Como ya había sucedido en 2011, una vez más el Jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó la ley que amparaba a las empresas recuperadas. Así como también dejó sin aplicación otras leyes de carácter social.
Se trata de la ley sancionada por la Legislatura porteña por unanimidad, incluso con el acuerdo de los legisladores del PRO (ley 4452), que dotaba de protección a las empresas recuperadas por sus trabajadores en vía de expropiación, luego de lo que fue e implicó la crisis de 2001 para cientos de familias.
Los alcances de una ley que proteja a las cooperativas -recordemos que la primera legislación en la ciudad de Buenos Aires fue en 1999 durante la gestión de Aníbal Ibarra, en la ley 238 prorrogada y ampliada en los años sucesivos- reside en mecanismos que permitan una transferencia legal de los antiguos dueños a la cooperativa. La ley vetada garantizaba que ante un pedido de quiebra por parte de los dueños antiguos, el Estado podía avanzar en la expropiación para luego realizar la transferencia hacia la cooperativa con usufructo por 20 años, más 2 de gracia, para pagar.
“Los vetos nos hacen perder confianza en los acuerdos legislativos que se dan con el propio bloque del PRO y con el presidente de la Legislatura, Cristian Ritondo” dijo la diputada Delia Bisutti de Nuevo Encuentro, una de las impulsoras de la norma que protege a las empresas recuperadas.
Otro de los riesgos a partir del veto, es que las empresas que han sido recuperadas por sus trabajadores corran el riesgo de que los empresarios que las abandonaron en plena crisis económica dejando sin trabajo a cientos de familias, ahora puedan volver a hacerse cargo con “total derecho”. Se destruye así el trabajo auto gestionado de aquellos que se hicieron cargo de mantenerlas e incluso en muchos casos, generar niveles de producción y sostenibilidad mayores.
El vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA) e integrante de la Cooperativa Gráfica Patricios, Eduardo Montes dijo que Macri "manifiesta su política de no respetar ni siquiera a su propio bloque y una posición de clase que rechaza todo lo que sea trabajo". Además explicó que desde el 2011 el Jefe de gobierno viene sistemáticamente vetando leyes referidas al aval hacia este tipo de derechos de los trabajadores de proyectos autogestionados. Además explicó que "el veto deja en un limbo jurídico en la situación de las empresas recuperadas y puede empezar a generar que los ex patrones vuelvan a pedir la tenencia de los bienes muebles e inmuebles".
Ni siquiera los niveles de productividad o las cifras de generación de empleo sensibilizaron al jefe de gobierno: más de 32 cooperativas, durante el 2012, generaron 2 mil puestos de trabajo.
Pero las voces de repudio ya se hicieron sentir. Declaraciones de plan de lucha, asambleas en cada lugar de trabajo, cortes, solicitudes de reuniones con legisladores y una conferencia de prensa para informar un plan de acción son algunas de las medidas que están resolviendo las cooperativas recuperadas de la ciudad.
Las empresas sin patrón son de larga data en la Argentina, y una de las experiencias más reconocidas en América Latina por la capacidad de gestión de sus trabajadores, la recuperación de polos de producción, la inserción de cadenas comerciales locales y territoriales, la revalorización de lazos de solidaridad en el espacio laboral, y la reconstitución del tejido social, sobre todo de aquellos sectores que han sido más golpeados durante la crisis.
Los derechos sociales que no importan
Pero no sólo los trabajadores autogestionados resultaron desfavorecidos con el veto, sino que además otras leyes aprobadas por la Legislatura sufrieron la anulación por parte de Macri. Casi todas leyes de carácter social, lo que implica una desidia por parte del Jefe de gobierno hacia los sectores más vulnerables de la ciudad, que en muchos de los casos además refiere al desarrollo laboral de una clase social.
Una de ellas es la norma que establecía un subsidio vitalicio y hereditario para los ex combatientes de Malvinas -ley 4337 proyecto que había sido presentado por el diputado Alejandro Bodart del MST-Proyecto Sur- que trabajan en la administración pública porteña (a pesar del no requerimiento de mayor presupuesto ni del incremento del número de beneficiarios) y otra que legitima el funcionamiento de una feria artesanal en la calle Defensa en San Telmo, ambas fueron anuladas. Incluso resultó objetada una ley que promueve la donación de órganos mediante leyendas en las facturas de ABL.
La ley 4337 involucraba unos 200 trabajadores de planta permanente ex combatientes de Malvinas que recibían un subsidio equivalente a su sueldo y que de acuerdo con la ley vetada, podían seguir percibiéndolo una vez jubilados. Era además hereditario ya que consideraba también el cobro a sus familiares, posterior al fallecimiento. “Se trata de proteger a la familia de personas que han sufrido y sufren secuelas de aquellos hechos y no implicaba un gran costo para la Ciudad”, mencionó Bodart.
Casi en un acto de paladín de la burla, el Jefe de gobierno porteño una vez más usa el verano para lo que más le gusta hacer, vetar y vetar. Los sectores más beneficiados de la clase media y alta porteña tienen a su líder en cada campaña: "En todo estas vos". Queda claro que no es lo mismo que decir "En todo estamos todos".
Marcha
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