Tras un año marcado por la recesión económica, la fuerte pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, el gobierno argentino busca instalar en el centro de la agenda mediática el tema de la seguridad.
Como es habitual, mayores índices de exclusión social, que en Argentina impactan principalmente en los menores de 18 años, provocan la expansión del delito y la marginalidad.
Sin medidas económicas que puedan revertir esta realidad en un año electoral, el gobierno de Cambiemos instaló en el comienzo de 2019 una agenda con tres patas: deportación de extranjeros, baja de la edad de imputabilidad y nuevo armamento para la Policía.
La mañana de este lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de promover estas propuestas a través de una entrevista en Radio Mitre, luego que el tema fuera difundido por el diario Clarín en sus tapas del domingo y lunes (ambos medios pertenecen al mismo grupo).
“El gobierno tiene una lista de mil extranjeros que podrían ser deportados”, tituló este lunes Clarín, y adelantó que ese listado está en manos de Migraciones.
Luego, Bullrich agregó que las deportaciones son solo “una primera parte de un programa exitoso”. Su argumento para poner la mira en los extranjeros que viven en el país es que el 20% de los presos que tienen causas vinculadas a las drogas son inmigrantes. La realidad es que casi todos fueron utilizados como “mulas”, tal como se denomina a las personas usadas por grupos narcotraficantes para trasladar la droga.
El objetivo del Gobierno es instalar este tema en el Congreso nacional, junto con los casos de corrupción de los gobiernos kirchneristas que se investigan en la justicia. Por eso, Bullrich anunció que enviará un “programa” al parlamento, que incluye la creación de un ente especial para acelerar las deportaciones y lograr que el proceso “sea más expeditivo y rápido”. En resumen, una ofensiva contra los derechos de la población inmigrante del país.
La Ministra agregó que entre quienes delinquen en motos -denominados en la prensa como “motochorros”- también hay un alto índice de extranjeros, aunque no dio ninguna cifra que respalde esta afirmación.
Dos ejes más
La agenda tiene como segundo punto la intención de armar con pistolas Taser a las fuerzas de seguridad, que ya fueron compradas y primero las utilizarán en aeropuertos y estaciones de trenes. Este armamento está diseñado para inmovilizar a las personas mediante peligrosas descargas eléctricas. Cada disparo provoca 19 contracciones musculares durante cinco segundos.
El tercer punto es la baja en la edad de imputabilidad hasta los 15 años. Para ello, el Gobierno propone un nuevo Régimen Penal Juvenil, que según Bullrich se apoya en “experiencias de todo el mundo”. “Esto es muy novedoso, porque a los chicos que generan robos o distintas conductas, la sociedad no los va a ver a los dos minutos en su casa. El 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años”, explicó.
Un amplio sector de la sociedad argentina repudia a la ministra Bullrich y a las políticas de seguridad del Gobierno. Sin embargo, este tipo de medidas también generan apoyo en otro amplio sector que cree que por esta vía podrá reducirse la delincuencia en Argentina. Por eso algunas encuestas la ubican a Bullrich como una de las personas con más apoyo entre los ministros de Macri.
La apelación a la xenofobia y a una agenda represiva para abordar la delincuencia y la marginalidad social es una constante cuando se profundizan políticas de ajuste que golpean a trabajadores ocupados y desocupados. El objetivo es enfrentarlos entre sí.
En este caso, se trata de una política alineada con la de varios gobiernos de la región que rechazan la convergencia independiente de América Latina y ya comenzaron a impulsar la xenofobia, principalmente contra la inmigración venezolana.
Ignacio Díaz
América XXI
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