Los bonos “excepcionales” (sic, Guzmán) representan el 3% de ese despojo, o sea, unos 2.000 millones de dólares. Como los destinatarios del "beneficio" son los jubilados y desocupados, es bueno comparar qué ocurrió con sus ingresos en relación a los del fisco, sólo durante el último año. Entre abril de 2022 y 2021, la jubilación mínima subió un 47%, y el salario mínimo un 52%. Recordemos que la “movilidad jubilatoria” también sirve de referencia para el ajuste de las asignaciones por hijo, y el salario mínimo para el de los planes “Potenciar Trabajo”. Pero, ¿cómo evolucionó la recaudación del fisco entre un año y otro? Como un indicador de lo que ocurrirá en el 2022, digamos que en los primeros tres meses de este año la percepción de impuestos creció un 59% (ver AFIP, estadística tributaria). Esos mayores ingresos estuvieron fogoneados por la inflación –que impacta directamente sobre la recaudación de los impuestos al consumo- y la recuperación económica que tuvo lugar después del COVID. En la comparación entre lo que recaudó el gobierno y lo que le pagó a sus “beneficiarios”, los jubilados recibieron 12 puntos porcentuales menos de lo que ingresó el Estado, al igual que los niños que cobran la AUH. Los desocupados, por su parte, cobraron un Potenciar Trabajo que se ajustó un 7% por debajo de los ingresos de la AFIP. La política fiscal y social, por lo tanto, fue regresiva en torno de la meneada “distribución del ingreso”. Medida en dólares, con la diferencia entre lo recaudado y lo pagado a jubilados, desocupados y AUH, el Estado se embolsó 3.000 millones de dólares en 2021, un 50% más de lo que piensa pagar con el paquete “redistributor” que anunció en el día de ayer. En definitiva: no necesita la “renta inesperada” resultante del aumento de los precios internacionales a partir de la guerra, porque cuenta con la “renta esperada” que aportará el ajuste entre ingresos fiscales y gastos sociales ya perpetrado a lo largo de 2021.
Por eso mismo, el anuncio de Guzmán sobre la “renta inesperada” resultó difuso y dilatorio. Concebido como parte del impuesto a las ganancias, no será de cobro inmediato y estará además sujeto a las manipulaciones contables del gran capital, el cual, en sus diferentes fracciones, ya ha salido a atajarse con las “pérdidas inesperadas” que atribuyen a la suba de sus insumos, como combustibles o fertilizantes. A pesar de la emergencia generada por la carestía galopante en los alimentos, el gobierno ha renunciado a medidas urgentes y compulsivas sobre el capital, el cual está ingresando divisas muy por debajo de su actividad exportadora.
Los anuncios oficiales excluyeron aumentos de salarios públicos o privados. El gobierno sólo pretende atajar la deliberación que crece en los sindicatos con el adelanto de paritarias y la promoción de acuerdos cuatrimestrales. Pero el adelanto puede terminar siendo un tiro por la culata de las pretensiones oficiales y patronales; primero, porque la carestía de estos meses refuerza el planteo de un fuerte aumento inicial para reponer la pérdida salarial acumulada; segundo, porque ninguna paritaria “corta” alcanza para compensar una inflación del 6-7% mensual: en cuatro meses sin aumentos, un salario de 80.000 pesos acumula una pérdida de 20.000 pesos, la cuarta parte del haber mensual.
Con los anuncios, Fernández-Guzmán creen haber colocado un paño frìo sobre la crisis social, de un lado, y sobre la división del gobierno, del otro. No van a conseguir ni uno ni el otro objetivo. Los tarifazos en puerta se van a devorar a los “bonos” de ocasión, y al cristinocamporismo no lo mueve la degradación social y salarial, sino su futuro político y judicial. El paso sin pena ni gloria de los “bonos por única vez” acentúa la crisis política y la necesidad de una respuesta obrera.
Marcelo Ramal
19/04/2022
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