Desde distintos sectores sociales, e inclusive medios de comunicación, parece haber un intento de borrar de la memoria colectiva un hecho tan importante como el golpe de estado cívico militar del año 73.
Los 27 de junio de cada año parecen ser un día común, sin grandes actos conmemorativos que recuerden el aniversario del comienzo de la dictadura y de la huelga con la que los trabajadores la enfrentaron. No se trata de un hecho casual, se pretende cubrir con un manto de olvido las atrocidades que cometieron los militares contra los trabajadores y también la responsabilidad política que tuvieron integrantes de los partidos que hoy se encuentran en el gobierno para que los acontecimientos se dieran de esa manera.
Una variante de esta posición es la que propone entender el golpe como una consecuencia del accionar de la guerrilla del MLN, es decir que en todo lo que hicieron los militares (con apoyo de sectores civiles) caso fue una simple respuesta a las acciones de los tupamaros en los años previos.
Con la huelga general sucede algo parecido, se intenta minimizar su significado y presentarla como una acción popular que solo intentaba defender la democracia.
Como trasfondo de todos estos intentos de deformación de la historia se encuentra el ocultamiento del ascenso obrero y popular que en Uruguay (al igual que en otros países de Latinoamérica y el mundo) ponía en jaque al capitalismo y abría las posibilidades de una profunda transformación social
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El ascenso obrero de los 60 y 70
El golpe que se consumó en junio del 73 no fue hecho azaroso.
El Uruguay no fue la excepción en un panorama regional y mundial de ascenso obrero, revoluciones y rebeliones contra los colonialismos, así como de auge de luchas por los derechos civiles y democráticos.
El mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esas décadas en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el planeta.
El golpe fue el corolario de un avance represivo que en nuestro país comenzó con las Medidas Prontas de Seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60.
La supresión de garantías constitucionales apuntaba a enfrentar el creciente proceso de movilización que los trabajadores y el pueblo uruguayo llevaban adelante para enfrentar los ataques sobre las condiciones de vida que intentaban descargar los gobiernos blancos y colorados.
La relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo.
Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y ascenso, que en perspectiva abrían la posibilidad de romper con el imperialismo y avanzar cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.
Las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.
La huelga general enfrenta la naciente dictadura
El golpe abre un periodo en que se implementan cambios económicos regresivos que disminuyen drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares (trabajo, salud, educación) y a la vez promueven mayores ganancias empresariales y una mayor injerencia imperialista y de las multinacionales.
El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en que los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura.
En la noche que se decreta la disolución de las cámaras y la imposición del gobierno de facto de Bordaberry y las fuerzas armadas, fueron la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, y sectores populares quienes se opusieron al golpe.
Con gran heroísmo las bases obreras (pese a las vacilaciones de la dirección de la CNT) ocupaban sus lugares de trabajo, resistían la proscripción de los sindicatos y sufrían detenciones masivas de sus principales dirigentes y activistas.
El movimiento estudiantil acompañó la Huelga con movilizaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas y que le costaron la vida a dos estudiantes, Ramón Peré y Walter Medina.
La Huelga duró 15 días en los que la clase obrera dio enormes demostraciones de valentía y disposición a la lucha. Pero la dirección mayoritaria de la CNT (hegemonizada por el Partido Comunista) no desarrolló todo el potencial de ese gran movimiento dispuesto al combate y renunció a postular a la clase obrera como sector social que podía convertirse en hegemónico entre las clases subalternas para derrotar el golpe militar.
Esta alternativa podría haber abierto la posibilidad de profundizar el cuestionamiento del orden burgués y llevar a cabo un cambio revolucionario.
El 12 de Julio la dirección de la CNT decidió levantar la medida llamando a resistir “por otros medios”.
Esta posición era la continuidad de la política de confianza en un sector de los militares considerados “patriotas” o “peruanistas” (como ya habían hecho en ocasión de los comunicados 4 y 7 de los militares de febrero), lo que llevó al movimiento a un callejón sin salida, y que permitió en definitiva que la burguesía infringiera una derrota física y moral a toda un generación y una relación de fuerzas favorable a los sectores reaccionarios de la sociedad.
Por otra parte, los “demócratas” de la burguesía lejos de resistir el golpe de Estado en las calles, demostraron su cobardía no solo frente a los militares, sino también frente a la movilización popular, a la que en todo momento observaron temerosos.
El interés de estos sectores era que nada se saliera de los carriles de la negociación y el respeto a las instituciones de la democracia para ricos.
La dictadura cívico militar
La derrota de la huelga, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario.
Decenas de miles de presos y exiliados, asesinatos políticos y desapariciones durante el gobierno cívico militar es el costo que pagaron los trabajadores en la resistencia a los planes antipopulares.
Los que implementaron este modelo socioeconómico así como los que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos hoy están libres gracias a la impunidad que les garantizó el régimen político desde el Pacto del Club Naval en adelante.
El aparato represivo no fue desmantelado y lo esencial de toda esa estructura se mantiene hasta el día de hoy.
El Golpe de Estado de Junio fue apoyado por las grandes patronales nacionales y extranjeras, entre ellas la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cámara de Industrias del Uruguay.
Todas estas instituciones reaccionarias, sumadas a algunos sectores de la Iglesia y a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales (Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión Cívica) promovieron que los militares dieran la asonada.
Vale recordar que ya desde antes, en el gobierno de Jorge Pacheco, los partidos tradicionales sostuvieron la política represiva de éste, la instauración sistemática del régimen de excepción a través de las medidas prontas de seguridad y la declaración del estado de guerra interno en 1972, medida que fue votada por el parlamento y apoyada por los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales.
El golpe fue el punto cúlmine de esta política represiva, que a sangre y fuego se propuso detener el ascenso obrero y popular y el exterminio de toda una generación que luchaba por terminar con el capitalismo.
Fue también la respuesta que tuvo el imperialismo a nivel regional, por eso se suceden los golpes en Chile, Argentina, Bolivia y otros países y se expresa en la coordinación represiva del Plan Cóndor.
Ayer y hoy políticas represivas
Con distintos gobiernos y a lo largo de las décadas podemos observar una continuidad en las políticas represivas que lleva adelante el Estado.
El capitalismo no se sostiene sin represión; a veces más descarnada y cruda como cuando los militares dieron el golpe de estado o a veces más sutil y con ropajes democráticos como en estos últimos 35 años.
En los 60 y 70 la represión tuvo como cometido el aniquilamiento de los militantes trabajadores y estudiantes que estaban al frente de las luchas populares y resistiendo con una perspectiva anticapitalista el ajuste que en ese momento se quería implementar.
Hoy, detrás de la consigna de mayor seguridad, se quiere imponer la mano dura y la represión como “solución” a los problemas que genera el propio régimen social.
Grandes sectores de excluidos están en el foco de todos los mecanismos de control social que dispone el Estado, desde las leyes penales hasta las fuerzas represivas; y en mayor o en menor medida todas las variantes del régimen proponen cárcel, condenas más largas y más castigo para aquellos que quedan en los márgenes del sistema.
En los próximos años los ajustes tenderán a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores; con el aumento de las fuerzas represivas y las leyes más duras también el régimen se prepara para enfrentar a los que como en los 60 y 70 opongan resistencia.
La lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado, los torturadores y genocidas libres son señales de que se intenta preservar al aparato represivo y reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad, para poder recurrir a ellos cuando vuelva a ser necesario.
Este nuevo aniversario del golpe de estado se da en un contexto en que el gobierno de la Coalición Multicolor, formado por los impulsores directos de la ley de caducidad e incluso de los que reivindican el accionar represivo estatal de los 60 y 70, promueve tácita o explícitamente el olvido y el perdón para los crímenes de lesa humanidad, y a la vez propone un claro avance represivo en el presente con la Ley de Urgente Consideración, sus operativos policiales y sus políticas de criminalización de la pobreza, como ha sucedido en estas semanas en el Barrio San Miguel de Santa Catalina.
A movilizarnos este 27 de junio
Esta es la lucha en que nos encontramos hoy, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, contra la impunidad de ayer y de hoy y contra el nuevo avance represivo que se intenta imponer.
Hoy, ante el fallecimiento del torturador y asesino más despiadado de Uruguay, José Nino Gavazzo, debemos salir fuertemente a las calles a seguir gritando MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.
A pesar de las múltiples condenas Gavazzo estuvo preso en cárcel vip o en su propia casa y gozó de múltiples privilegios; la lucha es también por cárcel común para los genocidas, que los asesinos, violadores y torturadores de la dictadura no sigan muriéndose impunemente, y que paguen por los crímenes que cometieron.
La Izquierda Diario Uruguay convoca a marchar este domingo en recuerdo de aquellos hechos, junto a la Coordinadora 27 de junio, a partir de la hora 13, desde la Explanada de la Universidad hacia la Embajada de Estados Unidos.
La Izquierda Diario Uruguay
Sábado 26 de junio | 15:09
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