El 2010 comenzó movido en relación a Malvinas, luego que Londres diera nuevo impulso a los planes de exploración de crudo en cercanías a las islas. La presidenta argentina dispuso controles, pero eso no alcanza.
Está en viaje hacia Malvinas una plataforma de exploración de petróleobautizada Ocean Guardian y quizás arribe mañana a destino. Otras naves que llevaban parte de logística ya la aguardan en el lugar para que comience el trabajo en aguas del norte del archipiélago, una vez que la plataforma esté en condiciones técnicas de operar.
La propietaria de la maquinaria es Desire Petroleum, beneficiada por contratos de concesión para esa búsqueda. Fueron gestionados entre el Foreing Office británico y el gobernador de las islas, Alan Huckle. También debe haber metido baza Roger Spink, director de la Falklands Islands Company.
Las otras tres firmas que buscarán oro negro en las profundidades del Atlántico Sur son Rockhopper Exploration, Falklands Oil and Gas y BHP Billiton. Huckle ha recibido otros pedidos empresarios y pueden sumarse más “emprendedores”.
El sueño de los 2.900 habitantes de Malvinas, kelpers, es beneficiarse con las regalías a pagar por ese conjunto empresario si al fin se descubre petróleo y la cantidad fuera suficiente para justificar la inversión. Piensan que puede haber reservas por 60.000 millones de barriles y se sienten alentados por los dos grandes descubrimientos de crudo que hizo el gobierno de Lula da Silva en su litoral Atlántico.
En el caso brasileño queda clarísimo de quién es ese reservorio de recursos. El problema, en cambio, es en Malvinas por la disputa de soberanía existente que se agudiza con estos emprendimientos.
El Reino Unido repitió en estos días que su búsqueda en las “Falklands” sería perfectamente “legal”. Y que seguirá adelante.
Argentina, como lo ha venido reclamando desde el siglo XIX, defiende su soberanía en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y las aguas adyacentes hasta 200 millas marítimas. Otro tanto con esa cantidad de millas a contar desde el continente, que en ambos casos se extendería hasta 350 millas según el pedido formulado a la onU , en regla con lo que han solicitado otros países del mundo (lamentablemente los británicos también).
El resultado previsible de este choque de intereses económicos y disputas geopolíticas ha sido un duro cruce entre los dos gobiernos. Conviene precisar quién es el agresor, porque los medios británicos han informado de las medidas de control anunciadas por Cristina Fernández el martes pasado, como si aquel rol negativo lo estuviera jugando nuestro país.
No es así. Entre 1995 y 2007 Argentina trató de llegar a un acuerdo para la exploración de petróleo en la zona en disputa. Ante las medidas unilaterales de Londres, hubo de desistir de la “Declaración Conjunta sobre Cooperación en Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental” firmada el año de la reelección de Carlos Menem.
Como parte de esa unilateralidad, el premier Gordon Brown impulsó el viaje de Ocean Guardian, para crear hechos consumados. Este fue el comienzo de otro round de una vieja pelea comenzada con la ocupación inglesa en 1833.
Reclamos y controles
Ante la inminente orden de largada de aquella exploración unilateral, el Palacio San Martín citó a las autoridades de la embajada británica para entregarles una enérgica nota de protesta. Ausente la embajadora Shan Morgan, la misiva fue recibida por el Encargado de Negocios.
Jorge Taiana, en línea con lo planteado en la nota, hizo declaraciones rechazando por “ilegítimo” el plan británico-kelper, y reiteró el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Lejos de entender esas razones, desde Londres se dobló la apuesta. El diario Financial Times publicó que Brown había rechazado la protesta argentina y que estaba ansioso por este conflicto, deseando que “las repercusiones no escalen al nivel de una confrontación militar”.
La alusión bélica fue considerada una provocación en Buenos Aires. En la cancillería estimaron que Londres estaba agitando falsamente el “fantasma militar” pero que de todas maneras esa forma de presentar el problema evidenciaba que había una real disputa de soberanía.
Conociendo que las empresas suelen sangrar por la herida de la “inseguridad jurídica”, el gobierno argentino planteó que las firmas que se involucren en los programas de exploración petrolera fijados unilateralmente por el Reino Unido, en algún momento van a tener que pagar retroactivamente las regalías correspondientes a nuestro país.
En esa búsqueda por dificultar los planes británicos, la presidenta argentina firmó un decreto estipulando que “todo buque que intente transitar entre puertos argentinos continentales y puertos de las islas, o atravesar los espacios marítimos hacia un puerto de las islas deberán solicitar autorización al gobierno argentino para hacerlo”.
El objetivo explícito de la medida es dificultar los abastecimientos de las empresas como Desire, para encarecer sus costos y desalentar el cuestionado programa petrolero. El decreto fue informado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien precisó que en su ministerio se formará una comisión coordinadora de varios ministerios para garantizar la aplicación del mismo. Cristina Fernández lo fundamentó políticamente en un acto público en Merlo. “Tiene que ver con algo muy caro de nuestra historia y nuestros derechos como es la cuestión de las islas Malvinas”, dijo la oradora.
Insuficiencias y contradicciones
Como Malvinas es un tema nacional, toda medida –por tibia que fuera- que se adopte por parte del gobierno argentino en demanda de soberanía en esa parte usurpada del territorio nacional, será bienvenida. Y este es el caso del decreto de marras.
La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y su colega de Neuquén, Jorge Sapag, han estado entre los primeros en respaldar la postura de la cancillería argentina. Lo mismo han hecho legisladores de varios partidos de oposición, pese a su cruzada antikirchnerista en prácticamente todos los otros temas de la agenda doméstica.
Se puede pensar que el grueso de la opinión pública estará de acuerdo con estas demandas contra Londres. La semana que viene hará una reunión de presidentes del Grupo de Río, donde habrá seguramente un pronunciamiento favorable a nuestro país.
Sólo un reducido círculo opositor y de los monopolios mediáticos puede suponer que la jefa de Estado promueve esta defensa de las islas para recuperar la iniciativa política, desinflada durante la pelea por el Fondo del Bicentenario. Que objetivamente la disputa pueda tener ese resultado no significa que el gobierno haya operado sobre Brown y Desiré para forzarlos a la pelea…
Ahora bien, el decreto 956/2010, con sus virtudes, no supondrá ningún golpe de KO para los ocupantes británicos.
Y entonces se ponen de resalto las contradicciones del gobierno en la materia.
En efecto, asegura que en junio llevará el pleito al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. ¿Por qué no lo plantea ante la Asamblea General del organismo, la instancia superior? Allí es donde lleva Cuba su demanda contra el bloqueo norteamericano, por ejemplo.
Otra contradicción: ¿por qué nuestro gobierno permitió que la embajadora británica Shan Morgan visitara en octubre de 2009 el Caecopaz y fuera recibida allí como visitante de honor por el coronel Bertoia? En su página de Internet, la diplomática puntualizó: “visité las instalaciones del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto Para Operaciones de Paz. Este instituto militar de excelencia entrena a militares argentinos en operaciones de paz. También recibe alumnos del Reino Unido y ambos países podemos estar orgullosos de nuestro trabajo conjunto, enfrentando el desafío de mantener la paz en zonas convulsionadas del mundo”.
En la currícula de Morgan se lee: “ la Embajadora fue responsable de las negociaciones y la ratificación parlamentaria británica del Tratado de Lisboa”. Recordemos que ese tratado, en nombre de Europa, reconoce a Londres como dueña de las “Falklands”. ¿La diplomática recibida en el Caecopaz no será pariente del famoso pirata?
Una tercera y dolorosa contradicción. En setiembre de 2008 el gobierno nacional decidió reabrir el canje de la deuda con los bonistas que habían quedado afuera y designó al inglés Barclays como banco coordinador, secundado por el Citibank y el Deutsche. La operación redundará en comisionespara estas entidades. Barclays es dueño de Desire Petroleum, la misma que fletó el Ocean Guardian de la discordia.
Emilio Marín | Diario La Arena
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