En declaraciones a Infobae (29/03), Marra explica que el plan de acción del movimiento “no es el de una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital”. Luego, en una entrevista en La Nación, amplió: sus ´brigadistas´ harán seguimiento a los piquetes, avisarán de los programados, evaluarán los costos económicos que implican para “demostrar los daños económicos que hacen”, informarán qué organizaciones están involucradas y quienes “están detrás de los piquetes”, también acompañarán las demandas de quienes los sufren.
Es una iniciativa para poner en pie un servicio de inteligencia paraestatal, de carácter fascista, que actúe como soporte de las fuerzas represivas del estado para imponer el programa de ajuste que acordó el gobierno con el FMI.
Las “aclaraciones” libertarias de que el MAPA sólo se limitaría a una “militancia digital”, representa una maniobra para lograr el consenso necesario que luego impulse una “fuerza de choque” que seguramente reclutará entre las burocracias sindicales y los barras bravas con la siempre imprescindible connivencia de las fuerzas de seguridad.
Con esta iniciativa, los libertarianos buscan ganar la complicidad de los sectores sociales desmoralizados por la confusión y el engaño que propician los medios de comunicación, con la intención de naturalizar la “justicia por mano propia” bajo un manto institucional. Antes, Dos meses atrás, Marra había presentado un proyecto para prohibir las protestas y designar un “espacio particular” para los reclamos sociales, con un listado de argumentos como la afectación a la “libre circulación”, al “funcionamiento normal de los servicios públicos”, “el avasallamiento del derecho al trabajo”, etc., ha “evolucionado”.
Las primeras dificultades que van a encontrar Milei y el MAPA de Marra no están muy lejos de la vuelta a la esquina.
Pero estos argumentos, esgrimidos para impulsar el proyecto de ley y el antipiqueterismo, son un fraude, ya que promueve “la libre circulación” cuando ni siquiera alcanza el sueldo para pagar el transporte al trabajo, “el funcionamiento normal de los servicios públicos” cuando no hay cloacas, agua, luz, o cuando se produce el “avasallamiento al trabajo” que no tiene en cuenta que a pesar de trabajar el salario está por debajo de la línea de indigencia.
Un piquete, un corte, un acampe es la lucha por el al derecho trabajo, a la salud, a comer y a vivir. Estos métodos se han incorporado a la idiosincrasia del pueblo argentino y las sistemáticas acciones de lucha que se están desarrollando que son el preanuncio de una acción más general que requiere de una reflexión colectiva de la clase obrera.
Ante una crisis de características históricas, con 37,3% -o sea 16,6 millones de personas- por debajo de la línea de pobreza según el INDEC (en diciembre), una inflación incontrolable, tarifazos, confiscación de haberes jubilatorios, reforma laboral, acuerdo con el FMI y una guerra mundial, ameritan impulsar una huelga general. Los que están en los piquetes y los que los más sufren esta crisis necesitan abrir el debate y superar las direcciones burocráticas y contrarevolucionarias.
La crisis energética por falta de gas y gasoil, no sólo va a generar dificultades en la producción industrial y el agro, también el servicio domiciliario se verá afectado. Va a haber piquetes frente a las fábricas que suspendan, va a haber piquetes del transporte público por falta de gas oil, va a haber piquetes de productores agrarios, va a haber piquetes vecinales, por crímenes de distinta índole, por falta luz, gas y agua. Por eso lucharemos para poner en pie un gran Congreso de la clase obrera que denuncie estos proyectos reaccionarios y elabore un programa socialista.
Gustavo Merle
06/04/2022
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