El conflicto en esta multinacional se atribuye a la voracidad empresaria sin límites por un lado y a la intransigencia de la representación gremial interna por el otro. Sin embargo es posible un abordaje mucho más complejo de esta confrontación.
La filial argentina forma parte de la corporación alimenticia más importante de los EE.UU. y es segunda a nivel mundial después de la Nestlé, con 159 plantas en todo el mundo, varias de ellas en 18 países de América Latina. Comenzó a instalarse en el país a principios de la década de los '90, con una política de adquisición y fusión de firmas y llegó a consolidarse como Kraft Foods en el año 2000, desnacionalización de Terrabussi mediante.
Ahora se conoce que esta corporación definió a mediados de los años '90 un programa de integración y ajuste de sus estructuras productivas y de distribución en sus filiales de América Latina. Programa definido no en función de las necesidades de los mercados nacionales o incluso regionales sino según las necesidades y objetivos de su casa matriz, que como toda transnacional elabora sus directivas en base a resultados globales y su balance consolidado. No es de extrañar que en el país la implementación del plan se haya demorado ya que la rama alimenticia fue de las más beneficiadas durante el ciclo expansivo 2003/2008, y de las menos golpeadas por contracción actual.
La crisis actual favorece ponerlo en práctica ahora. Lo hemos explicado ya desde esta misma columna, el capital siempre sale de sus crisis de sobreproducción sobre la base de mayor productividad. Pero no se trata de una mayor productividad del capital por nuevas inversiones, sino por mayor productividad social. Esto es, del trabajo.
Las corporaciones internacionales tienden a homogenizar las condiciones de productividad en todas sus plantas y esto es independiente de las condiciones macroeconómicas en cada país: capacidad adquisitiva de los salarios, devaluaciones competitivas, rebajas arancelarias para la importación de insumos o excenciones impositivas para bienes de capital. Por el contrario se trata de equiparar las condiciones de laborales. Entiéndase mayores niveles de explotación por pérdida de puestos, extensión de la jornada y aumento de ritmos de trabajo.
Uso capitalista de la crisis
Pero hay también otro componente, que comúnmente llamamos "uso capitalista de la crisis". Se refiere al aprovechamiento que hacen las empresas de determinadas circunstancias para provocar un ajuste en las relaciones capital-trabajo a nivel de los núcleos productivos. Allí donde las relaciones que emergen del régimen de producción no están mediadas por las instituciones del Estado ni por las cúpulas sindicales: el lugar o puesto de trabajo, donde nace y se hace fuerte la organización de los trabajadores.
Así es posible comprender porqué este conflicto iniciado por un justo y relativamente menor reclamo, como lo fue el de mejorar las condiciones de salubridad para mejor protegerse de la pandemia de gripe A en la planta, concluye con 156 despedidos y el desconocimiento de los fueros gremiales por la empresa.
Lo que intentó ocultar la denuncia por privatización ilegítima de la libertad contra los trabajadores es que la empresa, para homogeneizar los niveles de productividad en la planta de General Pacheco -la más importante fuera de los EE.UU.- necesita destruir la organización obrera para así poder imponer el sistema de trabajo americano: turnos de 12 horas con menores tiempos de descanso y para refigerios y mayores ritmos de producción, eliminando como contrapartida el turno noche. Equiparando así esta planta con las dos instaladas en la provincia de San Luis y las de Colombia, Perú y otros países de la región.
El Taller de Estudios Laborales (TEL), institución dedicada a la capacitación y el estudio de la organización en los lugares de trabajo, cuyo prestigio trasciende las fronteras nacionales, ha enviado una nota formal a la empresa denunciándola "por los despidos y por la pretensión de destruir la organización sindical" y concluye: "nos estamos enterando que esta conducta de Kraft Foods Argentina es replicada de los demás países de América latina donde la empresa tiene filiales, por lo que nos solidarizamos con esos trabajadores y exigimos para ellos también el fin de las persecuciones, el respeto de la ley y de sus derechos laborales y humanos".
Por su parte la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) calificó la decisión empresaria como "absolutamente injustificada, despojada de toda responsabilidad social, respeto por la ley vigente y su autoridad de aplicación, y denigrante para los trabajadores por avasallar sus derechos, intentando instalar el miedo y la prepotencia como herramientas válidas en la búsqueda de maximizar sus ganancias".
Es la única expresión sindical de las direcciones tradicionales que merece rescatarse, porque el Sindicato de la Alimentación y la propia CGT se han comportado, una vez más, como aliados objetivos de la multinacional, no como representantes de los trabajadores
Impotencia estatal
Que la brutal represión en la Panamericana haya sido promovida por el jefe de gabinete cuando la Presidenta de la Nación se reunía con empresarios en los EE.UU.; que la Embajada de ese país interviniera en el conflicto llamando a la defensa del derecho y los intereses de la propiedad privada; que sorpresivamente haya llegado al país, por sólo 48 horas y sin que nadie sepa a qué vino, el subsecretario de Comercio americano no son otra cosa que muestras de un país dependiente bajo presión del imperio. Y que tocar la campanilla en Wall Street no es gratuito. Precisamente el Wall Street Journal comentaba en su edición del 29 de septiembre pasado: "El gobierno (argentino) no quiere comprar una muerte y esto impide resolver la protesta".
Que todas las cámaras empresarias encabezadas por la UIA, la Copal, AEA y el centro ideológico que es IDEA, cerraran filas en torno a Kraft Foods es una muestra de cómo están cercando al Estado y de cómo se preparan. Porque lo que están apoyando es el desconocimiento de los numerosos llamados a la conciliación obligatoria que hizo el Ministerio de Trabajo; la violación de las leyes laborales del país que se expresan en los despidos sin causa y el desconocimiento de los fueros gremiales, el incumplimiento de varios de los puntos del acta acuerdo firmada por la representación patronal y los funcionarios del gobierno por el que debían reincorporar a los trabajadores y dejar ingresar a planta a los delegados elegidos democráticamente. No les preocupa el cumplimiento de las leyes ni de los convenios colectivos, les importa sí controlar y destruir la organización obrera en los lugares de trabajo.
En tanto el Estado y el gobierno se muestran prácticamente impotentes frente a la "intransigencia de la empresa". El Ministerio de Trabajo pareciera haber perdido su capacidad de mediar en los conflictos y hacer cumplir las leyes laborales. Al cierre de este artículo la justicia ordenaba la reincorporación del delegado Bogado y por ¡primera vez! los secretarios generales de la CGT y del Sindicato de la Alimentación se reunían con miembros de la comisión interna. La empresa... como si estuviera en un país bananero.
Mientras, el conflicto ha puesto al proletariado industrial en la calle y en el centro de las discusiones. Tal vez resulte una bisagra en la política del gobierno, tal vez también lo sea para el estado de ánimo y la organización de los trabajadores.
Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
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