Contra lo presupuestado originariamente, el gobierno nacional se vio forzado a aumentar las erogaciones de fondos para atender la crisis social y alimentaria que desencadena su política ajustadora. Lo que es presentado como una política de “asistencia integral” son solo parches y medidas limitadas, arrancadas por la lucha o que apuntan a mejorar la imagen del gobierno de cara a las próximas elecciones.
Una reciente nota de Clarín resalta que el gobierno lleva ejecutado el 64% de los fondos presupuestados para la estratégica cartera de Desarrollo Social, totalizando unos $161.294 millones, o lo que equivale a $948,7 millones por día (Clarín, 19/6).
El 90% de estos recursos va destinados a dos programas: la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo. El Estado lleva gastados $90.387 millones (79,1% de lo presupuestado) en políticas alimentarias y $60.115 (53,6%) millones en programas sociales. Considerados como números absolutos estaríamos ante un incremento de ambas partidas, pero no todo lo que brilla es oro.
El universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar viene de ser ampliado recientemente, principalmente con el reconocimiento de los hijos de hasta 14 años. Sin embargo, según datos del Indec la Canasta Básica Alimentaria tuvo un aumento del 53,4% interanual, mientras que el importe para el caso de un solo hijo ($6.000) se mantuvo congelado y para el supuesto de dos o más niños solo aumentó un 33,3%, llegando a unos $12.000.
Para el caso del Potenciar Trabajo, hoy abarca a unos 868.000 trabajadores precarizados, un 54% más de los inscriptos en abril del 2020 (560.000). Se trata de una ampliación de unos 300.000 beneficiarios ante un crecimiento de la pobreza que se calcula en unos 3 millones de nuevos pobres y en un porcentaje más que ínfimo respecto a los 9 millones que cobraron tres ediciones del IFE.
En este sector, la permanencia en el programa Potenciar Trabajo no ha redundado en mejoras en el reconocimiento de derechos laborales ni previsionales. Incluso gran parte de las nuevas incorporaciones se financian con el “ahorro” del Estado por medio de la inflación (ajuste), recortando el poder adquisitivo de estos trabajadores precarizados, que cobran la mitad de un salario mínimo de indigencia.
Mucho ruido y pocas nueces
Un informe del Consejo Nacional de Coordinación de Política Sociales menciona la existencia de 140 programas de asistencia del Estado, pero el número no debe impresionarnos: solo un puñado de ellos concentra algo de presupuesto real para considerarlas con alcance nacional. De entre ellos, la Tarjeta Alimentar lidera el podio por amplio margen.
El gobierno nacional se esmera en anunciar regularmente nuevos lanzamientos, programas y medidas, todas las que no pasan de una “buena” política publicitaria ya que los programas estructurales del Estado están sometidos al mismo ajuste que el conjunto de la economía de los trabajadores.
Es el caso del bono de $6.000 anunciado por Daniel Arroyo para los Potenciar Trabajo, luego de la convocatoria a un plan de lucha de las organizaciones piqueteras, desde donde insisten que el monto es insuficiente debido a los magros ingresos del programa. Además reclaman por el aumento de las provisiones alimentarias a los comedores populares, donde la demanda ha aumentado exponencialmente.
El gobierno se ve obligado a largar lastre como fruto de la lucha de los trabajadores precarizados y desocupados y también como política de contención y control de daños ante las próximas elecciones. Pero cuenta con la contradicción de hacer los deberes ante el FMI, en medio de la negociación de la deuda externa.
La proliferación de programas de distinto orden intenta disimular el desbarranque social de este gobierno: el gobierno gasta más, circunstancialmente, pero los trabajadores reciben menos. El movimiento piquetero combativo levanta la bandera del seguro universal al desocupado, por arriba de una canasta básica de $64.445, junto a medidas de fondo como el no pago de la deuda externa, un plan de obras públicas y trabajo genuino y salario igual a la canasta familiar.
Marcelo Mache
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