El antecedente inmediato de este debate fue la quita que hizo Alberto Fernández, decreto de por medio, de un punto de coparticipación para aumentar los salarios de la policía de Kicillof. Recordemos que en 2016, en el momento que se realizó la transferencia de la policía a la CABA (20.000 efectivos de la Federal), Macri llevó la coparticipación de 1,4% a 3,75%. Por si quedaba alguna duda sobre el recorte que produciría Larreta, luego de una posible sanción de esta ley, Santilli señaló en los distintos medios que los 65.000 millones de pesos que la Ciudad deja de percibir sería el 88% del presupuesto de salud, la construcción de 217 escuelas primarias, 13.000 viviendas nuevas en “barrios populares” o la construcción de 475 kilómetros de cloacas y pluviales. La referencia de estos recortes a futuro, donde también entrarían patrulleros, da un indicio de la orientación social del ahorro al cual estaría siendo sometida la población trabajadora de la Ciudad.
Pero el problema no pasa simplemente por denunciar una pelea entre ajustadores. Lo que se debate de fondo, y de forma, es la imposición del FMI el cual exige que el conjunto de la economía nacional se debata en la Cámara de Diputados, incluido los vencimientos y reestructuraciones futuras de la deuda contraída con ellos. No se trata entonces de establecer un signo igual a los debates que precedieron el destino de los fondos de coparticipación nacional sino que lo que se encuentra en juego es establecer una unidad nacional o en mejores palabras “un consenso fiscal” alrededor de la orientación que garantice el pago de la deuda, jurisdicción local y extranjera. Porque en última instancia, el problema del 1 o 2 % de la coparticipación que reclama Larreta se puede arreglar con la sesión de los terrenos del ferrocarril para los emprendimientos inmobiliarios, entre ellos los denominados “playón ferroviario Palermo” o playón ferroviario Caballito”. Es por esto que en la misma sintonía, la Corte Suprema de Justicia decidió en las últimas horas frenar el reclamo de Larreta para que el gobierno nacional le restituya fondos de la coparticipación hasta tanto no exista una sanción definitiva en el Congreso a la ley que ya obtuvo media sanción ayer. El tribunal superior que definirá el destino del “ahorro nacional” será el FMI y no la corte suprema como pretendía Larreta. El acuerdo de los supremos y las supremas en sacarle el cuerpo a este debate está a medida de una estrategia más general.
El impasse que se ha abierto alrededor del debate presupuestario profundiza todas las contradicciones que atraviesa el régimen político. La idea de que el gobierno nacional haya potenciado la figura de Larreta en una futura polarización rumbo al 2024 es una pretensión de largo y difícil alcance que pasará por distintas crisis, “tres años es un siglo”. Las bravatas de Wado de Pedro o Máximo Kirchner contra Larreta son la expresión de un régimen que encontró todos los límites a la hora de discutir una política de autonomía nacional para el destino del ahorro de todas y todos los argentinos.
El debate de los distintos presupuestos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires tiene que servir a los trabajadores para establecer un debate más general sobre que clase social tiene que dirigir el destino de la economía nacional. En momentos que se acelera la fuga de capitales y este régimen destina el “superávit comercial” para sostener el pago de los intereses de la deuda, la lucha por las reivindicaciones inmediata son la guía de primer orden para establecer el debate de la lucha por un gobierno de trabajadores.
Lucas Benvenuto
02/12/2020
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