Que la criminalización de la protesta impulsada por el dictador jujeño Gerardo Morales forma parte de una política represiva más general se confirmó el lunes por la tarde, con los palazos de la Policía de la Ciudad contra manifestantes en las puertas del Incaa. A su vez es comparable que así como la intensa movilización popular en Jujuy y en todo el país liberó a Sebastián Copello y Juan Chorolque, también los trabajadores de la cultura lograron echar a Luis Puenzo de su puesto como titular del instituto cinematográfico. De ambos ataques ha salido fortalecida la lucha contra el hambre y el ajuste.
Incluso el ministro Juan Zabaleta debió recibir a los representantes de las organizaciones de la Unidad Piquetera, y si bien sigue sin dar respuesta a sus reclamos el hecho desautoriza todo el discurso amenazante que tildaba a las acciones de lucha como una extorsión a la población. La intransigencia viene de parte del gobierno, cuya preocupación es aprobar la revisión del FMI que se realizará en mayo; o sea cumplir con esa verdadera y gran extorsión al pueblo argentino.
La respuesta llegó con una formidable movilización piquetera, que llevó hasta la Plaza de Mayo las reivindicaciones por trabajo genuino y la universalización de la asistencia social. Toda la perorata de oficialistas y derechistas contra el movimiento de desocupados debió remar ese mismo miércoles contra un dato que avala categóricamente los reclamos: la exorbitante cifra del 6,7% de inflación registrada por el Indec en marzo. Ha pasado así al centro de la escena política la pulverización de los ingresos de los trabajadores (reafirmado con otra estadística oficial, la que revela que en 2021 se desplomó la participación de los salarios en la economía nacional).
Como destaca el editorial de Eduardo Salas, el ministro Martín Guzmán se adelantó a la noticia en una entrevista televisiva para atenuar el impacto, pretendiendo mostrar que tiene la situación controlada y que la estampida de precios comenzará a menguar. Es la cobertura del operativo concertado con la burocracia sindical y las cámaras patronales para pautar paritarias cortas y descomprimir la presión, en vista de evitar una respuesta generalizada de la clase obrera.
Como fuera, quien echa leña al fuego es el propio gobierno. Ahora citó audiencias públicas para ejecutar el segundo tramo de un tarifazo en la luz y el gas, que instaurará además un mecanismo de aumentos permanentes hacia el futuro. Ello debe hacerse extensivo al impacto que tiene no solo sobre el bolsillo de los usuarios sino de toda la economía. El reciente compromiso alcanzado con los transportistas de granos después del paro que complicó el inicio de la cosecha gruesa, el cual incrementa el costo de los fletes, muestra que el encarecimiento de combustibles y el déficit energético es un factor de dislocación de la cadena productiva y de remarcaciones constantes.
Precisamente porque la inflación redunda en una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los capitalistas y el Estado, cuyos impuestos al consumo están por definición indexados a los precios mientras el gasto público se licúa, aparece como la carta principal para cumplir con las metas impuestas por el FMI. Por eso el programa incluye cláusulas que blindan al capital financiero de sus efectos, como sucede con las sucesivas subas de la tasa de interés que paga el Banco Central. Esto no solo es recesivo, sino que es usurario. Que el gobierno queda así como rehén de la banca lo revela la dependencia de los bonos atados a la inflación para lograr financiar al Tesoro.
Es por este motivo que el mal de la inflación solo puede combatirse realmente con un plan económico de los trabajadores, que se apodere de las palancas estratégicas del país y las ponga al servicio de un desarrollo nacional sobre nuevas bases sociales. Ese es el contenido del planteo de abrir los libros de las empresas de producción y comercialización al control obrero, de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y de la gran propiedad agraria y de la industria energética, y de terminar con el pago de la deuda externa fraudulenta. Un programa así requiere una posición de independencia de clase, que en Argentina solo puede ofrecer el Frente de Izquierda Unidad. Es el valor de la convocatoria a un gran acto para el Día Internacional de los Trabajadores.
Como el programa es indisoluble del sujeto que puede llevarlo adelante, desde el Partido Obrero hemos propuesto que esta instancia tenga como actores destacados a las principales luchas del momento, es decir que sea un acto contra el pacto con el FMI y con quienes lo enfrentan. Ello significa dar el lugar que merece al movimiento piquetero, que no por nada está en el centro de los ataques políticos, mediáticos y represivos. Lo hacemos en la perspectiva de la unidad de ocupados y desocupados, que el Polo Obrero pone en práctica cotidianamente, apuntando a una reacción de conjunto. Es la tendencia que anida en la huelga docente misionera o la mencionada movilización al Incaa; e incluso más allá la histórica masiva asamblea general del Sutna, tras años de defender el salario con métodos clasistas, y que con su elección de delegados paritarios en asamblea traza un ejemplo para todo el movimiento obrero. Es un contraste brutal con las entregadas de la burocracia en las recientes paritarias de la carne, en la UTA, entre otras.
Es el horizonte que se abre. Como escribió nuestro compañero Sebastián Copello tras recuperar su libertad, “meter en cana a quienes luchamos no calma ni el hambre ni la falta de trabajo”, y por eso “tenemos que apoyarnos en esta enorme victoria popular de la liberación para reforzar la lucha por todos los reclamos de la clase obrera ocupada y desocupada frente al ajuste”.
Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera.
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