“No vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras… si llegan serán enviados de vuelta”, amenazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a Guatemala, parte de una gira que también la llevó a México y con la que el gobierno de Joe Biden busca contener las migraciones masivas.
En abril de este año, Estados Unidos expulsó a 111 mil Chile: tercera ola y sistema sanitario colapsado personas que cruzaron su frontera sur, valiéndose de una norma instaurada por Trump y preservada por Biden, que con el pretexto de la pandemia los devuelve incluso antes de que puedan pedir asilo. Fue en el marco de un mes récord de arribos, con 178 mil, el más alto desde abril del 2000 (El País, 11/5). Ya en el mes de febrero, alrededor de 70 mil personas fueron devueltas en caliente. Tanto republicanos como demócratas comparten la responsabilidad por las deportaciones masivas. Vale recordar que el expresidente Barack Obama fue bautizado como el “deportador en jefe”, por las más de 2 millones de expulsiones que hubo bajo su mandato.
En el caso del nuevo presidente norteamericano, ha combinado la dureza en la frontera con un proyecto limitado de reforma migratoria para regularizar la situación de once millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Básicamente, otorgaría una residencia temporal y abriría un incierto período de cinco años en el que estos podrían obtener la residencia permanente (green card). Pero el texto en cuestión se encuentra dormido en el parlamento. Y en nombre de la necesidad de un consenso con los republicanos, la iniciativa podría quedar restringida -en caso de que prospere- a los dreamers (jóvenes que llegaron al país de niños), que apenas son cerca de un millón.
Guatemala
Con este marco, Harris, puesta al frente del problema migratorio, visitó Guatemala y México. En el país centroamericano, donde formuló la cita ya mencionada, se reunió con el presidente Alejandro Giammattei y acordaron que la Patrulla Fronteriza norteamericana entrenará a agentes de la Policía Nacional Civil en asuntos migratorios. Asimismo, prometió gestionar inversiones que ayuden a resolver las causas de las migraciones, es decir, la miseria y la inseguridad que golpea a los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador). Estas naciones tienen tasas de homicidios de las más altas del mundo y se ven desoladas por el narcotráfico y las bandas criminales.
Aunque Guatemala recibirá ahora algunas decenas de millones de dólares, el grueso de la ayuda estará condicionada (el gobierno ha prometido hasta 4 mil millones en fondos). Estados Unidos no da puntada sin hilo y todo desembolso deberá ir de la mano de un reforzamiento de su influencia en la zona. En este país, el imperialismo patrocinó desde 2006 una comisión anticorrupción (la CICIG) con el propósito de monitorear a los gobiernos y promover un clima de inversiones amistoso para los yanquis. Esto ha generado recurrentes tensiones con las camarillas mafiosas que gobiernan el país centroamericano. Bajo el período de Jimmy Morales, se puso fin al mandato de la CICIG.
Harris le reclamó a Giammattei que se respete a la Fiscalía Especial contra la Corrupción Institucional (FECI), un organismo surgido de la CICIG que aún está en pie y con el que el mandatario guatemalteco ha chocado en varias oportunidades. Asimismo, se ha creado una nueva fuerza “anticorrupción”. Estados Unidos se muestra dispuesto a trabajar con el gobierno derechista guatemalteco, pero busca disciplinarlo. La perorata sobre la transparencia es su coartada para ir afianzando posiciones.
En la conferencia de prensa conjunta de Harris y Gammattei, el presidente guatemalteco recibió cuestionamientos por la corrupción en el país, e incluso la propia vice, por sellar compromisos con el mandatario. El rechazo a la corrupción fue uno de los elementos de las grandes movilizaciones populares que reclamaron el año pasado la salida de Giammattei, en el curso de una de las cuales ardieron las instalaciones del parlamento. Además, el pueblo movilizado rechazó entonces el congelamiento presupuestario en educación y salud. Y miles de indígenas arribaron a la capital guatemalteca desde todo el país para luchar por la caída del gobierno.
Vía México
En México, Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificaron una alianza antimigratoria que ya data de los tiempos de Trump. El encuentro entre la vice y el líder mexicano viene precedido por un reforzamiento del despliegue militar (y de la Guardia Nacional) en la frontera sur mexicana, en marzo, con el propósito de taponear la migración centroamericana. Ese mes, México duplicó las detenciones de migrantes (Reuters, 12/4).
En esta ocasión, Harris-AMLO dispusieron formar un grupo para compartir información de inteligencia entre los dos países. En otro orden de cosas, definieron un encuentro bilateral para septiembre (DEAN, Diálogo Económico de Alto Nivel) con el propósito de profundizar la relación entre los dos países. Con la ratificación del T-MEC (tratado de libre comercio de América del Norte) por parte de López Obrador, México acentuó su subordinación al imperialismo norteamericano.
El imperialismo es el mayor responsable de la estampida migratoria, dado que apañó las dictaduras y gobiernos que hundieron la región en las últimas décadas. En su cruzada contra la población que huye desesperadamente y viaja en condiciones infrahumanas, el gobierno norteamericano impone un régimen despiadado en su frontera y apela tanto a gobiernos derechistas (Guatemala) como “nacionales y populares” (México) como sus gendarmes.
Es necesario defender el derecho al asilo y promover la unión de los migrantes y los trabajadores mexicanos y norteamericanos en una lucha contra el capital y sus gobiernos.
Gustavo Montenegro
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