Numerosos intelectuales y periodistas han publicado una carta abierta dirigida a la Presidenta. Exigen su intervención en el esclarecimiento de los asesinatos y sospechadas muertes de los Qom.
En los últimos años de la gestión kirchnerista, la conflictividad social se ha ido incrementando en conjunto con una incipiente inestabilidad económica, la cual ha golpeado no sólo a los sectores mas vulnerables de la sociedad civil -mediante el encarecimiento del costo de vida a través de la suba del transporte o del alimento, por ejemplo- sino también al poder adquisitivo de sectores medios.
Se destacan sucesos como la movilización del 8N a lo largo del país que, aunque alzaba como banderas consignas propias de un imaginario social liberal -“defender la república”, “no al cepo al dólar”, “no a la cubanización”-, no deja de tener cierto peso en la imagen pública del Gobierno. A la vez, la marcha del 20N, encabezada por el sindicalismo opositor -antes oficialista- junto a fuerzas de izquierda, significó la primera huelga general en el período que se viene desplegando desde el 2003 hacia delante.
En el interior del país la situación social también se encuentra enmarañada por variadas razones.
Los pueblos de las provincias cordilleranas mantienen una gran disputa con el asentamiento de emprendimientos megamineros a pocos kilómetros de sus casas. Ellos terminan no sólo por afectar su modo de vida a nivel medioambiental -como consecuencia de la enorme contaminación que éstas expiden- sino que destruyen las fuentes de trabajo locales vinculadas al uso agrícola de la tierra, desplazan poblaciones aledañas a sus instalaciones y reprimen indirectamente -mediante la colaboración de patotas y de Gendarmería Nacional- a toda movilización en forma de protesta, llegando a criminalizar bajo la Ley Antiterrorista a los propios vecinos cuyo mayor acto terrorista es resguardar su vida y la de sus hijos.
Ahora bien, la cuestión de los pueblos indígenas no queda excluida de este mapa de conflictividad que se cierne sobre el modelo productivo que ha perpetuado y consolidado el Gobierno, continuando aquí por la misma vereda neoliberal del menemato. Las actividades de extracción minera a cielo abierto y los procesos de sojización -asiento de los agronegocios- que llevan al desplazamiento y persecución de poblaciones originarias se han convertido en la insignia de la política kirchnerista al interior del territorio. Pero el problema no termina allí. El hostigamiento ha llegado a tal punto que resulta necesario el uso de las fuerzas represivas estatales para el implemento de dichas políticas, y esto tiene consecuencias fatales para los ciudadanos que se les opongan.
En este mes, la comunidad Qom asentada en Formosa y Chaco ha perdido trágicamente a dos de sus miembros, en condiciones sumamente sospechosas. Las víctimas han sido Imer Flores y Daniel Asijak, de tan sólo 12 y 16 años. Cabe recordar que el 9 de diciembre pasado en la provincia de Gildo Insfrán -mientras acontecía el paradójico “Día de la democracia”-, Celestina Jara y su nieta de 11 meses Lila Coyipe de la comunidad Qom han sido muertas tras ser atropelladas por un gendarme: éste no las asistió una vez en el suelo, ya que estaba golpeando brutalmente a Ricardo Coyipe, esposo de la mujer, mientras le gritaba “indio de mierda”.
Tales acontecimientos han suscitado la publicación en numerosos medios de una carta abierta dirigida hacia la presidenta Cristina Fernández, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak y al presidente del INAI Daniel Fernández. Firmada por periodistas e intelectuales -ente los que se cuenta Osvaldo Bayer-, expresa que “en la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales” y dado que “la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente”, se llama a la atención de la Presidencia, “ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes”.
La carta pone en tela de juicio la correspondencia de tal violencia con el negociado de las transnacionales al sostener que “todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, la explotación minera y el petróleo”.
Ya que la respuesta a estos reclamos indígenas son la violencia y la represión por parte del Estado, se finaliza reclamándole la intervención “en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades”, en el “contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas” y la condena moral y pública de estos hechos aberrantes. Entendiendo que los pueblos indígenas forman parte indiscutible de la ciudadanía argentina, la carta invita a reflexionar que, dados los asesinatos y muertes en condiciones sospechosas de los Qom, “la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña queda claramente afectada”.
De este modo queda por ver si, bajo esta cantidad de síntomas sociales, la respuesta oficial se traducirá en acciones concretas que hagan virar el timón hacia una mayor preocupación frente a la violación de los derechos humanos en estas regiones del país o, por lo contrario, el silencio será cómplice una vez más.
Guido Turdera.
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