El 2019 comienza muy complicado

Panorama político-sindical

COFCO (ex Nidera) anunció el cierre de la planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires. La alimenticia impidió el ingreso de los trabajadores informando el cierre y aludiendo a una supuesta crisis, a pesar de ser una de las grandes exportadoras agrícolas. Peligran 200 puestos laborales. Desde el sindicato de aceiteros advirtieron que no van a permitir este ataque y que pelearán “hasta las últimas consecuencias”.
Los choferes de las líneas de colectivos 51, 74, 69, 177, 263, 370, 385, 388, 435 y 503 de la firma San Vicente realizaron un paro total de actividades debido al despido de un trabajador por parte de la empresa responsable. Los empleados aseguraron que no volverán a subirse a sus coches hasta tanto se reponga en su puesto al trabajador despedido.
Este viernes los trabajadores de Fundición Aguilar de Palpalá (Jujuy) realizaron una marcha rechazando 128 despidos. En Buenos Aires la UOM rechazó el preventivo de crisis y habría nueva reunión el 8 de enero.
La empresa Pilisar S.A.-Siam se niega a acatar la orden judicial de reinstalación de la delegada Alejandra Vercellino. Ya han denunciado el incumplimiento de la orden judicial ante la Inspección General de Justicia y se mantendrán en lucha hasta el cumplimento efectivo de la reinstalación y la reincorporación de tod@s los trabajador@s despedidos.
Azul Linhas Aéreas confirmó que a partir del próximo 1º de abril dejará de operar las rutas que unen a Porto Alegre con Córdoba y Rosario, las cuales habían sido inauguradas a principios de julio de 2018.
En un comunicado, los gremios aeronáuticos anunciaron que recibieron “una citación urgente de la Secretaría de Trabajo, para una reunión el jueves con el fin de resolver la pauta salarial que nos llevara a anunciar el día 27 de diciembre de 2018 un paro por tiempo indeterminado. Hoy (después de tres horas), acaba de finalizar dicha reunión, sin acuerdo alguno, por lo que el ministro dictó la conciliación obligatoria, con una nueva audiencia para el próximo miércoles 9 de enero a las 13:00”.
De esta manera el Gobierno frenó la medida de fuerza que estaba anunciada, con la temporada veraniega recién iniciada. La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSALA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y de Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA) habían anunciado la paralización por tiempo indeterminado de todos los vuelos de la empresa Avianca.
El conflicto surge a partir de la negativa de la empresa a pagar el bono de fin de año acordado por el Ministerio de Producción, las Cámaras patronales y la CGT. Además, la propuesta salarial para 2019, prevé un incremento del 23% en dos pagos.
La firma de maquinaria agrícola Deutz Agco cerrará durante los primeros meses de 2019 sus plantas de motores y tractores, ubicadas en la provincia de Buenos Aires: se perderán 190 puestos de trabajo.
La fábrica de motores está ubicada en la localidad de Haedo y cerrará sus puertas a fines de enero. Allí trabajan 70 personas.
La planta de tractores, radicada en General Rodríguez, bajará la persiana en mayo, aunque ya no se registra actividad desde hace meses: los 120 trabajadores de ese establecimiento se encuentran suspendidos y se están acordando las condiciones de los despidos.
Desde 2012, las plantas de Deutz en la Argentina operan en alianza con la autopartista Carraro Argentina. El proceso de suspensión de personal y despidos comenzó en 2016, cuando contaba con 350 operarios. En 2012, Carraro y Deutz anunciaron una inversión de 100 millones de pesos para aumentar la producción debido a un incremento en la demanda de maquinaria agrícola. Siete años después, la compañía cerrará de manera definitiva.
La cordobesa Dulcor anunció la compra de las plantas mendocinas de Alco-Canale por seis meses. La preocupación de los 190 trabajadores efectivos y los otros 1.000 temporarios no tardó en llegar. Es que el cambio de firmas, por lo general, implica “reestructuraciones” que pueden impactar en cesantías.
Son muchos los pueblos que tienen sus economías locales atadas a la suerte de algunas industrias. Eso es lo que ocurre en Eldorado, Misiones, donde la multinacional Dass tiene emplazada su planta de fabricación de calzado.
Luego del anuncio de los 175 despidos y con reuniones en las que no hubo avances y soluciones, los vecinos salieron a la calle a protestar. Convocaron a un cacerolazo para reclamar la reincorporación de los empleados que quedaron en la calle.
“Es la primera vez en 30 años que en la fábrica no hay ruidos”, explica Marco Meloni, dueño de la textil Filotex ubicada en el municipio de Quilmes, que tuvo que paralizar su producción por la falta de demanda.
La histórica pizzería Roma, en la peatonal Lavalle al 888 de la ciudad porteña, con 60 años de existencia dejó a sus cuarenta trabajadores en la calle. Los dueños tapiaron las puertas para que nadie pueda ingresar.
Este cierre se suma a la crisis que vive el sector gastronómico que cerrará uno de sus peores años. Íconos como Clo Clo y Hermann, son sólo algunos lugares emblemáticos que cerraron sus puertas. Mientras en Puerto Madero, la mayoría pidió Procedimiento Preventivo de Crisis por las obras y en la calle Corrientes, La Giralda sigue buscando comprador porque no puede sobrevivir a los altos costos y la caída del consumo.
La cadena de electrodomésticos Musimundo, en concurso preventivo de acreedores, cerró otros tres locales: Abasto, Caballito y Liniers. Despidió a todo su personal y ya suman 33 las bocas cerradas.
Mientras reciben la llegada de los veraneantes de la primera quincena, un paro de municipales pone en jaque a Mar del Plata en plena temporada.
Desde el municipio confirmaron que desde el 11 de diciembre pasado los empleados de todas las áreas realizan una retención de tareas. Durante el año 2018 los trabajadores municipales de la ciudad balnearia recibieron sólo un 18% de aumento y exigen al menos un 32% efectivo para llegar a un acuerdo.
Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) advirtieron la posibilidad de iniciar un paro total de actividades en el primer fin de semana de enero, en plena temporada, en el caso de no alcanzar en las próximas horas un acuerdo salarial con la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (CEBRA).
“Estamos hablando de entre un 45 y un 50% pero nos ofrecen un 30% y estamos lejos de poder alcanzar un acuerdo”, dijo Luciano Grimaldi, secretario general del gremio.
La justicia dejó sin efecto el desalojo de 14 trabajadores de la tradicional confitería Boston de Mar del Plata, que permanecen desde hace 209 días con la toma del local, situado en la zona de Playa Varese, tras recibir el llamado del juzgado actuante desde donde se le comunicó al oficial de justicia interviniente que el propietario del comercio retiró la solicitud para que se produzca la liberación del predio.
“Estoy absolutamente segura de que hoy no se llevó a cabo este desalojo por esta masiva resistencia y apoyo que tuvieron los trabajadores por parte de concejales, gremialistas y por los propios marplatenses, que salieron a apoyar para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, expresó la abogada de UTHGRA, Selena Marinelli
Los empleados llevan más de 200 días de lucha, vendiendo al paso café, medialunas, pan dulce y viandas, para poder llevar un plato de comida a sus familias.
Unos 114.000 habitantes de la ciudad de Mar del Plata están “buscando trabajo”. Así lo reveló un informe socio-laboral realizado por el Grupo de Estudios de Trabajo (GRET) del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Los registros del Indec del tercer trimestre indicaron que en Mar del Plata “hay 272.000 ocupados y 78.000 que buscan trabajo o adicional o un cambio”, si le sumamos los 36.000 desocupados que hay en el Partido de General Pueyrredón, tenemos 114.000 personas buscando trabajo, cifra que es muy alta. Se trata del 37,1 % de la población económicamente activa.
Empleados de la fábrica de alfajores Estancia El Rosario protestaron por las calles de La Cumbre para reclamar una deuda salarial de cuatro meses y declarar la incertidumbre laboral de sus 34 trabajadores.
Más de 200 obreros fueron despedidos en la obra de la autopista de ruta 19, en Córdoba, en la parte que corresponde a Vialidad Nacional, y los trabajos están paralizados en el sector.
Tras 64 años, la firma Macoser S.A. dejó de fabricar las clásicas máquinas Singer en su planta de San Francisco, Córdoba. Era la última empresa nacional dedicada a ese rubro que no puede competir con productos importados. La paralización total de la producción se concretó el pasado 3 de diciembre.
En los últimos días de 2018, 50 trabajadores fueron despedidos en las Fábricas Militares de Río Tercero y Villa María en Córdoba, de Fray Luis Beltrán en Rosario y en sede central. Otros 20 perdieron sus puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional.
En respuesta, en el segundo día hábil de 2019, ATE volvió a las calles para rodear de solidaridad a los sectores golpeados y exigir la reincorporación. Además, llamó a construir un Paro Nacional para febrero.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó a la ministra de Educación porteña y los gremios docentes para destrabar el conflicto provocado por la resolución que abrió la puerta al cierre de establecimientos educativos. Las partes firmaron un acta para conformar un cuerpo que analizará la continuidad laboral y la adecuación de la oferta educativa y los planes de estudio.
La reunión entre los docentes, funcionarios de gobierno y la Defensoría de la Ciudad, se realizó luego que los maestros advirtieron que si el gobierno porteño no derogaba la resolución ministerial anunciarían medidas de fuerza que impedirían el inicio del ciclo lectivo.

Medios

Tras concretar un paro que se extendió desde las 11:00 hasta pasadas las 16:00 de este viernes, los trabajadores de Telefé, con la movilización y el respaldo del sindicato SATSAID, lograron que la secretaría de Trabajo dictase la conciliación obligatoria y frene por 15 días, los 12 despidos que tenía previsto concretar la empresa, con la puerta abierta a un probable aumento de las cesantías. Ante la conciliación, el sindicato junto a los trabajadores acataron la decisión de la cartera y levantaron la medida.
Asimismo, los trabajadores de C5N realizaron una jornada de protesta en las puertas del Canal para pedir la regularización del cobro de sus salarios.
El periodista y delegado sindical Alexis Szewczyk relató que vienen cobrando el sueldo en cuotas “desde hace un año y medio”. “El canal tiene las cuentas embargadas por la situación judicial de los dueños. Desde hace dos meses el juez en lo comercial Javier Cosentino lleva la causa del concurso y ordenó abrir una cuenta inembargable para uso exclusivo de pago de salarios, pero esa cuenta no se pudo abrir por que la AFIP reclama que primero se le pague la deuda que tiene la empresa”.
Y señaló: “Eso pone en jaque los 400 puestos de trabajo, viola tratados internacionales y constitucionales respecto de la prioridades de pago. No puede haber un interés superior al pago de salarios. La AFIP por orden del gobierno que tiene la voluntad de cerrar el Canal y mantiene cerrada esa cuenta. Eso nos complica mucho la posibilidad de cobrar mejor y hace que no sepamos nunca cuándo vamos a cobrar. Hay un retroactivo de 9 meses de la paritaria de 2017, no terminamos de cobrar el aguinaldo de junio y ni cobramos el de diciembre”.
También hubo paro en Radio Nacional por la falta de negociación paritaria. El último acuerdo fue firmado en abril del 2017.
La asamblea de trabajadores Página/12 manifestó su repudio a los términos del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE) solicitado por el Grupo Octubre, que dirige Víctor Santa María, ante la Secretaría de Trabajo.
Para la Comisión Interna, allí se proponen “soluciones” que en ningún caso son positivas para los trabajadores, como abrir retiros voluntarios, prescindir del envío de fotógrafos, disminuir el número de colaboradores, eliminar los suplementos que acompañan al diario, reorganizar horarios, funciones y tareas del personal, y suspender de forma “temporaria y rotativa a todas las áreas del personal que no resulten imprescindibles para la salida del diario”.
Los trabajadores denunciaron además que Santa María y su CEO Francisco Meritello pidieron a la Secretaría de Trabajo “la aplicación inmediata de la normativa que suspenda con efecto similar a la conciliación obligatoria toda medida de fuerza” y “acordar con el sindicato la necesidad de limitar y fijar los horarios de asambleas fuera del horario laboral”. Estas medidas para los trabajadores tienen un claro carácter persecutorio y prohibitivo, muy a contramano de la extensa tradición gremial en Página/12.
“En ningún lugar del expediente, paradójicamente, se hace mención a que los paros realizados este año y el anterior respondieron a la falta de pago de la propia empresa, que aún no terminó de pagar la paritaria 2017 y no empezó a pagar la 2018”, aseveraron desde la Comisión Interna.
“Frente a este ataque a la planta de trabajadores y trabajadoras, la asamblea y la Comisión Interna de SiPreBA mantienen el estado de alerta permanente y el compromiso de defender cada punto del Estatuto del Periodista Profesional y el Convenio Colectivo de Trabajo. También los puestos de trabajo, ya que si bien el escrito empresarial sugiere la voluntad de ‘arbitrar los medios necesarios para evitar el despido masivo de los trabajadores’, a su vez promete entregar ‘en breve’ un ‘esquema de indemnizaciones por despido con motivo de falta o disminución de trabajo’”, agregaron los trabajadores.

Hospital Posadas

“La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), seccional Hospital Posadas, afiliada a nivel nacional a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), recibió una nota con la firma de la doctora Mirta Susana Rodríguez, subsecretaria de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri, donde informó que el Gobierno Nacional, de quien depende el centro de salud más grande del país, renovaría 317 contratos precarios que había trascendido que serían nuevos despidos que se sumarían a los 1.300 ya cesanteados”, informó el presidente de la FESPROSA, el médico Jorge Yabkowski.
“Tenemos que decir que siguen vigentes los 1.300 despidos producidos hasta el momento durante el gobierno de Cambiemos, que los fallos de la Justicia que ordenaron reincorporar trabajadores no fueron cumplidos por las autoridades nacionales, que persiste la amenaza de desalojo violento de la sede sindical de CICOP ubicada en el hospital (sin que se otorgue una nueva sede), es decir, que el conjunto de la represión, militarización y ajuste en el Hospital Posadas está plenamente vigente, y que el 90 % de los trabajadores tiene contratos precarios”, continuó Yabkowski.
“La FESPROSA mantiene el estado de alerta y movilización, y convoca a los representantes de sus 30.000 afiliados en 600 hospitales de todo el país, a un plenario nacional de su Consejo Ejecutivo para el día 11 de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde entre otros temas, se analizará la situación del Posadas y se adoptarán las medidas sindicales que sean necesarias en el caso de que este compromiso asumido por el Gobierno Nacional no sea cumplido”, finalizó.

¡¡No al Tarifazo!!

El viernes, en muchas esquinas de la CABA y en diversos barrios bonaerenses, miles de personas salieron a la calle al grito de “Paso, paso, paso, abajo el tarifazo”.
En Lanús se escuchó el tradicional “Olelé, olalá, si esto no es el pueblo el pueblo dónde está”. En Cabildo y Juramento lo más elegido fue el hit del verano MMLPQTP, que se repitió en casi todas las esquinas acompañada de carteles alusivos como el de “No al tarifazo, luz, agua y gas son impagables”, que mostraban en Parque Chacabuco.
En Triunvirato y Avenida de los Incas un enorme cartel preguntaba “¿Qué porción de tu sueldo se llevan las tarifas?” y en Acoyte y Rivadavia aseguraban que “Los servicios de agua, luz, gas son un derecho”.
Autoconvocado desde las redes sociales, a partir de las 20:00, el ruidazo se empezó a sentir hasta hacerse mayor, de punta a punta de la Ciudad en distintos sitios. Uno de los hastags principales fue #NoAlTarifazo, siempre conteniendo cuestionamientos que se extendieron a varias de las consecuencias más criticadas de la gestión nacional de Cambiemos: “Basta de tarifazos, basta de inflación, basta de inseguridad, basta de corrupción”.
Algunas de las organizaciones convocantes fueron la Coordinadora de Asambleas Barriales, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero.
El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y Pablo Moyano, en su rol de referente del Frente Sindical por el Modelo Nacional, encabezaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la realización de acciones judiciales contra el tarifazo y el comienzo de un plan de lucha con una seguidilla de movilizaciones en diferentes puntos del país.
El cronograma de movilizaciones comenzará el 10 de enero en la Ciudad de Buenos Aires y continuará el 17 en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Mendoza.

Las cifras de la recesión

La actividad de la construcción cayó 15,9% en noviembre último con relación al mismo período de 2017, con lo que el rubro comenzó a sentir el impacto de la recesión y la crisis económica. El sector ya computa la pérdida de 11.000 puestos de trabajo contra el año pasado.
El freno de la obra pública desde mediados de año es un elemento importante para explicar la caída de la construcción. En el presupuesto para 2019 uno de los rubros más afectados por el ajuste para alcanzar el déficit cero fue gastos de capital. Es el rubro en que se registran las erogaciones para obras de infraestructura. El Gobierno pretende recuperar la confianza del mercado financiero con un programa de contracción fiscal. El resultado por ahora no fue efectivo y está generando otras consecuencias como el fuerte derrumbe de la economía real. El parate de las inversiones del sector público tiene consecuencias para el empleo. Existen antecedentes recientes. Entre finales de 2016 e inicio de 2017, cuando la actividad anotó problemas para crecer, hubo pérdida de más de 50.000 empleos registrados en la construcción.
En noviembre, la industria registró el peor retroceso de la gestión Cambiemos al marcar una caída del 13,3 % en relación a igual período del año pasado y acumula once meses en rojo, con una baja del 3,8 %, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La Universidad de Avellaneda presentó este miércoles un informe en el que señala que la inflación de diciembre fue del 4,3% y que según datos consolidados proyectados para los alimentos arrojan un incremento del 64% en el último año.
"El desbarajuste inflacionario de 2018 tuvo una magnitud difícil de predecir hace un año atrás. A la espera del último número (oficial) de diciembre ya se tiene la seguridad de que estamos ante el año de mayor aumento de precios desde 1991", destaca el informe.
A través de una carta dirigida al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, la CGT le solicitó que se convoque de “urgencia” al Consejo del Salario. Reclama que todos los trabajadores tengan un ingreso mínimo similar a la canasta básica, que hoy está por arriba de 25.000 pesos.
La última medición del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) integrado por 45 gremios de la CGT y la CTA, reveló que la inflación acumulada trepó al 47,2%.
Según el índice de precios difundido por la agrupación Barrios de Pie que conduce Daniel Menéndez, la Asignación Universal por Hijo perdió este año un 32,53 % de poder de compra y el Salario Social Complementario 20,95 puntos.

El delegado del año

Durante el último día hábil del año, Mauricio Macri firmó desde su lugar de descanso en Villa La Angostura el descongelamiento de los sueldos de los altos funcionarios del Estado.
Todos los sueldos de unos 300 ministros, secretarios y subsecretarios tendrán un aumento del 20% en enero y de un 5% en febrero, para equiparar los incrementos que tuvieron el resto de los empleados estatales.

Mario Hernandez