El nuevo crimen social contra los jubilados plantea una huelga general

La introducción sorpresiva de un artículo en el proyecto de la nueva fórmula de movilidad previsional que estipula que el 5% de aumento dictado por decreto en diciembre será tomado “a cuenta” del reajuste correspondiente al primer trimestre de 2021, ha desatado una indignación feroz – mayor que la que precedió al ‘empalme’ de Macri en diciembre de 2017. Inevitablemente, ha creado una fisura entre el oficialismo y los aliados que lo han acompañado en la liquidación de las jubilaciones y el saqueo del Fondo de Anses. El ajustador Roberto Lavagna lo consideró inaceptable. Claudio Lozano, director del Banco Nación, denunció lo que el gobierno que él apoya no intentó disimular - que los jubilados perderán un trimestre de aumento, ya que el 5% en cuestión será absorbido a título de “adelanto” por el reajuste correspondiente al primer trimestre del año próximo. 

 De aplicarse este “empalme”, los 18 millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales serán víctimas de una nueva confiscación. La ´reforma´ del macrismo -que difirió un semestre la movilidad-, representó un manotazo de 64 mil a 100 mil millones de pesos. Apenas asumido, el gobierno FF suspendió aquella fórmula -que hubiera significado un incremento en las jubilaciones del 42% el último año- y la reemplazó por aumentos sucesivos por decreto, acumulando una depreciación de 10 a 20 puntos respecto de la evolución de los precios. La nueva fórmula que impulsa el gobierno no prevé piso ni garantía de que los incrementos acompañen los aumentos de precios. 

 Los previsionalistas anticiparon una catarata de juicios contra el Estado, que se sumarán a los más de 250 mil que ya se tramitan en los tribunales por mala liquidación o actualización de haberes – cuyas sentencias, además, se ejecutan a cuentagotas. El ex presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS), Luis René Herrero, calificó al “5% a cuenta” como “ilegal e inconstitucional” y acusó al gobierno de aplicar ´doctrina cavallista´ (Clarín, 1/12). Recientemente, un fallo de cámara de la ciudad de Paraná declaró inconstitucionales los aumentos por decreto. De aprobarse el proyecto de “aumento a cuenta”, el Congreso legislaría en forma retroactiva, en perjuicio de los jubilados. El propósito declarado de este robo es “acompañar un proceso de desindexación de la economía”, según un reza un texto del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto. 

 Para los millones de jubilados que cobran la mínima de 19 mil pesos y para los millones de desocupados y precarizados que sobreviven con las menguadas prestaciones asistenciales del Estado, se trata de un crimen social. 

 El desfalco a los jubilados se produce cuando los sindicatos del aceite y de recibidores de granos han votado una huelga indefinida para arrancar el pliego de reclamos que han presentado en la paritaria con los pulpos agro-exportadores. También cuando médicos y personal de salud de Ciudad y Provincia llama a huelgas y movilizaciones para esta semana. La gravedad de lo que ocurre con los jubilados y el sistema de previsión social, plantea el llamado a una huelga general. 

 Jacyn

 01/12/2020