domingo, 30 de junio de 2024

Bullrich y Milei: “la lucha contra el terrorismo” encubre la formación de un estado policial


En el marco de la escalada sionista contra Gaza y el Líbano, el miércoles pasado, Hassan Nasrallah, líder de la milicia libanesa proiraní Hezbollah, advirtió que Chipre “será parte de la guerra” (con Israel), en el caso de que abra aeropuertos y bases a las fuerzas sionistas. Las declaraciones del líder de Hezbollah se dieron un día después de que Israel advirtiera que “una guerra total” contra el Líbano “está muy cerca”. En tal caso, significaría el incendio de Medio Oriente. Por intermedio del secretario de Defensa, Lloyd Austin, Estados Unidos advirtió que una escalada del conflicto con Hezbollah puede terminar en una guerra regional. En el mismo sentido se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Paraleamente, escalaba la crisis política de la coalición de derecha que encabeza Benjamín 

Netanyahu. Bullrich y el sionismo: la punta de lanza 

En este contexto, el gobierno liberticida de Argentina, puso en “alerta máxima” los controles fronterizos, en sintonía con el fallo de la justicia argentina que condenó a Irán como responsable del atentado de la AMIA en base a ´informes reservados´ provistos por el Mossad y la CIA. 
 La ministra de seguridad Patricia Bullrich, hace unos meses, advirtió sobre la presencia de células terroristas de Hezbollah en distintos puntos fronterizos de Sudamérica, acusando a los gobiernos ´populistas´ de las últimas dos décadas como responsables por la penetración económica y política de Irán en la región. Según Bullrich, en Bolivia se encuentran al menos 700 miembros iranies de las fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica. El ´informe´ fue supuestamente elaborado por su cartera en tiempo récord desde que asumió el cargo, aunque posiblemente le haya sido brindado por los aparatos de inteligencia extranjeros. 
 Allí se afirma que “se puede identificar la actividad de Hezbollah en el área de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, con centro neural en Ciudad del Este. Este eje habría ido rotando o al menos se habría diversificado. Hoy se toma en cuenta también la Triple frontera Andina conformada por Chile, Perú y Bolivia; y la “triple frontera marítima” compuesta por los puntos de Colón (Panamá), Maicao (Colombia) y Punto Fijo (Venezuela)”. El informe apalanca la presencia e injerencia militar de Estados Unidos en la región y de los servicios de inteligencia. En esta línea de acción, en noviembre de 2023, la policía federal de Brasil, con colaboración del Mossad y el FBI, llevó adelante la Operación Trapiche contra el contrabando de cigarrillos electrónicos en la Triple Frontera, negocio con el que Irán financiaría sus actividades en la región. En su momento, el presidente chileno Gabriel Boric se quejó. “Le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes al tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada”.

 Antecedentes 

El gobierno libertario mantiene un hilo conductor con los gobiernos que le precedieron: la lucha “contra el terrorismo”, doctrina de seguridad impuesta por el imperialismo yanqui luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este giro apuntó a justificar un mayor andamiaje represivo al interior de cada país y un enorme despliegue bélico en Medio Oriente (Irak, Afganistán). 
 En el segundo mandato de Cristina Kirchner se aprobó la le Ley 26.734, más conocida como ley antiterrorista, impulsada por el FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional creado en 1989 por los países miembros del G7. La ley en cuestión fue promulgada con el objetivo de “prevenir” el lavado de dinero destinado a financiar a organizaciones terroristas. Pero las modificaciones introducidas en artículos del Código Procesal Penal habilitan a la ley a castigar a quienes intenten o logren “aterrorizar a la población”, ya que la amplitud penal permite sancionar manifestaciones sociales contra la gestión de turno. 
 Durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionaron el Decreto 683/2018 y el 703/2018, que promovían una reforma en la Ley de Defensa Nacional y otorgó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas. La figura de "terrorismo internacional" aparece en el decreto 683/18 para sostener que ello "configura uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información. El abordaje de estos asuntos requiere una estrecha articulación nacional e internacional, que incluya la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil". También durante el gobierno de Macri, en 2019, por decreto se creó, un día antes de cumplirse el 25 aniversario del atentado a la AMIA, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), a pedido de Israel y EE.UU. 
 La principal vocera de esta política de fortalecer la faz militar y policial del Estado fue la también entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sionista ferviente. En 2016 participó en Tel Aviv de la IV Conferencia Internacional de HLS &Cyber, una feria de empresas y lobistas que ofrecen armas y software de vigilancia para neutralizar las "amenazas del siglo XXI”. Si bien los decretos macristas fueron derogados por la gestión de Alberto Fernández, sentaron un precedente para que el gobierno libertario, nuevamente con Bullrich a la cabeza, lleve adelante una tentativa de estado policial. La militarización de Rosario, apoyada por todos los gobernadores, incluido Axel Kicillof, respaldó los “esfuerzos del gobierno nacional” en su “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Los compañeros presos por la manifestación del 12 de junio contra la Ley Bases son acusados de terrorismo por el gobierno y el fiscal del Estado. 
 El gobierno de Milei, con Bullrich como abanderada, quiere enmascarar la puesta en pie de un estado policial por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La ministra ha hecho varios ensayos ya, busca ´terroristas´ a su medida. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadores. La lucha contra el gobierno liberticida debe de estar acompañada por la denuncia de las guerras impulsadas por el imperialismo y socios. Una derrota del gobierno de Milei implicaría un fuerte golpe al imperialismo en su cruzada belicista contra los pueblos. 

 Lucas Giannetti 
 28/06/2024

Porqué la Justicia encara a las organizaciones sociales y hace la vista gorda al liberticidio y la destrucción de derechos de parte de Milei, Caputo y Bullrich


Por orden del Juez Federal Ariel Lijo, candidato del gobierno para ser Juez de la Corte Suprema, el miércoles y jueves pasado se realizaron allanamientos a locales y sedes de organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron requisados unos 14 domicilios y direcciones con el argumento de que fueron recibidas denuncias por “extorsión y amenazas de retiro de planes sociales”. Entre los principales apuntados se encuentran el Movimiento Evita, vinculado al kirchnerismo, que preside Emilio Pérsico, funcionario del ministerio de Desarrollo Social, bajo el gobierno de los Fernández. Entre los afectados se encuentran también Barrios de Pie y el Movimiento Territorial Liberación (MTL) encuadrado en la CTA-A. La causa de Lijo es paralela a la que se desarrolla en Comodoro Py por el fiscal Pollicita contra el Polo Obrero -oficial- y el FOL. 
 Esta causa se inicia al igual que otras a partir de las denuncias telefónicas recibidas a la línea 134 desde que el gobierno inauguró el Protocolo ‘antipiquetes’ de Patricia Bullrich. La utilización de este mecanismo de delación, sin el acompañamiento de premios, promueve las provocaciones, así como distintas formas de ajustes de cuentas. Es una herramienta típicamente fascista; es distinto cuando el “soplón” es protegido por la Justicia cuando denuncia presencialmente a integrantes de la burocracia del estado y al poder político en general. Significativamente, el expediente registra denuncias por participaciones en las movilizaciones de la CGT y CTA del 24 de enero, en el contexto de un paro, lo que convierte al tribunal de Justicia en un cómplice de la política de criminalización de la protesta social. El expediente judicial reitera el argumento de otros, relativos a una estructura piramidal de extorsión con premios y castigos dentro de las organizaciones. Esa estructura fue establecida por el ministerio de Desarrollo Social durante los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Es de ese modo que las unidades de gestión conveniaban con los gobiernos. En definitiva se trataba de un método de integración de las organizaciones sociales al Estado, con el propósito de ‘contener’ la crisis social en los barrios. El vacío dejado por las intendencias para estos menesteres fue llenado espontánea y metódicamente por las organizaciones que hoy están siendo judicializadas. Este cambio de ‘método’ refleja las diferencias de la lucha del estado capitalista contra los trabajadores sin empleo o empleo ocasional o parcial, y vulnerable.
 Este miércoles, Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie, denunció que su teléfono se encontraba intervenido y que había recibido llamados extraños: "Recientemente, me llamaron a las 5 de la mañana a mi celular y reprodujeron una reunión que había tenido el día anterior. Hago responsable a Milei de cualquier daño a mi persona y a mi familia". Y agregó acertadamente: "las dictaduras muchas veces comienzan antes de un golpe de Estado, como fue el caso en Argentina con la triple A. Las desapariciones y persecuciones comenzaron mucho antes del 24 de marzo de 1976”. 

 Nuevo impulso a la persecución

 La judicialización de las organizaciones sociales se da en el marco de un crecimiento de la precarización laboral y nuevas olas de despidos, con una pobreza que ya supera el 55% y una indigencia del 18%. El escándalo que dejó a una decena de funcionarios despedidos y una crisis en el Ministerio de Capital Humano, con los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, llevó a una intimación judicial contra la ministra Sandra Pettovello. Nada ha cambiado: solo una fracción de estos alimentos, principalmente la leche en polvo, fueron distribuidos a través de organizaciones como Cáritas y la CONIN del reaccionario Abel Albino. 
 Este lunes, el Ministerio, tras otra intimación de Casanello, propuso asignar estos remanentes a escuelas vulnerables usando el índice ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación), armar esto demorará, al menos hasta la semana siguiente a la presentación de los listados a la justicia. Según el juez, la alternativa a esta presentación es que un funcionario compadezca en tribunales – “ofrecer en su lugar el testimonio de una persona responsable dentro del área competente, conocedora del plan diseñado, para que comparezca ante estos Estrados”. Esta presentación va a contrapelo de lo que antes planteara la Leila Gianni, mano derecha de Pettovello, contra los “jueces militantes que se meten en la política pública”. Milei y sus funcionarios del grupo Techint han logrado neutralizar a los sindicatos, al punto de que consiguió que CGT apoyara la reforma laboral. Por otros medios, quiere asegurarse la retención de la asistencia social por medio del Ministerio, la Iglesia y organizaciones caritativas paralelas. Para eso tendrá que lograr algo difícil, como es domesticar la tradición de organización y de lucha en las barriadas. 
 La acusación judicial de Juan Grabois a Pettovello podría involucrar en la malversación a la distribución realizada a través de CONIN. Estos choques entre Grabois y ‘Capital Humano’ tienen la cuestión del FISU de trasfondo. Según la SIGEN en su última auditoría al FISU, no hubo malversación ni sobreprecios, sólo algunas demoras en la finalización de las obras. Esto va en línea con lo planteado por Sebastián Pareja, actual titular del FISU. Las especulaciones periodísticas con que el fondo pasaría a manos del ministro Caputo tras encontrarse irregularidades, finalmente no se comprobaron. Entre las observaciones de la SIGEN, se encuentra elaborar una base de datos que reemplace el registro en Excel y una crítica en el atraso de la rendición de cuentas. Esto envalentonó a Fernanda Miño: “Si quieren decir que hubo delitos, los van a tener que inventar”. 
 En contraste, la ola de allanamientos comenzó paradigmáticamente mientras las organizaciones llevábamos adelante el acto por Darío y Maxi del 26 de junio en una de las subidas del Puente Pueyrredón ante un gran operativo policial que no nos dejó avanzar. Para reforzar las herramientas represivas, Patricia Bullrich creó una unidad especial para accionar contra huelgas, piquetes y ocupaciones de fábrica, a través del Boletín Oficial con resolución 499/24, que se llamará “Unidad de Seguridad Productiva”. Esta unidad se prepara para implementar los artículos antisindicales y antilaborales más agresivos de la recientemente aprobada Ley Bases. 
 La ofensiva contra las organizaciones sociales, por parte de los liberticidas, explota el maridaje, en unos casos, y la integración o semi-integración de las organizaciones sociales al Estado, en otros, por medio de un recurso clásico – la judicialización y la intervención de los servicios de espionaje del estado. El ofrecimiento de centenares de millones de pesos por parte del Estado debe ser siempre tomado con desconfianza, y en cualquier caso la rendición de cuentas no debe hacerse sólo a los auditores oficiales sino a la base de las organizaciones mismas. Es desde esta perspectiva política que llamamos a luchar contra la judicialización en marcha y a redoblar esfuerzos para defender a los comedores y otras acciones populares. 

 Leonardo Perna 
 29/06/2024

Qué deja la aprobación de la “Ley Bases”


En la cuenta de ganancias y pérdidas, el gobierno, la burguesía y sus partidos han celebrado en esta madrugada la liquidación de una parte sustancial del derecho laboral en la Argentina. En eso reside el corazón de la ley Bases, junto a un listado restringido de privatizaciones y un régimen de “grandes inversores” que, en cualquier caso, tiene sus antecedentes en Argentina. Como señaló un diputado macrista en la sesión de ayer, el RIGI es una réplica del acuerdo secreto que Cristina Kirchner celebró con Chevron en 2013 –libertad para la remisión de utilidades y divisas de las exportaciones; libertad para importar insumos sin costo y para eludir impuestos en el país-. Si se suma el blanqueo de capitales, se han sentado las “Bases” para hacer de Argentina una mezcla de zona franca y paraíso fiscal; la contraparte monetaria de ese planteo es la dolarización, que Milei ratificó unas horas más tarde.

 Choque de poderes 

Más allá de estas conquistas estratégicas, el gobierno deberá prepararse para las crisis que la sesión de ayer deja irresueltas. Para sancionar el paquete fiscal con el impuesto al salario incluido, el gobierno debió incurrir en la inconstitucionalidad, pues los Diputados no pueden alterar una disposición que el Senado directamente había eliminado. Si la justicia y la Corte avalan el atropello, el retorno del impuesto al salario abre un choque directo con la clase obrera, que no se reduce a los petroleros del sur. Si la justicia congela la aplicación del impuesto, el gobierno buscará compensarlo con nuevos recortes –y crisis políticas con las provincias-.
 La sanción de la Ley Bases ha sido una extraordinaria muestra de solidaridad política de la oposición -de toda laya- con el gobierno Milei. Como señalaron varios observadores, el voto positivo salvó al gobierno de una “crisis irremontable”. En cualquier caso, el socorro al gobierno liberticida acentuó las tendencias disolventes en todos los bloques. En el kirchneropejotismo, la votación favorable de los diputados de Catamarca y Tucumán a “Ganancias”, y del RIGI en el caso de San Juan, anticipa las fracturas que se vienen. El macrismo “oficial” advierte que la Ley Bases será el último servicio sin cargo al gobierno de Milei –con excepción, claro, de los que siguen a Bullrich y preparan las valijas para irse del PRO-. Aunque Milei prometió “nuevas leyes”, lo que tiene por delante es la delegación de poderes aprobada ayer por el Congreso, y una mayor desintegración política de sus opositores. 

 Dolarización 

Envalentonado, Milei se apresuró a adelantar sus próximos pasos. Y con ellos, el escenario explosivo que ninguna “Ley Bases” podrá mitigar. Milei anunció un “cambio de régimen monetario”, es decir, avanzar con la dolarización que ya puso parcialmente en marcha en el caso de los precios internos y las tarifas. Para sostener ese esquema y hacer frente a las exigencias devaluatorias, Milei se empeña en una salida deflacionaria. Prometió “emisión cero” y, para ello, que el Banco Central deje de operar como comprador de última instancia de la deuda del Tesoro. Pero para ello, debería perpetrar una nueva vuelta de tuerca en el ajuste fiscal y depreciar nominalmente los salarios y jubilaciones. Entre los anuncios de hoy, puso en duda la continuidad del bono a los jubilados. A los asalariados que ganan más de 1,8 millón -que representa la actual canasta familiar- se les viene el impuesto al salario. 
 Una dolarización “sin dólares” precipitaría un colapso del crédito interno. Milei-Caputo piensan que podrían sustituirla con el ingreso de dólares del blanqueo, y de las inversiones ligadas a proyectos de exportación. Es una perspectiva demasiado incierta para un país en virtual defolt, con 700.000 millones de dólares de deuda pública y 50.000 de compromisos impagables en los próximos dos años; la apuesta al mercado internacional tiene lugar en una economía mundial cruzada por la guerra y una crisis financiera en ciernes. 
 Por eso, el FMI rechaza el plan dolarizador y exige un ajuste clásico: devaluación, acumulación de reservas y un plan para pagar la deuda. El agronegocio se encolumna detrás de esta variante, mientras acentúa el acopio de la cosecha. 
 Las dos variantes, la dolarizadora y la devaluatoria, plantean una agudización extraordinaria de los antagonismos de clase. La Ley Bases está aprobada, pero no supera ni remonta esta crisis de conjunto. 

 Marcelo Ramal 
 28/06/2024

viernes, 28 de junio de 2024

Bolivia: golpe sofocado, crisis abierta


La asonada militar encabezada por el general de Brigada y excomandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, culminó a las pocas horas con la detención del cabecilla y otros 17 militares hasta el momento. 
 El frustrado levantamiento de Zúñiga -que había tenido un rol fundamental en el golpe de 2019 que desplazó a Evo Morales de la presidencia- no halló eco popular ni respaldos políticos consistentes. El militar fue increpado frente a las cámaras en los pasillos del Palacio Quemado -sede del gobierno boliviano- por el mismísimo presidente Luis Arce, acompañado de varios de sus ministros. Aunque parezca mentira, el militar se mostró impotente frente a Arce, quien blandía el bastón presidencial. La cúpula de las Fuerzas Armadas fueron reemplazadas a las pocas horas. 
 La información da cuenta de que la intención de Zúñiga, aparentemente, no era hacerse del poder. Al menos, no mostró los respaldos mínimos para asumir la presidencia, distinto a lo que ocurrió en 2019, cuando Jeanine Añez fue nombrada presidenta por una asamblea legislativa, cargo que ocupó hasta su detención, y contó con el apoyo de toda la oposición derechista, la OEA y hasta la complicidad de la Central Obrera Boliviana. En este caso, el expresidente Carlos Mesa, derrotado por Evo Morales en 2019, los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, Iván Arias Durán, y hasta la expresidenta de facto se pronunciaron en contradel golpe. La OEA tomó distancia, los presidentes de la región -con excepción de Javier Milei- condenaron el levantamiento y la COB llamó a “la huelga general indefinida”. Morales, duramente enfrentado a Arce, llamó a rodear el Palacio Quemado contra los golpistas. Hubo, sí, entre los opositores, quienes acusaron que se trató de un intento de autogolpe.
 Zúñiga alimentó esa versión, ante el patético desenlace de su aventura, afirmando que todo había sido un montaje pactado con Arce para levantar su popularidad. Podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión.
 Zúñiga es un militar de dilatada trayectoria. Fue denunciado por el propio Evo Morales “como uno de los presuntos ejecutores del llamado "Plan Negro", una operación supuestamente dirigida a perseguir e incluso atentar contra la vida de líderes políticos y sociales”(Página/12, 27/6). Una versión indica que Zúñiga tenía ambiciones de ser nombrado comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia y posiblemente se haya enterado de que eso no iba a ocurrir (ídem). En un entrevista televisiva reciente, había anunciado con todas las letras que detendría a Evo Morales si se lanzaba a una nueva candidatura presidencial. A pesar de haber sido vetada judicialmente, el Congreso del MAS lo proclamó candidato para el cargo que ocupó entre 2006 y 2019. El ´programa´ de Zúñiga reclamaba, además, la libertad de los “presos políticos” -en relación a Áñez, Luis Camacho y otros dirigentes del golpe de 2019-, y la destitución del ministro de Defensa. La vena ´democrática´ de Áñez y Camacho probablemente se haya encendido ante la evidencia de que el golpe frustrado los perjudicaría. 
 Pero detrás de este escueto programa, hay una disputa de intereses ´geopolíticos´ de proyección internacional. “En 2021, en visita a México, el presidente Luis Arce remarcó que en la campaña elctoral la oposición se había mostrado interesada en que, en caso de ganar, Tesla, la empresa de Elon Musk, se instalara en Bolivia para explotar el litio. El mandatario recordó también que a las pocas semanas, un alto ejecutivo de Tesla había dicho que ellos harían un golpe de Estado allí donde fuera necesario".Arce estimó que el objetivo del golpe de 2019 era "el control del litio boliviano". Un interés que quizás haya sido el motivo de fondo de lo que se vivió en las últimas horas” (Página/12, 26/6). 
 Por caso, el gobierno de Biden evitó una condena a la tentativa. A través de un breve comunicado, la Casa Blanca dijo estar "siguiendo de cerca" la situación en Bolivia y llamó a la "calma y moderación". Por su parte, otro amigo de Musk, Javier Milei, tampoco se comprometió con una condena. Se limitó a repostear un lacónico mensaje de su canciller, Diana Mondino. Poco después la cancillería argentina, en un comunicado oficial, repudió “las movilizaciones irregulares (sic) de algunas unidades del Ejército boliviano” y expresó “su firme apoyo al Estado de Derecho, mientras remarca la importancia de sostener las instituciones democráticas en el Estado Plurinacional de Bolivia”, lo cual puede ser leído también como una advertencia a los partidarios de Morales. Los golpistas de 2019 lo destituyeron denunciando un supuesto fraude electoral. 
 La disputa por las reservas de litio, en este caso, -un insumo fundamental para las baterías de los autos eléctricos de Tesla, entre muchas otras aplicaciones- entre los bloques internacionales en guerra, envuelven a toda la región. 

 Jacyn 
 28/06/2024

"Rechazamos el contenido reaccionario de esta ley en el Congreso y las calles" / Vanina Biasi

jueves, 27 de junio de 2024

Nicolas del Caño: "Si no hubiesen entregado cargos a cambio de votos, esta ley no estaría acá"

Acto Internacional // ¡Abajo los gobiernos de la guerra y el hambre!

El mundo del ajedrez contra la represión de Milei-Bullrich

Entre los detenidos en la movilización contra la Ley Bases se encontraba Nicolás Mayorga, Maestro Fide (MF), ex Campeón Argentino de la categoría cadete, quien fue apresado –previamente herido con balazos de goma– en un operativo de la Policía Federal, junto a dos compañeros, todos estudiantes de la Universidad de San Martín (UNSAM) en momentos que estaban desconcentrando. El mundo del ajedrez se movilizó rápidamente con declaraciones públicas de solidaridad (con la federación a la que pertenece Nicolás -Federación del Oeste del Gran Buenos Aires- a la cabeza) y juntada de firmas exigiendo su liberación y la de todos los presos. “La protesta no es un crimen” fue la consigna del momento. La posterior liberación de Nicolás Mayorga “por falta de mérito” no aquietó el espíritu de los ajedrecistas bonaerenses quienes vimos con claridad el peligro que significa esta política y estos métodos. Agustín Morales 27/06/2024

Se realizó la indagatoria a Eduardo Belliboni en Comodoro Py


El martes pasado tuvo lugar en Comodoro Py la indagatoria a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero en la causa que se les sigue por supuesta extorsión y desvío de fondos. Delegaciones de organizaciones políticas y sociales se hicieron presentes, incluido nuestro partido, Política Obrera. Un desmesurado despliegue policial rodeaba los tribunales con carros hidrantes, un marco intimidatorio avalado por el Poder Judicial. 
 Belliboni fue indagado durante tres horas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. Presentó tres biblioratos para incorporar a la causa como prueba de la labor política y asistencial de su organización. Rechazó, en cambio, responder preguntas sobre las facturas que, según la Justicia, encubrían el desvío de fondos asistenciales. “Mucha militancia y poca explicación, fue la conclusión de una fuente judicial que participó de la audiencia”, dijo saber Infobae (25/6), poniendo de manifiesto la tesitura de la fiscalía en relación a la marcha del juicio. 
 Belliboni denunció una persecución política. “Esta persecución se inició el 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prohibió las movilizaciones de reclamo y de protesta”, acusó (Página/12, 26/6). Refutó las supuestas pruebas recogidas por el fiscal en su imputación por extorsión. Pollicita, por ejemplo, considera que dentro de la organización hay personas que reciben una asistencia mayor que otras (los llamados “planes dobles”) como indicio de una “organización piramidal” que extorsionaba a los beneficiarios para concurrir a marchas a cambio de un plan social o comida. Pollicita pareció ignorar que esa estructura (planes Nexo, cuadrillas, unidades de gestión, etc) fue establecida por el ex ministerio de Desarrollo Social, única dependencia, además, con potestad para asignar o retirar la asistencia tanto a las organizaciones que actuaban como intermediarias como a los beneficiarios de los programas asistenciales. También fue indagada María Isolda Dotti (“Tango”), quien sufrió uno de los 27 allanamientos que se sucedieron el 13 de mayo pasado. Señaló que el dinero secuestrado en su casa por la policía correspondía a la venta de una casa que heredó de su padre, como surge de la documentación que la respaldaba. “La noticia fue filtrada a los medios sin ninguna mención de que esa suma estaba justificada, como si se tratara de un indicio de un hecho de corrupción” (Página/12, 26/6), mientras regía el ´secreto de sumario´.
 El gobierno de Milei desencadenó una política persecutoria de las organizaciones de desocupados desde el primer día, cuando dictó el protocolo ´antipiquetes´ y amenazó con que “el que marcha, no cobra”. Habilitó una línea telefónica para recibir denuncias de beneficiarios que hubieron sido obligados a concurrir. Logró poco y nada: apenas media docena de personas acudieron al llamdo. A pesar de ese escaso resultado, el fiscal Pollicita salió a la ´pesca´ de evidencia que respaldara la hipótesis oficial, con el concurso de los servicios de inteligencia y la violación del ´secreto de sumario´. Focalizó en el Polo Obrero y en el FOL. Antes, el Gobierno congeló el monto de los planes sociales e interrumpió el suministro de mercadería a los comedores populares, la retuvo en galpones de dependencias oficiales, a cargo de los funcionarios del ministerio de “Capital Humano” (sic) involucrados en malversaciones de todo tipo. 
 El eje de la pesquisa apunta a supuestas facturas truchas que habría presentado la Asociación Polo Obrero en la rendición de cuentas por los fondos públicos que recibió para las cooperativas a su cargo. Sobre este tema, Belliboni dijo que haría su descargo por escrito. De acuerdo a Clarín (26/6), aseguró que “nunca se desviaron fondos y todo está justificado como rendido”, y que el Polo Obrero no habría recibido sucesivos desembolsos “si no estaba todo rendido como corresponde”. Hasta el momento, ningún ex funcionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández ha sido involucrado en este tramo de la causa, a pesar de su pertinencia. 
 Durante la gestión de Carolina Stanley, bajo el gobierno de Macri, se habilitaron centenares de miles de planes sociales. La contraprestación requerida, en un principio, consistía en los beneficiarios completararn sus estudios primarios y secundarios. A instancias de la UTEP de Juan Grabois y el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, y el aval de la CGT, el programa fue virando hacia el financiamiento de la ´economía popular´, una plataforma de trabajo precario que promovía emprendimientos productivos y convenios de las llamadas ´organizaciones sociales´ con los intendentes para realizar el trabajo de la planta municipal, pero sin derechos laborales de ninguna clase. La ´contraprestación laboral´ pasó a ser el requisito del subsidio social. El gobierno de los Fernández perfeccionó este ´modelo´, al integrar a la grilla ministerial a representantes de cada una de las organizaciones que tenían a cargo “unidades de gestión”, entre ellas, también el FOL y el Polo Obrero, con el propósito de controlar la administración de esos planes. Hubo un intento de replicar este sistema de contraprestación laboral al ámbito privado, por parte de Juan Grabois y Gustavo Grobocopatel, el magnate de los ‘pooles’ de siembra. El gobierno de Milei redujo el subsidio social a la tarjeta Alimentar; suprimió el suministro de alimentos -con excepción de las organizaciones clericales- y abrió un registro de empleo privado llamado “Volver al trabajo”, ello, en medio del crecimiento masivo de la desocupación.
 La neutralización de la movilización de los trabajadores desocupados y precarizados ha sido un propósito perseguido desde finales de los 90 – desde los ´consejos consultivos´ y la tentativa represiva de Duhalde que produjo los crímenes de Kosteki y Santillán, hace exactamente 22 años. La integración de las organizaciones sociales aún no había comenzado. De eso se encargó Néstor Kirchner, luego de que desistiera de su anunciado propósito de crear una “brigada anti-piquetera”. 
 Luego del ciclo de declaraciones indagatorias se espera un pronunciamiento del juez Casanello. La prosecución de la causa será un arma que utilizará la reacción política para una campaña de estigmatización contra el movimiento obrero combativo y la izquierda política. 

  Jacyn 
 27/06/2024

Dario y Maxi presentes. Acto a 22 años de la Masacre de Avellaneda

"Rechazamos de fondo este paquete reaccionario de leyes" // Romina Del Plá

miércoles, 26 de junio de 2024

La funcionaria libertaria, millonaria y de la casta política detenida por la desaparición de Loan


Caillava junto a Carlos Pérez. 

 María Victoria Caillava, esposa del excapitán de la Marina también detenido, integraba el gabinete municipal de la localidad correntina de 9 de Julio. María Victoria Caillava, una de las detenidas por la desaparición de Loan, es funcionaria de la localidad correntina de 9 de Julio y forma parte de La Libertad Avanza. Se trata de una millonaria ligada al poder político provincial, carrerista como cualquier político del establishment. Quizás por eso Milei la reclutó para nutrir las filas de su coalición, que está llena de elementos provenientes de la “casta”. 
 Caillava está relacionada a dos personas de la UCR hoy ligadas a Ricardo Colombi, que está enfrentado al gobernador Gustavo Valdés en la interna radical. Es ahijada de Eduardo Escobar, otrora intendente de 9 de Julio, quien estaba casado con Graciela Insaurralde, antes senadora nacional. 
 Asimismo, habría integrado las filas del Partido Nuevo de Tato Romero Feris, que integra la alianza oficialista de Corrientes. Todo esto le permitió entrar rápidamente al mundo de la política y vivir de los fondos del erario público. 
 Tras su paso como empleada municipal y como secretaria del único colegio secundario del pueblo (se dice que Feris le otorgó este cargo), se convirtió en miembro del Concejo Deliberante, fue interventora de la comuna durante dos años y hasta antes de ser detenida se desempeñó como directora de Producción del municipio. 
 Además, es propietaria de la estancia La Soñada, donde tiene deforestaciones. Allí se realizaron rastrillajes en busca de Loan. Junto a Carlos Pérez, su esposo, un capitán de la Armada retirado, se quedó con tierras fiscales y construyó en ellas locales que colocaría más tarde en alquiler.
 Gracias a las dádivas del aparato estatal y a las tierras que posee, ha logrado tener una vida lujosa.
 Ahora se encuentra en el ojo de la tormenta y detenida en prisión preventiva junto a otras 6 personas por la desaparición del niño correntino Loan. La principal hipótesis es que se trata de un caso de trata. Las redes de trata en Argentina son una lacra que los distintos gobiernos capitalistas vienen amparando porque representan una fuente de ganancias extraordinarias para distintos sectores.
 Milei tiene en su organización política a elementos vinculados a actividades espurias. Su ministro de Justicia, Cúneo Libarona, tiene lazos con capos narco. El presidente, por otra parte, se apresta a beneficiar a los narcotraficantes y a los jefes de las redes de trata con la implementación de un blanqueo de capitales, que permite el lavado de dinero proveniente de negocios ilícitos. 
 La responsabilidad del gobierno nacional en la desaparición de Loan es clarísima y no solo por el hecho de que una funcionaria suya esté implicada de manera directa. Las fuerzas federales tardaron en llegar a la hipótesis de rapto y Milei viene de recortar en casi un 100% real el presupuesto destinado a las actividades de rescate de las víctimas de trata. 
 No se debe debe olvidar, por otro lado, que el presidente se ha pronunciado a favor de la creación de un mercado de niños. 
 Reforcemos la lucha por la aparición con vida de Loan. Cárcel común a cada uno de los culpables. 

 Nazareno Suozzi

Con Milei llegamos a la mayor desigualdad social de los últimos 16 años


9 de cada 10 asalariados percibe ingresos de pobreza. 
 El 60% de los trabajadores gana menos de $350 mil. 

En los primeros tres meses del 2024 se registró la mayor desigualdad social de los últimos 16 años. Los ingresos per cápita familiar del decil más rico de la población fueron 15 veces superiores a los del decil más pobre, como resultado de un gobierno empeñado en transferir recursos desde el bolsillo de los trabajadores al de los grandes capitalistas.
 El dato se desprende del último informe elaborado por el Indec sobre “Evolución de la distribución del ingreso”, correspondiente al primer trimestre del año. No sorprende, teniendo en cuenta que la megadevaluación de diciembre y la desregulación de los precios sumió a nuevos sectores en la pobreza, mientras los pulpos exportadores, los acreedores de deuda indexada y los monopolios de la alimentación salieron beneficiados. A su vez, la asimetría entre los grupos de mayor y menor poder adquisitivo se acentuó como consecuencia de los despidos masivos que tuvieron lugar en el último tiempo. 
 En la misma publicación podemos ver cuán heridos quedaron los ingresos populares tras el golpe devaluatorio, los topes a las paritarias y la licuación de las jubilaciones y asistencia social. El ingreso medio de la población con ingresos se ubicó en $369.085. A su turno, el ingreso medio de los asalariados registrados se situó en $449.382 y el de los informales en $197.467. Todas cifras inferiores a la línea de la pobreza de marzo, calculada en $773.385. Finalmente, ni siquiera los sueldos del ámbito formal alcanzan para cubrir la canasta básica, menos aún los del sector no registrado; sector, que, dicho sea de paso, crecerá a la luz de una Ley Bases que elimina las multas a los empleadores que incurren en fraude laboral. 
 El informe también revela que los ingresos individuales del 90% de la población asalariada no superaban los $700 mil, es decir, al finalizar el primer trimestre, 9 de cada 10 trabajadores percibían ingresos por debajo de la línea de pobreza de marzo. Incluso, el 60% de los asalariados contaba con ingresos de hasta $350 mil, perforando así el piso de la indigencia de dicho mes, ubicado en $358.049. Como vemos, el grueso de la clase trabajadora argentina se desloma en jornadas laborales extenuantes, y, aún así, su salario no le permite acceder a los bienes y servicios esenciales. Sin dudas, son las burocracias sindicales las que dejan pasar semejante atropello por parte de las patronales y el gobierno.
 Por otra parte, mientras que el ingreso promedio de los varones fue de $429.741, el de las mujeres fue de apenas $310.064; sucede que las ramas más feminizadas son las peores pagas, y, a su vez, las mujeres destinan más tiempo a las tareas de cuidado no remuneradas. En ese sentido, de un año a otro, la brecha de género del promedio del ingreso de la ocupación principal pasó del 24,2% al 27,4%. En definitiva, Milei no solo se empecina en negar esta violencia económica que se posa sobre el colectivo femenino, sino que además, la profundiza bajo su mandato. 
 A fin de cuentas, es la radiografía de un gobierno abocado a hundir a los trabajadores hasta límites insondables, en favor de un puñado de capitalistas. Hay que derrotarlo con la huelga general.

 Sofía Hart

El choque entre Milei-Caputo y el FMI

El recurso de la dolarización sin red de seguridad.

 Después del informe donde traza un balance de la situación económica y financiera de Argentina, el FMI publicó su “hoja de ruta”, es decir, aquello que anticipa y recomienda para el país. Lo que ve por delante es la “desafiante” (sic) deuda pública. Para 2025, Argentina enfrenta vencimientos equivalentes a 50.200 millones de dólares, el 60% en moneda extranjera. Por eso, el Fondo advierte que es “crucial (…) acceder a los mercados de capitales internacionales a finales de 2025”, para poder pagar esta deuda con nuevo endeudamiento, algo que es, a sabiendas, imposible, por la magnitud de esas obligaciones. Con ese propósito cuestionable, el FMI reclama una nueva devaluación del peso que desbloquee la retención de la cosecha de soja por parte del agronegocio. Devaluar para pagar la deuda, y aumentar la tasa de interés para que ingrese el capital golondrina, es la hoja de ruta del FMI. 
 El planteo ha producido el furioso rechazo tanto de Caputo como Milei, desatando una crisis política de alcance incierto. El dúo liberticida se aferra a una devaluación del dólar, no del peso, para evitar una nueva estampida inflacionaria y para desvalorizar la deuda pública, sea en dólares o en pesos que se ajustan al dólar y a la inflación. Pero las ‘recomendaciones’ devaluatorias del FMI han desatado un movimiento contrario al propósito de la pareja oficialista: han disparado la demanda de los títulos mencionados y una retención de mercaderías aún más dura por parte de los exportadores. El Fondo no sólo `aconseja´: le está moviendo el arco al gobierno libertario. Para desgracia de los arribistas de este gobierno, el dólar se está valorizando a nivel internacional, provocando la devaluación de las monedas periféricas, con la probable excepción del rublo. 

 Dolarización 

Milei-Caputo han quedado acorralados. El presidente, en su lugar habitual, o sea, en el extranjero; Caputo, con invectivas por “X”, jurando que no habrá devaluación. Saben mejor que nadie que el levantamiento del cepo y la devaluación podrían detonar a la bomba de tiempo que ellos mismos diseñaron: financiar el superávit fiscal, suplantando el pago de los gastos del Tesoro mediante el incremento de la deuda. A esto se ha agregado la reconversión, todavía muy incompleta, de la deuda del Banco Central con los bancos en una deuda del Tesoro, que deberán pagar los contribuyentes. La deuda ha crecido, desde diciembre pasado, en el equivalente a 65 mil millones de dólares. Además de ajustarse por dólar o inflación, sus tenedores se benefician de un seguro del Banco Central, que está obligado a comprar los títulos por el único medio que dispone –la emisión monetaria. Milei-Caputo han reaccionado mal al Fondo, porque las exigencias de éste destruyen la política de dolarización que estaban ejecutando. El plan de congelar el valor de la base monetaria (o los pesos en circulación) y habilitar el uso del dólar para mayores operaciones financieras, no ha tenido otro propósito que arribar, a término, a una dolarización, o sea a la circulación del dólar para transacciones corrientes. La crisis política que se ha desatado podría llevar a un nuevo episodio hiperinflacionario, en caso de devaluación, o a un golpe dolarizador que salve la continuidad del gobierno. Pero la dolarización, sin un ingreso masivo de dólares del exterior o del circuito monetario paralelo, haría colapsar la economía, por el derrumbe que provocaría en el crédito comercial. 
Milei y Caputo han tratado de conseguir esos dólares mediante negociaciones en el exterior que no dieron en nada, aparentemente, y en un blanqueo de capitales cuyo resultado es una incógnita. 

 Una crisis de conjunto 

El emplazamiento económico del FMI -y la crisis política que conlleva- se produce en las vísperas del tratamiento final de la Ley Bases. El gobierno deberá aceptar la versión de la ley recortada por el Senado, en especial las privatizaciones, aunque no en el paquete fiscal, donde se insistirá en la versión aumentada del impuesto al salario, en la reducción del impuesto a bienes personales y en el blanqueo. Para esto, Diputados deberá ingresar en la inconstitucionalidad, porque no está autorizado a insistir en las leyes y artículos rechazados por el Senado. 
 La crisis abierta ha dejado en un segundo plano la noticia de la caída de un 6.5% del PBI, un hundimiento sólo equiparable al de la pandemia o la crisis de 2002. La desocupación ha subido al 8%, aún contando como ocupados a los inscriptos en el monotributo social y en el Potenciar Trabajo.
 Un error frecuente en la caracterización de la situación política consiste en no advertir que las contradicciones de fondo del capitalismo, incluidas las guerras, se han convertido en el factor dinámico o irreprimible de la crisis política en su conjunto. Esto significa que penetrará profundamente en todas las clases sociales –de arriba, el medio y abajo– hasta alcanzar un carácter histórico. Las encuestas electorales son, al respecto, un GPS desconectado de los satélites; las mismas clases sociales se encuentran rezagadas en la comprensión de la crisis que atraviesa la humanidad, el capitalismo en su conjunto y, como es natural, uno de sus eslabones más débiles –Argentina. 
 La tarea fundamental de este momento es clarificar en la clase obrera el impasse catastrófico de la economía y la política capitalista, y hacerlo por medio de un programa de transición que demuestre la viabilidad de las reivindicaciones obreras y populares una vez que se conviertan en el motor de una movilización de masas. 

 Marcelo Ramal 
 25/06/2024

Identifican los restos de un militante que había sido asesinado en 1977


Se trata de Daniel Horacio Landeuix Era estudiante de Veterinaria en La Plata y militante montonero. Su cuerpo había aparecido en un auto incendiado en la Panamericana junto con otras tres víctimas de la dictadura. 

 Daniel Horacio Landeuix era de San Nicolás. A finales de 1972, terminó el secundario en el colegio Juan José de Urquiza y viajó hasta La Plata para inscribirse en la facultad de Ciencias Veterinarias. 
En abril de 1973, aprobó las últimas materias que le habían quedado pendientes del bachillerato e hizo el curso de orientación vocacional en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En mayo de ese año, le envió una nota a mano –y con alguna falta de ortografía– al decano para que le permitiera cursar las materias de primer año. Avanzó en la carrera. Militó en la Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN), en la Juventud Peronista y en Montoneros. El 6 de abril de 1976, se anotó para cursar cuarto año. Pero, al mes siguiente, se perdió todo rastro. Su familia lo buscó. Su mamá lo aguardaba cada fin de año con la esperanza de que el 1 de enero podría celebrarle su cumpleaños. Cuarenta y ocho años después, la justicia identificó sus restos y supo que fue víctima de un operativo montado por la inteligencia de la Armada. 
 Fueron muchos años de espera. El lunes finalmente, la familia de Daniel Horacio o “Traca” –como lo llamaban sus compañeros– pudo tener una cuota importante de verdad –de eso que tantos años habían esperado. El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla citó a sus familiares --su cuñada y sus sobrinos-- para informarles que habían reconstruido que el muchacho había sido asesinado en Villa Ballester, partido de San Martín, en 1977. Las piezas del rompecabezas se reunieron con un sinfín de aportes: la Unidad Fiscal, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la UNLP, los que brindaron sus testimonios. 
 La historia de Daniel Horacio se vuelve borrosa cuando la represión recrudece. A finales de 1975, él fue a un casamiento a San Nicolás. Allí, su hermano le sugirió irse del país. La familia sabía que estaba marcado por su militancia. En noviembre de ese año, lo habían suspendido en la universidad: junto con otro compañero del Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias para la Liberación Nacional habían firmado un reclamo sobre cómo se aprobaban las materias, que había encolerizado al decano "normalizador". 
 Para esa época, sus familiares se enteraron de que se había ido a vivir con su compañera a la zona de Ezpeleta y que había empezado a trabajar –bajo un nombre falso– en una embotelladora. Durante mucho tiempo se pensó que había sido asesinado en mayo de 1976.
 En noviembre de 2011, su hermano presentó una denuncia en la justicia federal de San Nicolás. Al año siguiente, el juez Carlos Villafuerte Ruzo se declaró incompetente y envió el expediente al juzgado platense a cargo de Manuel Blanco. Después de unas averiguaciones, el caso terminó archivado. 
 Sin embargo, fue una declaración en el juicio de 1 y 60 la que permitió reabrir ese caso. La auxiliar fiscal Ana Oberlin escuchó la declaración de un grupo de militantes de la Juventud Universitaria Peronista de Veterinaria y ató cabos. En noviembre pasado, le pidió al juez Ramos Padilla que desarchivara la causa.
 En el Juzgado Federal 1 de La Plata llamaron a declarar a compañeros de militancia de Daniel Horacio. Uno, el que había sido su responsable, contó que se había enterado de que Montoneros lo había mandado a militar a la Columna Norte. Otro compañero aportó más información: dijo que ese cambio de zona fue después del golpe del 24 de marzo y antes del 16 de mayo de 1976. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho entonces una acción de propaganda en la cancha de Estudiantes de La Plata y Daniel Horacio no había participado. 
 Una información que aportó Guadalupe Godoy desde la UNLP –producto del trabajo del programa de reparación de legajos y de la dirección de Derechos Humanos de Veterinaria– sirvió para corroborar esa hipótesis. Al menos, hasta el 6 de abril de 1976 Daniel Horacio estaba en La Plata porque se había anotado ese día para cursar las materias de cuarto año. 
 Con esos datos, el juzgado le envió un oficio al EAAF. Carlos “Maco” Somigliana recordaba el sobrenombre de “Traca”. De esa forma, se pudo reconstruir algo de cómo siguió la historia de Daniel Horacio. 
 El 9 de noviembre de 1977, Pablo Carpintero Lobo –también militante montonero– había ido a una cita en la calle Chacabuco al 300 en Villa Ballester. Lo esperaba un grupo de tareas. La versión que logró reconstruir la mamá de Pablo fue que su hijo fue asesinado en el lugar. Por la información que recabó el EAAF, Daniel Horacio estaba con él. 
 Ese mismo día, el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) sacó a Marcelo Reinhold de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estaba secuestrado desde agosto de 1977. Lo llevó junto con Edgardo Omar Cigliutti. La salida de ambos fue intempestiva, declaró la sobreviviente Lila Pastoriza. El SIN manejaba su propio grupo de tareas. Dentro del campo de concentración de Avenida del Libertador, tenía su propio lugar para alojar detenidos-desaparecidos: era la llamada "capuchita" en el altillo del casino de oficiales. 
 El 10 de noviembre de 1977, el cuerpo de Reinhold apareció dentro de un auto en el kilómetro 34 de la Panamericana. Estaba con otras tres personas. El coche había sido dinamitado. Los cuerpos estaban muy destruidos. Solo dos de ellos eran identificables: el de Reinhold y otro más. Cuarenta y siete años después, se pudo concluir que el segundo cuerpo pertenecía a Daniel Horacio Landeuix. Los restos de Reinhold fueron enterrados en el cementerio de Grand Bourg, por lo que el juzgado entendió que los de Daniel Horacio también estaban allí. 
 Todo indica que el SIN apuró el "traslado" de Reinhold y Cigliutti porque debía deshacerse de los cuerpos de Daniel Horacio y de Pablo Carpintero --que habían sido asesinados en Villa Ballester. Ésa es la hipótesis del juzgado de Ramos Padilla. Sin embargo, por el estado en que se habían hallado los otros cadáveres, no se pudo tomar medidas para su posterior identificación.
 “Es posible concluir que Daniel Horacio Landeuix fue víctima de delitos que pueden calificarse como de lesa humanidad, cometidos en nuestro país de forma masiva y sistemática durante la última dictadura cívico-militar", escribió Ramos Padilla en la resolución a la que accedió Página/12. 
 "Este tipo de delitos implican la obligación del Estado de investigar, perseguir y castigar, así como también de revelar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto todas las circunstancias de comisión de esos crímenes que pudieran probarse y conocerse con certeza, incluyendo la identidad de los perpetradores e instigadores. Todo ello se deriva del derecho a la verdad y se torna relevante en estos procesos por su dimensión reparadora”, concluyó el juez.

 Luciana Bertoia 
26 de junio de 2024

martes, 25 de junio de 2024

Nicolás del Caño en el Plenario de Comisiones: "Desde el FIT repudiamos la Ley Bases"

¡Abajo la persecución contra los que luchan! // Acto en Comodoro Py

El caso Loan y las redes de trata que actúan al amparo del poder


Los gobiernos, la Justicia y los capitalistas detrás del rapto y comercio de personas.

 El caso Loan destapó lo que podría ser una enorme red de trata de personas en la cual estarían involucrados funcionarios públicos, la policía, la Justicia y hasta el Estado paraguayo. Es la viva representación de la complicidad del poder político en el crimen organizado, lo que mantiene en permanente alza la cifra de víctimas de trata a nivel nacional, porque no solamente viabiliza este tipo de negocios espurios para quedarse con un vuelto sino que además garantiza el encubrimiento y la impunidad de los responsables. Nadie desaparece sin que el Estado sepa donde está. 
 Hoy los acusados por el secuestro de Loan son un capitán retirado de la Armada y su esposa que era funcionaria de la localidad correntina, con la complicidad del comisario a cargo del operativo y otros oficiales por maniobrar las pericias y desviar la búsqueda, e incluso el juez interviniente cuestionó a los fiscales del caso, y algunos familiares señalan que evitaron llevar adelante la investigación. Todos ellos retratan cómo estas redes delictivas actúan al amparo del Estado. 
 Trabajadoras y trabajadores de todo el mundo son sometidos forzosamente a la explotación laboral y sexual, esclavizados en campos, casas particulares o prostíbulos. Familias enteras superexplotadas en industrias legales, en el medio rural y en las ciudades. Niñas y niños sometidos a prostitución o a trabajo infantil. El abanico de escenarios y situaciones en las que se operan estas relaciones sociales es muy amplio y se presenta ante los ojos de quien quiera verlo. En Argentina una estimación de 2012 de la fundación La Alameda calculaba que 500.000 personas trabajaban en condiciones análogas a la esclavitud, principalmente en el sector rural y textil. 
 Según la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas, en Argentina se recibe en promedio una llamada cada cinco horas denunciando trata en Argentina. Esto equivale a miles de personas atrapadas en situaciones de explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud. Ya en el año 2012 Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Fornerón”, por la existencia de compra venta de niños -en ese caso con fines de adopción ilegal- y se recomendó la tipificación del delito de tráfico de niños. Más de diez años después, todavía no hay ley que penalice especialmente la compraventa de seres humanos en nuestro país.
 Gracias al ajuste que los distintos gobiernos descargan sobre las mayorías trabajadoras, los contingentes de seres humanos desprotegidos y hambrientos (en su mayoría mujeres y niños) que son plausibles de ser captados para la explotación en las cosechas, para la explotación sexual o como mano de obra esclava en granjas avícolas, en el campo o en el trabajo doméstico, tienden a incrementarse, sobre todo en un mundo en el que decrecen los ingresos de los sectores populares, se pierden conquistas laborales, cunde la desocupación e incrementan la precarización laboral los Estados y las patronales. Estas acciones están entrelazadas con la provisión de leyes acordes, en términos de protección en la ilegalidad y fomento de sus actividades, lo que explica que aún hoy no haya ley que sancione la venta de seres humanos. Sin ir más lejos, el paquete fiscal incluido por Milei en la Ley Bases premia a quienes trafican con los cuerpos de las mujeres y de las infancias concediéndoles un generoso blanqueo para que ingresen al país su dinero mal habido, como también lo hizo el gobierno de Macri y el gobierno kirchnerista. A su vez, beneficia a especuladores y bancos, principales favorecidos de todo este tipo de negocios espurios mientras ataca las condiciones de vida de la población. Este programa, lejos de tener por objetivo terminar con las redes de trata que operan en el país, incentiva su proliferación. 
 En tanto, el reforzamiento de la represión, y el consecuente poder otorgado a las fuerzas represivas, allana el terreno para que este tipo de negocios espurios operen con aval oficial. Los propios vecinos de los barrios más vulnerados, como fue en su momento la villa Las Antenas, un barrio controlado por el narcotráfico, denunciaban la connivencia policial en las operaciones que se llevaban día a día la vida de decenas de pibes. También lo hace el pueblo rosarino, una ciudad sitiada por el narcotráfico. 
 La Justicia oficia como títere del poder político, garantizando la impunidad de los principales cabecillas y de lo funcionarios responsables. Lo único que haga logrado que se condene a algunos de los principales jefes del negocio es la lucha de familiares, amigos, organizaciones políticas, contra la trata y de derechos humanos. Sin embargo, estas redes, como forman parte de todo un entramado político, sigue operando igual. Por ejemplo, en 2012, bajo el gobierno kirchnerista de José Alperovich (hoy condenado por abuso sexual) en la provincia de Tucumán, se sustanció un juicio por la desaparición de Marita Verón (2002) con trece imputadas e imputados, todos eslabones intermedios de una red que nunca se desmanteló. 
 Para enfrentar este enorme flagelo es necesaria una lucha independiente, que confronte al Estado capitalista y los partidos del régimen que garantizan la captación, explotación y encubrimiento en la trata de personas. 

 Camila García

En tres meses, Milei destruyó más de 400 mil puestos de trabajo


Llevó la desocupación al 7,7% en el primer trimestre 2024. 

 Javier Milei logró que, en el transcurso de tres meses, la tasa de desocupación haya pasado del 5,7% al 7,7%. Sumado a los despidos en el Estado, las patronales hacen lo suyo descargando sobre sus trabajadores el peso de las políticas recesivas del gobierno. 
 El dato fue arrojado por el último informe del Indec sobre “Mercado de Trabajo”, correspondiente al primer trimestre 2024. Este salto en la desocupación, obedece, por un lado, al reguero de despidos en el sector público como parte del ajuste fondomonetarista, y, por otro, a las cesantías en el ámbito privado, con la recesión económica como telón de fondo. Según Cepa, entre el cuarto trimestre 2023 y el primer trimestre 2024, se destruyeron 404 mil puestos de trabajo. 
 Sucede que a través de la paralización de la obra pública, la apertura de importaciones y el retroceso del consumo (fruto del desplome salarial), el gobierno ha constituido un cuadro verdaderamente recesivo. Sin ir más lejos, según el propio Indec, en el primer trimestre del año el PBI cayó 5,1%, en términos interanuales. El producto bruto se derrumbó especialmente en el sector de la construcción (-19,7%) y de la industria manufacturera (-13,7). En ese sentido, la Formación bruta de capital fijo tuvo un descenso del 23,4%. 
 Los capitalistas le pasan la factura de la crisis a sus trabajadores, dejándolos sin empleo. En muchos casos, incluso, estamos hablando de empresarios que han amasado fortunas y tienen la espalda suficiente para preservar los puestos de trabajo. La reforma laboral recientemente aprobada en el Senado agravará la desocupación ya que abarata enormemente los despidos quitando sumas del cálculo de las indemnizaciones, legalizando el trabajo informal, extendiendo el período de prueba, estableciendo el fondo de cese laboral, etc. 
 Finalmente, la persecución por parte del gobierno al movimiento piquetero busca evitar que los nuevos contingentes de desocupados encuentren un canal para organizarse por trabajo genuino. 
 A su vez, entre el cuarto trimestre 2023 y el primer trimestre 2024, la tasa de población económicamente activa (personas que tienen empleo o están buscando uno) disminuyó 0,6 p.p. Como vemos, rige el famoso “efecto desaliento”, donde aumenta la desocupación pero algunos desisten de buscar trabajo ante la desesperanza de no encontrarlo. Al mismo tiempo, la presión sobre el mercado laboral, entre los desocupados y los ocupados que están buscando más trabajo porque no les alcanza el sueldo, aumentó del 27,4% al 29,5%. 
 También pasó del 2% al 9% el porcentaje de trabajadores que “no trabajaron en la semana”. Dicho fenómeno probablemente responda a la proliferación de suspensiones con reducción salarial en el conjunto de la industria. Es sumamente preocupante ya que las mismas suelen configurar la antesala de despidos masivos. 
 Necesitamos enfrentar los despidos y las suspensiones con el paro y la ocupación de planta. Derrotemos a este gobierno construyendo desde abajo la huelga general. Es Milei o los trabajadores.

 Sofía Hart

La responsabilidad estatal en la desaparición de Loan


Están involucrados un comisario, un capitán de la Marina y una funcionaria de La Libertad Avanza. 

 El país entero se encuentra conmocionado por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio, en un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna. Se sospecha que pudo haber sido secuestrado con fines de trata de personas y, gracias a la movilización popular, ya hay seis personas detenidas, entre ellas el comisario del pueblo, un militar retirado y una funcionaria local perteneciente a La Libertad Avanza. 
 Todo ocurrió en una zona rural de la comuna de 9 de Julio, provincia de Corrientes. En la foto tomada durante el almuerzo donde el niño fue visto por última vez aparecen Catalina Peña (abuela de Loan), José Peña (papá de Loan), Bernardino Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel Ramírez y Mónica Millapi (matrimonio allegado a la familia), María Victoria Caillava (directora de Producción municipal ligada a Milei, ahora removida de su cargo) y su esposo, un capitán de la Armada retirado, Carlos Guido Pérez. Según las primeras versiones, alrededor de las 15 horas de aquel día, Loan, junto a otros niños, habrían ido a recolectar naranjas al paraje El Algarrobal -ubicado a pocos kilómetros de la casa de la abuela del pequeño- en compañía de Bernardino Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Regresaron todos menos Loan y los adultos adujeron haberlo perdido de vista, razón por la cual fueron posteriormente imputados por “el delito de abandono, por ser garantes del cuidado del menor”. Recién al quinto día, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para los tres.
 A partir de entonces, la Justicia y la policía además de demorar el inicio de la búsqueda, solo se dedicaron a perseguir la hipótesis de que el chico se habría extraviado en el monte, y, en ese sentido, rastrillaron 12 mil hectáreas sin dar con el paradero de la víctima. La investigación pegó un giro cuando, una semana después, un perro de las fuerzas federales detectó rastros de Loan en dos de los autos (un Ford K rojo y una Toyota Hilux blanca) pertenecientes a la ex funcionaria María Victoria Caillava y al marino retirado Carlos Pérez.
 A raíz de ese hallazgo, ambos fueron detenidos, al igual que el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de encubrimiento, ya que, 24 horas después de iniciada la búsqueda, había autorizado a esta pareja a salir de la provincia rumbo a Chaco con el pretexto de visitar a su hija que vive en Resistencia, sin siquiera tomarles indagatoria a pesar de haber compartido el último almuerzo con Loan antes de su desaparición -ambos se habían retirado antes de la reunión con la excusa de ir a ver el partido de River-. Dicho sea de paso, Maciel ya contaba con antecedentes de acoso sexual y maltrato laboral al interior de la fuerza. También está sospechado de implantar pruebas falsas en el monte -como un botín del niño- para abonar a la tesis de que Loan estaba perdido. 
 Recién a raíz de ese hecho comenzó a barajarse la hipótesis de tráfico de personas. En consecuencia, se abrió una causa en el fuero Federal, el cual dispuso los allanamientos a las viviendas de Pérez y Caillava, donde fueron incautadas armas con municiones, entre otros elementos. Se sospecha que Loan fue trasladado de Corrientes a Chaco en ese viaje, y, desde allí, podría haber sido entregado a Paraguay, donde se encuentra activada una alerta amarilla de Interpol. De hecho, “un hombre llamó al 911 y denunció haber visto al niño el día que desapareció en la ciudad chaqueña de Resistencia, dentro de una camioneta” (Página 12, 23/06).
 Conmovidos por el caso, crecen las manifestaciones callejeras en varias localidades correntinas, y hasta en la propia ciudad chaqueña de Resistencia, reclamando por la aparición con vida de Loan. Las mismas fueron claves para que lograr que la investigación avance y haya detenidos. Incluso, el pasado domingo hubo protestas frente a la Comisaría 6° de Goya, Corrientes, donde se encuentra detenido Carlos Pérez, quien, según trascendidos, habría intentado suicidarse en la celda, exclamando “Si yo caigo, no voy a caer solo”, lo cual constituye un fuerte indicio de culpabilidad. Cabe destacar que alrededor de 200 vecinos de 9 de Julio que participaron de estas marchas están siendo amedrentados por el gobierno provincial, con citaciones a declarar en el Juzgado de Goya.
 Todo parece indicar que estaríamos frente al accionar de una red de trata que, como todas, opera bajo la protección de las fuerzas policiales y entrelazada con el poder político. El sumario administrativo iniciado al comisario Maciel por parte de la Policía de Corrientes, al igual que la decisión del intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, de remover a Caillava de su puesto de funcionaria son intentos de cortar las cadenas de responsabilidades para que no se investigue a fondo toda la trama de complicidad. 
 Bullrich y Milei son responsables por varios motivos. Por un lado, debido la demora de las fuerzas federales en arribar a la hipótesis de rapto, perdiendo así varios días de búsqueda asertiva. A su vez, porque la exfuncionaria imputada pertenece a la misma fuerza política que el presidente. Por otra parte, la posibilidad de que Loan se encuentre en Paraguay -y el anuncio de Bullrich de que viajará al país vecino- habla mucho de la connivencia que existe entre las fuerzas encargadas de proteger la frontera (Gendarmería) y las vías fluviales (Prefectura) con el negocio de la trata. Esto, sin mencionar que, en el primer trimestre 2024, el gobierno recortó un 94,5% real el presupuesto destinado a las actividades de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, que dependen del Ministerio de Justicia, según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 
 Así las cosas, según la ONG Missing Children, en Argentina hay 112 niñas y niños desaparecidos por culpa de las mafias de la trata con fines de explotación sexual, trabajo forzoso, venta de órganos y adopciones (apropiaciones) ilegales. Proliferan al amparo estatal y no son desmanteladas por ningún gobierno ya que esta actividad ilícita nutre las cajas paralelas de policías, jueces, fiscales y funcionarios. Milei, al igual que muchos de los que lo precedieron en el Sillón de Rivadavia, premia a quienes trafican con los cuerpos de las mujeres y de las infancias concediéndoles un generoso blanqueo para que ingresen al país su dinero mal habido. 
 Hay que redoblar la movilización en todo el país para que Loan aparezca con vida. Cárcel común a cada uno de los culpables de que hoy falte en su casa un niño de cinco años. 

 Sofía Hart

lunes, 24 de junio de 2024

La desaparición de Loan pone al desnudo la colaboración del Estado y sus gobiernos con las redes de trata


La desaparición de Loan, un niño de cinco años de la provincia de Corrientes, mantiene en vilo al país desde hace 11 días. Cobró notoriedad desde el primer momento, pero el dramático giro de los acontecimientos ha proyectado una crisis política al poner de relieve la impunidad con la que actúan las organizaciones dedicadas a la trata de personas en todo el territorio argentino. 
 En una primera instancia el caso se presentó como un extravío. El niño, luego de almorzar en la casa de su abuela materna -quien reconoció que no mantenía vínculo con su nieto-, había ido a juntar naranjas con sus tíos, un conocido de estos y otros niños. Allí se habría separado del grupo, según la primera versión, en una zona que no conocía. Se montó un operativo de búsqueda por las zonas aledañas durante siete días. La policía, se sabe ahora, plantó pruebas -una zapatilla de Loan, supuestas huellas- para desviar la atención y evitar que se investiguen otras hipótesis. 
 La causa dio un giro cuando se conectó la desaparición de Loan con la presencia de una funcionaria de la Municipalidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, y su marido Carlos Pérez, un capitán de navío de la Armada retirado, en el almuerzo con Loan en la casa de su abuela. En dos vehículos de su propiedad se encontraron rastros de que el niño fue traslado en ellos. Mientras se desarrollaba la búsqueda desesperada de Loan, el comisario de la zona, Walter Maciel, en plena madrugada, difundió información falsa sobre la supuesta aparición del chico para despejar de controles la ruta. En su descargo, la funcionaria Caillava dijo que en esas horas tuvo que abandonar la localidad y viajar a la ciudad de Corrientes capital para un tratamiento médico. 
 La conclusión de los investigadores es que de allí habrían llevado a Loan hasta Chaco. A raíz de esto, quedaron implicados Caillava, su esposo y el comisario Maciel, quien tendría un historial de denuncias por abusos y atropellos de todo orden. Finalmente trascendió que el comisario presionaba a los vecinos de la zona para que no participaran en las marchas por Loan. La hipótesis más firme actualmente es que los tres actuaron en complicidad con la familia o parte de ella. La causa quedó caratulada finalmente como “captación de menores con fines de trata” y pasó al fuero federal.
 El caso ha puesto en evidencia la actuación de una red de trata con vasos comunicantes con el Estado. El propio intendente de 9 de Julio, en una entrevista anterior al cambio de carátula de la causa, dijo que el caso podría estar vinculado al narcotráfico o la trata de personas. En sus propias palabras: "Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo".
 Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aliado de La Libertad Avanza, se mantuvo en silencio. Obligado por los hechos, a 11 días de la desaparición dio la primera conferencia de prensa. Prometió que se aplicará “todo el peso de la ley” a los involucrados, no importa el grado o cargo que puedan tener. Además de las personas ya detenidas, hay responsabilidad del poder judicial y ejecutivo. Distintas organizaciones que defienden los derechos de las infancias, como Missing Children Argentina, denuncian que no se activaron oportunamente los protocolos que corresponden para estos casos, dejando así abiertas todas las fronteras provinciales durante los primeros días de la búsqueda. Saltó a la luz también la política de Milei y el gobierno libertario de desfinanciamiento de los programas de lucha contra la trata. Alguien recordó incluso la posición del presidente durante la campaña favorable a la venta de niños para explicar el alto grado de negligencia del Gobierno. La cartera de Seguridad que encabeza Bullrich, tan presurosa al momento de reprimir protestas, demoró varios días en tomar medidas. 
 De las crónicas periodísticas surge que el pueblo de 9 de Julio desde un comienzo desconfió de la actuación estatal. Hubo numerosas marchas reclamando la aparición con vida de Loan. Las evidencias sobre la actuación de una red de trata ha provocado un repudio generalizado y se están convocando marchas en distintas localidades de Corrientes. En la capital de la provincia, se marchará a la casa de gobierno. 
 El caso de Loan ha desatado una crisis política porque puso de relieve, de manera candente, ´aquello que todo el mundo sabe´: la explotación de la miseria social y humana para que un niño sea entregado por sus familiares, el tráfico de personas para su explotación e incluso adopción ilegal, en el caso de los niños; la complicidad de la policía y del poder político, indispensables, para cubrir la ´logística´ de la captación y el traslado, por medio del control sobre el transporte y las fronteras. Se ha desatado una crisis. 
 Se impone la movilización popular por la aparición con vida de Loan y el castigo a todos los responsables, incluidos los políticos y sus encubridores.

Alejandra del Castillo
24/06/2024

Milei ampara a los golpistas brasileños


Hace dos semanas, la justicia brasileña pidió informes al gobierno argentino sobre el paradero de 143 brasileños prófugos, condenados por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. El mismo requerimiento fue planteado ante el portavoz Adorni casi diariamente sin obtener respuesta. 
 La canciller Mondino se tomó 10 días para contestar que 86 bolsonaristas son los que se encuentran en el país y que pidieron asilo político ante el Conare, que es el ente que se encarga de conceder o rechazar el estatus de refugiado.
 El gobierno nacional negó tener "un pacto de inmunidad" con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para conceder refugio a los golpistas. Obviamente, es una mentira. Bolsonaro es el aliado principal de Milei a nivel continental y se encuenttra procesado por tentativa de golpe de Estado y por delitos comunes, como apropiación de patrimonio estatal. 
 El gobierno argentino ya ha empezado su trabajo de impunidad, bajo el pretexto de derivar la decisión de extradición al Poder Judicial. Sin embargo, la Conare funciona en el ámbito del Ministerio del Interior, integrada por comisionados que son designados por el Ejecutivo. Hay dos veedores de organismos Internacionales que tienen voz sin voto. Esto le permite la dilatación permanente. Mientras denuncia, en Argentina, como golpistas a luchadores populares, Milei exime de cargos a golpistas brasileños efectivos, que no son más que bandas fascistas. 

 Los vínculos con Milei 

Los vínculos de Milei con Bolsonaro son públicos y manifiestos. El hijo del brasileño, el legislador paulista Eduardo Bolsonaro, brindó una conferencia el pasado 30 de mayo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, donde solicitó “asilo político” en Argentina para el grupo de golpistas exiliados. El encuentro fue organizado por la diputada libertaria Maria Celeste Ponce. 
 Además, Fernando Cerimedo –asesor digital de Milei y dueño de la “Derecha a Diario”- está procesado en Brasilia por organizar las “milicias digitales” que colaboraron con el asalto del Palacio de Planalto. 
 El juez Moraes lo acusa a Cerimedo de dirigir una organización criminal que se encargó de diseminar desinformación sobre un presunto fraude en las presidenciales de 2022 en Brasil, para invalidar la ajustada victoria del presidente Lula da Silva ante Bolsonaro, y así “viabilizar y legitimar” una intervención militar que mantuviera al ultraderechista en el poder.

 Los golpistas 

Los 143 golpistas que se dieron a la fuga se hallaban con pulsera electrónica esperando el término del juicio en sus domicilios. Al momento de conocer la condena –en la cual les dieron de 10 a 17 años de prisión– se quitaron las tobilleras al unísono y salieron del país con la complicidad de la Policía Federal brasileña. Se sospecha que alrededor de 100 llegaron ilegalmente a la Argentina mientras que el resto se fugó a Uruguay y Paraguay. Un par fue visto dando notas televisivas, muy tranquilamente, en la Plaza de Mayo. 
 La sincronicidad, la complicidad de las fuerzas de seguridad brasileñas y argentinas y la logística para escaparse y asentarse en el país apuntan a un plan organizado centralizadamente. La internacional de derecha no solo se reúne para hacer simposios y llegar a puntos en común ideológicos, sino que realiza acuerdos prácticos. No es nuevo. El gobierno de Mauricio Macri colaboró con armas en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Párrafo aparte merece lo actuado por el gobierno de Lula. Cuando se produjo el intento de golpe, había 34 campamentos bolsonaristas en las puertas de los cuarteles reclamando la actuación del ejército, que se mantuvo mayormente inmóvil, para un lado y para el otro. Esta inacción militar no fue debidamente condenada, como tampoco fueron arrestados in fraganti los golpistas que acampaban. 
 Las condenas y los arrestos corrieron por cuenta del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien es el único que parece tener alguna decisión política al respecto. 
 En ese sentido, mientras Lula solo atinó a reimplementar la “Bolsa Familia” para asistir a los más de 30 millones de indigentes que tiene Brasil, la mayor parte de las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno de Bolsonaro, como la reforma laboral, siguen en pie. 
 Si la derecha avanza es por gracia de la inacción de los populares y nacionales o la ayuda lisa y llana de los yuanes comunistas. 

 Luciana Diaz 
 24/06/2024

domingo, 23 de junio de 2024

La libertad de "elegir" educarse y el nuevo genocidio educativo

La semana política nacional e internacional | Jorge Altamira en "Letras del Paraná" (23/6/2024)

El periodismo cómplice de la dictadura en el retrato de Luis María Castellanos


En el día del periodista, leemos “Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (1976-1983)”, del escritor Osvaldo Aguirre. Contradicciones y tensiones del periodismo en los años oscuros de la dictadura militar. 

 “Castellanos fue un periodista atípico, pero la historia de su vida no interesa por sus eventuales excesos ni por el anecdotario que lo congela en los rasgos de un cínico intratable, según la opinión mayoritaria, o en los de genio incomprendido, en el mejor de los casos. Se trata de advertir más bien los matices contradictorios que constituyen su figura y su carrera profesional, ocultos por la condena gremial e imposibles de observar desde una visión maniquea, y analizar de qué manera esas características singulares traman las tensiones de una época y los dilemas de un oficio.” (Osvaldo Aguirre, Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (1976-1983), Eduvim, 2023.)
 La cita es ya una síntesis de la propuesta que el escritor Osvaldo Aguirre, autor de obras como Francisco Urondo, la exigencia de lo imposible (Ediciones UNL) y Un periodismo literario. Conversaciones con Rodolfo Walsh (Mansalva) formula en Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (1976-1983). 
 Publicado por la editorial Eduvim en 2023, en Estado de sospecha… el autor sigue las huellas del periodista rosarino Luis María Castellanos (1943-2005). A lo largo de sus 225 páginas demuestra que aunque no se haya concebido como parte de su proyecto político, Castellanos fue hombre del ex almirante Emilio Eduardo Massera. Por fuera de esta definición, pocos sucesos en la trayectoria de este personaje son lineales y previsibles. Tampoco el relato de Aguirre es estrictamente cronológico o temático, el ritmo de su escritura va detrás del cruce de hechos y situaciones en los que la biografía de Castellanos se va desvaneciendo laberíntica, luego de ser denunciado ante la Conadep y durante el Juicio a las Juntas militares. 
 El libro reconstruye el perfil del periodista, su individualidad tensionada con el momento histórico y las decisiones profesionales y personales que tomó. La imagen de Rodolfo Walsh, como también observa Aguirre, inevitablemente aparece como antítesis. Aquel Walsh que aún partidario de la “Libertadora”, llegado el momento y confrontado con las fuentes decide investigar y escribe Operación masacre, el gran registro de la barbarie que fue José León Suarez. Su participación posterior en el diario de la CGT de los Argentinos revaloriza su escritura y su oficio al servicio de las causas populares. Creó toda una escuela de periodismo militante que marcó su vida hasta el último momento. El zigzagueo de Castellanos va en exacto sentido contrario.

 Reconstrucción 

Luis María Castellanos nació en Rosario en 1943. De joven se prueba como escritor próximo al círculo del poeta Aldo Oliva. “Mordaz y brillante” lo describen algunos testigos relevados por Aguirre, díscolo de las aulas y la institucionalidad académica a la que confrontaba con su talento literario en los pasillos de la facultad o en los bares cercanos. Hacia mediados de la década de 1960 durante su ingreso a la carrera de Letras, narra Aguirre, conoció a Víctor Eduardo Lapegna, quien será un compañero de ruta. Lapegna militaba por entonces en la Federación Juvenil Comunista y dirigente del FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda), del Partido Comunista Revolucionario. Luego de estar preso en Villa Devoto, se enroló en las filas peronistas alineado con Alejandro Álvarez, el líder de Puerta de Hierro. Su admiración por Massera sobrevivió al conocimiento del accionar de las Juntas militares, los vuelos de la muerte y lo que ocurría en la ESMA. A diferencia de Castellanos reconoció sus vínculos con Massera, siendo su vocero público hasta que el Jefe de la Armada fue detenido en 1984 por los crímenes de Elena Holmberg, Fernando Branca y Héctor Hidalgo Solá. 
No representa ninguna novedad que la década del sesenta supuso para el amplio espectro de la cultura política e intelectual de la izquierda años de intensos debates con efectos en las organizaciones políticas y en las vivencias personales. El impacto de los movimientos independentistas que dieron por tierra al imperio colonial europeo de las viejas potencias se sumó al despertar antiimperialista que había provocado a nivel continental la revolución cubana. Castellanos, cuenta Aguirre, integró por entonces y por corto tiempo el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena, especialmente atractivo entre los estudiantes universitarios, “un grupo de izquierda conformado en torno a Ramón Alcalde, los hermanos Ismael y David Viñas y otros intelectuales y profesores universitarios de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe”. (p. 27). El Malena se disolvió frente al Cordobazo, cuando los obreros desafiaron el poder y a la dictadura de Onganía, dando lugar a expresiones radicalizadas como el Partido Revolucionario de los Trabajadores-ERP por cuyas filas pasó por breve tiempo Castellanos. Eran tiempos de compromiso y lucha.
 Castellanos ganó premios y reconocimientos como escritor. Se inició como redactor en el diario La Capital, trabajó en Hoy y en radio. En el mismo año del “Viborazo” se trasladó a Buenos Aires y junto a otros periodistas se incorporó a Radio El Mundo y a la corresponsalía de United Press Internacional (UPI). En junio de 1973 Perón retornaba al país después de 18 años en el exilio. Dando muestras de su versatilidad política, Castellanos trabajó como redactor general en la agencia oficial Télam y en la sección política de Noticias, el diario de la organización Montoneros, hasta la muerte de Perón. 
 Fracasado el intento del peronismo de contener el ascenso obrero, marzo de 1976 replanteó el escenario político. Si en la previa los sectores medios adoptaron el lenguaje de la rebeldía, a mitad de los años ‘70, cuando se fue configurando una situación aguda de la lucha de clases en la que la clase obrera no pudo imponer su propia salida revolucionaria, una fracción importante de estos sectores terminó avalando el golpe. En la trayectoria de Castellanos también se produce un corte. De ahora en más sus pasos son menos sinuosos y se mueven bajo las órdenes de su propio juego, anclado en la derecha política.
 La intervención de la dictadura en los medios lo llevan de regreso a Rosario pero por poco tiempo. Regresa a Buenos Aires y se reincorpora nuevamente a la UPI. Se aproxima al círculo de periodistas que establece contactos con el hijo mayor del almirante, el abogado Eduardo Nicolás Massera, quien les propone incorporarse al proyecto de prensa de la Armada, el diario Convicción dirigido por Hugo Ezequiel Lezama cuyo primer número apareció en agosto de 1978 y concluyó en agosto de 1983. Convicción estaba pensado como soporte periodístico del proyecto político del Almirante Cero, como se lo apodaba a Massera “en reconocimiento de su liderazgo en la represión ilegal”. La oficina de prensa del diario, creado bajo el régimen militar y financiado, según relatan Saborido y Borrelli en Voces y Silencios. La prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983), por empresas como Olivetti, Macri y Fiat relacionadas con la logia P-2, se ubicaba en Cerrito 1126, allí detenidos desaparecidos elaboraban informes sometidos a trabajo esclavo. En su declaración durante el Juicio a las Juntas militares, Miriam Lewin sostuvo: “Luis María Castellanos trabajaba junto con los periodistas Guillermo Aronín y Víctor Lapegna en las oficinas de prensa de Massera”. Lewin más tarde agregaba a su testimonio detalles del engranaje que sostuvo aquella publicación, episodios de los que da cuenta el libro. 
 El proyecto de Massera y su partido (Partido para la Democracia Social) proponía volver a las fuentes del golpe de 1976, del que creía representar su versión más consecuente, con críticas hacia el plan de Martínez de Hoz y su liberalismo económico. El Almirante buscaba ubicar a la Armada como árbitro de las tensiones entre las facciones del Ejército, valiéndose del poder y la estructura que había construido en la ESMA, por el que pasaron cerca de 5.000 detenidos-desaparecidos. La revista Humor se dice retrató a un Massera descamisado. 
 Castellanos trabajó en el Ministerio de Bienestar Social y luego en varias publicaciones como el periódico quincenal Cambio para una democracia social, editado entre 1981 y 1982, asociado a Massera. Y en 1982 en la revista La Semana, la misma que frente a la guerra de Malvinas adoptó un tono crítico hacia la dictadura pero en 1980 se había sumado a la réplica contra la “campaña antiargentina” cuestionando la “adoctrinada opinión pública europea” que creía en la existencia de campos de concentración” (p. 102). En ese medio dio cobertura a la campaña electoral de 1983 de Italo Lúder. Desde la detención de Massera, la imagen del rosarino estuvo asociada a la del “colaborador”. Trabajó en el Informador Público, famoso por sus fuentes en los servicios de inteligencia; luego en Usted, un semanario alineado a Menem en la interna contra Cafiero y después en El Otro, respaldando en 1989 su candidatura presidencial.

 Dictadura, periodismo y prensa “canalla” 

El libro deja expuesta otra faceta del periodismo bajo la dictadura, la de la prensa “canalla” como la definió Eduardo Varela Cid en uno de los trabajos pioneros sobre el tema. Estado de sospecha… nos hace reconsiderar no sólo la colaboración de las empresas periodísticas más importantes con el proyecto del golpe militar de 1976 sino la trama de complicidades, silencios y compromisos que una parte, cuesta dimensionar su alcance capilar, de la comunidad periodística en el país construyó durante aquellos años; sus vínculos con agencias de inteligencia, los grupos de tareas y la represión. 
 Osvaldo Aguirre trabaja en la arqueología de la cruzada que este sector del periodismo encaró para sostener en la opinión pública la legalidad y legitimidad del accionar del régimen militar. Una cruzada militante que desde marzo de 1976, en nombre de los valores de la sociedad cristiana y occidental, respaldó la “lucha contra la subversión” para legitimar el accionar contra el ascenso obrero y popular, en convergencia de intereses económicos e ideológicos con los grupos periodísticos voceros de la Junta militar. Un periodismo que se mantuvo y recicló hasta bien avanzada la transición y que solo las condiciones de impunidad les ha permitido rehabilitarse. De ese modo no pocos continuaron en programas televisivos y empresas periodísticas radiales y gráficas. Solo basta ver a Samuel “Chiche” Gelblung, ex director de Gente de la apologética editorial Atlántida, en horario prime time de la televisión o a Juan Bautista Yofre propiciando spots oficialistas que reivindican el genocidio bajo el significante “memoria completa”
Aunque la censura había comenzado antes del golpe militar, el régimen renovó con su propio manual de censura los procedimientos a los que debían atarse los medios de comunicación masivos, que indudablemente supuso límites al oficio de periodistas, trabajadores de prensa y reporteros junto a las amenazas, el miedo y la prohibición o cierre de publicaciones. Sin embargo el silencio siempre puede desafiarse. Una vez más aparece la valentía de Walsh y la de tantos otros periodistas que resistían en aquellas duras condiciones en la clandestinidad. 
 A dos meses del golpe, a partir de junio de 1976 Walsh puso en marcha la cadena Agencia de Noticias Clandestina y Cadena Informativa, desde donde circulaban notas y artículos bajo el llamado a reproducir la información: “hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. Afortunadamente este material no fue robado ni extraviado y una buena parte fue recopilado por Horacio Vetbistky en Walsh y la prensa clandestina 1976-1978. 
 La relación del periodismo con los militares no tuvo la densidad ni fue tema en la agenda pública desde la restauración democrática, como tampoco lo fueron la colaboración de los partidos políticos, la justicia ni la responsabilidad empresarial. Las listas y archivos del golpe se mantienen silenciados. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos reconoció en 2019 la cifra de 223 trabajadores de prensa, periodistas y obreros gráficos desaparecidos, aunque sigue siendo una nómina en construcción. 
 Estado de sospecha… deja planteada la tensión entre política y el rol del periodismo y nos permite repensar antiguas querellas sobre cómo derribar los límites y la censura mediática construyendo alternativas informativas o mejor, cómo dar pasos desde el presente para construir un periodismo comprometido con la lucha y la transformación social en los contextos más difíciles. 

 Liliana O. Caló 
@LilianaOgCa 
 Viernes 7 de junio | 00:56