El gobierno pretende morigerar el descontento popular frente a la inflación galopante del primer trimestre 2022 anunciando medidas que son “pan para hoy y hambre para mañana”. Por un lado, tenemos el lanzamiento del bono por única vez dirigido al grupo poblacional con menos recursos, y, a su vez, la promesa de gravar -también de manera extraordinaria- a aquellas empresas que hayan aumentado exponencialmente sus ganancias como consecuencia de la guerra. Lo que aparecería como una forma de redistribuir el ingreso de manera más justa, es en verdad el intento de ocultar que los salarios de los trabajadores se desploman día a día en beneficio de un puñado de capitalistas.
Una “redistribución” trucha, recetada por el FMI
Desde la Casa Rosada, Alberto Fernández ratificó la propuesta de Guzmán de enviar al Congreso un proyecto para aumentar la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias (hoy en 35%) en el caso de las empresas que hayan pegado un salto en sus utilidades, no como resultado de alguna inversión adicional sino como consecuencia de la guerra desatada entre Rusia y Ucrania. Sumado a lo improbable de su aprobación, dado que Juntos por el Cambió manifestó que votaría en contra, el propio ministro se encargó de aclarar que el gravamen en cuestión será completamente inocuo.
Por un lado, solo se verán afectadas aquellas firmas cuyas ganancias superen los $1.000 millones anuales, y, en palabras de Guzmán “en 2021, tan solo el 3,2% alcanzó esa cifra”. A su vez, “habrá otros criterios como que la ganancia tuvo que haber aumentado de manera significativa en el año 2022 respecto del ejercicio anterior”, y, “si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor”. Lisa y llanamente una gota en el océano en función de ahorrarse la aplicación de medidas más de fondo que verdaderamente afecten a los pulpos que lucran trasladando los altos precios internacionales de las materias primas que exportan al mercado interno.
El planteo de subir por única vez la tasa de Ganancias a una porción mínima del empresariado no tiene nada de “redistributivo”; el propio FMI recomienda “elevar los impuestos a las empresas para capturar el ‘exceso de ganancias’” (La Nación, 19/4) como oportunidad de recomponer las cuentas fiscales de cara al dislocamiento de la economía por los efectos de la guerra, para que los Estados puedan jugar un papel en el rescate del capital en crisis. Guzmán se hace eco de la receta con el objetivo de cumplir con las metas fiscales impuestas por el organismo, cuando se topa con dificultades como la disparada de subsidios energéticos. Una receta que, sin embargo, no está exenta de choques con ciertos sectores de burguesía que se verían involucrados en el nuevo tributo, como por ejemplo la agroindustria.
El discurso de utilizar lo recaudado para mitigar la pobreza no puede ser más pérfido. Es la política oficial la que ensancha la renta capitalista, que nada tiene de “inesperada” si tenemos en cuenta que el gobierno no modifica un ápice el dominio privado del comercio exterior, ni siquiera toca las retenciones de insumos claves de la industria alimenticia como el trigo y el maíz, por lo cual es responsable de que la renta agraria se la apropie un puñado de monopolios y que los precios internacionales impacten de lleno en el país.
Más aún, el oficialismo es artífice de la escalada inflacionaria, con su política fondomonetarista de tarifazos, naftazos y devaluación de la moneda, mientras promueve topes a los salarios a través de acuerdos con las cámaras patronales y la burocracia sindical; es decir, es el primero en propiciar las rentas extraordinarias y en valerse de la inflación como medio para transferir ingresos desde el bolsillo de los trabajadores al de los capitalistas y el Estado. Luego de semejante confiscación que ha hundido en la pobreza a nuevos sectores, nos ofrece una “aspirina” que de ninguna manera recompondrá la constante pérdida salarial a la que nos condena.
Lo que hay es más explotación obrera
La prédica oficial sobre “distribución del ingreso” carece de seriedad teniendo en cuenta que lo que impera es un aumento de la tasa de beneficio de las patronales, que no reside en el desarrollo técnico ya que lo que prima es una huelga de inversiones, sino en una mayor tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Varios informes apuntan en esa dirección: en primer lugar, según la Cepa, el costo laboral (sueldos y cargas patronales) en la facturación de algunas empresas líderes (Arcor, Molinos, Aluar, entre otras) retrocedió del 13,3% en 2020 al 12,2% promedio en 2021.
Al mismo tiempo, los datos de la Celag arrojan que “entre 2020 y 2021 la masa salarial en Argentina aumentó 42 por ciento, los precios escalaron 52 por ciento y la ganancia empresarial, 75 por ciento” (Página 12, 16/4). En ese sentido, el Indec acaba de publicar que, mientras la participación de los salarios en la economía se redujo un 4,86% entre 2020 y 2021, la participación de los empresarios creció un 3,84% en el mismo período.
El “aportecito de los ricos” que pregona Guzmán, entonces, busca encubrir esta realidad, donde la extensión del trabajo precario y la miseria salarial que promueve el gobierno, en acuerdo con las patronales y la burocracia sindical, redunda en una apropiación cada vez mayor por parte de los capitalistas del valor creado por los trabajadores durante su jornada laboral, dando como resultado que estos últimos ni siquiera lleguen a cubrir sus necesidades básicas con la remuneración que reciben mientras los primeros amasan fortunas.
La impostura se agrava si reparamos en que el gobierno se apresta depredar el erario público para rescatar la hipoteca usuraria con el FMI ajustando al pueblo, lo cual no le impide posar de salomónico con la limosna proveniente del gran capital presentándola como un acto de justicia.
Plan de lucha, que la crisis la paguen los capitalistas
Con todo, necesitamos dar paso a una salida obrera y popular, donde el financiamiento del Estado recaiga íntegramente en la clase capitalista, a través de un impuesto progresivo y permanente al gran capital -junto con la eliminación de impuestos regresivos como el IVA-, y la economía se reorganice en un sentido social mayoritario por medio de la nacionalización bajo control obrero de la banca, el comercio exterior y la industria energética. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son la esencia de este programa que impondremos en las calles. Mientras tanto, luchemos por recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores exigiendo un salario mínimo igual a la canasta familiar y aumentos salariales indexados a la inflación.
Sofía Hart
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