Los magistrados Carlos Jiménez Montilla (presidirá los debates), Gabriel Casas y Josefina Curi procurarán determinar el grado de responsabilidad que tuvieron los implicados en la creación de un centro clandestino de detenidos que funcionó en la ex Jefatura de Policía, en la capital tucumana, durante 1976 y 1977.
Además del ex gobernador Bussi y el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Menéndez, son juzgados los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, y los ex policías Roberto Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido.
La primera jornada del juicio comenzó minutos después de las 10 y los jueces decidieron realizar un receso para completar la jornada por la tarde.
Menéndez, quien llegó anoche a Tucumán tras ser trasladado desde Córdoba, fue ubicado en una sala del primer piso, desde donde siguió el desarrollo de la audiencia.
"Se tomó la decisión de habilitar ese lugar por pedido de los médicos oficiales, quienes consideran que por su salud no puede compartir lugares donde hay mucha gente", explicó Jiménez Montilla.
Bussi, por su parte, fue trasladado en una ambulancia, se movilizó en una silla de ruedas y tuvo asistencia médica permanente.
Durante la jornada, Cattáneo sufrió una leve descompensación y tuvo que ser asistido por personal médico.
Mientras se desarrollaba el juicio en el interior de la sala del Juzgado Federal, ubicada en Alvarez y Chacabuco de la capital tucumana, militantes de partidos políticos y de organizaciones de derechos humanos no pararon de cantar contra los ex militares y ex policías acusados, aunque todo transcurrió con normalidad.
Más de un centenar de gendarmes se encargaron de controlar la seguridad dentro y fuera del recinto.
El juicio consta de 13 causas, que van desde el secuestro y tortura de personas hasta la usurpación de viviendas, en casos que afectaron a 22 personas.
Las víctimas son Marta y Rolando Coronel, Hugo Alberto Díaz, Joaquín Ariño, Cerafina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Marta Angela López, Carlos Ramón Apaza, Diana Oestherheld, Raúl Carlos Araldi y Raúl Mauricio Lechessi.
La lista se completa con Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Atilio Ferreyra, José Edgardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Daniel Fontanarrosa Larraza, Enrique Abdón Pastor Cerezo y Angel Garmendia.
Según la investigación, los secuestrados fueron vistos con vida por última vez en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía.
Durante la lectura de los requerimientos de los fiscales se explicó la metodología utilizada para secuestrar a las personas que eran privadas en forma ilegitima de la libertad y posteriormente torturadas en el centro de detención clandestino que funcionó en la ex Jefatura de Policía.
Según los fiscales, Albornoz era la persona que daba las órdenes y los grupos actuaban durante la noche, generalmente con el rostro descubierto.
Los secuestrados eran llevados a la Jefatura, donde eran alojados en celdas colectivas y torturados.
"La investigación prueba que hubo un plan sistemático llevado a cabo en forma conjunta por militares y policías, que ingresaban a los domicilios particulares sin orden judicial y se llevaban a las víctimas a un centro clandestino de detención", resaltó el abogado Emilio Guagnini, uno de los querellantes en la causa.
Según la investigación, los secuestrados fueron vistos por última vez con vida en el centro clandestino de detención tucumano, donde fueron torturados. Albornoz impartía las órdenes a los grupos que, con el rostro descubierto, salían en pos de sus víctimas durante la noche para conducirlos a celdas colectivas en la Jefatura.
Por su parte, Julia Vitar, resaltó que esos grupos "violaban sistemáticamente los derechos humanos atacando a grupos de personas, actos que no pueden encuadrarse en una guerra como ellos argumentan".
En la acusación, los fiscales sostienen que los imputados formaron parte de una asociación ilícita que operaba en todo el país y usaban armas de guerra.
La segunda jornada del juicio proseguirá el 17 de febrero, ocasión en la que los acusados tendrán la posibilidad de declarar, mientras que a partir del jueves se escucharán los testimonios de más de 100 testigos.
Los ex represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y otros cuatro acusados, comparecieron este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Tucumán para determinar su responsabilidad en la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía local en la época de la dictadura militar.
El proceso se desarrolla 18 meses después de que ambos fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse en 1976. Esa fue la segunda sentencia a perpetua que recibió Menéndez, de 82 años, quien en diciembre de 2009 le fue otorgada la misma pena por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba.
PROBLEMAS DE SALUD.
Menéndez, el ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, llegó el lunes por la noche a la provincia de Tucumán desde Córdoba, donde había permanecido internado en el Hospital Militar a raíz de una neuropatía aguda. Es por ello que el militar fue ubicado en una sala del primer piso desde donde siguió la audiencia.
"Se tomó la decisión de habilitar ese lugar por pedido de los médicos oficiales, quienes consideran que por su salud no puede compartir lugares donde hay mucha gente", explicó Jiménez Montilla.
Bussi, por su parte, fue trasladado en una ambulancia, se movilizó en una silla de ruedas y tuvo asistencia médica permanente, mientras que Cattáneo sufrió una leve descompensación y tuvo que ser asistido por personal médico.
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