Juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de los Qom

En sólo 30 días fueron asesinados cuatro miembros de la comunidad Qom de Formosa y Chaco, presuntamente producto de “accidentes de tránsito” y circunstancias “poco claras”. Un salto en la escalada represiva y racista del Estado nacional y los estados provinciales, presididos por los gobernadores Gildo Insfrán y Jorge Capitanich contra los pueblos originarios, acompañado con el silencio de Cristina, la Secretaría de DD.HH., el INAI, el INADI, la Dirección de Pueblos Originarios, las organizaciones indigenistas oficialistas y la oposición patronal.
Bajo una situación “confusa”, el 9 de enero fue asesinado Juan Daniel Asijak de 16 años. Arrojado al costado de la ruta, Juan era sobrino del líder Félix Díaz y había denunciado amenazas de muerte desde agosto. Pocos días antes, el 4 de enero, fue hallado en el Impenetrable Chaqueño de la Villa Río Bermejito Imer Flores, un pibe de apenas 12 años asesinado a golpes de puño con tanta saña que ni su madre pudo reconocerlo. El padre de Imer es miembro de la comunidad del Colchón y activista que participó en protestas por los derechos territoriales de los Qom.
La escalada se disparó el 9 de diciembre, cuando Celestina Jara y su nieta Natalia Lila de sólo 10 meses fueron atropelladas intencionalmente por el gendarme Walter Cardozo, abandonándolas a la vera de ruta después de haberlas pateado en la cabeza, como denunció Ricardo Coyipé, esposo de Celestina. Coyipé es uno de los tantos procesados por los sucesos de noviembre de 2010, cuando los Qom enfrentaron la agresión de los Celía, una familia de terratenientes que había ocupado sus tierras bajo el amparo del gobernador Insfrán, quien envió a la Gendarmería para reprimir, asesinando a Mario López y Roberto López, ambos activistas y dirigentes comunitarios. Sus muertes aún permanecen impunes. Los “accidentes” constituyen la modalidad recurrente para encubrir la política de sometimiento de los pueblos originarios en función de los intereses de los grandes terratenientes y la extensión de la frontera sojera, implementada mediante el desmonte y el desplazamiento compulsivo de los campesinos pobres.
Tanto Insfrán como Capitanich son grandes propietarios de tierras y agentes asociados a pooles de siembra, fondos de inversión y multinacionales cerealeras que se apropiaron de tierras a fuerza de deforestación y topadoras, procedimiento al que también recurrió el radical K Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, responsable político de los asesinatos de Cristian Ferreyra y Mario Galván, militantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Obviamente, la Justicia es uno de los eslabones claves en la cadena de la impunidad. Por eso la Comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) denunció a la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, al fiscal Cabral y al juez Mauriño, los que están a cargo de la causa de Daniel Asijak, por animosidad premeditada contra los Qom. El fiscal fue el mismo que revocó el sobreseimiento de Félix Díaz en la causa por el corte de ruta de 2010, acusándolo que provocar la muerte de un policía, mientras desestimó todas las denuncias contra la Justicia y la policía, en tanto rechazó como querellante a la viuda de Mario López, asesinado en los hechos de 2010. El juez Mouriño fue el que acusó falsamente a los Qom por violación de una mujer policía y ordenó el desalojo de la comunidad, violando la Ley Nacional de Emergencia Territorial 26.160/26.554 y la Ley 24.071 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Hoy el territorio de los Qom está liberado al accionar de las guardias blancas, mientras la Justicia hace oídos sordos a las amenazas. Esta orientación afín a los terratenientes y a los grandes ganaderos del agrobusiness es trazada por la misma Cristina, quien en junio pasado celebró un convenio con la multinacional Monsanto hacia 2020 para aumentar un 60% la producción total de granos a base de glifosato y agrotóxicos en desmedro de la salud y los derechos territoriales de los pueblos originarios. Mientras, los 15.000 miembros de la comunidad Qom residen en chozas de barro y paja extremadamente precarias, sin agua corriente ni energía, padeciendo mal de Chagas así como otras enfermedades de la pobreza extrema. Evidentemente, los intereses de los pueblos originarios son incompatibles con los de los grandes empresarios.
Es necesario redoblar el paso iniciado con la movilización a la Casa de la provincia de Formosa, multiplicando acciones en la calles con los organismos de DD.HH., las organizaciones de trabajadores combativos, el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda para terminar con los asesinatos, luchando por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos, así como por todas las demandas de los Qom, bajo las cuales marcharemos el próximo 24 de marzo con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Miguel Raider