Randazzo sostiene la impunidad

El 22 de febrero, primer aniversario de la masacre de Once

A medida que se acerca el 22 de febrero -aniversario de la masacre de Once-, el gobierno multiplica sus anuncios ferroviarios, reiterando inversiones y obras prometidas en innumerables oportunidades. A partir del anuncio de la compra de 408 vagones a China, el ministro Randazzo se animó a hablar de una “revolución ferroviaria”. Para el ministro, la odisea que representan para los pasajeros los viajes a Mar del Plata, de Ferrobaires, son mera responsabilidad de Scioli, y la demora en el reemplazo de formaciones centenarias en el subte, culpa de Macri. La revolución de Randazzo, por su parte, se confinaría al Sarmiento y al Mitre.
En lo que han coincidido el kirchnerismo, el macrismo y Scioli es en abordar la crisis del transporte con una seguidilla de tarifazos que paga el pueblo. En cambio, la épica revolucionaria de Randazzo no incluye la confiscación de los concesionarios que malversaron fondos públicos y vaciaron los servicios. Incluso la posibilidad de una rescisión de las concesiones es pensada en función de rescatar el papel de los Roggio, Romero y compañía como proveedores y contratistas, preservando sus privatizados talleres de mantenimiento y reparación de vagones. En ese caso, los concesionarios dejarían de estar expuestos a una opinión pública conmovida por la permanencia de “la trilogía siniestra de funcionarios, empresarios y sindicalistas” desde el asesinato de Mariano Ferreyra hasta hoy, así como a las consecuencias jurídicas de catástrofes como la de Once.
Mientras tanto, la justicia confirmó y agravó el procesamiento de los empresarios Sergio y Mario Cirigliano, así como el de los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Dispuso además, revocar el sobreseimiento del ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sícaro, que había dispuesto el juez Claudio Bonadío. Además, el fallo solicita al magistrado que eleve la causa a juicio oral.
Poco antes, los familiares habían apelado el fallo de Bonadío y solicitado que Jaime y Schiavi, junto con los ex funcionarios Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro, también fueran procesados por asociación ilícita, al igual que los hermanos Cirigliano. Lo propio hizo el fiscal Delgado, para quien todos los funcionarios “tenían la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios públicos (…) y a la par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de los empresarios (por lo que) se tradujo en una complicidad criminal (…) así, son parte de la asociación ilícita”. El escrito de la fiscalía consigna que los funcionarios “se dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna manera ‘volvían’ hacia su entorno, como lo revela el propio juez al señalar varios episodios de corrupción a lo largo de la extensa decisión pero que, inexplicablemente, luego no los tradujo en consecuencias jurídicas”.
El fallo de la Cámara agrava las penas, pero mantiene fuera de la asociación ilícita a los funcionarios y no ordena la detención de imputado alguno, a pesar de la gravedad de los cargos.
Tampoco en la causa de Mariano Ferreyra ha sido imputado ni detenido algún miembro del directorio de la Ugofe, a pesar de que los empresarios liberaron de tareas a la patota, proveyeron el sistema de comunicaciones que utilizaban los criminales de Barracas e incorporaron al ferrocarril a gran parte de la fuerza de choque de la Unión Ferroviaria en connivencia con Pedraza y Fernández.
Las vísperas del fallo a los asesinos de Mariano Ferreyra y del aniversario de la masacre de Once deben convocar a una gran movilización por justicia por Mariano y las víctimas de Once, por cárcel y perpetua para todos los responsables y por la expulsión de todos los concesionarios ferroviarios y la nacionalización bajo control obrero.

Jorge Hospital