Los dichos de Alberto Fernández vinieron a colocar nuevamente a la luz pública el hecho de que el Estado Nacional, y todos los partidos que han gobernado, sostienen una política de negacionismo deliberado en relación al genocidio de la población indígena en la Argentina: un genocidio fundacional para el Estado. El Estado nacional se puso en pie, en efecto, sobre la base de tres matanzas indiscriminadas: la guerra del Paraguay, la conquista de la Patagonia y la conquista del Chaco. Llevadas a cabo en un lapso de 15 años, las tres matanzas fueron piedras angulares del desarrollo del Estado nacional argentino. Si Fernández pudo hablar jocosamente de que “los Argentinos vinimos de los barcos”, obviando la existencia de la población indígena, es porque la negación de este genocidio fundacional se ha transformado en una política de Estado tan hondamente, que no provoca el rubor que generaría escuchar un mandatario Alemán hablar jocosamente del holocausto.
Los métodos de la conquista del Chaco fueron fieles precursores de los de la dictadura de Videla. O, más vale, la dictadura le hizo honra a sus precursores, la generación fundacional del ejército nacional. El cacique Cambá, en el Chaco, terminó sus días resistiendo el avance del ejército en 1884. Su cabeza fue cortada y colocada en una lanza, obligando a los indígenas cautivos a desfilar y reconocer su muerte. Fotheringham, coronel de campaña que cuenta este episodio en su biografía “Vida de un soldado”, califica este final como “un hermoso fin de campaña” (página 574). Satisfecho, relata que el efecto fue tal que “muchos años después, a la vista de una partida de soldados huían cientos de indios”.
Los soldados del Ejército nacional narran en numerosos episodios como tomaron por trofeos los genitales o las orejas cortadas de los indígenas asesinados. La técnica para reducirlos incluyó someterlos por medio del hambre. Dice Benjamín Victorica en su “Campaña al Chaco”: “Difícil será que las tribus se reorganicen luego del escarmiento sufrido (…) Privados de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza en la forma que la hacen que denuncia a las fuerzas su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades”. La campaña de Victorica se produjo “en la margen izquierda del Teuco”, la zona del interfluvio, el ingreso al impenetrable, hasta hoy, una de las zonas mas pobres del país, donde habitan comunidades qom.
El objetivo de estas matanzas fue la proletarización forzosa de la población indígena para ir a trabajar como mano de obra barata en los ingenios, los obrajes, los algodonales o las tanineras. La oligarquía salteña, jujeña y tucumana se benefició ampliamente de esta política. Luego lo hizo el imperialismo, que explotó el tanino mediante el latifundio y la instalación de decenas de fábricas que exportaban a todo el mundo un producto elaborado por población semiesclava. La contraparte de esta proletarización fue el reparto latifundista de la tierra, organizado por el Estado, base de la gran propiedad de la tierra que alimentó luego el ciclo de explotación del tanino y el quebracho.
Las matanzas continuaron. Bajo el gobierno radical de Alvear, se produjo la matanza de Napalpí, contra un supuesto “malón”, que en realidad era una protesta emergente contra las condiciones esclavistas de explotación de las comunidades indígenas. Cerca del pueblo de Quitilipi. La matanza de Napalpí incluyó no solamente una persecución y asesinato en masa de la población indígena, sino además su entierro en fosas comunes, que fueron exhumadas décadas después en el marco de las investigaciones que sacaron a la luz el episodio.
Las fosas comunes también fueron la característica de la masacre del pueblo Pilagá, en 1947, bajo el gobierno de Perón, ordenada por el ministro del Interior Ángel Borlenghi, proveniente de la burocracia sindical y exsocialista. La matanza del pueblo Pilagá fue retratada en la película “Octubre Pilagá” que rescata los relatos de la comunidad que sufrió dicha matanza llevada adelante por el Ejército.
O sea, el genocidio tuvo una continuidad directa en las matanzas llevadas adelante por los dos principales partidos de la burguesía nacional en la Argentina. Y tuvo, por supuesto, su correlato en la expropiación de la tierra, del agua, del monte, habitado originalmente por las comunidades indígenas, tanto en la Patagonia como en el Chaco.
La continuidad de esta explotación es un hecho cotidiano para todas las comunidades indígenas de la Argentina. Los qom de Formosa sufren la opresión del régimen de Insfrán que asesinó a dos integrantes de la comunidad La Primavera que defendían sus tierras en 2010. En el Chaco, el dirigente indígena Florentín Díaz fue asesinado por el gobierno de Capitanich en 2013. Otro dirigente indígena, perteneciente a la organización Originarios en Lucha, Martirea López, fue asesinado en una causa hecha pasar por suicidio y nunca investigada. El gobierno de Cristina Fernández avaló todo lo actuado por sus gobernadores. La Cámpora participó en forma directa del desalojo del acampe qom en 9 de Julio y Avenida de Mayo, en 2010.
El macrismo continuó esta política con el asesinato de Santiago Maldonado y la demonización del pueblo mapuche, respaldando las ocupaciones de tierras de los Benetton y otros terratenientes en la Patagonia. Y luego con el asesinato de Rafael Nahuel, de un tiro por la espalda, por parte de la Prefectura, en un crimen que sigue impune.
Alberto Fernández, frente a Pedro Sánchez, recogió una tradición de todas las fuerzas políticas que han gobernado el país. La población indígena sigue teniendo las peores condiciones de vida en la Argentina. La mayor parte de ella sigue sin educación intercultural y bilingüe, sus lenguas siguen sin ser reconocidas como tales por el Estado nacional y su cultura sigue siendo aplastada por los gobiernos nacionales y provinciales. La cooptación de “referentes indígenas”, los “reconocimientos”, las reparaciones históricas, las recepciones en la Casa Rosada a ciertos y contados referentes, en nada alteran esta realidad de fondo.
La organización de los pueblos originarios por sus reclamos, como parte de la población trabajadora más explotada y precarizada del país, para luchar contra el peso de esta opresión histórica del Estado capitalista en la Argentina, es una tarea fundamental, que se entrelaza inevitablemente con la necesidad de terminar con este estado y este régimen social responsables del genocidio indígena.
No se arregla con una disculpa en twitter.
Juan García
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