En una emisión especial de La Retaguardia, con la producción de Colectivo Comuna, dialogamos con Aíra González del Movimiento Trabajo y Dignidad del Frente Popular Darío Santillán, y Maxi Álvarez del Movimiento 15 de Enero, sobre las distintas problemáticas que atraviesan los habitantes de los barrios periféricos, aquellas zonas que están al fondo de la ciudad y que no se ven desde la playa.
El Movimiento Trabajo y Dignidad se conformó hace aproximadamente dos años en Mar del Plata, con el objetivo de generar políticas para que quienes habitan los barrios tengan una vida más digna. El principal eje del Movimiento es el trabajo: “una de las problemáticas que más se siente” ya que Mar del Plata es una de las ciudades con mayor desocupación del país, afirma Aíra González en diálogo con La Retaguardia.
El Movimiento que integra se desarrolla sobre todo en los Barrios Las Heras, Pueyrredón y Parque Palermo. “Estos barrios están al fondo de la ciudad, de la costa para el otro lado, -explica-, donde el turismo no se entera de lo que pasa, la mayoría de la gente no sabe que existen personas que no tienen trabajo, vivienda, que no tienen lastimosamente los mismos derechos que tenemos otros, y que no se accede de la misma manera a esos derechos tampoco: la salud, vivienda, educación, diferentes problemáticas que hay en la ciudad y que los gobiernos no se hacen cargo y la mayoría de aquellos que vienen a veranear no conocen”.
A pesar de la idea generalizada, el trabajo ligado a la pesca en esta ciudad portuaria es cada vez menor. González explica que se ha ido monopolizando: “existen solo cinco personas que son dueños de todo lo que es la pesca en Mar del Plata, y también hay cada vez menos recursos. Eso genera que no haya trabajo y lo que sí hay son las mal llamadas cooperativas porque en realidad son de uso privado, la manejan como cooperativas para no darles derechos a los trabajadores”.
En este sentido, González asegura que el gobierno local, a cargo de Gustavo Pulti, no tiene una política para el área laboral: “no genera fábricas ni tampoco trabajo a través de las cooperativas. Las organizaciones vamos perdiendo cada vez más posibilidades para generar trabajo digno. La política que tiene el Estado va toda hacia el turismo, se concentra en los tres meses (de verano). Para el turismo somos la gran ciudad, pero para la gente de la ciudad que vive cotidianamente acá y garantizar sus derechos no tienen políticas”.
En los últimos días de 2012, organizaciones sociales y políticas de Mar del Plata, como la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Obrero, el MTR, el Frente Darío Santillán y los Sin Techo, realizaron siete jornadas de acampe para exigir, justamente, trabajo: “el gobierno hoy por hoy genera puestos solo para mil trescientas personas que se encuentran en los barrios periféricos. Nosotros como Frente Darío Santillán hace dos años que no tenemos fuentes de trabajo, somos una de las pocas cooperativas que no tiene puestos. Se generó una unidad entre todas las agrupaciones e hicimos este acampe de siete días, en reclamo porque a las cooperativas que están trabajando se les deben materiales. De los doce meses de 2012, se han entregado materiales solamente tres veces en cantidad de plata, entonces lo que se exige es que este faltante se dé antes de que terminen las vacaciones, se pidió también una indemnización porque se considera que son trabajadores común y corrientes. Hoy el Estado genera el trabajo en la cooperativa, pero no se tiene obra social, aguinaldo, además pagan 1344 pesos cuando se supone que la canasta básica es 4500 pesos. No es objetivo del Estado generar trabajo digno”.
Pulti pertenece al partido Acción Marplatense y tiene relación con la presidenta Cristina Fernández, pero también (y más) con el gobernador bonaerense Daniel Scioli.
Desde la intendencia tampoco se preocupan por dar una solución a la problemática habitacional que sufren miles de personas en Mar del Plata.
Maxi Álvarez del Movimiento 15 de Enero explica que Mar del Plata es una ciudad que invita al mercado y la especulación inmobiliaria, lo que genera una gran restricción a la vivienda: “uno pasa por la Avenida Colón en el invierno y tenés montones de departamentos desocupados. Hay seiscientas mil personas en la ciudad y aproximadamente trescientas mil viviendas, lo malo entonces no es que no hay casas sino que están mal repartidas”. Desde el Movimiento que integra Álvarez han dado cuenta del agravamiento de la propiedad ociosa: “aquel que tiene un inmueble para su especulación y ese alumbrado, esa red de servicios no está utilizada y esa persona que no puede acceder a vivir ahí tiene que ir a vivir a un lugar donde estos servicios no pasan. Entonces está generando un daño a la ciudad, más allá de que crea que con su propiedad hace lo que quiere, la propiedad tiene que ser utilizada dentro de una sociedad. Esta situación genera que haya menos unidades en el mercado y entonces se manejan los precios de una forma abusiva, el inquilino también es una persona que está con su derecho a la vivienda afectado, quien le alquila tiene todo el poder sobre él de rescindirle el contrato en cualquier momento, y ni siquiera tiene un lugar donde pueda ser informado este inquilino”. Es por esto que el Movimiento 15 de enero, propuso que así como el municipio tiene una oficina de defensa del consumidor, sume también una de información al inquilino: “para paliar un poco esta diferencia de poder entre una y otra parte”, reflexiona Álvarez.
El Movimiento 15 de Enero tomó su nombre a partir de una violenta represión que ocurrió ese día en 2009. A comienzos de ese año, un grupo de familias organizadas en asamblea decidió tomar y recuperar un predio de viviendas abandonado a medio construir por el Estado provincial y municipal, y la empresa constructora MyF Construcciones: “después de tres meses de resistir y de estar en permanente proceso de negociación con el poder judicial y el poder estatal en su conjunto, fueron brutalmente desalojadas todas las familias, y reprimidas las organizaciones sociales que acompañaban este reclamo, y tratando que la sentencia de desalojo que se había dictado se cumpliera. Esto implicaba la relocalización de las familias, la presencia de organismos de derechos humanos, y de efectivos policiales en la cantidad dispuesta por el juez interviniente, pero nada de esto se cumplió. Fue un atropello muy grande a los derechos de estas personas”, relata Álvarez y agrega que el 15 de enero “es una fecha en la que se arranca un proceso de recuperación, de un impulso de que aquel al que le pertenecen los derechos los ejerza realmente cuando no tiene una respuesta del organismo estatal, y a partir de esa lucha que comenzó en ese momento arrancó un camino de acuerdos y de trabajo conjunto que hicieron que a fines de este año conformemos el Movimiento 15 de enero integrado por la Asamblea Sin Techo, el Centro Cultural América Libre y el Colectivo de Acción Jurídica La Grieta”.
Respecto a la construcción de viviendas a partir de planes federales, Álvarez afirma que no son suficientes: “creo se han hecho alrededor de mil viviendas, y realmente tienen unos déficit terribles. El Belisario Roldán es un barrio de cuatrocientas cincuenta viviendas que tienen unas patologías edilicias, como dijo el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en un informe que pedimos en un amparo, en la que se han caído techos, en la última tormenta que hubo en Parque Peña también se volaron techos de algunas viviendas. En el Barrio Martí, en las viviendas recuperadas por los sin techo, están pasando conexiones eléctricas por donde pasan las conexiones de agua. La verdad que ha habido una desidia en la ejecución del plan que ha dado unos resultados muy negativos. En el caso del Belisario Roldán, la condensación de humedad que hay en el invierno está trayendo severos problemas de salud a los chicos que viven allí, y ni siquiera por los reclamos, por estar en la calle, ni siquiera judicializando el conflicto hemos tenido una respuesta por parte del municipio y la provincia respecto a qué situación contractual tienen con la empresa que tendría que haber hecho las cosas bien”.
A los cupos agotados que no permiten que todas las familias sin techo se puedan anotar en los planes federales de vivienda, se suma el manejo discrecional que desde el Estado se hace de estos listados. La vivienda y el trabajo: dos derechos que el gobierno municipal, con la ayuda de la provincia y la nación, no se ocupa de hacer cumplir para todos los habitantes de la ciudad de Mar del Plata.
La Retaguardia
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