domingo, 11 de octubre de 2009
Los gigantes de la comida contra la democracia
El caso Kraft Argentina. Empresas que reclutan ex terroristas. Transnacionales que se aprovechan del trabajo infantil y esclavo, y disparan contra los trabajadores y los regímenes constitucionales. Detrás, como siempre, la embajada de Estados Unidos.
(APM) Despidos masivos, desconocimiento flagrante de la legislación laboral y de las decisiones legales del Poder Ejecutivo, y argumentaciones empresarias que tienen más de político que de explicaciones económicas. Ese fue el cuadro abierto por la multinacional de la alimentación Kraft, en Argentina, hace ya más de 15 días; el mismo que arroja luz sobre la verdadera estrategia del capital concentrado contra los regímenes democráticos y pone en evidencia la urgente necesidad que tienen los Estados de propiciar en forma activa programas de Soberanía Alimentaria.
La llamada crisis financiera global golpeó sobre todo a los sectores más empobrecidos y ello obedeció, en gran medida, a la disparada hacia arriba que registraron los precios de los alimentos.
Con tres mil 500 empleados en tres plantas, el año pasado Kraft Argentina aumentó sus ventas un 33 por ciento. A nivel mundial Kraft es la segunda fabricante de alimentos. En Estados Unidos, sus productos son comprados por el 99 por ciento de los hogares y está presente en 17 países de América Latina. En 2007 y a escala global, facturó 37 mil millones de dólares; cuenta con 159 plantas y más de 90 mil empleados. Los beneficios fueron multimillonarios y fuera de Estados Unidos sus precios treparon en promedio un 29 por ciento.
Pero no es la única corporación que actúa en este país. En los últimos doce meses, la harina líder del mercado argentino, “Favorita”, producida por Molinos Río de la Plata, aumentó un 30 por ciento; la lata de tomates de mayor venta, “Salsati”, de Arcor, subió un 27 por ciento, y el azúcar Ledesma, el de mayor consumo, elevó su precio un 24 por ciento.
Según un estudio de los balances de las principales empresas, difundido la semana pasada por el diario Página 12, de Buenos Aires, Arcor, el mayor fabricante de alimentos del país, ganó en el segundo trimestre un 39 por ciento más que en el mismo período de 2008. Mejor le fue a Molinos Río de la Plata, el segundo en el ranking del rubro, que en su balance del 30 de junio último mostró utilidades un 44 por ciento superiores a las del segundo trimestre de 2008. Ledesma, la azucarera más poderosa del país, incrementó sus ganancias en un 48 por ciento en el mismo período.
Las empresas citadas y otras grandes del sector concentran en la mayoría de sus productos más del 50 por ciento de sus respectivos mercados.
Lo que sigue es una muestra del relevamiento sobre los balances de 2009 de las empresas que manejan el 65 por ciento de la venta de alimentos en Argentina.
Con sus marcas, Salsati y La Campagnola, Arcor es la compañía alimentaria que lidera el rubro de enlatados, como tomates al natural, arvejas, duraznos, atún y lentejas, entre otros. Con la compra de La Campagnola, en 2006, también es la firma de mayor participación en mermeladas tradicionales y de bajas calorías. Además, con sus marcas Tofi, Cofler y Mentoplus, entre decenas, maneja cómodamente el mercado de las golosinas. También participa en el 47 por ciento de las ventas de helados de marca. La empresa se caracteriza por producir varios de sus insumos, como papel, cartón y plástico para envases. En su último balance trimestral, cerrado el 30 de junio pasado, obtuvo utilidades por 191 millones de pesos, un 39 por ciento más que en el mismo período de 2008.
Yerba Nobleza Gaucha, rebosador para milanesas Preferido, harina Favorita, aceite Cocinero, bizcochuelo Exquisita, Vitina, son algunas de las marcas líderes en el mercado que pertenecen a Molinos Río de la Plata. Controlada por la familia Pérez Companc, tiene presencia en la mayoría de los rubros de alimentos elaborados que se comercializan en el país, y en todos los que participa es el número uno. En la mayoría de los casos alcanzó esa posición de privilegio comprando las fábricas de sus competidores. En 2007 adquirió la empresa Virgilio Manera, que hasta ese momento lideraba el mercado de pastas secas, y el Grupo Estrella, que produce la yerba de mayor venta, Cruz Malta, y el arroz líder Gallo. En el trimestre cerrado el 30 de junio consiguió ganancias operativas de 359 millones de pesos, un 44 por ciento más que en el mismo período de 2008; aumentó en un trimestre un 13 por ciento su patrimonio.
Con una producción de 330 mil toneladas anuales, la compañía jujeña Ledesma es la líder histórica del mercado azucarero. Además de la venta directa de azúcar, provee a las industrias de lácteos, bebidas gaseosas, galletitas, chocolates, dulces, caramelos y otras. A pesar de la caída del precio internacional del azúcar, Ledesma, gracias a que maneja más del 80 por ciento del mercado local, subió sus precios un 24 por ciento promedio. En el balance trimestral que cerró el 28 de febrero último consiguió utilidades por 94,4 millones de pesos, un 48 por ciento por encima de lo que ganó en el mismo tramo de 2008.
La Serenísima vende el 70 por ciento de la leche que se consume en el país. Además es líder en manteca, crema y dulce de leche y segunda en el resto de los productos que fabrica. Junto con la cooperativa SanCor conforman el oligopolio que maneja los precios de los lácteos. En el trimestre que terminó el 30 de junio obtuvo ganancias operativas por 329 millones de pesos. Esa cifra significa una ganancia sobre ventas –la mayor parte es leche– del 25 por ciento .
Con sus marcas Paty y Quickfood, la firma Quickfood maneja el 60 por ciento del mercado de hamburguesas. Esta posición dominante le permite vender una caja de 330 gramos de carne con 20 por ciento de grasa a 8,90 pesos (bastante más de dos dólares). En su último balance anual, cerrado el 30 de junio pasado, la compañía ganó 68 millones de pesos, un 21 por ciento más que en el balance anterior. Esa cifra significa una utilidad neta del 55 por ciento sobre patrimonio neto.
Los despidos masivos de Kraft Argentina se inscriben en un plan estratégico de la corporación a nivel global. Desde 2004, Kraft Foods cesó10 mil puestos de trabajo y cerró 20 plantas en todo el mundo. Se registraron protestas obreras en España, Venezuela y Colombia.
En Argentina, ese diseño se da en el marco de la decisión política corporativa de desestabilizar el gobierno nacional, toda vez que la ilegalidad manifiesta de su proceder emite un claro mensaje, el desconocimiento por parte de la compañía de las leyes, del Congreso y de las decisiones ministeriales en materia de derecho laboral y sindical.
La empresa recibió el apoyo compacto de las principales cámaras patronales, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), las que no dejan pasar la oportunidad de lanzar sus andanadas contra la Administración que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“El apoyo a libro cerrado de la UIA y de la AEA habla de una ofensiva corporativa. Las monsergas (contra la pobreza) del obispo Jorge Bergoglio (jefe de la Iglesia Católica), tan laborista cuando se celebra a San Cayetano, no tuvieron una línea crítica para la barbarie patronal”, comentó el domingo pasado el diario Página 12.
Como era de esperar, la embajada de Estados Unidos está detrás de esta operación. El mismo matutino señaló al respecto: “la flamante embajadora, Vilma Socorro Martínez, también dejó filtrar su aval y preocupación. Parte de su misión es bancar a las empresas de su bandera, pero ese cometido está sujeto al límite de la ley local. Caben acá dos hipótesis, ambas preocupantes. O Martínez no tuvo tiempo de imponerse de las reglas argentinas o, conociéndolas, fomenta su arrasamiento en un caso concreto. La Embajada debería develar el dilema”.
Por lo pronto, las empresas estadounidenses instaladas en el país, con aval de la Embajada, lideran el grupo patronal que niega representaciones gremiales. Esa restricción se impone en el 47 por ciento de los casos.
En el escenario de violaciones a las legislaciones soberanas, Kraft Argentina y Kraft Foods –pertenecientes a la mega corporación Philip Morris International – juegan casi un papel de vanguardistas.
La cara visible de la empresa en el conflicto argentino es un tal López Matheu - recordó Página 12 -, “quien encabezó otro conflicto con atropellos variados, en el que reclamó y obtuvo la toma violenta de la planta por fuerzas de seguridad”. Fue en 2002, en el diario Clarín, integrante del grupo mediático oligopólico homónimo.
No es casual que Kraft seleccione esa catadura de ejecutivos. En la reciente edición del semanario Veintitrés, de Buenos Aires, quien esto escribe recordó: “es bueno saber que cada vez que nos comemos un Toblerone, o un Milka (marcas de Kraft) para que esa firme explote a miles de esclavos”.
Según la página www.kraftfoods.de, esa empresa compra el cacao en Costa de Marfil, cultivado y cosechado por “unos 20.000 niños de entre siete y 14 años, que fueron secuestrados en Malí (..); para que se deslomen en las plantaciones, sin pago alguno”, conforme lo denunciara oportunamente la organización Terre des Hommes.
"Lo que ocurre allí se llama lisa y llanamente esclavitud", dijo Pierre Poupard, quien se desempeñaba en Malí como director local de la UNICEF cuando esas denuncias tuvieron lugar.
A fines de los ’90, este cronista y otros periodistas vernáculos fueron invitados por Philip Morris International a recorrer sus instalaciones en Estado Unidos, entre ellas las de Kraft.
“Nos atendió un tal José Sorzano, nacido en Cuba y asesor especial sobre seguridad nacional del ex presidente Ronald Reagan; ex colaborador de Oliver North durante el caso Iran-Contras, hombre allegado a los grupos terroristas anticubanos de Miami y por entonces asesor en medios de la transnacional que ahora despide trabajadores argentinos”, destacó Veintitrés.
Otro semanario, Miradas al Sur, dio en la clave al referir que la apropiación de la industria alimentaria por parte de las transnacionales, durante la pasada década del ’90, forma parte del mismo contexto desde el cual la economía argentina se deslizó hacia el monocultivo de soja.
“En los ochenta, Gilberto Montagna (principal propietario de Terrabusi, en la actualidad marca de Kraft) pasó a conducir la Unión Industrial Argentina, hasta que en 1993, como gran parte del empresariado argentino, vendió la compañía a la multinacional Nabisco en 270 millones de dólares. Tres años después, la Comisión Nacional de Valores le impuso una multa a la ex cúpula de Terrabusi por haber negociado acciones de la sociedad en conocimiento de información relevante no pública, durante la venta a Nabisco. Posiblemente, tanto Montagna como Reyes Terrabusi hayan recuperado rápidamente lo que tuvieron que pagar por aquella sanción, ya que actualmente el primero es socio del establecimiento agropecuario Terra Garba S.A. (sojero) y el segundo integra la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina”, recordó la citada revista.
Según documentos recogidos por una Cátedra especializada de la Universidad Nacional de La Plata, la Soberanía Alimentaria se expresa como “el derecho de los pueblos, los países y los Estados a definir sus políticas agrarias y alimentarias, sin ‘dumping’ frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. La Soberanía Alimentaria incluye: priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (organismos genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible”.
La Soberanía Alimentaria es parte indisoluble de la soberanía nacional y política –expresada ésta última sólo en marcos de democracias participativas-, y su vigencia es condición insoslayable para el trazado de políticas públicas y sociales tendientes a un efectivo cumplimiento del principio de seguridad alimentaria (aseguramiento de comidas sanas, nutritivas y placenteras para todos los integrantes de una sociedad determinada).
Conforme a las definiciones volcadas en los dos párrafos anteriores, y teniendo en cuenta que el problema que nos ocupa deber ser analizado y resuelto en las dimensiones políticas más amplias y referidas en el contexto general de este artículo, es dable afirmar que, la maniobras ilegales de las corporaciones impactan también sobre la dieta, sobre la alimentación de la sociedades, y que por lo tanto semejante cuadro amerita que toda política pública y democrática al respecto se inscriba en las propuestas que surgen del concepto Soberanía Alimentaria.
Víctor Ego Ducrot
Agencia Periodística del Mercosur
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