La empresa respondió a la organización y la lucha obrera no sólo reprimiendo, sino llenando de policías la planta.
La lucha y organización que desde julio de este año vienen protagonizando los obreros de la fábrica Kraft Foods proviene de una larga tradición obrera, desde los tiempos en que la empresa estaba en manos de la familia Terrabusi. Cuando desde los cuarteles y las corporaciones comenzaba a gestarse el golpe de Estado que desencadenaría en la dictadura más brutal de la Argentina, el 16 de febrero de 1976 el empresariado nucleado en el Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) se reunía en la iglesia Nuestra Señora del Inmigrante para efectuar un paro patronal que desabastecería al país. Entre quienes organizaron la jornada –que pasó a recordarse cada año como el Día del Empresario– estaba la Coordinadora de Productos Alimenticios, cuyo titular era Gilberto Montagna quien, junto a su primo Carlos Reyes Terrabusi, dirigía Establecimientos Modelo Terrabusi S.A.
En los mismos días que los patrones de la fábrica conspiraban el golpe, los obreros de Terrabusi buscaban coordinarse con los de Stani y otras empresas del sector, para reclamar “aumento salarial, mejores condiciones de trabajo y en nuestra propia defensa”.
Es que la represión militar y paraestatal se venía cobrando la vida de cientos de activistas obreros, y un sector de los delegados de Terrabusi formaba parte de las Coordinadoras Interfabriles de la Zona Norte.
El jueves 24 de marzo de 1976 muchas fábricas amanecieron militarizadas. Los gerentes de las empresas ya tenían preparadas las listas de activistas de cada fábrica. La agencia Ancla (dirigida por Rodolfo Walsh en la clandestinidad), aseguraba en un cable fechado el 27 de agosto de 1976 que “un grupo de obreros de la planta industrial de Terrabusi S.A. de General Pacheco reclama la libertad de Juan Esteban Ferreyra, delegado gremial del personal de esa planta”. Ferreyra aún permanece desaparecido.
Susana Ossola de Ferrarese, obrera de Terrabusi de 23 años, fue secuestrada en San Miguel el 22 de mayo de 1976. Un año más tarde le tocaba a Carlos Eduardo Becker, también obrero de la fábrica. Pero no fueron los únicos.
La alianza entre militares y empresarios quería liquidar toda organización obrera combativa.
En los primeros meses del ’82, cientos de obreros de la planta Terrabusi efectuaron una rebelión para plantear que “las condiciones eran de superexplotación, y había controles hasta cuando ibas al baño”. Exigían terminar con los accidentes en cartonlata, elegir nuevos delegados y mejores condiciones de trabajo. A fines de marzo se organizó el paro y marcha de la CGT: la movilización terminó en una feroz represión.
Los represores de la comisaría 1ª de Tigre y Campo de Mayo, los centros clandestinos donde estuvieron detenidos trabajadores de Terrabusi y otras empresas de la zona, hoy permanecen impunes.
Kraft hoy. La fábrica está compuesta por un 65 % de mujeres y, a pesar de los dichos del presidente del directorio de la compañía Alberto Pizzi, sobre la importancia de “ayudar a las madres para que trabajen menos horas”, la situación de las trabajadoras no es de lo más humana.
Celia, delegada de cookies, afirma que: “Siempre hay que estar defendiendo a los trabajadores y en especial a las mujeres; por ejemplo, cuando pretenden que las embarazadas estén trabajando ocho horas paradas y no se les asignan tareas livianas o cuando no se reconocen los certificados de enfermedad, o cuando hay que enfrentar a los líderes y el manager que acosan a las trabajadoras”.
Pedro López Matheu, director se Asuntos Corporativos de Kraft, plantea que cuando se inició el conflicto por parte de los trabajadores, para que la empresa tomara medidas preventivas contra la gripe A se cerró la guardería y le ofrecieron a las madres 200 pesos por mes, a cambio de la licencia por 15 días con goce de sueldo que reclamaban las trabajadoras.
Como la Policía aún no ha abandonado la fábrica tras los enfrentamientos de la semana pasada, López Matheu se excusa al afirmar que “están para custodiar, porque en las aglomeraciones que llaman asambleas los empleados amenazan con tomar la planta”.
Sin embargo, Ramón Bogado, delegado de la Comisión Interna desde 1991, sostiene que “hay 250 policías que duermen en los quinchos y que intiman permanentemente a los empleados”.
Los jóvenes son el otro sector que, junto a las mujeres, han estado al frente de los últimos reclamos. Son los que cuentan que “es una patronal muy negrera, peor que en los ’90”.
Cristina, delegada de envasado, sostiene que la ofensiva de la empresa tiene objetivos muy precisos: “Producen los despidos de trabajadores y delegados para quebrar la organización y reducir el trabajo en dos turnos”, asegura.
De hecho, Bogado agrega que “a comienzos del año, la empresa despidió a 300 trabajadores contratados en una clara postura de reducción del personal”.
Especialistas en trabajo sucio. Kraft tiene en su gerencia personajes que cuentan con una larga trayectoria en avasallar los derechos de los trabajadores.
Alberto Pizzi es el gerente general de la empresa. Se formó en el Liceo Militar en plena dictadura y fue parte integrante de la Promoción 37. Luego, se recibió de subteniente de Caballería. En su currículum asegura que dejó de cargar armas en 1985 para dedicarse a administrar empresas. Ante sus pares suele decir: “Me gusta juntarme con la gente, cargar pilas. Esto hace que la empresa funcione. Es como una orquesta donde todo tiene que funcionar en sintonía por un objetivo, que la música salga perfecta”.
Pizza ingresó en Kraft por sugerencia de su antecesor, Marcelo Rosetto, que pasó a desempeñarse como gerente en Molinos. Lo cierto es que hoy Pizzi reporta a Estados Unidos todo cuanto sucede en las filiales del Cono Sur.
El otro gerente con un pasado tenebroso es Pedro López Matheu, Director de Asuntos Corporativos de Kraft. Antes de recalar en la empresa de Pacheco fue director de Asuntos Institucionales del Grupo Clarín durante diez años, etapa durante la cual se encargó de aplastar el surgimiento de comisiones internas en la redacción y la planta gráfica, con ayuda de la Infantería.
La lista se completa con el vicepresidente de la empresa, Sergio Prendoné Pita. El delegado Oscar Coria cuenta que este ejecutivo “comandó el operativo policial junto a otros directivos de recursos humanos”. Entre las irregularidades en el momento de la contienda, Coria aduce que “a muchos nos metieron dentro de la fábrica y allí mismo nos hicieron las causas, jamás pasamos por una comisaría”.
Pedro Bogado asegura que “siempre fueron tensas las negociaciones entre delegados y directivos, pero desde que ingresaron Pita, Pizzi y Matheu las relaciones se enfriaron más y se tornaron muy duras”. Hoy, como ayer, la historia se repite con nuevos actores, pero bajo los mismos métodos represivos.
Graciela Pérez
gperez@miradasalsur.com
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