Nueva ofensiva de criminalización de la protesta social

Cada vez con más claridad a medida que pasan los días y las horas, la nueva estrategia de la oposición de derecha y de los grupos económicos cuyos intereses expresa se centra en el eje de una nueva ofensiva de demonización de las organizaciones sociales y sus luchas, a las que se pretende reducir a la condición de meros apéndices instrumentales de las supuestas conspiraciones kirchneristas. El senador y jefe de la UCR Gerardo Morales, la diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y también el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, avanzaron sin pruritos en la agitación de los demonios, para marcar una senda que a partir de allí vienen transitando con mucho despliegue Clarín y La Nación.
Carrió, especialmente, fabuló un futuro inmediato –siempre según ella diseñado por los Kirchner- de acuerdo con el cual, y para neutralizar la pérdida de mayoría legislativa que se operará el 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores electos el 28 de junio, el matrimonio presidencial lanzará a las calles las huestes piqueteras para “volver a cerrar la ciudad” de Buenos Aires y generar el miedo de la ciudadanía honesta y los esforzados dirigentes de la oposición.
Está absolutamente claro que los grupos cooptados por el kirchnerismo desde 2003 a la fecha, y que permanecen como aliados al gobierno, nunca “cerraron” la ciudad. Las movilizaciones que, en los últimos tiempos, se plantearon cortar de manera coordinada vías de acceso a la ciudad, fueron protagonizadas por organizaciones sociales que siempre cuestionaron las políticas sociales focalizadas y clientelísticas del oficialismo. La última jornada de lucha con esas características, precisamente, fue convocada para repudiar el manejo diseñado desde el gobierno para poner en práctica el plan de generación de 100 mil puestos de trabajo por medio de cooperativas de obra anunciado por la presidenta Cristina Kirchner, manejo regalado a los punteros políticos bonaerenses y del cual se excluía a amplísimos sectores de excluidos del Conurbano. Esa movilización, y su programada continuidad, consiguieron arrancarle al gobierno mejores criterios de distribución del plan.
Como en el caso de las declaraciones de Carrió, los grandes medios hicieron gran despliegue, en las últimas horas, de coberturas que terminan por caracterizar al conjunto de las organizaciones sociales, y a los menguados planes sociales en ejecución, como herramientas de corrupción y control mafioso del kirchnerismo.
La lógica que encierra esta estrategia opositora no es otra que la de una renovada intención de criminalización de la protesta social, generada por sectores político-partidarios y de poder económico que vienen de experiencias de enfrentamiento con la resistencia popular y de violenta represión de sus métodos de lucha, como los que participaron del gobierno de Fernando de la Rúa y del de Eduardo Duhalde, no por casualidad reaparecido ahora en esos mismos medios hasta como un posible candidato presidencial para 2011 tras un discurso en el que promete literalmente amplia libertad de acción para los grandes grupos económicos, los mismos que le exigieron en 2002 métodos de represión de las luchas sociales como el que generó la Masacre de Avellaneda y los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
La situación plantea un auténtico desafío político para las organizaciones sociales, en la medida en que la virulencia y falacia de la ofensiva de la derecha económica y partidaria podrían empujarlas hacia actitudes más equívocas respecto del gobierno. Si se necesitara algún nuevo elemento para neutralizar ese tironeo, basta comprobar que, tras parir un proyecto de Ley de Presupuesto para 2010 que cristaliza una distribución altamente regresiva del ingreso, el oficialismo sólo piensa en conceder algún plan social complementario otra vez limitado y focalizado.

Prensa de Frente