Carnaval de la memoria o espacio de lucha

Comunicado de HIJOS La Plata

Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año en la ESMA por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, y acompañamos a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.
El actual Ministro de Justicia, impulsor de la última reforma a la Ley Antiterrorista para ampliar su alcance represivo, y anfitrión de escandalosos asados, tiene viejas deudas con el movimiento de Derechos Humanos que ahora presume encabezar, y en particular con los organismos de la ciudad que gobernó por 16 años. Entre 1998 y 2002, el entonces intendente Alak se había comprometido, como miembro integrante de la APDH, a susbsidiar el pago de alquiler de la oficina que la APDH La Plata destinaba como estudio jurídico (350 pesos mensuales durante tres años, que totalizaba más de 12 mil pesos). Los constantes incumplimientos del intendente con el organismo del que fue parte y al que incluye en su currículum político, motivaron en mayo de 2002 una carta abierta del organismo donde denunciaban que “en todos los contactos mantenidos ante funcionarios de su municipio y ante Ud. mismo a través de entrevistas, notas, llamados telefónicos, se ha refrendado el compromiso de pago del subsidio acordado”, y que “la APDH, se encuentra a la fecha en una situación angustiosa dado que ha quedado totalmente sin fondos, lo cual la pone en riesgo de no poder funcionar y no brindar a la comunidad de sus servicios”.
En 2006 Alak intentó subsanar su falta de compromiso con el movimiento de Derechos Humanos de La Plata prestando las instalaciones del Salón Dorado, la repartición más lujosa del Palacio Municipal de La Plata, para la realización del que fuera el primer juicio en nuestra ciudad desde la reapertura de las causas contra los genocidas.
El espacio fue aceptado por el TOF1 porque las salas de la sede de la Justicia Federal local se desbordarían, pero no estaba preparado para la realización de las audiencias, y ello provocó, entre otros inconvenientes, el apriete a testigos en la sala de espera del tribunal en la misma audiencia en que dio su testimonio Jorge Julio Lopez. Claro que la jugada del intendente resultó desastrosa, primero porque el genocida Etchecolatz fue debidamente escrachado al leerse la sentencia condenatoria, pero además, porque la sede de la municipalidad de La Plata, sus veredas sobre la calle 12 y la Plaza Moreno pasaron a ser el lugar de concentración y lucha de todos los 18 de septiembre para quienes desde hace más de 6 años venimos señalando la responsabilidad de los Estados Nacional y Provincial en su silenciosa complicidad con el secuestro de Lopez. Desde aquel el 18 de septiembre de 2006 la puerta de la municipalidad, donde esperábamos a Lopez junto a los organismos de Derechos Humanos para la lectura del Alegato de la querella del espacio Justicia Ya, se ha convertido en un espacio de la Impunidad, porque desde hace 6 años no recibimos ninguna respuesta ni línea investigativa firme en el caso de parte del “Gobierno de los Derechos Humanos”.
El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios. En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio del Destacamento de Arana, donde el EAFF anunció el hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”.
Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”. Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún no se realizó. La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar.
Un desaire similar se vive alrededor del ex Destacamento policial de Lomas del Mirador donde el 31 de enero de 2009 fue secuestrado, golpeado y desaparecido Luciano Arruga. Inaugurado en 2007 por el grupo vecinal VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) con apoyo del senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el lugar se estableció como dependencia de la comisaría 8va de La Matanza para recibir denuncias. En el acto de apertura, y con la presencia de todas las “fuerzas vivas” incluida la directora de Derechos Humanos del municipio, Gina Di Nardo, el intendente kirchnerista Fernando Espinoza agradeció al gobernador Solá y al ministro Arslanián y aseguró que “quizá cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la comunidad”. Seguramente no imaginaba que la historia haría tristemente célebre ese lugar por darle continuidad a la práctica estatal de la desaparición forzada de personas.
Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi por obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluyó un extendido acampe frente en la municipalidad, el intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural.
El 28 de diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realizó el acto oficial de apertura del “Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", que según informó el municipio, integraría el área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergaría las actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrás las palabras que pronunció en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y aseguró que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que siento".
Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo".
Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevaría tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se estaba dando molestaba a las intenciones oficiales porque además de la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, el grupo de Familiares y Amigos emprendió una redefinición del espacio colectiva e independiente, y que pretendía transformarlo en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires.
Sin mediar negociaciones, dos meses después de haber otorgado el espacio, que el municipio alquilaba, el intendente Espinoza retiró la llave del lugar al grupo de familiares con la triste frase de que “nunca más” la iban a obtener. Ello redobló la apuesta del grupo de familiares, que desde hace 30 semanas viene realizando una radio abierta en la vereda del espacio pidiendo el esclarecimiento del caso y la apertura definitiva del lugar para actividades de lucha antirrepresiva.
En la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes” que la Asociación de Ex Detenidos hizo hace varios años, se aportaban criterios para los distintos usos del predio. Los compañeros decían claramente que para revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través de su utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia” arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, en el “Centro Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna Eduardo Jozami, en el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado a Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro de Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.
Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la actual.
Ya en el tratamiento ideológico del tema de la represión estatal se puede reconocer el suelo común burgués de todos los gobiernos del período iniciado en 1983, dado que sin excepción adoptan la perspectiva de los derechos humanos, pero siempre se opera conservando las instituciones represivas, procurando sanearlas de sus “elementos corruptos”. El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes y durante la última dictadura militar. Violencia indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.
El discurso de los derechos humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, permanecen (gracias al discurso de los derechos humanos) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo. Queda en evidencia la profunda maleabilidad de la memoria. El pasado es pasible de ser leído en claves políticamente no sólo diversas, sino también antagonistas.
Lo que permanece constante es el carácter limitadamente reformista de las políticas que giran al compás del discurso de los DD. HH. Por debajo de esta apariencia engañosamente universal, se agazapa la dimensión fundamental de los DD. HH.: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad. También vimos cómo se fue construyendo un relato que oscurece el carácter de clase del conflicto en beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadanía: un discurso que pide perdón en nombre del Estado, repara económicamente a los individuos afectados por los alcances de la represión y, sobre todo, preserva las instituciones mientras descuelga retratos, organiza sendos brindis para festejar supuestos logros o presenta más y más programas estatales en la materia.
Si podemos leer en la magnitud de la represión estatal, acentuada a partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de luchas que desafiaba el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, de este modo también se explica el recurso permanente del actual gobierno a la manipulación: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad política del sistema, pero cuando las concesiones comienzan a agotarse dejan paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias del capital.
Por todo esto, el debate sobre los espacios de memoria y las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.