Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La palabra y la propiedad

El periodista Pepe Eliaschev se considera un liberal. Denuncia atropellos, censuras y se ve en el espejo como un Quijote de las libertades públicas combatiendo contra las máquinas infernales del autoritarismo. Invitado a debatir sobre la ley de medios, no acusó la raigambre montonera de Carlos Kunkel ni hizo mención a la “tendencia” que gobierna el país. Puso bajo un manto de sospecha la intención democratizadora y antimonopólica de la ley, pues el mercado no da para infinitas radios y canales. “No hay como sostenerlas”, dijo. Por eso, la forma de asegurar buen periodismo es con fuertes y poderosos medios independientes “como en EEUU”.
Como liberal, asocia la libertad a la propiedad, en consonancia con Locke, que en el Tratado del gobierno civil asegura que la propiedad aparece cuando agregamos un trabajo a la naturaleza, la fijamos y apropiamos, separando lo que es privativo de los bienes comunes. El estado, guardián nocturno, está para velar esa propiedad. Pero desde Hegel en adelante, las constituciones de todos los países la defienden bajo reserva de excepción, es decir, de intereses del bien común más altos que la propiedad. Las empresas recuperadas, cooperativas y otros movimientos sociales han impulsado en nuestro país reformas al derecho basados en este interés general, con el objetivo de recortar los derechos de propiedad a favor del bien público. Son dos derechos que conviven pero se oponen en circunstancias especiales y allí “decide la fuerza”. La propiedad, por eso mismo, está en el centro de la batalla política socialista. Se debilitó al fragor de las conquistas sociales de la posguerra, que recortó su dominio en ámbitos como la educación, ciertos servicios públicos, la salud e incluso la vivienda. Desde hace 30 años, los políticos e ideólogos neoliberales, con un claro instinto de clase, apuntaron a restablecer la propiedad privada de esas esferas sustraídas al mercado. Y, luego de golpes militares y luchas encarnizadas, lo lograron. Las contrarreformas sociales se extendieron y transformaron la creación humana y el mismo vínculo con la naturaleza en una relación puramente mercantil. Hacia allí apuntan los movimientos altermundialistas cuando denuncian que “el mundo no es una mercancía”.

Libertad y monopolio

Pero la libertad basada en la propiedad choca con otro obstáculo que Locke no podía teorizar: el monopolio, que es la consecuencia natural del libre mercado. Mientras el poder se traslada por entero al mercado, son las empresas privadas dominantes las que lo detentan. La denuncia del Estado hace juego con nuevo color del poder capitalista. Por eso a veces liberalismo y anarquismo se confunden malamente.
Esa es la situación actual del mercado comunicacional, desregulado en todo el mundo pero hiperliberalizado en nuestro país, que gracias a la política, es decir, a las decisiones de los sucesivos gobiernos, empezando por la dictadura militar que entregó Papel Prensa a La Nación y Clarín, aseguraron una posición monopólica indiscutible a los grupos periodísticos que no pararon de acaparar negocios bajo todos los gobiernos, desde el liberal de Menem hasta el neodesarrollista de Kirchner, quien le renovó las licencias de manera automática y facilitó la fusión monopólica en el negocio del cable.
Para los dueños de la palabra y sus representantes políticos, la colonización mediática se ha vuelto algo tan natural, que consideran las frecuencias radioeléctricas como de su propiedad privada. Por ese motivo, las grandes corporaciones y las instituciones que la agrupan, denunciaron como una afrenta a la constitución y la libertad de expresión la no renovación de la licencia por parte del gobierno de Chávez a los titulares de RCTV, que dicho sea de paso estuvieron implicados en el (¿anticonstitucional, verdad?) golpe de estado del 2002. La batalla por la propiedad y la garantía jurídica es la que paladines republicanos como Mariano Grondona vienen ventilando junto a la Sociedad Rural, Marsans, los bancos propietarios de las ex AFJP, Techint, Clarín-TyS y otras joyas de nuestra burguesía nacional.

Palabra y propiedad

Pero a diferencia de otras ramas de la producción, los servicios audiovisuales atañen a las formas comunicativas por excelencia, es decir, a la propia producción y circulación del lenguaje. Es el lenguaje el mediador de una sociedad, la que otorga sentido y dirección, constituye imaginarios y crea cultura. Si somos una sociedad es porque en ella circula la palabra. Y cuando Marx decía hace más de un siglo y medio que “la prensa crea hoy en día más mitos en un solo día de lo que le llevó a los antiguos todo un siglo”, no hacía más que expresar ese poder condensado de los medios de comunicación, que desde esa época hasta nuestros días se multiplicó de manera colosal. Instrumento de voluntad y fuerza constructiva, organizadora del sentido común. Es por eso mismo que la mercantilización de la palabra esclaviza bajo su forma de valor la acción social comunicativa de los hombres y crea, para tomar un término caro al filósofo Habermas, una “interferencia estratégica” en el espacio de la opinión pública. Pero no sólo interfiriendo, sino también creando la arena y la galería.
El poder comunicacional no atañe sólo a un beneficio económico sino al poder productivo, político, social, cultural de una civilización. La paradoja es que mientras la palabra sólo deja de ser ruido cuando es producida socialmente, bajo los imperativos económicos de la sociedad actual solo es audible y visible si los beneficios de su circulación son privados.

Liberalismo y socialismo

El proyecto de ley que fue aprobado en Diputados incluye cambios que demandaron mediante una estrategia adecuada los bloques de centroizquierda. Ella es democrática, porque asegura jurídicamente la inclusión de nuevos actores que no lo estaban con anterioridad, y es liberal porque pone restricciones muy claras que obstruyen la formación de monopolios al nivel de lo que hoy son Clarín, Ávila y otros grupos. Es progresista porque exige cuotas de producción nacional, resguarda derechos del niño, entre otras medidas. Todas ellas se alimentan unas a otras.
Pero el liberal Pepe Eliaschev tiene razón cuando avisa de que, en concreto, en este mundo encantado de la mercancía, no hay mercado para que cientos de nuevos actores se arrimen al fogón de la palabra. Porque para tener voz es preciso tener dinero, y mucho. La incorporación de la tecnología digital que multiplica por cinco cada frecuencia, ensancha más aún el abismo entre sus capacidades democratizadoras y la lógica restrictiva del capital. Para dar y recibir la palabra, que alcance a grandes mayorías en el ágora nacional se precisa lo que sólo unos pocos tienen.
La denuncia de los representantes del establishment comunicacional privado alertan sobre este nudo y agitan el fantasma chavista, advirtiendo que el gobierno se presta a financiar a miles de radios y emprendimientos comunicacionales para que sean afines “al régimen”. La derecha, que en este debate sobre la palabra quedó, literalmente, muda, ilumina, sin embargo, el camino que las clases subalternas deben recorrer.
La democratización real y completa de la palabra exige sustraerla a la lógica mercantil, brindar a cada ciudadano la posibilidad irrestricta de usarla en el parlamento cumunicacional del siglo XXI. Democracia y capitalismo aquí se repelen.
El acceso formal al espectro radioeléctrico de sindicatos, movimientos sociales, indígenas, radios comunitarias, cooperativas, universidades, etc., constituye un elemento de democratización política. La izquierda debe defenderla. En sintonía con Marx, que en La cuestión judía sostenía que la emancipación política era un avance que se debía apoyar, aunque el objetivo era la emancipación social, aquí el avance legal debe servir como plataforma para colocar el poder de la palabra más allá del capital. No se avanza un paso denunciando que unos y otros son capitalistas, como tampoco se puede gritar en una bomba de vacío. El que no sabe reconocer en política la paleta de colores está perdido para la causa del socialismo. La demanda de presupuestos culturales y periodísticos para todos los emprendimientos comunicacionales, desde el último barrio hasta la última fábrica, bajo las mil y un formas que pueda adquirir en la política cotidiana, constituye un norte político cultural que la izquierda no debería soslayar y que, si se aprueba la ley de servicios audiovisuales, contará con un piso más alto desde el cual encarar dicha tarea.

Jorge Sanmartino, Integrante del EDI (Economistas de Izquierda) y de la Asociación Gramsciana Argentina.