Del 2004 a 2020 creció un 22% la matrícula privada y bajó un 9,1% la pública.
Según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), desde comienzos del 2004 hasta el 2020 la privatización de la enseñanza creció en hasta un 22%. Dado el permanente desfinanciamiento del sistema público, se viene consolidando en los hechos el avance de la privatización educativa. En las escuelas estatales, la matrícula cayó un 9,1% en el lapso. Esta cifra en franco ascenso solo se vio parcialmente interrumpida en los últimos años por la profundización de la crisis económica, que imposibilita a muchas familias a seguir pagando los precios de la educación privada. Pero advierte de una tendencia que se desarrolla cada vez más.
La crisis de la educación pública viene de larga data. Por décadas el sistema educativo ha sido un flanco de ajuste permanente bajo todos los gobiernos, lo que lo llevó a un cuadro calamitoso. Su expresión más trágica fueron las explosiones en escuelas de Moreno y Neuquén, en 2018 y 2021 respectivamente, dejando como saldo el fallecimiento de cuatro personas. Otras cifras del informe invitan a la preocupación. Por ejemplo, que en este mismo período de tiempo la matrícula en escuelas primarias cayó un 2,5%, cuando de 2010 a 2020 subió un 4,5% la población de entre 6 y 12 años. Es decir, hay cada vez más chicos que no solo abandonan el sistema escolar, sino que incluso nunca ingresan. La pandemia potenció todos estos problemas al punto en que al menos 1.5 millones de personas abandonaron sus estudios bajo la pandemia, donde el vaciamiento educativo se puso bajo la lupa con la falta de conectividad y dispositivos para cursar de manera virtual, un reclamo sin respuesta por parte de ningún gobierno.
El ajuste en la educación avanza sostenidamente, al punto en que este año hubo directamente un recorte nominal sobre el presupuesto ante una vuelta a la presencialidad plena en un contexto ruinoso. Esto lleva desde hace muchos años a familias trabajadoras del país a esforzarse en costear un colegio privado para sus hijos, atendiendo la evidente diferencia en las condiciones concretas de estudio en el día a día. Pero lejos de ser esto una mera consecuencia de la degradación a la educación pública, tiene su profundo correlato en los planes de los gobiernos que se han ido sucediendo de avanzar con distintas reformas educativas privatistas, buscando mercantilizar cada vez más el contenido pedagógico, habilitando a las empresas a interceder e incluso hacer negociados y poniéndole precio al derecho a la educación.
Por citar ejemplo, un hecho que va en claro sentido son las “prácticas profesionalizantes” del gobierno de Larreta en la Ciudad, que no son otra cosa que un régimen de pasantías sin remuneración que coloca a los estudiantes de las escuelas como mano de obra gratuita para las empresas. Pero en el mismo sentido se anotan el pase de contenidos curriculares a posgrados arancelados en las universidades, los convenios de las casas de estudios con empresas privadas, los intentos de virtualización potenciados en la pandemia o las readecuaciones de los contenidos a las necesidades del mercado. El hecho de que la educación privada goce de enormes subsidios mientras se machaca a la pública es un hecho testigo. El pacto con el FMI, no obstante, traerá nuevos ataques a la educación pública en este sentido. No solo acentuará el ajuste fiscal sobre las erogaciones del área, sino que incluso viene con mayores ofensivas privatistas bajo el brazo, hecho reconocido por Sergio Massa cuando se jactaba de avanzar en tal sentido ante el Council of the Americas en agosto del año pasado.
Esto coloca a las claras que la educación del país demanda una transformación social de fondo para romper con la orientación capitalista predominante. Y el primer paso es, valga la redundancia, empezar por romper su telón de Fondo. El pago de la deuda externa es uno de los principales artífices de la degradación y la privatización educativa. A su servicio fue que todos los gobiernos esquilmaron el sistema público, mientras que intentaron conscientemente también avanzar con reformas privatistas reclamadas una y otra vez por el capital financiero y los acreedores del país. Desconocer esta estafa nacional es, ante todo, la primer parada. Necesitamos conquistar una educación al servicio de los intereses populares, y eso sólo podrá lograrlo la deliberación y la movilización de estudiantes, docentes y el conjunto de la comunidad educativa.
Manuel Taba
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