El periodismo cómplice de la dictadura en el retrato de Luis María Castellanos

En el día del periodista, leemos “Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (1976-1983)”, del escritor Osvaldo Aguirre. Contradicciones y tensiones del periodismo en los años oscuros de la dictadura militar. 

 “Castellanos fue un periodista atípico, pero la historia de su vida no interesa por sus eventuales excesos ni por el anecdotario que lo congela en los rasgos de un cínico intratable, según la opinión mayoritaria, o en los de genio incomprendido, en el mejor de los casos. Se trata de advertir más bien los matices contradictorios que constituyen su figura y su carrera profesional, ocultos por la condena gremial e imposibles de observar desde una visión maniquea, y analizar de qué manera esas características singulares traman las tensiones de una época y los dilemas de un oficio.” (Osvaldo Aguirre, Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (1976-1983), Eduvim, 2023.)

 La cita es ya una síntesis de la propuesta que el escritor Osvaldo Aguirre, autor de obras como Francisco Urondo, la exigencia de lo imposible (Ediciones UNL) y Un periodismo literario. Conversaciones con Rodolfo Walsh (Mansalva) formula en Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (1976-1983). 

 Publicado por la editorial Eduvim en 2023, en Estado de sospecha… el autor sigue las huellas del periodista rosarino Luis María Castellanos (1943-2005). A lo largo de sus 225 páginas demuestra que aunque no se haya concebido como parte de su proyecto político, Castellanos fue hombre del ex almirante Emilio Eduardo Massera. Por fuera de esta definición, pocos sucesos en la trayectoria de este personaje son lineales y previsibles. Tampoco el relato de Aguirre es estrictamente cronológico o temático, el ritmo de su escritura va detrás del cruce de hechos y situaciones en los que la biografía de Castellanos se va desvaneciendo laberíntica, luego de ser denunciado ante la Conadep y durante el Juicio a las Juntas militares. 

 El libro reconstruye el perfil del periodista, su individualidad tensionada con el momento histórico y las decisiones profesionales y personales que tomó. La imagen de Rodolfo Walsh, como también observa Aguirre, inevitablemente aparece como antítesis. Aquel Walsh que aún partidario de la “Libertadora”, llegado el momento y confrontado con las fuentes decide investigar y escribe Operación masacre, el gran registro de la barbarie que fue José León Suarez. Su participación posterior en el diario de la CGT de los Argentinos revaloriza su escritura y su oficio al servicio de las causas populares. Creó toda una escuela de periodismo militante que marcó su vida hasta el último momento. El zigzagueo de Castellanos va en exacto sentido contrario.

 Reconstrucción 

Luis María Castellanos nació en Rosario en 1943. De joven se prueba como escritor próximo al círculo del poeta Aldo Oliva. “Mordaz y brillante” lo describen algunos testigos relevados por Aguirre, díscolo de las aulas y la institucionalidad académica a la que confrontaba con su talento literario en los pasillos de la facultad o en los bares cercanos. Hacia mediados de la década de 1960 durante su ingreso a la carrera de Letras, narra Aguirre, conoció a Víctor Eduardo Lapegna, quien será un compañero de ruta. Lapegna militaba por entonces en la Federación Juvenil Comunista y dirigente del FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda), del Partido Comunista Revolucionario. Luego de estar preso en Villa Devoto, se enroló en las filas peronistas alineado con Alejandro Álvarez, el líder de Puerta de Hierro. Su admiración por Massera sobrevivió al conocimiento del accionar de las Juntas militares, los vuelos de la muerte y lo que ocurría en la ESMA. A diferencia de Castellanos reconoció sus vínculos con Massera, siendo su vocero público hasta que el Jefe de la Armada fue detenido en 1984 por los crímenes de Elena Holmberg, Fernando Branca y Héctor Hidalgo Solá. 

No representa ninguna novedad que la década del sesenta supuso para el amplio espectro de la cultura política e intelectual de la izquierda años de intensos debates con efectos en las organizaciones políticas y en las vivencias personales. El impacto de los movimientos independentistas que dieron por tierra al imperio colonial europeo de las viejas potencias se sumó al despertar antiimperialista que había provocado a nivel continental la revolución cubana. Castellanos, cuenta Aguirre, integró por entonces y por corto tiempo el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena, especialmente atractivo entre los estudiantes universitarios, “un grupo de izquierda conformado en torno a Ramón Alcalde, los hermanos Ismael y David Viñas y otros intelectuales y profesores universitarios de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe”. (p. 27). El Malena se disolvió frente al Cordobazo, cuando los obreros desafiaron el poder y a la dictadura de Onganía, dando lugar a expresiones radicalizadas como el Partido Revolucionario de los Trabajadores-ERP por cuyas filas pasó por breve tiempo Castellanos. Eran tiempos de compromiso y lucha.

 Castellanos ganó premios y reconocimientos como escritor. Se inició como redactor en el diario La Capital, trabajó en Hoy y en radio. En el mismo año del “Viborazo” se trasladó a Buenos Aires y junto a otros periodistas se incorporó a Radio El Mundo y a la corresponsalía de United Press Internacional (UPI). En junio de 1973 Perón retornaba al país después de 18 años en el exilio. Dando muestras de su versatilidad política, Castellanos trabajó como redactor general en la agencia oficial Télam y en la sección política de Noticias, el diario de la organización Montoneros, hasta la muerte de Perón. 

 Fracasado el intento del peronismo de contener el ascenso obrero, marzo de 1976 replanteó el escenario político. Si en la previa los sectores medios adoptaron el lenguaje de la rebeldía, a mitad de los años ‘70, cuando se fue configurando una situación aguda de la lucha de clases en la que la clase obrera no pudo imponer su propia salida revolucionaria, una fracción importante de estos sectores terminó avalando el golpe. En la trayectoria de Castellanos también se produce un corte. De ahora en más sus pasos son menos sinuosos y se mueven bajo las órdenes de su propio juego, anclado en la derecha política.

 La intervención de la dictadura en los medios lo llevan de regreso a Rosario pero por poco tiempo. Regresa a Buenos Aires y se reincorpora nuevamente a la UPI. Se aproxima al círculo de periodistas que establece contactos con el hijo mayor del almirante, el abogado Eduardo Nicolás Massera, quien les propone incorporarse al proyecto de prensa de la Armada, el diario Convicción dirigido por Hugo Ezequiel Lezama cuyo primer número apareció en agosto de 1978 y concluyó en agosto de 1983. Convicción estaba pensado como soporte periodístico del proyecto político del Almirante Cero, como se lo apodaba a Massera “en reconocimiento de su liderazgo en la represión ilegal”. La oficina de prensa del diario, creado bajo el régimen militar y financiado, según relatan Saborido y Borrelli en Voces y Silencios. La prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983), por empresas como Olivetti, Macri y Fiat relacionadas con la logia P-2, se ubicaba en Cerrito 1126, allí detenidos desaparecidos elaboraban informes sometidos a trabajo esclavo. En su declaración durante el Juicio a las Juntas militares, Miriam Lewin sostuvo: “Luis María Castellanos trabajaba junto con los periodistas Guillermo Aronín y Víctor Lapegna en las oficinas de prensa de Massera”. Lewin más tarde agregaba a su testimonio detalles del engranaje que sostuvo aquella publicación, episodios de los que da cuenta el libro. 

 El proyecto de Massera y su partido (Partido para la Democracia Social) proponía volver a las fuentes del golpe de 1976, del que creía representar su versión más consecuente, con críticas hacia el plan de Martínez de Hoz y su liberalismo económico. El Almirante buscaba ubicar a la Armada como árbitro de las tensiones entre las facciones del Ejército, valiéndose del poder y la estructura que había construido en la ESMA, por el que pasaron cerca de 5.000 detenidos-desaparecidos. La revista Humor se dice retrató a un Massera descamisado. 

 Castellanos trabajó en el Ministerio de Bienestar Social y luego en varias publicaciones como el periódico quincenal Cambio para una democracia social, editado entre 1981 y 1982, asociado a Massera. Y en 1982 en la revista La Semana, la misma que frente a la guerra de Malvinas adoptó un tono crítico hacia la dictadura pero en 1980 se había sumado a la réplica contra la “campaña antiargentina” cuestionando la “adoctrinada opinión pública europea” que creía en la existencia de campos de concentración” (p. 102). En ese medio dio cobertura a la campaña electoral de 1983 de Italo Lúder. Desde la detención de Massera, la imagen del rosarino estuvo asociada a la del “colaborador”. Trabajó en el Informador Público, famoso por sus fuentes en los servicios de inteligencia; luego en Usted, un semanario alineado a Menem en la interna contra Cafiero y después en El Otro, respaldando en 1989 su candidatura presidencial.

 Dictadura, periodismo y prensa “canalla” 

El libro deja expuesta otra faceta del periodismo bajo la dictadura, la de la prensa “canalla” como la definió Eduardo Varela Cid en uno de los trabajos pioneros sobre el tema. Estado de sospecha… nos hace reconsiderar no sólo la colaboración de las empresas periodísticas más importantes con el proyecto del golpe militar de 1976 sino la trama de complicidades, silencios y compromisos que una parte, cuesta dimensionar su alcance capilar, de la comunidad periodística en el país construyó durante aquellos años; sus vínculos con agencias de inteligencia, los grupos de tareas y la represión. 

 Osvaldo Aguirre trabaja en la arqueología de la cruzada que este sector del periodismo encaró para sostener en la opinión pública la legalidad y legitimidad del accionar del régimen militar. Una cruzada militante que desde marzo de 1976, en nombre de los valores de la sociedad cristiana y occidental, respaldó la “lucha contra la subversión” para legitimar el accionar contra el ascenso obrero y popular, en convergencia de intereses económicos e ideológicos con los grupos periodísticos voceros de la Junta militar. Un periodismo que se mantuvo y recicló hasta bien avanzada la transición y que solo las condiciones de impunidad les ha permitido rehabilitarse. De ese modo no pocos continuaron en programas televisivos y empresas periodísticas radiales y gráficas. Solo basta ver a Samuel “Chiche” Gelblung, ex director de Gente de la apologética editorial Atlántida, en horario prime time de la televisión o a Juan Bautista Yofre propiciando spots oficialistas que reivindican el genocidio bajo el significante “memoria completa”

Aunque la censura había comenzado antes del golpe militar, el régimen renovó con su propio manual de censura los procedimientos a los que debían atarse los medios de comunicación masivos, que indudablemente supuso límites al oficio de periodistas, trabajadores de prensa y reporteros junto a las amenazas, el miedo y la prohibición o cierre de publicaciones. Sin embargo el silencio siempre puede desafiarse. Una vez más aparece la valentía de Walsh y la de tantos otros periodistas que resistían en aquellas duras condiciones en la clandestinidad. 

 A dos meses del golpe, a partir de junio de 1976 Walsh puso en marcha la cadena Agencia de Noticias Clandestina y Cadena Informativa, desde donde circulaban notas y artículos bajo el llamado a reproducir la información: “hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. Afortunadamente este material no fue robado ni extraviado y una buena parte fue recopilado por Horacio Vetbistky en Walsh y la prensa clandestina 1976-1978. 

 La relación del periodismo con los militares no tuvo la densidad ni fue tema en la agenda pública desde la restauración democrática, como tampoco lo fueron la colaboración de los partidos políticos, la justicia ni la responsabilidad empresarial. Las listas y archivos del golpe se mantienen silenciados. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos reconoció en 2019 la cifra de 223 trabajadores de prensa, periodistas y obreros gráficos desaparecidos, aunque sigue siendo una nómina en construcción. 

 Estado de sospecha… deja planteada la tensión entre política y el rol del periodismo y nos permite repensar antiguas querellas sobre cómo derribar los límites y la censura mediática construyendo alternativas informativas o mejor, cómo dar pasos desde el presente para construir un periodismo comprometido con la lucha y la transformación social en los contextos más difíciles. 

 Liliana O. Caló 

@LilianaOgCa 

 Viernes 7 de junio | 00:56

José Gervasio Artigas: independencia y reforma agraria

La experiencia política artiguista despierta rechazos y fervientes adhesiones como promotora del primer intento de reforma agraria latinoamericano. De eso nos ocuparemos en esta nota.

 Los sucesos de mayo de 1810 y más tarde la declaración de la independencia en 1816 inauguraron en el territorio del Río de la Plata un proceso de cambios profundos que, con todas sus limitaciones, condicionaron la futura configuración política de los grupos dominantes del país. Del Congreso de Tucumán, convocado el 9 de julio de 1816, no participarán las provincias que integraban el Litoral y la Banda Oriental alineadas al proyecto artiguista.

 Artigas, el “General en Jefe”

 La expansión del proceso iniciado en 1810 en Buenos Aires llega también al Litoral y provoca en la zona de la Banda Oriental importantes tensiones pues el centro del poder urbano (grandes hacendados y comerciantes) residente en Montevideo se había mantenido fiel al poder realista. En enero de 1811, el por entonces virrey Elío declara la guerra a Buenos Aires y dará lugar al “Grito de Asencio”, como se conoce a la resistencia criolla oriental. 

 Artigas, como capitán de la tropa de Blandengues, ofrece sus servicios a la Junta de Buenos Aires y convoca a sus compatriotas a seguirlo. Obtendrá los primeros éxitos sitiando la ciudad de Montevideo. Su figura gana influencia y protagonismo y el apoyo inicial que le brinda Buenos Aires, interesada en debilitar la resistencia realista, contribuye a reforzarlo. Sin embargo será un episodio pasajero pues ante la amenaza de invasión portuguesa a la Banda Oriental, ese mismo año, Buenos Aires se resiste a asumir los riesgos que provocaría el triunfo portugués en un momento en el que mantiene abierto el frente con el Alto Perú. El Primer Triunvirato pacta con Elío y deja aislado el levantamiento artiguista. Ante este escenario, Artigas y los sectores de la campaña que lo siguen rechazan el acuerdo y ya como su “General en Jefe” encabeza la retirada de la ciudad, conocida como el éxodo oriental en octubre de 1811, reafirmando su liderazgo popular e iniciando un camino de tensiones con la elite oriental y de Buenos Aires.

 Un nuevo poder 

 Los actores del campo artiguista se caracterizaron por su heterogeneidad social: desde vecinos emigrados de la ciudad, grupos propietarios [1], sectores populares (negros y zambos libres, gauchos y criollos pobres), ocupantes sin títulos de propiedad y originarios (como los guaraníes misioneros), todos vinculados mayoritariamente al mundo rural. La campaña se irá convirtiendo en el centro de un nuevo poder político en construcción, destacando liderazgos locales que, frente a los escenarios de guerra y las maniobras porteñas, contaban con recursos y condiciones para mantener y reclutar fuerzas para los ejércitos haciendo de los sectores rurales bajos su principal base de apoyo.[2] 

 El Reglamento Provisorio 

 Desde 1810 hasta 1815 el éxodo y las sucesivas guerras habían provocado en la campaña oriental no solo la ruina y desorganización de los circuitos y tierras productivas, sino que habían debilitado el poder de hacendados y comerciantes, los notables de Montevideo, que en función de conservar las prósperas relaciones comerciales con el mercado europeo ven la necesidad de poner fin a la inestabilidad regional.

 El artiguismo supo aprovechar la coyuntura heredada luego de años de sitio y ocupación de Montevideo por las tropas de Buenos Aires (1812-1814) para lograr imponer y conciliar con la elite montevideana no sólo su proyección política sino un serie de reformas de inclusión, dentro de una nueva economía “legal”, de todos aquellos excluidos por el viejo monopolio español (como los hacendados ocupantes que no poseían títulos de propiedad y jornaleros eventuales, muchos habituados al pillaje). 

 De este modo, hacia 1815 admitirán la necesidad de avanzar en la normalización del poder político, restablecer el orden y resolver la incerteza que rodeaba la propiedad de las tierras y los ganados (la principal mercancía era el cuero y la tierra el principal medio de producción), la normalización y control de los ingresos fiscales con los que se habían buscado fuentes alternativas de recursos. La urgencia económica y la confluencia de estos intereses serán las condiciones que permitirán la inestable convergencia entre el movimiento artiguista y las elites tradicionales y harán posible la promulgación del Reglamento Provisorio. En estos términos lo plantea Halperín Donghi: “La promulgación del reglamento se debe a una iniciativa del cabildo; en las primeras etapas de su preparación tuvo un papel dominante la opinión de los hacendados (impacientes porque no cesaban las exacciones arbitrarias de ganados por parte de las fuerzas militares artiguistas en la campaña”. Es decir, un intento de programa para la reconstrucción del orden social y productivo compartido por Artigas. 

 Reactivación productiva 

 El “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados” cuenta con 29 artículos. Su objetivo estratégico era recomponer el orden, reconstruir una autoridad y administración civil y asegurar la vía más inmediata para la recuperación económica, a través de la reducción de la gran propiedad de tierra y el incremento de su rendimiento.

 Los primeros artículos apuntan a reconstruir y delimitar las atribuciones de los poderes políticos locales, dejando en el gobierno de Montevideo el mando de las decisiones finales. 

 Se necesitaba recomponer y disponer de fuerza de trabajo. Para ello los artículos 6 y 7 plantean que “el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña” y “para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia”. 

 El artículo 27 en el mismo sentido planteaba que las autoridades deberán “velar sobre la aprehensión de los vagos”. Señalaba que era una tarea de los hacendados otorgar “papeletas a sus peones, y los que hallaren sin este requisito, y sin otro ejercicio que vagar, serán remitidos” o reclutados para los ejércitos. Se obligaba a formar “un rancho y dos corrales en el término de dos meses, los cuales eran extensibles a tres” a riesgo de perder sus terrenos. 

 Para obstaculizar la tradicional matanza de ganado salvaje y restablecer el stock perdido por los años de conflicto, el artículo 23 planteaba la prohibición de “las matanzas a los hacendados, si no acreditan ser ganados de su marca”. Del mismo modo, el ganado al que podían acceder provenía de las estancias europeas o de los “malos americanos”, como quedaba estipulado en el artículo 22. Los artículos 25, 27, 28 y 29 cerraban las disposiciones estableciendo las autoridades y atribuciones para resguardo de la propiedad y el orden. 

 Reforma agraria 

 El Reglamento cuenta con artículos y disposiciones económicas claves para asegurar la recuperación y rápida explotación de la tierra. De carácter provisorio como el mismo Reglamento, los artículos 12 y 13 promovían la distribución de la tierra para que “los más infelices sean los más privilegiados” (artículo 6) y representan las propuestas más populares al beneficiar a quienes más habían sufrido el empobrecimiento general que provocaron los años de guerra y la apertura comercial. 

 El artículo 12 planteaba que las tierras a distribuir serían obtenidas de “aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades”, es decir, aquellos sectores que habían abandonado su residencia en la región, rechazado la ruptura con la metrópoli y emigrado. O como señalaba el artículo 13, “serán igualmente repartibles todos aquellos terrenos que desde el año 1810 hasta el de 1815, en que entraron los orientales a la plaza de Montevideo, hayan sido vendidos o donados por ella”. 

 Es decir, la reforma agraria restringía la distribución de la tierra a las públicas y abandonadas. Por eso, al tiempo que realizaba esta distribución entre “los más infelices” o que nada tienen, preservaba la estructura de propiedad que concentraba extensas tierras entre pocos dueños. No era la expresión de un proceso popular revolucionario sino resultado de una combinación de intereses económicos y políticos que buscaban la reactivación de la economía rural y la consolidación del poder de Artigas como caudillo popular. Lejos estuvo del contenido revolucionario que se le atribuye, en el sentido de una reforma agraria radical de transformación de la propiedad de la tierra o de promover un nuevo orden productivo. Para completar el cuadro, se dejaba asentado el carácter provisorio de dicha distribución al explicitar en el artículo 19 su vigencia hasta el “arreglo formal de la provincia”. 

 El Reglamento de implementación relativa no cumplió sus objetivos. La elite montevideana lo abandonará rápidamente, e incluso algunos de los líderes artiguistas optaron por mantener las más redituables prácticas de la campaña en guerra. 

 Final

 La experiencia que promueve Artigas contiene elementos innovadores frente a las propuestas conservadoras y centralistas de las elites montevideana y la hegemonía porteña, para la que el proyecto artiguista de conjunto significaba no solo la resignación de tierras valiosas y recursos sino también reforzar la potencial amenaza que el puerto de Montevideo representaba para el circuito comercial del litoral. 

 El proyecto económico y político de Artigas no encontrará aliados duraderos, a excepción del Litoral cuyas oligarquías vieron en la solución artiguista una alternativa realista para alejarse del centralismo que Buenos Aires, la antigua capital del Virreinato, se negaba a abandonar, rechazando el establecimiento de nuevas condiciones para la distribución de los ingresos aduaneros, la libre navegación fluvial y los proyectos de centralización política. Será en el terreno político donde reside la real disidencia de la elite con el poder artiguista. Este movimiento venía acompañado de un alegato político sustentado en la “soberanía de los pueblos” (de la tradición hispánica) que si bien no significaba el ejercicio efectivo del poder popular ponía en cuestionamiento las jerarquías tradicionales y se traducía como una tensión amenazante, agitando el fantasma de la insubordinación. En el contexto de debilitamiento del poder estatal, la elite oriental deseosa desde 1810 de encontrar un nuevo equilibrio, sostuvo como prioridad asegurar el fin de la movilización, fuente del poder político artiguista. Ese momento llegará. La invasión luso-brasileña de 1816 le ofrecerá una oportunidad para cambiar esta relación de fuerzas y desterrar cualquier vestigio de la experiencia artiguista. 

Liliana O. Caló @LilianaOgCa 

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 1  Entre los hacendados orientales se encontraban los vinculados al monopolio español y aquellos que bregaban por el libre comercio, de los cuales un sector se sumará al exilio con Artigas, en el llamado éxodo oriental, mientras que otro permanecerá en la ciudad.

 2  Esta confluencia no estuvo exenta de conflictos. Más de una vez Artigas debió mediar entre sus comandantes y su Estado mayor, compuesto por intelectuales hacendados partidarios del libre comercio y en su mayoría poseedores de esclavos. Un registro censal del propio Artigas, durante el éxodo, refleja de un total de casi 900 familias, sin contabilizar la tropa que: 25 familias con muchos esclavos (más de cinco), bienes de 700 pesos por persona. Entre ellas estaba la propia familia Artigas liderada por don Martín que llevaba consigo 8 esclavos. Otra familia eran los Rivera que llevaban 16 esclavos; 130 familias con varios esclavos (hasta cinco) y bienes en promedio de 125 pesos por persona; 450 familias que poseían un carro propio con sus cosas, pero no tenían esclavos, bienes promedio de 50 pesos por persona. Estos representaban el sector mayoritario, eran los llamados ocupantes sin títulos de propiedad bajo el régimen colonial; 270 familias sin transportes, esclavos, ni bienes. Se contabilizan en total 500 esclavos. Artigas aclara que no contabiliza tropa, hombres sueltos, ni familias que acampan distantes, ni a "los que van llegando", como muchos esclavos que se sumaban a sus filas.

 Fuentes

 Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina , Siglo Veintiuno Argentina, 2005. 

 Milciades Peña, Historia del pueblo argentino, Emece, 2012.

Martín Miguel de Güemes, el caudillo de la “guerra gaucha”

El 17 de junio se conmemora la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Un caudillo popular que resistió las invasiones realistas sin renunciar a su pertenencia a la oligarquía del interior. Esta fecha conmemorativa de Martín Miguel de Güemes fue aprobada por el Senado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y se estableció como feriado nacional. El gobierno de Alberto Fernández imprimió su rostro en los billetes de $200. El de Javier Milei, lo ubicó en el salón de los próceres que reemplazó al de las mujeres en la casa de gobierno. Anteriormente, su figura fue reivindicada por Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner. 

 En síntesis pasan los gobiernos pero en la Argentina se mantiene, con matices, lo esencial de la historia mitrista: el panteón de héroes. Construyeron un relato histórico basado en las grandes gestas de héroes, la mayoría militares o presidentes con la finalidad de instalar a figuras políticas por encima del contexto de los hechos y otorgarles distintas intencionalidades políticas. En el caso de Güemes, hay algo más. Su vinculación con la defensa del territorio, la resistencia a las tropas realistas y su ideal independentista contradice a todos los gobiernos que hablan en nombre de la “patria” y la “libertad” pero honran el pago de la deuda externa, la dependencia económica de la Argentina y la entrega de los recursos naturales del país. 

 Güemes fue un salteño que estudió desde los 14 años la carrera militar ingresando a Infantería, combatió en la primera invasión inglesa y durante 1815 y 1821 fue designado gobernador de Salta y Jujuy. En este período resistió los ataques de las tropas realistas que disputaban el territorio al norte del país. Su resistencia en el actual noroeste argentino se combinó con los logros de San Martín que derrotó a los realistas en Chile y Perú. La carrera militar de Güemes, no solo es reivindicada por distintos partidos políticos, sino también por la Escuela de Gendarmería que lleva su nombre y otras fuerzas, como la policía de Salta. 

 En 1817, Güemes descubrió las intenciones realistas del mariscal de la Serna de invadir con 5.000 hombres la ciudad de Salta. Ante la posibilidad de estos hechos, preparó la resistencia combinando la “guerra de guerrillas” en el norte del territorio con la resistencia del pueblo salteño cansado de guerras y penurias económicas.

 Durante el período independentista el pueblo salteño resistió a nueve invasiones españolas, no solo peleó contra los realistas sino también contra la oligarquía salteña que lo oprimía. Sufrió las consecuencias de una tierra devastada por las guerras de la independencia y por la interrupción del comercio con el Alto Perú, única vía para la obtención de recursos.

 Ésta fue la base que le permitió a Güemes construir un entramado de poder político regional como jefe o caudillo indiscutido del interior y también un ejército de gauchos y desposeídos que se sometieron a sus órdenes para subsistir. A cambio de incorporarlos a su ejército, Güemes le otorgó la quita del pago del tributo que muchos pagaban a la elite salteña. De esta manera, cimentó un poder basado en el arbitraje sobre los grupos oligárquicos y populares. La estrategia de utilizar la “guerrilla gaucha” solamente contra el avance realista fortaleció a la oligarquía criolla norteña a la que Güemes perteneció. El historiador marxista Milcíades Peña (2014) [1] definió a los caudillos y a Güemes como una “oligarquía con apoyo popular”: “Aunque educado y perteneciente a una clase notable de Salta, Martín Güemes manifestó siempre una tendencia a halagar las pasiones de las multitudes para conquistarse su afecto y dividirlas de las clases cultas de la sociedad, haciendo de ellas el pedestal de su elevación (Mitre, "Historia de Belgrano", 302). Pero de todo esto no se desprende nada en favor de la temeraria afirmación ‘apoyándose en las clases más bajas y oprimidas los caudillos montoneros atacaban a las clases dominantes de las sociedad’. Los caudillos pertenecían por origen o interés a éstas clases dominantes”. Si bien Güemes construyó su base de poder en el apoyo popular, resistiendo sin acompañamiento porteño a los ejércitos realistas, la elite burguesa gobernante de Buenos Aires no lo vio como un peligro. Güemes no tuvo intenciones de profundizar una reforma agraria u otorgar la participación política a los sectores populares. La preocupación del centralismo porteño se referenció en la oposición de José G. Artigas, por su control del Litoral y la Banda Oriental, la estrategia política de entrega de tierras y el modelo político federativo. 

 El año 1821, significó para Güemes un año difícil. El Cabildo de Salta, dominado por los sectores conservadores y terratenientes, decide deponerlo como gobernador con el apoyo de los realistas. Como respuesta, impulsó la “Guerra Gaucha” con un doble objetivo: derrotar a los realistas y recuperar el poder político, lo que logra. El general Olañeta envió desde Yavi 600 infantes a las órdenes del coronel José María Valdés (alias el Barbarucho), quien marchó a Purmamarca. Desde allí, por senderos desiertos rodeó la serranía de las Tres Cruces y del Nevado de Chañi, guiado por miembros de la familia realista Archondo. El 6 de junio tomó por sorpresa Salta, en donde una de sus partidas logró herir a Güemes. Herido se reúne con los oficiales, les traspasa el mando y da las indicaciones para lo que será el freno realista en el norte del actual territorio argentino. Murió 10 días después en la Cañada de la Horqueta. 

Hernán Perriere

[1] Peña, M. (2014). Historia del pueblo argentino. Buenos Aires. Emecé.

Una riña de gallos al interior del capital financiero.

 Los discursos insultantes de Milei entre los lunáticos que lo condecoraron en Europa dejaron en un segundo plano al “maldito socialismo”. Esta vez, los ataques se dirigieron centralmente a los “liberales de copetín”, es decir, al interior de sus propias filas. Aunque Milei no lo dijo, la pelea no tiene que ver con los neoliberales que vienen criticándolo desde hace meses, sino con el mismísimo FMI. El organismo internacional acaba de colocar en capilla al planteo económico de Milei-Caputo, a quienes reclamó un “ajuste de calidad”. El Fondo delató el carácter ficticio de los "logros" de la administración liberticida. El superávit fiscal de los primeros cinco meses está asociado a la pulverización de salarios y jubilaciones -algo que el FMI saluda- pero, por otro lado, a la postergación de pagos -y, por lo tanto, a la acumulación de deudas a cortísimo plazo, como ocurre por ejemplo con el sistema eléctrico. La “recomposición” de reservas es otro fraude, pues tiene como contrapartida la acumulación de otra deuda -en dólares- con los importadores. El “fin” del financiamiento del Banco Central al Tesoro ha sido reemplazado por la emisión incesante de deuda del propio Tesoro, a razón de 10.000 millones de dólares mensuales. En cualquier caso, los pases y letras que debe continuar renovando el Central obligan a redoblar la emisión monetaria, que Milei en España amenazó en caratularla como un delito penal. Según uno de los “liberales de copetín”, el menemista Carlos Rodriguez, esa emisión, sólo en el mes de mayo, implicó una expansión del 30% de la base monetaria previa. 

 En su reporte, el FMI deja entrever que el “dibujo” de Milei-Caputo se encuentra agotado. El superávit fiscal dejará de ser tal en junio, por el peso de los intereses de deuda y las menores reducciones de subsidios a los servicios públicos. Lo mismo ocurre con el balance de divisas, cuando ekl Banco Central se torna vendedor de dólares nada menos que en el ápice de la cosecha gruesa. La recuperación parcial de la cotización de la deuda argentina -el único logro que exhibía Caputo en los primeros meses de gobierno- ha revertido la curva hacia abajo. En estas condiciones, el FMI reclama una devaluación del 30% del dólar oficial, la aceleración de los tarifazos y la aprobación sin condiciones del paquete fiscal que está en el Congreso -principalmente, la restitución de “ganancias” sobre el salario. Francos ya anunció que Diputados deberá refrendar el paquete original votado hace un mes, y desairar a las rectificaciones de los Senadores.

 La banca “normal” y la banca “en las sombras” 

Pero las exigencias del Fondo son más amplias: reclama también tasas de interés “positivas”, o sea, revertir las reducciones que vino implementando el gobierno en los últimos meses. Es un reclamo que viene “atado” a la cuestión cambiaria, pues apunta a sostener las colocaciones en moneda nacional en caso de una devaluación. Pero la cuestión de la tasa de interés se cuela en otra pelea que divide al capital financiero, y en la cual Milei-Caputo han tomado partido. En efecto: el informe del FMI reclama “igualdad de condiciones” entre los bancos establecidos y las llamadas “billeteras virtuales”, el negocio que en Argentina se encuentra dominado por Mercado Pago-Galperin, un íntimo integrante de la camarilla de intereses que rodea a los Milei. La “billetera” de Galperin está en una abierta puja con los bancos privados en relación a la captación de recursos y el otorgamiento de créditos. La baja de la tasa de interés en el sistema bancario ha agravado esa situación, pues Galperin, que cuenta con ventajas impositivas excepcionales, está ofreciendo rendimientos superiores a los de la banca formal ( El diario “Cronista” relata esta situación con un título sugestivo: “Adiós plazo fijo” (EC, 22/6). En Argentina y el mundo, la camarilla libertaria es una agente indisimulada de la “banca en las sombras”. En su informe, el FMI ha salido en defensa de la banca extranjera radicada en Argentina, que acaba de demandar legamente a Galperín. 

 Milei reivindica lo que llama la “dolarización endógena” de la economía, o sea, el alineamiento de precios y tarifas a valores internacionales en el marco de la licuación del gasto público -jubilaciones- y salarios. Pero el FMI sostiene que esa apreciación forzada del peso conduce a término a un estallido cambiario, porque carece de las divisas para sustentarlo. Reclama, casi irónicamente, una verdadera “·competencia de monedas”, es decir, el final del cepo y la unificación cambiaria. 

 Crisis de gabinete

 La divergencia que se abre paso en estas horas ha dado lugar a una crisis de gabinete peculiar en el gabinete económico del gobierno. Por un lado, el secretario de Finanzas Cottani, ligado a Cavallo, renunció a su cargo. De un modo general, Cavallo acompaña los planteos devaluatorios del FMI. Asimismo, Milei demoró el ingreso de Sturzenegger al gabinete. Aunque Sturze ingresaría con el programa de la “desregulación del estado” (privatizaciones y ajustes), ha trascendido que es partidario de acompañar las medidas cambiarias reclamadas por el Fondo. Caputo, en este cuadro, debió salir a twittear para desmentir una devaluación. Aunque el viaje por Europa ha postergado la crisis del gabinete, no impidió que Milei ventile sus causas cada vez que algún miembro de la secta austríaca cuelga una medalla en su solapa. 

 Una devaluación volvería a redoblar la escalada inflacionaria, la cual, de todos modos, deberá trepar como resultado de la reanudación de los tarifazos (El FMI reclama acelerar su ritmo). La “recomendación” cambiaria del FMI soliviantará todavía más al capital agrario, reforzando la política de retención de la cosecha. Este cuadro de conjunto ensombrece las expectativas que, para el gobierno, despertaba la aprobación de la ley Bases. El factor más dinámico de la crisis política es el agotamiento del capítulo Caputo, y la lucha de intereses que se ha desatado en el riñón de los intereses sociales que bancan a Milei.

Marcelo Ramal 

 22/06/2024

La privatización de Aerolíneas Argentinas continúa en agenda

El ajustado triunfo del gobierno en la votación de la “Ley Bases” en el Senado vino acompañado del recorte del capítulo de privatizaciones, quedando fuera de lo aprobado en la Cámara Alta, la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Televisión Pública. 

 Estos hechos fueron recibidos con alivio por parte de los trabajadores aeronáuticos que entienden que la privatización viene con despidos y precarización bajo el brazo. Sin embargo, el fantasma no se ha disipado. Aunque el Papa Francisco se sacó una foto con la bandera de Aerolíneas Argentinas, al recibir en el Vaticano al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el exorcismo a la privatización está lejos de concretarse. 

 La próxima sesión en diputados 

En el calendario del gobierno se estima que el 27/6 sesione la cámara de diputados para dar sanción a la “ley Bases”. En sus cálculos está que se ratifique lo votado por diputados, incluyendo la privatización de Aerolíneas Argentinas (AA). “Intentaremos insistir en la media sanción que votó la Cámara de Diputados en lo que respecta a las privatizaciones de empresas públicas”, confirmó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien cuenta con un guiño de la Casa Rosada para avanzar (La Nación, 18/6). 

 En el mismo sentido se pronunció el jefe de gabinete, Guillermo Francos: "No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también les pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo" (Iprofesional, 20/6). Si se viera frustrada la ratificación en diputados de la privatización y con el decreto no alcanzara, el gobierno no descarta avanzar con proyectos puntuales.

 Sin estar zanjada la cuestión de la votación en diputados, quedan en pie la desregulación y los cielos abiertos. 

 El DNU 70/23 y la desregulación 

Con el decreto en pie, el gobierno queda autorizado a calificar la aeronáutica civil aerocomercial como un "servicio esencial", a desregular las tarifas y a “la cesión, parcial o total del paquete accionario a los empleados de conformidad con el programa de Propiedad Participada (PPP)" (BAE Negocios, 19/6).

 De esta manera, se limita el derecho a huelga de los trabajadores aeronáuticos al mismo tiempo que todo desfinanciamiento de la aerolínea de bandera puede ser descargado sobre los trabajadores que se acoplen como accionistas de la empresa al quedar "enganchados" a los vaivenes de la cotización bursátil. El destino final es la privatización vía venta de las acciones por parte de los trabajadores, empujados por una carestía salarial creciente. 

 En esta ruta de privatización tenemos que anotar también que mientras tanto el gobierno ha dejado de girar fondos del tesoro a AA, lo cual repercute en un déficit de $115.308 millones en los tres primeros meses del año y motiva las declaraciones de Adorni donde señala que “la idea no es cerrarlas, sino todo lo contrario, salvarlas con ingreso de capitales privados” (La Nación, idem). O sea, habilitar a costa de la aerolínea de bandera, un coto de beneficios y negocios para los capitalistas. 

 La letra del decreto en su artículo 230 habilita al Poder Ejecutivo a "subvencionar la demanda de servicios de transporte aéreo en aquellas rutas que resulten de interés general para la Nación, junto con la explotación de servicios de trabajo aéreo que tengan igual carácter". Dejando la puerta abierta para que los recursos que se niegan a AA terminen en manos de capitales privados o, llegado el caso, sean puestos en la aerolínea de bandera luego de su privatización.

 Incluso, ante la preocupación por el cierre de rutas, el gobierno plantea realizar acuerdos con privados para sostenerlas. Al mismo tiempo que discuten el cierre “de rutas nacionales de Aerolíneas Argentinas en las provincias que no resulten rentables" (Ámbito Financiero, 19/6). 

 No estamos, por tanto, ante un problema de cuidar la plata sino de a las manos de quien van los fondos.

 Por último, el decreto habilita "un proceso de revisión y actualización de varios artículos y disposiciones del Código Aeronáutico para establecer un nuevo marco operativo que le permita a cualquier aerolínea, que demuestre solvencia técnica y financiera, poder operar vuelos de cabotaje e internacionales hacia y desde Argentina sin necesidad de que existan tratados bilaterales de reciprocidad con los países de origen donde están radicadas las casas matrices de esas empresas" (BAE Negocios, idem).

 Idas y vueltas ajenas a los trabajadores

 A pesar de la unanimidad en el gobierno respecto de la privatización, la crisis recorre los pasillos de la rosada en relación a quien comandaría este proceso. Los tejes, manejes y crisis que se procesan están totalmente ajenos a las demandas de los trabajadores contra la privatización. 

 El objetivo no es nuevo, todo el negocio de las *lowcost *va en el sentido de bajar costos mediante el recorte en el servicio y la precarización laboral. Pero pretende dar un salto de calidad mediante la privatización de AA que cuenta con una nómina de alrededor de 11 mil empleados, sindicatos y convenios. 

 El carácter estratégico que tiene de fondo la privatización de AA no va a ser derrotado por componendas parlamentarias, exclusiones de privatización que encuentran otras vías para desenvolverse y peregrinajes de la burocracia sindical alrededor del mundo, sino a partir de una lucha de conjunto que desarrolle asambleas de todo el personal aeronáutico sin distinción de gremio o forma de contratación que prepare una huelga general contra el gobierno liberticida y sus laderos. 

 Hika

 21/06/2024

AMIA: sentencia contra el Estado argentino por encubrimiento

A casi 30 años del atentado a la AMIA y a partir de una denuncia de Memoria Activa, con el patrocinio del CELS, el 14 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó la responsabilidad del Estado argentino por la violación a los derechos de las víctimas en el esclarecimiento del atentado y ordenó indemnizarlas. A su vez, el tribunal internacional determinó que el Estado argentino debe clasificar toda la información de los servicios de inteligencia, que hoy se encuentra como reservada, para satisfacer el derecho a buscar y recibir información. También dispuso allanar los obstáculos que son garantes de la impunidad al día de hoy y que el Estado deberá hacer un acto en el que reconozca su responsabilidad. En síntesis, el fallo deja en evidencia a todo el régimen político que durante los últimos 30 años ha llevado adelante acciones en pos del encubrimiento.

 Por el atentado terrorista realizado el 18 de julio de 1994 a la mutual judía, en el que murieron 85 personas, se realizaron varios juicios. El primero de ellos investigó la llamada conexión local, en el que estuvieron acusados un grupo de policías bonaerenses de ser responsables de llevarse la camioneta bomba. El juicio terminó con todos absueltos, ya que el tribunal llegó a la conclusión de la acusación surgió de un pago ilegal ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia. Por estas irregularidades, en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decretó la responsabilidad del Estado por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado y se comprometía a tomar una serie de iniciativas para acometer con sus obligaciones. Nada de esto sucedió. En marzo de este año desde Memoria Activa afirmaron en un documento que “pasaron los gobiernos, pero nadie las cumplió”. En este cuadro de situación, la CIDH elevó el caso “Memoria Activa contra el Estado argentino” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 “Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto se ordenó al Estado indemnizar a las víctimas.

 Un nuevo juicio se llevó adelante entre 2015 y 2019 por el llamado encubrimiento a la investigación, en el que fueron condenados el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales, el que fuera titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy y Telleldín por el cobro de 400 mil dólares en la antesala del segundo aniversario del atentado.

 En abril de este año, la Cámara de Casación Penal estableció dos sentencias en este caso, confirmando la mayoría de las condenas por las anomalías cometidas al inicio de la investigación del atentado. En este sentido, el ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años y los ex ficales Eamon Mullen y Jose Barbaccia, fueron sentenciados a dos años. Se absolvió. además, a todos los involucrados en la llamada “pista Siria”, referida al desvío de la investigación que en un primer momento apuntaba a un sirio libanés, Alberto Kanoore Edul, vinculado con Carlos Menem, otro absuelto en primera instancia por el encubrimiento. El reducidor de autos Carlos Telleldin fue absuelto. En este proceso judicial el juez Carlos Mahiques sostuvo que los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron instigados por la República Islámica de Irán y llevados adelante por Hezbollah. También el fallo sentenció que el atentado a la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad”, permitiendo al Estado argentino demandar a Irán. Sobre esta sentencia, la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), a través de un comunicado afirmó en su momento que el fallo “tira abajo la evidencia acumulada durante 30 años y varios Juicios Orales (…) Sin embargo, las pruebas son concluyentes: el Estado argentino sabia del atentado antes de su realización y organizó el encubrimiento político posterior.” Y proseguía afirmando que “el fallo del máximo tribunal penal no solo no aporta al esclarecimiento del atentado, sino que niega cualquier posible responsabilidad o participación del Estado argentino en la comisión de este crimen político.”

 Conjuntamente con el gobierno de Milei, quien celebró el fallo del tribunal fue el Congreso de los Estados Unidos que destacó “el enorme coraje de los jueces” por responsabilizar a Irán por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. 

 Desde APEMIA, en el mismo comunicado, llegaban a la siguiente conclusión:“Estamos frente a una campaña política y de comunicación que se viene gestando desde hace años. Pretende negar cualquier responsabilidad del Estado nacional en la comisión del crimen y su encubrimiento, en medio de un contexto internacional abrumador: el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en sus políticas de guerra y genocidio en Medio Oriente. Resulta evidente que la sentencia de Casación se inscribe en esa perspectiva. El Estado argentino y sus socios internacionales vuelven a poner el tema AMIA al servicio de una política de agresión contra los pueblos.”

 La sentencia de la Corte Interamericana representa un mojón en relación con las políticas de encubrimiento que se llevaron adelante desde un primer momento desde el gobierno de Menem en adelante, con la anuencia del poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía.

 Cumbre antiterrorista 

El 17 de julio, un día antes de que se cumplan 30 años del atentado a la mutual judía, Milei encabezará una “cumbre antiterrorista” en Buenos Aires. Está organizada por el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, la DAIA y la AMIA. De la misma participaran más de 200 dirigentes judíos de diferentes países, funcionarios de los Estados Unidos y mandatarios regionales, como Lacalle Pou y Santiago Peña, que ya han confirmado su presencia. 

 En 2019, durante el gobierno de Macri se realizó una cumbre de similares características. De la misma participó el entonces secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo. 

 Quien tendrá un rol protagónico en la cumbre es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien tiene aceitados nexos con el sionismo y encabezará un foro de ministros de Seguridad e Interior con funcionarios de América, Europa e Israel. A su vez se realizarán dos foros más, uno de Parlamentarios, que va a ser presidido por Martín Menem y otro para la “lucha” contra el antisemitismo y discriminación, organizado por la canciller Mondino. 

 Milei no solo ha cerrado filas con el sionismo, sino que lo ha hecho con los sectores más reaccionarios de este movimiento, la corriente Jabad Lubabitch, que lo consagró como “embajador de la luz”.

 El alineamiento de la Argentina con el sionismo no comienza con la presidencia del liberticida. El primer presidente en pisar suelo Israelí fue Carlos Menem. Durante los gobiernos kirchneristas se firmó un acuerdo de libre comercio con el estado de Israel y Cristina Fernández en su visita al país en 2005 declaro su “admiración por cómo el pueblo judío defiende sus derechos (sic) y que una de sus ventajas es ser un pueblo que posee memoria.” Durante la presidencia de Mauricio Macri por primera vez un primer ministro israelí, el genocida Benjamín Netanyahu, arribó a la Argentina. Por su parte Alberto Fernández en uso de sus funciones presidenciales realizó el primer viaje de su administración a Israel y Jerusalén. Así, el largo brazo del sionismo atraviesa a todos los gobiernos cómplices del encubrimiento de los atentados. 

 Así las cosas, la cumbre patrocinada por los libertarios representa un salto en la política de alianza con el Estado de Israel y el imperialismo yanqui, en medio de la masacre sionista en la Franja de Gaza. 

 El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino no solo debe representar un punto de apoyo en la búsqueda de justicia del atentado de la AMIA, sino también debe servir para develar el carácter encubridor de todas las fuerzas políticas actuantes del atentado para acá, utilizado políticamente por el sionismo para justificar la masacre perpetrado contra el pueblo palestino y el imperialismo yanqui, principal promotor de la extensión de la guerra a Irán.

 El esclarecimiento del brutal atentado antisemita de 1994 sólo podrá ser precedido por el desmantelamiento del “Estado de servicios” y sus jefes políticos y judiciales. En ese banquillo deberán sentarse todos los partidos de la burguesía argentina. 

 Lucas Giannetti 

 21/06/2024

Nuevo fallo en Londres contra la Argentina por el cupón PBI

La Justicia británica volvió a fallar la semana pasada en contra de la Argentina en el juicio por 1.500 millones de dólares que los fondos buitres reclaman por la manipulación del cupón PBI durante el gobierno de Cristina Kirchner. 

 La deuda originaria es la de US$95.000 millones que se defolteó en 2001 y que fue comprada por los fondos buitres a precio de remate. En 2005, Nestor Kirchner y Lavagna –como ministro de Economía– negociaron una quita del 40 %, que en realidad, significó un reconocimiento de una deuda que no valía nada por hallarse en default. Para que entraran en el canje, además de conceder una tasa de interés en dólares superior al 10 % –que duplicaba la internacional– Kirchner puso como zanahoria el cupón PBI, el cual gatillaba un beneficio extra si el PBI del país crecía más del 3,5 %. Esto a la Argentina le significó un desangre extra de 1.200 millones de dólares al año en concepto de intereses por los bonos ajustados al incremento del PBI, debido a que hasta el 2008 tuvo un crecimiento de más del 8 % -en parte por una situación internacional favorable a la compra de soja y en parte porque el parámetro de comparación para considerar la magnitud del crecimiento era muy bajo, el año 1993–. 

 En 2014, durante el gobierno de Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof cambió la fórmula de cálculo del PBI –se empezó a usar como parámetro el año 2004– de manera que el crecimiento real quedaba por debajo del 3,5 % necesario para que se gatillara el pago del cupón. 

 Los fondos buitres iniciaron demandas internacionales en Estados Unidos -donde la justicia falló a favor de Argentina– y Reino Unido –donde falló en contra-. 

 El año pasado, en el país europeo, el juez Simon Picken dictaminó que la Argentina debía pagar 1.300 millones de dólares a los demandantes. En abril de este año la corte de operaciones británica aceptó que se presente la apelación, -pero a cambio del pago de más de 300 millones de euros en concepto de caución– y solo para ratificar el fallo de primera instancia contra la Argentina. 

 A esto se suma el fallo por la nacionalización de YPF qué condena al estado argentino. Los fondos buitres –quienes también compraron los derechos de este juicio a precio de remate– están reclamando acciones de la empresa en compensación o, en su defecto, bonos de deuda emitidos por el tesoro argentino con las reservas de Vaca Muerta. 

 Como parece que el escarmiento nunca es suficiente, en la Ley Bases, que espera todavía la ratificación de diputados, se reconoce al CIADI –que depende del Banco Mundial– como tribunal internacional para posibles reclamos de los inversionistas.

 En todos los casos, el reconocimiento de los tribunales internacionales, significa una carga adicional a la piedra de Sísifo que representa la deuda externa y que el gobierno de Milei sigue aumentando, a pesar de cumplir con todos los pagos, por estar gran parte de los bonos indexados por inflación y porque se suman los nuevos bonos que el gobierno creó para pagarle a importadores y a los generadores de energía. 

 Todos los caminos conducen a un default mayúsculo.

 Luciana Diaz 

 21/06/2024

Libertad a los presos por luchar contra la “ley Bases”. Abajo el estado policial

La lucha por la libertad de los compañeros y compañeras detenidos el miércoles 12 frente al Congreso no ha concluido. 

 En primer lugar, de los 38 que fueron apresados inicialmente, 33 fueron liberados por “falta de mérito”. Esto significa que las causas judiciales en su contra permanecen abiertas y que la jueza Servini de Cubría no ha tomado una decisión de fondo sobre si llevarlos a juicio o desvincularlos definitivamente. Si bien en su dictamen se refiere a la “orfandad de pruebas” para procesarlos por cualquiera de los delitos que les atribuyó el fiscal Stornelli -una lista de 15 artículos del Código Penal que van de menor a mayor, desde “lesiones” hasta “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”- la jueza ha exhortado a que se presenten fotos y filmaciones. Servini, además, accedió al pedido de Stornelli de pasar todos los casos a sus manos, trasladándolos del fuero de la Ciudad -donde se les atribuían delitos menores- al federal. El fiscal ha seguido la línea bajada desde el gobierno, que acusa que, el miércoles 12, durante la manifestación contra la “ley Bases”, “grupos terroristas” pretendían consumar “un golpe de estado”. La abogada del CELS Agustina Lloret compara: “Stornelli está acusando como si fuera una situación parecida a la que ocurrió en el Capitolio” (Página/12, 21/6). La misma Patricia Bullrich pretende incorporarse a la acusación contra los compañeros para reforzar esta provocación. “Bullrich, si es aceptada como querellante, -sostiene Clarín, 21/6- apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con el agravante del artículo 41 quinquies, previsto para acciones terroristas”. Este artículo fue incorporado al Código Penal por las llamadas “leyes antiterroristas”, aprobadas por el Congreso argentino a instancias de los gobiernos kirchneristas. 

 Por otro lado, hay cinco manifestantes que permanecen como rehenes de la Justicia. A los cinco, Servini dictó su procesamiento y embargo con prisión preventiva. En un acto -este sí- de terrorismo mediático, Clarín titula hoy (21/6) que “La Justicia estableció que ´un grupo orgánico y coordinado´ de izquierda provocó los incidentes en el Congreso”. En su dictamen, efectivamente, Servini asegura que “hubo un grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes”, pero ordenó retenerlos en prisión, no en base a la hipótesis del complot para tomar el Senado, sino por “lesiones” e “intimidación pública”. Este último cargo, el único que prevé penas de cumplimiento efectiva -de dos a seis años de cárcel- entre los que se les atribuye a los compañeros, penaliza a aquel que se dé los medios “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”. Todavía falta cubrir recorrer un largo trecho jurídico para demostrar que los compañeros detenidos pretendían dar un “golpe de estado”. Por otro lado, la prisión preventiva es además completamente injustificada, ya que el juzgado retiene sus teléfonos celulares y tiene acceso ilimitado a las filmaciones policiales y de las cámaras de seguridad.

 Hay sobradas denuncias y registros que confirman que los ´incidente´ fueron iniciados por agentes provocadores, que quedaron fuera del radar judicial. La burocracia sindical reconoció abiertamente que estaba en conocimiento de que se producirían ´desmanes´ a través de servicios de inteligencia. 

 Sin embargo, a pesar de toda la inconsistencia de la prueba, de las vacilaciones y contradicciones de la jueza y de las poco menos que ridículas acusaciones del fiscal Stornelli, el caso reviste una extrema gravedad. No sólo por el hecho de que hay cinco compañeros que continúan detenidos y a que sobre los liberados pende todavía una espada de Damocles. El propósito del gobierno es construir un estado policial, prohibir la protesta callejera e incluso el derecho a huelga. La ley Bases califica de “grave injuria laboral” la participación en piquetes y ocupaciones de empresas. Bullrich lo complementa con el lanzamiento de un programa de “seguridad productiva”, apuntado a militarizar empresas y yacimientos estratégicos. La persecución judicial contra las organizaciones políticas y sociales opositoras, especialmente de la izquierda, completa este programa reaccionario. 

 La vocación represiva de Bullrich y Milei -que alcanza ribetes verdaderamente perversos- es inseparable del programa antiobrero de su gobierno. Ya ha alcanzado proyección internacional: el Alto Comisionado de la ONU lo criticó por “socavar” los derechos humanos y le reclamó “pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”. Pero la dictadura civil de Milei no podría sostenerse sin el andamiaje y la colaboración de los demás partidos, de los ´opositores dialoguistas´ y también de los otros, que dieron quórum y votaron total o parcialmente la infame “ley Bases”. 

 La lucha contra los represores de hoy no puede estar encabezada por los represores de ayer, como promueven algunos grupos que se reivindican de izquierda, en nombre del ´frente único´ – por caso, estos supuestos ´aliados´ ni siquiera aparecieron en la Plaza de Mayo el martes pasado, para reclamar la libertad de los compañeros. 

 Jacyn 

 21/06/2024

Cuadernos: más impunidad para los capitalistas

De coimeros a “aportantes”; CFK respira.

 La Cámara Federal de Casación, un organismo que revisa fallos de tribunales inferiores, acaba de excluir de la “Causa de los Cuadernos” a empresarios que admitieron haber realizado coimas a los gobiernos kirchneristas, convalidando que ese dinero se trataría en verdad de “aportes electorales” y que, por lo tanto, el asunto debería dirimirse como un “delito electoral” que, para colmo, ya estrían prescriptos. Los antiguamente imputados no deberán comparecer en el juicio oral y público que, de todas formas, aun no fue elevado a esa instancia. 

 Esta megacausa tiene 161 imputados, múltiples causas conexas y, a la cabeza, a la ex presidente Cristina Kirchner (que no obstante ya recibió la falta de mérito en una de esas causas) como jefa de una “asociación ilícita” por cobrar las coimas de empresarios junto con una serie de funcionarios de su gobierno como Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros. 

 Los popes capitalistas involucrados en la causa –un 90% de la burguesía nacional- en su momento se presentaron como víctimas de “extorsiones y aprietes” algo curioso para quienes se vieron beneficiados con un amplio abanico de adjudicaciones para obras públicas, como los gasoductos de Vaca Muerta o la importación de gas licuado. La justicia argentina admitió en su momento las “delaciones” como evidencia dada por “arrepentidos”. Ahora, los empresarios han recurrido a una maniobra judicial para reclamar que los sobornos fueron en rigor “aportes” para la campaña electoral del Frente para la victoria. Esto fue validado por Casación y ahora sería utilizado por todos los demás imputados que no encontraran dificultades para demostrar sus vínculos políticos con ex funcionarios del peronismo y del macrismo. 

 Con esta artimaña, ya había sido excluidos del juicio los empresarios Manuel Uribelarrea, Eduardo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich. Ahora, uno de los nuevos desafectados –siempre por ser aportante del kirchnerismo- es Angelo Calcaterra primo del ex presidente Mauricio Macri y ex-dueño de la constructora IECSA. También Armando Loson, expresidente del Grupo Albanesi, dedicado a la generación de energía; Hugo Dragoanetti, presidente de la constructora Panedile, que se dedica a grandes obras y Jorge Balan, titular de la firma Industrias Secco. 

 La Cámara de Casación está integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques; este último llego al organismo por impulso del propio gobierno de Macri y es uno de los jueces del escándalo de Lago Escondido. En septiembre del 2023, un organismo estatal, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cerró una investigación iniciada por Macri como consecuencia de la causa de los cuadernos en 2018, y determinó que “no existió una cartelización de empresas para el reparto de la obra pública”. El Estado definió que nunca existió la “patria contratista”. 

 Entre los principales capitalistas sobreseídos por los cuadernos estuvo en primerísimo lugar el grupo Tenaris, la principal compañía del grupo Techint cuyo titular Paolo Rocca concertó en un tribunal de Estados Unidos desembolsar USD 9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada por sobornos millonarios a funcionarios argentinos para que gestionen, ante el gobierno venezolano de Hugo Chávez, la indemnización al grupo por la nacionalización de la siderúrgica Sidor. En agosto de 2021, el juez federal Julián Ercolini los sobreseyó a él y a Luis Betnaza (número dos del Grupo Techint) y Héctor Zabaleta (director de administración). Estos últimos habían admitido los desembolsos, pero el juez consideró que los sobornos se pagaron por “razones humanitarias” para preservar la integridad física de sus empleados en Venezuela. 

 Mariano Cuneo Libarona, jefe del Ministerio de Justicia de Milei, fue el abogado defensor de uno de los capitalistas “arrepentidos”, Eduardo Eurnekian (dueño de la Corporación American, donde trabajó Milei). También defendió al empresario Sergio Taselli. La impunidad a los capitalistas fue tal que el gasoducto de Vaca Muerta fue construido por varias de las empresas involucradas en los cuadernos, incluyendo uno de sus principales “arrepentidos”, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y la propia Techint. La mayoría de ellos fue beneficiada con subsidios y exenciones impositivas durante la pandemia. 

 Esta nueva absolución a empresarios en tiempos de Mieli refleja que estamos en la etapa final de lo que fue no una cruzada contra la corrupción sino un operativo judicial orquestado desde EEUU, con el concurso de los servicios de inteligencia, en un momento político determinado y con el propósito estratégico de golpear en última instancia a los capitales chinos asociados a negocios de la obra pública en la Argentina, como las represas de energía en Santa Cruz a cargo de Electro Ingeniería . Fue contemporáneo con el “Odebrecht” brasileño que también afectaba a empresarios argentinos pero que, curiosamente, nunca fueron investigados. 

 “Vos escuchame a mí, este juicio no se va a hacer nunca”. La cita pertenece al portal Infobae (21/6) de una fuente proveniente de Comodoro Py. 

 Mientras se vacía a la causa de los cuadernos, la fiscal Fabiana León denunció a los jueces a cargo de la causa por “retardo de justicia”. En concreto, hoy Cristina Kirchner sería la única y principal acusada, pero si las coimas fueron aportes, debería ser absuelta. Milei promueve cambios en las leyes electorales para que no haya límite alguno en el aporte financiero para las campañas electorales, como sucede en EEUU y eliminar los aportes estatales. En definitiva, la clase social beneficiada por los negocios facilitados por el Estado, a pesar de estar imputada, duerme tranquila y viene de festejar el avance de la “ley de bases” y el régimen de incentivo de inversiones con la que espera rapiñar una tajada de fondos financieros de dudosa procedencia. 

 Emiliano Fabris 

 21/06/2024

🔴 Diego Sacchi | Milei nos abrió las puertas al primer mundo

Los mercados festejan mientras avanza la recesión

El gobierno logró la aprobación en el Senado de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que tenía media sanción en la Cámara de Diputados. 

 Con ella se aprobó el “paquete fiscal”. Ambos instrumentos legales fueron modificados por los senadores, en frenéticas negociaciones que involucraron a los poderes ejecutivos provinciales.

 Intentará ahora el gobierno que los diputados transformen en ley ambos proyectos, y en la medida de lo posible, con el contenido que fue al debate del Senado. No es menor lo que se juega, pero, incluso, transformando en ley lo resuelto por los senadores significa un triunfo para el oficialismo, que llevó a la reunión del G7 en Italia este primer consenso legislativo sobre reformas estructurales que demanda el poder económico.

 En efecto, tan es así, que los “mercados” respondieron favorablemente con mejoras de los indicadores bursátiles, cambiarios, estimulados por dos medidas anunciadas en simultaneo. 

 Una remite al FMI, que anunció la liberación de 800 millones de dólares ante el “sobre cumplimiento” de las metas acordadas en los términos macroeconómicos, sea el superávit fiscal, como las mejoras en las reservas y el proceso des-inflacionario, con el 4,2% del registro para mayo pasado, con sugerencias de avanzar en la búsqueda de consensos políticos para el ajuste y la reestructuración, entiéndase reformas laborales y previsionales, tanto como atender las necesidades de los sectores más vulnerables, un guiño no muy convincente de “sensibilidad”, algo extraño al régimen del capital, mucho menos al organismo rector de las finanzas globales. El Fondo pronostica una caída del PBI para este año del -3,5% y demoras en el repunte de la actividad, algo que confirman los datos oficiales. 

 El otro caso es la aprobación desde China para la renovación del swap, una operación de préstamo iniciada en el segundo gobierno de Cristina Fernández y ratificado y ampliado en los sucesivos gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Son 5.000 millones de dólares que vencían en junio y julio, que sin la renovación hubiese complicado las cuentas externas del país. Ahora está planificado el viaje de Milei a Beijing luego de las diatribas críticas hacia los comunistas y el gobierno chino. Negocios son negocios dice el dicho popular, por lo que la ideología se mantiene, pero a los efectos de asegurar recursos para el programa del gobierno, se terminó negociando con el gobierno comunista.

 Todo suma a los objetivos del gobierno. La contracara proviene de la realidad de la cotidianeidad de la mayoría de la población. La caída del consumo es resultado directo de la baja de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales. El resultado directo es la recesión y con ella el previsible crecimiento del desempleo y las suspensiones, los cierres de empresas y los problemas que se suscitan en las cadenas de pagos. El fin de semana largo finalizado este lunes 17 de junio fue una muestra de baja en los consumos turísticos, motivados principalmente en la carestía a pesar de la tendencia a la baja de la inflación. Una baja puesta en dudas ante las subas de tarifas y una probable meseta de los precios según anticipan las consultoras que informa pronósticos al BCRA en un nivel del 5% hasta diciembre. 

 Ya pasó un semestre del gobierno Milei y se acerca el fin del primer semestre del año, en donde las jubilaciones amortiguarán el impacto regresivo del ajuste y la recesión, al mismo tiempo que se esperan miles de despidos en el sector estatal, quienes se preparan sindicalmente para resistir el ajuste y la reforma del Estado que ahora, si se aprueba finalmente en Diputados ña ley Bases, tendrán legalidad parlamentaria para cesantear otros 50.000 trabajadores/as según anticipó Milei.

 Las cartas están echadas y el gobierno cumple con la demanda del poder y las sugerencias del FMI, mientras la población más empobrecida sufre las consecuencias del ajuste. El interrogante remite a la transformación de ese sufrimiento en descontento y a este en protesta. Claro que no alcanza con la protesta y los que hace falta en el país es la construcción de un rumbo alternativo que tenga consenso mayoritario en la población, y claro, seguramente, no será avalado por los “mercados”, convocando a nuevas desestabilizaciones de la economía y de la política. 

 Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Liberaron a otros 11 luchadores contra la “Ley Bases”

Vamos por la libertad y el cierre de las causas de los cinco que aún quedan detenidos. 

 “Orfandad probatoria”. Esa es la frase que resume la decisión de la jueza Servini de Cubría de ordenar la libertad de 11 manifestantes que continuaban detenidos desde el miércoles 12, cuando fueron apresados por la policía en el marco de la represión a la protesta contra “la Ley Bases”. El viernes 14 habían sido excarcelados otros 17 compañeros y compañeras. Quedan cinco todavía, distribuidos en distintas cárceles, a los cuales Servini dictó prisión preventiva y su procesamiento. 

 Luego de mantenerlos bajo arresto durante una semana eterna en los calabozos de las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, la jueza Servini tuvo que reconocer que no había ninguna prueba que incriminase a estos 11 detenidos en un supuesto complot contra el orden institucional, terrorismo y golpe de estado, como afirmó el gobierno y suscribió el fiscal Stornelli, ni tampoco para apoyar otras imputaciones más leves, como las de resistencia y atentado a la autoridad. En la mayoría de los casos, la única “prueba” —revela la jueza— eran los dichos de los policías que recibieron de manos de otros policías a los arrestados, los cuales les contaron a estos que habían sido detenidos “tirando piedras”. Asimismo, ninguno de los policías que intervinieron efectivamente en los arrestos se presentó a declarar. 

 En otros casos, las filmaciones y registros existentes no sólo no avalaban la versión policial “sino lo contrario”, dice textualmente el dictamen. La jueza finalmente ordena su liberación “por falta de mérito” —es decir, falta de pruebas. 

 Los cinco compañeros que quedan presos han sido procesados por delitos menores. Es un atropello que se les imponga prisión preventiva, cuando las penas eventuales que podrían recibir, en muchos casos, serían de cumplimiento condicional. 

 El gobierno había asegurado que los detenidos eran “terroristas” que planeaban “un golpe de Estado”. El fiscal Stornelli tomó el libreto al pie de la letra, en un caso flagrante de sumisión del poder judicial a las órdenes del poder político. Todo esto se ha derrumbado como un castillo de naipes. El tándem Milei-Bullrich pretende hallar “terroristas” a medida para justificar la imposición de un estado policial. 

 La libertad de los compañeros es, sin duda, una victoria política de quienes nos movilizamos contra la “Ley Bases” y contra la represión. 

 Jacyn

 20/06/2024

El derrumbe industrial desmiente el “rebote”

Luchemos por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

 Los números publicados por el Central de Estudios de la UIA solamente confirman una realidad industrial que ya es conocida por quienes siguen la actividad: la regla general son las suspensiones a mansalva, los adelantos de vacaciones, el uso cada vez menor de la capacidad instalada y los despidos -masivos, por goteo, encubiertos como retiros voluntarios-. Según este informe, la industria cayó 14,2% en abril respecto del mismo mes de 2023. Aunque el número de la caída es algo menor que en el mes de marzo, se trató del onceavo mes de caída interanual consecutiva y el primer cuatrimestre de 2024 acumuló una baja de 12,4% interanual. La caída del empleo registrado se aceleró: se perdieron más de 15.357 puestos de trabajo desde agosto del 2023.

  La configuración del escenario industrial no podría ser peor: al párate de la obra pública le siguió el encarecimiento en dólares del metro cuadrado construido -que ha llevado a la parálisis a casi toda la obra privada-. El derrumbe en la construcción explica la crisis en las siderúrgicas, con suspensiones y despidos en Acindar y en el Grupo Techint. El derrumbe en las ventas de vehículos preanuncia que el frenazo en la industria automotriz se prolongará, con suspensiones, retiros voluntarios y despidos masivos, como ya anunciaron Fiat, General Motors, Toyota y Volkswagen. Ni hablar de la cadena de fábricas autopartistas que les son proveedoras. En la industria blanca, de electrodomésticos, los despidos y las suspensiones se dan al calor del derrumbe en las ventas. Según el informe de la Unión Industrial, el 53% de las empresas tuvo caídas de la producción, el 60% en las ventas, el 37% en las exportaciones y el 24% caídas en el empleo en comparación con el año pasado. 

 El informe de la UIA desmiente por completo los augurios del gobierno de un inicio de la recuperación, del mentado y mentido rebote en V y de la mejora del segundo semestre. Un dato del informe tiene una enorme relevancia, porque anticipa lo que se viene, que es la quiebra de la cadena de pagos: según la UIA, en abril aumentaron las empresas con dificultades para hacer frente a sus pagos: “El 12% de las empresas encuestadas presentó problemas para afrontar integralmente todas sus obligaciones (salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos), el valor más alto de la serie”. 

 Este derrumbe industrial es descargado íntegramente sobre las espaldas de la clase obrera, con el concurso de la CGT y de cada uno de los sindicatos involucrados -incluidos los que son parte del ala combativa de Pablo Moyano, como la UOM, el SMATA y Camioneros-. La posición de la burocracia sindical es que las empresas son víctimas de las medidas del Gobierno de Milei, por lo que a los trabajadores les correspondería acompañarlas en el mal momento. El paquete de medidas del gobierno de Milei fue largamente reclamado por el capital: la reforma laboral, jubilatoria e impositiva fueron diseñadas en las oficinas de recursos humanos de las principales empresas del país, con Techint a la cabeza. Estamos ante una recesión autoinducida.

 La CGT viene de acompañar sin disimulo la aprobación de la Ley Bases, una vez garantizado que no se alteraba la recaudación de su caja. La movilización del sector de Pablo Moyano, secundado por los restos del Plenario del Sindicalismo Combativo, duró sólo hasta la hora de las provocaciones de los servicios de inteligencia. Mientras tanto, el otro sector de la central sindical brindaba con Julio Cordero. El único roce con el gobierno presentado por la burocracia fue en reclamo de que las patronales ya instaladas en la Argentina puedan también ingresar en el RIGI. 

 El acompañamiento de la burocracia a las suspensiones se da aún en el marco de que las pérdidas salariales de los suspendidos van a ir “un crescendo”: los acuerdos marcos como el de Acindar implica una suspensión inicial al 85% del salario básico, luego el 80% y menos hacia fin de año. El reparto de las horas de trabajo que los sindicatos de la CGT se niegan a plantear, lo está haciendo el capital, en detrimento de los salarios y de los puestos de trabajo -allí dónde hay despidos masivos, quienes quedan trabajando lo hacen con jornadas semanales extensísimas, con turno rotativos, y hasta con horas extras. 

 Una lucha a fondo por los puestos de trabajo, en defensa de los salarios y de las condiciones de trabajo de la clase obrera, debe partir del reclamo del reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin afectar los salarios. Por la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Por una salida obrera y socialista al derrumbe del capital y su gobierno antiobrero. 

 Pablo Busch 

 19/06/2024

El gobierno crea una fuerza de choque federal “antipiquetes”

Garantías represivas excepcionales para resguardar el Rigi y a los grandes capitalistas.

 El gobierno nacional acaba de crear una Unidad de Seguridad Productiva, a cargo de fuerzas de seguridad federales, con el único propósito de proteger las inversiones mineras y petrolíferas de los grandes capitalistas y los negocios más generales de las patronales. Un protocolo de seguridad a lo Bullrich, para reprimir protestas y reclamos, desalojar cortes de ruta y dar garantías jurídicas excepcionales a los grandes capitalistas. 

 La medida fue informada en un comunicado de prensa, con intervenciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y oficializada por medio de una resolución ministerial en el Boletín Oficial, tan solo pocas horas después de aprobada la Ley Bases en el Senado.

 La conformación de una fuerza represiva específica para el cuidado de los negocios de los grandes capitalistas viene de la mano de la aprobación del Régimen de Incentivos para los Grandes Inversores (Rigi), y busca ofrecer garantías de estabilidad jurídica para los grandes empresarios, contra todo obstáculo y/o situación que altere sus negocios. 

 Este reforzamiento represivo va de la mano de la incorporación en la Ley Bases de artículos que sancionan penalmente los bloqueos y acciones sindicales, por lo cual el gobierno adelanta que impondrá un régimen del terror al interior de las explotaciones mineras y petrolíferas, anulando todas las garantías y derechos constitucionales y laborales que asisten a los trabajadores. 

 Con la confirmación de esta “unidad especial” el gobierno se atribuye facultades discrecionales para la intervención en conflictos gremiales de cualquier orden que alteren directa o indirectamente la logística de las grandes patronales “en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública” (Resolución 499/2024, Ministerio de seguridad).

 Este mecanismo busca habilitar la intervención federal para el desalojo de bloqueos y piquetes sindicales y sociales en rutas y accesos provinciales y jurisdicciones ajenas, para garantizar los negocios capitalistas a toda costa. Incluso habilitando el despliegue “preventivo” de fuerzas federales. 

 Entre los principales sectores a “proteger” se señalan Vaca Muerta en Neuquén y las provincias con litio y minerales como Jujuy y Catamarca, entre otras. Además, Bullrich puntualizó entre las situaciones de seguridad a atender los bloqueos a supermercados, industrias y pequeñas empresas, lo que ampliaría el campo de acción a todos los intereses patronales que el gobierno quiera resguardar de forma directa. 

 Esto es importante destacar debido a que la propia ministra señaló en declaraciones ante la prensa que no permitirán que “de ninguna manera un supermercado entregue alimentos porque eso genera un efecto de desorden”, por lo que en medio de un crecimiento de las necesidades sociales, la pobreza, la indigencia y el hambre, Bullrich se alista para reprimir reclamos alimentarios de vecinos y barrios enteros hundidos en la miseria. 

 La burocracia sindical cómplice y colaboradora para la aprobación de la Ley Bases y el avance del ajuste del gobierno le ha facilitado esta ofensiva antisindical al gobierno de Milei. 

 El mismo gobierno que violenta las garantías constitucionales de quienes se manifiestan pacíficamente extiende garantías excepcionales al capital privado para asegurar los negocios de los grandes capitalistas, poniendo de manifiesto toda la naturaleza de clase del Estado burgués. 

 Marcelo Mache

Preparemos la huelga general para derrotar a Milei y a toda la ofensiva capitalista contra las mayorías populares

Este fin de semana se desarrolla con presencia de delegados y delegadas de todo el país el XXIX Congreso del Partido Obrero. Desde la intervención de apertura del congreso partidario que se desarrolló en simultáneo con el acto por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de Javier Milei, el dirigente nacional del PO y diputado por la Ciudad por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, rechazó la convocatoria hecha por el presidente a gobernadores, miembros de la Corte, gremialistas y dirigentes para concretar el frustrado Pacto de Mayo, el 9 de julio próximo.

 Gabriel Solano expresó: “Es un acto de cooptación para con los sectores colaboracionistas que fueron a su salvataje el último 12 de junio, lo que le permitió obtener la votación favorable de la Ley Bases y del paquete fiscal, lo que representa un enorme golpe a los sectores populares”

 El XXIX Congreso del Partido Obrero se reúne este fin semana en la ciudad de Buenos Aires proclamó en su apertura, la presidencia honoraria para Jorge Fischer y Miguel Angel Bufano, delegados del gremio de la pintura en la empresa Miluz, asesinados por la Triple A hace 50 años, en 1974. 

 A continuación, abrió su intervención el dirigente Gabriel Solano refiriendo a la persecución que están viviendo el Polo Obrero y el Partido Obrero, denunció las maniobras y las difamaciones de la causa y destacó que los compañeros del Polo Obrero que debieron declarar ante el juez Casanello y el fiscal Pollicita, lo hicieron denunciando como extorsionador al gobierno, a su justicia y que sus declaraciones llenan de orgullo a nuestras organizaciones porque defendieron el derecho de los pobres luchar, a sostener su organización y a determinar en asambleas su funcionamiento. 

 En su informe político Solano dijo: “Es evidente que sectores de las fuerzas políticas gobernantes acuden a un rescate de Milei. Se pudo ver claramente durante la jornada del tratamiento de la Ley Bases tanto adentro donde se le dio el quórum y los votos a la ley como afuera donde la CGT no llamó a un paro y prácticamente abandonó la convocatoria. Mientras el gobierno opera en conjunto con la justicia para detener y acusar de golpe de Estado a estudiantes, trabajadores y activistas de los cuales aún 5 siguen detenidos injustamente. Es una profundización del ataque al pueblo trabajador y su disposición a luchar contra este gobierno.

"El triunfo en el Senado agrega elementos de disgregación importantes. Este es un gobierno inestable y los partidos que están llamados a ser su recambio aparecen en la escena más inestables aún. El radicalismo roto, igual crisis está viviendo el Pro y el peronismo aportando ministros y deserciones legislativas como las que se vieron tanto en la aprobación en general como en las votaciones particulares como al del RIGI. A su turno esta crisis atraviesa fuerte a la propia CGT que tampoco tiene condiciones para postularse para generar el recambio político. Son los intereses materiales de la oligarquías locales, de los sectores capitalistas en general, las que determinan las posiciones de los dirigentes de las provincias. El pueblo se enfrenta a un gobierno de ultraderecha en medio de una gran crisis de dirección” explicó Solano. 

 “Tomar deuda es un crimen, según decía Milei y cometió la proeza de incrementar la deuda pública en 65 mil millones de dólares. 18% de aumento en 6 meses y ahora se encuentra negociando más deuda con el FMI que se resiste a entregar lo que pretende Caputo. Luego está la emisión fraudulenta de monedas y la baja de inflación con recesión y atraso cambiario. Por su parte la burguesía agroexportadora puja por la devaluación de igual manera que lo hace el propio escenario internacional de caída de precios. Estas fuertes contradicciones económicas presentan todo tipo de dificultades y choques entre sectores de la propia burguesía. El cuadro internacional se agrava en momentos en que los choques comerciales y económicos entre los países imperialistas asumen la forma de guerras y amenazas de extensión de esas guerras como ocurre con Rusia y Ucrania apalancada por los países de la OTAN. El genocidio palestino, que nuestra organización repudia y combate, forma parte tambien de este guerrerismo imperialista que busca retener su poderío sobre mercados estrategicos.” 

 Por último agregó el dirigente nacional del Partido Obrero: “En este cuadro de situación nos disponemos a reafirmar nuestro apoyo a todas las luchas para enfrentar los planes de hambre y represión, a luchar por incrementar las fuerzas de los trabajadores que pugnan por una salida obrera y socialista a la crisis y a enfrentar los ataques del Estado en forma común con todas y todos los agraviados por la persecución y la represión mileistas.” 

 Prensa Obrera