Muchas veces las coincidencias no son meras casualidades. Mientras en Argentina asistimos a un ataque coordinado contra el movimiento piquetero, superando toda grieta entre el gobierno y la oposición derechista desde Juntos por el Cambio hasta los supuestos “libertarios” del Milei, los vientos de rebelión popular conmocionan a un Perú gobernado por el dirigente campesino Pedro Castillo. Hay un estrecho vínculo entre el nerviosismo que desata la masiva lucha piquetera en la clase gobernante de nuestro país y las tendencias a los estallidos sociales que vienen sacudiendo América Latina.
Las detenciones ilegítimas de los dirigentes piqueteros Sebastián Copello del Polo Obrero y Juan Chorolque del MTR 12 de Abril en Jujuy es la avanzada de una criminalización de los luchadores que reclaman al unísono los voceros del ajuste. La causa armada a medida de la política represiva del gobernador Gerardo Morales, acusando a los compañeros de atentar contra el derecho a la circulación y de resistencia a la autoridad, apunta en los hechos a judicializar toda manifestación. Es un acto de amedrentamiento que fue respondido como se debe, con movilizaciones en todo el país, empezando por la propia Jujuy y la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.
Políticamente, esta ofensiva está amparada ya en el “apriete” al movimiento piquetero por parte del propio ministro Juan Zabaleta, es decir del destinatario de los reclamos del imponente acampe piquetero que colmó por 48 horas la 9 de Julio con réplicas en todas las provincias del país. Fue el titular de Desarrollo Social quien los acusó de extorsionar a la población, lo que en parte es desmentido por el hecho de que finalmente recibió a una delegación de la Unidad Piquetera y se comprometió a evaluar respuestas a sus demandas.
Algo similar vale para Horacio Rodríguez Larreta exigiendo una baja masiva de programas sociales para todos aquellos que corten calles, en sintonía con la “halcona” Patricia Bullrich y de los facistizantes Javier Milei y Rodrigo Marra. Al coro, como no podía ser de otra manera, se sumó el represor oficialista Sergio Berni. Esta política de sanciones contra los desocupados que se organizan y movilizan también se apoya en el accionar del gobierno nacional, que dejó sin ingresos a las familias de los acusados de provocar incidentes en el Congreso cuando se aprobaba el pacto con el FMI, violando incluso el principio de presunción de inocencia.
Otro punto de confluencia es la exigencia de Milei de que todos los planes sociales sean pasados a la órbita de los municipios, que se valdrían de ellos -como ahora- para cubrir sus tareas con mano de obra baratísima. Un respaldo a la cruzada del ministro Zabaleta contra las organizaciones sociales, en favor de los intendentes pejotistas. Así los que se precian de “libertarios” buscan golpear las agrupaciones independientes de los desocupados a base de reforzar el poder de regimentación estatal en manos de los más podrido de la casta política, como son los barones del conurbano.
Como editorializa Gabriel Solano, tamaña clarificación política es mérito de la lucha a fondo contra el hambre y la desocupación que despliega el movimiento piquetero, que barrió con toda la demagogia tradicional. Apunta también que “el salto en la campaña contra el movimiento piquetero es directamente proporcional a la impotencia que demuestran todos los bloques políticos para ofrecer una salida a la crisis nacional”.
Esto es palpable cuando asistimos a una inflación explosiva, siendo que incluso antes de acelerarse ya más de la mitad de los trabajadores ocupados percibía un salario promedio que no llegaba a cubrir dos tercios de la canasta básica. Es notable que en este cuadro la única política real en que insiste el gobierno es reunir periódicamente a las cámaras patronales con la burocracia sindical de la CGT y las CTAs para fijar techos a las paritarias. Esto luego de que la estampida de los precios hundiera a la vista de todos los aumentos del 45% en cuotas que ya fijó para el salario mínimo y la paritaria docente nacional.
Lo mismo puede decirse de las acusaciones de Larreta a las familias que acamparon en la 9 de Julio de utilizar a sus hijos “como escudos”, porque se despachó afirmando que estos “deberían estar en la escuela” cuando sostiene un ajuste a la educación que agrava un déficit en los colegios porteños de 50.000 vacantes. Para más, se muestra preocupado por la escolaridad de los menores cuando avanza en una reforma laboral flexibilizadora del Estatuto Docente. Empalma con la demagogia del ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyk, que busca imponer a los educadores una hora más de trabajo cuando ni siquiera garantizan condiciones para sostener las cuatro ya curriculares.
Es una hipocresía similar a la que vimos estos días con el inicio del tratamiento de la modificación a la Ley de Alquileres, que acordaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Diputados. Alegan una profunda crisis habitacional ante la cual fracasó la norma en cuestión, con aumentos de hasta un 184% en el Gran Buenos Aires en lo poco que lleva de vigencia, para proceder a una serie de concesiones al capital inmobiliario que clama por una liberalización del mercado. Echan leña al fuego de la crisis social, mientras apuntan sus cañones contra quienes luchan contra la pobreza y por un trozo de tierra donde vivir.
Lo que asusta a todas las formaciones políticas de la burguesía es que la masividad y contundencia de la lucha piquetera augura que la implementación del ajustazo pactado con el Fondo Monetario traerá un ascenso de la conflictividad social. Esta “unidad antipiquetera” se mira en el espejo de la rebeliones latinoamericanas que se sucedieron en el último período, y que ahora se vive en un Perú donde se vuelven insoportables las subas de los combustibles, los alimentos y de los fertilizantes para las masas campesinas. Allí los piquetes, motivados inicialmente por los trabajadores de las ramas de transporte, se expanden por todo el país tras haber hecho recular al gobierno de Castillo, quien en solo horas tuvo que dejar sin efecto el toque de queda que había dispuesto sobre Lima y El Callao. Son los tiempos que corren.
El meollo de la preocupación de los partidos del régimen es que en el movimiento piquetero se han topado con una vanguardia de decenas de miles que se organizan de manera independiente de los punteros del Estado y deliberan en forma abierta cada acción a seguir. Es sintomático que incluso el kirchnerismo, que dentro del gobierno posa de crítico al acuerdo finalmente con el FMI -aunque sin plantear nunca un rumbo alternativo-, evite cualquier iniciativa de movilización. Intentan resguardarse como carta última de contención, mientras siguen integrando el elenco de ajustadores con puestos claves como ejecutores del robo a los jubilados o los tarifazos.
El punto es que la lucha piquetera es una veta para que se abra un curso de intervención decisiva de los trabajadores en la crisis. Por eso el gobierno, la burocracia y las patronales asisten con tanta histeria a las negociaciones salariales, en medio de un desmadre inflacionario que aviva el descontento de las bases obreras. Es todo un dato que con eje en la defensa del salario la lista Negra del Sutna haya revalidado su puesto de dirección clasista con una aplastante victoria en las elecciones de delegados de base en las fábricas del neumático. En el fondo, el temor de los capitalistas quedó patente en el artero ataque al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por haberse desempeñado como asesor legislativo de la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña, ya que finalmente expresa el potencial de que la izquierda revolucionaria se erija como una dirección política de los explotados ante la convulsiva etapa que se viene.
Vaya si hay motivos para un gran acto del 1 de Mayo convocado por el Frente de Izquierda Unidad y las luchas en curso. Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera
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