de importancia en las provincias y localidades. Lo exhibió dramáticamente el noreste de Gran Resistencia, en Chaco, donde la combinación de falta de canales de desagote con obras viales sin terminar convirtió a la zona en una pileta natural, tras lo cual vecinos que protestaban fueron reprimidos por el gobierno provincial de Domingo Peppo (PJ).
También se hace patente la crisis con las prometidas obras de vivienda para inundados. En Entre Ríos, a tres años de que el gobierno nacional anunciase más de 1.800 hogares, solo se construyeron 14: los responsables, Nación y el gobierno de Gustavo Bordet, en estas horas se patean la pelota por este incumplimiento.
“Tendremos que acostumbrarnos a las inundaciones”, dijo en estos días Macri, con el mismo cinismo con que en enero del año pasado señaló –frente a las inundaciones del norte bonaerense y zonas de Córdoba y Santa Fe- que “por suerte paró de llover”.
Por su parte, Pablo Bereciartua, secretario de Infraestructura y Política Hídrica, evocó la falta de inversión en infraestructura de los gobiernos precedentes para ocultar la continuidad de esta política por parte de Cambiemos. El gobierno nacional viene subejecutando sistemáticamente el denominado “Fondo Hídrico” (consumó apenas un tercio en 2016, y menos de la mitad en 2017) y profundizó esta línea en el Presupuesto 2019 hecho a medida del FMI, en donde abandona compromisos de obras clave, como las de la cuenca del Salado.
Los mandatarios provinciales de diverso signo se adaptan y reproducen esta política. Lo hace la subejecutora serial María Eugenia Vidal, con consecuencias que volvieron a verse hoy, cuando un temporal en el norte bonaerense derivó en la inundación de Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln y Junín, entre otras. Lo hace el mentado Bordet, cuyo presupuesto 2019 para Entre Ríos prevé un centenar y medio de obras de infraestructura, hidráulicas, sanitarias y viales… sin fondos. Lo hace Juan Schiaretti en Córdoba, en cuya capital una breve lluvia derivó ayer en la circulación subacuática de los autos y colectivos.
El plan de emergencia anunciado por el gobierno nacional junto con los gobernadores tiene por eje principal exenciones impositivas y beneficios crediticios al gran capital afectado. Pero las obras de infraestructura que requieren el grueso de los inundados se condicionan a la obtención de fondos por parte de organismos de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, o a indeterminadas reorientaciones presupuestarias en secretarías y ministerios ya de por sí ajustados.
Se plantea la necesidad de un plan de obras hídricas y de vivienda financiado por impuestos al gran capital, bajo control de la población trabajadora, y el resarcimiento de los afectados.

Tomás Eps

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