Cristina Kirchner anunció “la renovación ferroviaria más importante de los últimos 50 ó 60 años”: un plan para el reemplazo de 409 coches de las líneas Sarmiento y Mitre, y obras para abrir pasos a nivel y puentes peatonales. Todo costaría cerca de $4.900 millones.
El anuncio, una cortina de humo ante el primer aniversario de la masacre de Once, es un verdadero “relevo de prueba”: en los últimos 50 años el sistema ferroviario fue deteriorándose paulatinamente, dando un salto con las privatizaciones menemistas y el desmantelamiento del 90% de la estructura ferroviaria. Esto continúa igual hoy: la mayoría del material tractivo y rodante es de los ‘60 y ’70. La prometida renovación no es ningún mérito, sino prueba de la desidia y el desinterés por el transporte del pueblo trabajador al que nos han condenado sucesivos gobiernos, incluidos los más de 10 años de gestión K, en los que se profundizó el colapso del sistema, mientras las concesionarias embolsaron más de $4.600 millones.
Más de una década de crecimiento récord, sólo la disfrutaron los empresarios que la levantaron no “en pala” como dice CFK sino en grúas y containers: mientras, el transporte público sigue siendo obsoleto, lento y peligroso. Antes de que la indignación popular vuelva al recordar a los 52 muertos y 700 heridos, el Ministerio de Interior y Transporte de Randazzo intenta adormecer la memoria con estos anuncios. Tanto se entusiasmó el ministro que en medios oficialistas habló de una “revolución en el transporte”, aunque rápidamente tuvo que desdecirse ya que ni siquiera está garantizado que se cumplan todas las promesas ni los plazos anunciados. ¿Se puede creer en un gobierno que ya anunció años atrás la reapertura de talleres ferroviarios, el tren bala a Rosario, el soterramiento del Sarmiento, o la inauguración del tren a Uruguay? Como denunciaron los familiares de las víctimas de la masacre de Once en el acto por los 11 meses, “los anuncios siguen, y se insiste con la supuesta mejora del servicio. Los vagones que circulan hoy son (…) idénticos al del tren chapa 16. Han recibido mejoras estéticas realizadas en EMFER, una empresa de los Cirigliano, (…) el Gobierno sigue manteniendo relaciones comerciales con los empresarios responsables de la masacre”. De la compra de coches saldría beneficiada la china CSR; tanto Metrovías-Roggio como EMEPA- Romero e incluso Taselli (Materfer) seguirán asesorando y manejando los talleres para el mantenimiento de las vías y formaciones “renovadas”. No hay ningún plan de desarrollar realmente la industria ferroviaria. De los ferrocarriles de carga no se dice una palabra, cuando es fundamental su expropiación a las grandes “corpos” como ALL, la brasileña Camargo-Correa (Ferrosur), Techint-Rocca (Ferroexpreso Pampeano), que sí dan ganancias y muchas.
La burocracia sindical de los gremios ferroviarios lanzó una campaña con la consigna “Luche y vuelven FERROCARRILES ARGENTINOS”, cuando esos mismos dirigentes apoyaron activamente las privatizaciones menemistas (con la consiguiente destrucción de 40 mil kilómetros de vías y 80 mil puestos de trabajo) ¡Ahora hablan de reestatizar! Los alcahuetes de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria (ambos de la CGT Balcarce) intentan mostrar la “renovación” anunciada por CFK como una vuelta a “Ferrocarriles Argentinos” y postularse para agarrar alguna nueva “caja”. Las “reformas” de Cristina y sus burócratas buscan aplacar el descontento social por el mal servicio y ser una fuente más de ganancia para la patronal. Una “vuelta a Ferrocarriles Argentinos” tampoco sería una salida: prestaba un servicio tan calamitoso como el actual. Los planes tanto del oficialismo como de la oposición patronal (Macri) descargan los costos sobre los trabajadores y el pueblo aumentando tarifas de peajes, micros y del propio transporte de pasajeros que se supone deberían mejorar.
Un verdadero plan de renovación integral del sistema ferroviario, al servicio de los trabajadores y el pueblo, sólo es posible como parte de un plan obrero que luche por su reestatización bajo administración de los trabajadores y con el control de comités de usuarios populares. Es fundamental expropiar a las empresas privatizadas actuales y anteriores los millonarios subsidios que recibieron y no invirtieron o derivaron a negociados con tercerizadas, durante las últimas dos décadas. Para dar una idea, en la causa contra Schiavi y Jaime figura que TBA recibió del Estado Nacional más de 1900 millones de pesos sólo entre 2003 y 2010. Los fondos están en manos de los empresarios que se llevaron “vagones de guita” operando el servicio de cargas, que no sólo se roban los subsidios que pagamos los trabajadores, sino que cobran millonarios peajes para el transporte de la soja. Esto se debe financiar también, en base al cobro de impuestos a las grandes fortunas y al no pago de la deuda externa, afectando a los que usufructúan en beneficio propio el transporte a costa del sufrimiento del pueblo trabajador.
Flavio Bustillo y Augusto Dorado, integrantes de la Agrupación Ferroviaria Naranja
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