Luego de varias protestas en donde más de ocho mil estudiantes, junto a profesores y administrativas se movilizaron en reclamo de un mayor presupuesto, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe ordenó el pasado viernes desalojar una de las principales universidades del país aduciendo un intento de secuestro por parte de la comunidad educativa al rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman y enviando a las fuerzas de seguridad al predio en donde reprimieron a los estudiantes.
La reacción del gobierno colombiano se da en pleno desarrollo de un paro universitario que tiene como principal objetivo exigirle a Uribe una respuesta frente al desfinanciamiento que en la actualidad enfrentan las universidades públicas del país. Los estudiantes denunciaron el sistemático incumplimiento del mandato constitucional de financiación estatal de la educación superior pública.
El viernes pasado se produjo un encuentro entre el Rector de la Universidad y un numeroso grupo de estudiantes y profesores que impidieron el paso del rector para reclamar su participación en un foro sobre financiamiento de la universidad. Si bien allí el rector se comprometió a buscar soluciones conjuntas frente a la crisis presupuestaria, luego los medios, tomando testimonios suyos, comenzó a hablar de un secuestro del rector de la Universidad Nacional.
Más tarde comenzaría un fuerte operativo policial que contó con más de 300 efectivos, tanquetas y motos que detuvo a más de veinte personas y golpeó y tiró gases a decenas de personas. El ministro de Defensa y el subdirector de la Policía anunciaron una recompensa de cincuenta millones de pesos para quienes dieran información sobre “los autores materiales e intelectuales del hecho”.
Frente a esto, numerosas organizaciones estudiantiles, sociales y políticas de Colombia repudiaron los hechos y reclamaron que no se supriman los derechos civiles ni se criminalice la protesta social.
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