En lo poco que va del año ya hubo al menos dos represiones policiales (a los recolectores de residuos de Villa Gobernador Gálvez y en el frustrado clásico rosarino) y 16 asesinatos, la inmensa mayoría resultado de enfrentamientos entre bandas narco por el control del territorio en las zonas más pobres de Rosario. Entre estos asesinatos se cuenta el de una militante social, Mercedes Delgado.
La situación social en Santa Fe es de franca descomposición: se derrumba el mito de Binner y el falso “socialismo” como ejemplos de gestión social de los negocios capitalistas. Los grandes industriales, las patronales sojeras o las grandes aceiteras ganan millones, y esto se traduce en una Rosario del disfrute y el consumo suntuoso entre torres edilicias a la vera del Paraná. Pero en el otro polo, las grandes mayorías se hacinan en barrios y asentamientos precarios sin las mínimas condiciones de subsistencia garantizadas.
La década del ´90 azotó la zona con fuerza. Hoy, muchas de estas secuelas siguen pegando: la pobreza es enorme y las villas hacinan a alrededor de 150 mil rosarinos. Durante la última década, supuestamente llena de bondades del “crecimiento con inclusión social” kirchnerista (o aquí “socialista”), no revirtió ni un solo elemento estructural de la herencia menemista. En Santa Fe, la desocupación no baja del 9%, la precarización laboral afecta a 1 de cada 3 trabajadores: un 50% de la población económicamente activa se encuentra en distintos grados de marginalidad o pobreza.
Otra consecuencia política de la continuidad noventista del PS y el PJ es el creciente peso del narcotráfico en las barriadas populares. El triple crimen de Mono, Patón y Jere del FPDS demostró hasta qué punto llegó este proceso. Ahora, en una reciente balacera cayó asesinada Mercedes Delgado, militante social del barrio Ludueña, muerta por un disparo de uno de los jóvenes que hasta hace poco comía la comida que Mercedes cocinaba en el Centro San Cayetano. Al día siguiente, en barrio Nuevo Alberdi, otra disputa entre bandas narcos terminó con tres heridos graves, dos de ellos miembros del Movimiento Evita que quedaron en medio de la balacera.
Que haya militantes sociales entre los asesinados, al igual que hace un año en Villa Moreno, son “daños colaterales” de una guerra protagonizada por bandas narco con auspicio de la Policía Santafesina, que maneja todo el negocio del narcotráfico y las redes de trata provincial, como quedó más que evidenciado con el escándalo del ex Comisario Tongoli.
La Policía, que en Santa Fe está a la cabeza del ranking del gatillo fácil, se ha mantenido intacta bajo los gobiernos del PS, y agrega estas muertes al prontuario que incluye asesinatos en las represiones del 2001 o la implicancia en el asesinato de la testigo contra genocidas Silvia Suppo, o de la dirigente Sandra Cabrera. La Justicia, intacta desde la dictadura y el reutemismo, garantiza a su vez la impunidad de empresarios y policías. Como denuncian los trabajadores de Promoción Social enrolados en ATE, tras la precarización laboral que sufren de manos del PS, se esconde la verdadera “política social” de los gobiernos nacional, provincial y municipal. No se aumenta el personal, los salarios son bajísimos ($4.900), los insumos básicos no llegan ni cuentan con instalaciones acordes. Estos compañeros sufren en sus condiciones laborales las consecuencias de este impulso estatal y policial a los narcos y sus soldados.
La verdadera prioridad del gobierno y el Estado es la de aumentar sus aspectos represivos. La represión a los recolectores de Gálvez demuestra esto. Ahora, impulsado por el PJ, se votó la “emergencia en seguridad” que habilita a un mayor presupuesto para la Policía, y recientemente, también en común acuerdo entre el PJ y el PS, se aprobó la instalación de 600 cámaras de seguridad. Todos los políticos hablan cínicamente de “fortalecer la presencia del Estado”, eufemismo para aumentar la represión.
Es preciso que el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, de DD.HH. y políticas, lancemos una campaña unitaria contra la “militarización” y represión a los trabajadores y barrios populares. Es preciso luchar hasta acabar con el trabajo precario, y exigir aumento de salario para todos los trabajadores. Y demandar el aumento inmediato de la Asignación Universal por Hijo. Basta de subsidiar a los grandes empresarios: que se les cobre impuestos progresivos y se eliminen los impuestos que esquilman al pueblo trabajador. Hay que lanzar urgente un verdadero plan de obras públicas controlado por las organizaciones obreras y populares para generar miles de puestos de trabajo. Sólo un pliego de reclamos así, que una a toda la clase trabajadora con el pueblo pobre de la región, se puede atacar la degradación social que imponen los capitalistas, el PS y el PJ.
Sebastián Quijano
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