Este viernes, el gobierno firmó un acuerdo de compra de vacunas contra el Covid-19 con la empresa Cansino Biologics, de origen chino-canadiense, por su vacuna Ad5-nCoV o Convidecia, su nombre comercial. El que sea de monodosis es conveniente para el gobierno, ya que está en campaña por reducir lo máximo posible los gastos implicados en la vacunación, como lo es la logística detrás de la distribución y la aplicación de las dosis. Además, cuadra perfectamente con un esquema de vacunación que, de hecho, ya es de “monodosis”, considerando que solo 3 millones de personas recibieron la segunda inoculación requerida. Su eficacia alcanza un 67% en los cuadros moderados o sintomáticos y un 95% para los graves, pero esta se reduciría a los 6 meses, según algunos estudios.
Como es costumbre, desde el Ministerio de Salud no dieron precisiones sobre cuantas dosis se compraron, cuánto pagaron ni cuándo llegarán, así como evitaron hacerlo con el resto de los laboratorios con quienes firmaron contratos confidenciales. CanSino Bio tampoco fue invitado a exponer en el Congreso acerca del acuerdo con Argentina, como sí convocaron a otros al inicio de la semana, en una sesión que fue un completo fraude en tanto los laboratorios se ampararon en la confidencialidad y secreto comercial de los contratos, y otros tantos faltaron, como AstraZeneca.
Al poco tiempo que el gobierno nacional comunicó la transacción, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó en conferencia de prensa que el gobierno de la CABA está en tratativas por la misma vacuna. Lo mismo ocurrió hace una semana en la Provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof prometió una “lluvia de vacunas” provenientes del laboratorio indio Bharat Biotech. Ninguno de estos acuerdos tiene fecha de entrega, sino que se reducen a promesas de campaña electoral, en vistas de que las dosis hoy se convierten en votos tanto para el oficialismo como para la oposición.
Vale la pena recordar que el gobierno nacional decidió no comprar 8 millones de vacunas de Pfizer a través del mecanismo Covax, supuestamente porque no había garantía en las fechas de entrega. Los nuevos acuerdos firmados o prometidos demuestran que en realidad rechazó el acuerdo con el laboratorio estadounidense para “ahorrar” 60 millones de dólares y destinarlos al pago de la deuda externa que mantiene con el FMI y distintos acreedores. Al Fondo ya le entregó 601 millones de dólares solo en el 2021. Para el gobierno el ajuste prima por sobre cualquier cosa, incluida la defensa de la salud de la población.
Larreta y Kicillof no son los únicos encarando un intento de compra. La legislatura de Córdoba autorizó ayer a Schiaretti a obtener vacunas por fuera de las que envía Nación, y hay al menos 3 provincias más gestionando negociaciones: Jujuy, Santa Fe y San Juan. Estas gestiones, además de estar íntimamente relacionadas con la proximidad de las elecciones, revelan la descentralización del sistema sanitario y la falta de un plan nacional integral de vacunación por parte del gobierno de Alberto Fernández.
Solo en mayo los fallecimientos aumentaron un 32%, lo que resulta casi contradictorio si se tiene en cuenta que en dicho mes arribaron más vacunas que en todo el año. Pero se entiende si ve observa que la ocupación de camas UTI aumentó 50% en 30 días, que aproximadamente el 65% de los pacientes internados fallecen y que existe todo un universo de infectados que no consiguió cama producto del colapso sanitario. Esta improvisada política sanitaria se ha cobrado más de 80 mil vidas. Muchas de esas muertes eran evitables si se acondicionaba el sistema sanitario y se preveía la llegada de una segunda ola más letal, como ocurrió en los países del hemisferio norte previamente.
Contra todo criterio epidemiológico, el gobierno no dudo una vez más en prorrogar el decreto de necesidad y urgencia que estableció el pasado 22 de mayo, el cual aplicó restricciones que no sirvieron para bajar los casos ni las muertes.
La centralización del sistema de salud habría sido una buena salida para la crisis sanitaria, pero el gobierno y el Ministerio de Salud (en ese entonces a cargo de Ginés González García) disiparon cualquier idea similar una vez que los privados hablaron. Además, choca directamente con el ajuste del gobierno, en este caso en salud, ejemplificado en el recorte del 10% dentro del presupuesto 2021. Este presupuesto fue una guía también para las empresas de la medicina privada, que con el aval del gobierno utilizaron la pandemia para profundizar el vaciamiento del sector y cerrar varios centros de salud.
También es cierto que hace más de un año que se están llevando adelante investigaciones acerca del posible desarrollo de una vacuna en organismos de investigación nacionales, los cuales no han recibido la financiación suficiente para avanzar rápidamente en tener una vacuna de desarrollo y producción estatal. Finalmente, el gobierno se ampara detrás del eslogan de la campaña de vacunación “más grande de nuestra historia” pero no pone los recursos necesarios para vacunar a los 45 millones de habitantes del país.
Es por eso que la centralización planteada por el Partido Obrero incluye también a los laboratorios e institutos de investigación de todo el país, de manera que se ponga todo el conocimiento de los científicos y la tecnología para el desarrollo de una vacuna propia, además de luchar por la liberación de las patentes para que se pueda poner en pie una producción masiva bajo control de la clase obrera.
Lucía Cope
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