La resolución que permite a policías y gendarmes pedir documentos porque sí refuerza la criminalización de la población trabajadora y pobre. Un proceso que lleva muchos años y varios gobiernos.
La justificación, expresada en las resoluciones 845 del Ministerio de Seguridad y 595 del Ministerio de Transporte, es aportar al “mantenimiento del orden y la tranquilidad pública”. Nada más alejado de la realidad. Sobre todo viniendo de una verdadera garante del crimen organizado y de la violencia estatal como Patricia Bullrich.
El tema es de una gravedad mayúscula, toda vez que la orden de mandar a policías federales, gendarmes y prefectos (al menos en una primera etapa de aplicación de la resolución) a pedir el DNI a quien se les ocurra, con la sola justificación de que hay una “sospecha” de que la persona requisada puede ser un “ofensor en tren”, decreta lisa y llanamente que todas las pasajeras y todos los pasajeros son sospechosos de haber cometidos los delitos que a ellos se les ocurra.
La idea de los ministros Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich invierte “la carga de la prueba” y es violatoria de un principio elemental del sistema constitucional: que todas y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Ahora es al revés: si te para la Policía y te pide documentos, vas a tener que cumplir con la orden. Si te negás, apelando a derechos constitucionales o usando cualquier otro argumentos elemental y democrático, corrés el riesgo de ser acusado en el acto de “resistencia a la autoridad” y que te detengan. Una locura.
No importa si por perder esos valiosos minutos a la subida o a la bajada del tren perdés un presentismo, un turno médico o terminás llegando tarde a una cita importante. Eso a los criminales de uniforme ni les interesa.
El objetivo es claro: criminalizar a la población de conjunto, buscando los chivos expiatorios ideales para engordar estadísticas delictivas con las que justificar sus políticas represivas.
La resolución de los ministerios dice que “la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos’”. Una patraña.
Con ese mismo argumentos las libertades individuales más básicas podrían quedar totalmente suspendidas si es que se le ocurre a un ministro fascista o a un gobernante caprichoso que así se previenen delitos.
A su vez Bullrich y Dietrich anticipan que “a los efectos de la implementación de la presente, de ser necesario, se podrán coordinar acciones con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos organismos nacionales mediante la firma de convenios”.
¿Por ejemplo? La maldita Policía Bonaerense, experta en gatillo fácil, desaparición forzada de personas y armado de causas a inocentes. O la Agencia Federal de Inteligencia, un antro de delincuentes con licencia para cometer todo tipo de crímenes en secreto. O la misma AFIP, que con sus bases de datos saben hasta la ropa interior que usás.
¿Tan distintos?
La medida de Bullrich busca un golpe de efecto en medio de la campaña electoral. Y obviamente quienes “recogieron el guante” son los referentes del Frente de Todos, probables próximos gobernantes del país y de la provincia de Buenos Aires (en CABA la tienen más difícil).
Alberto Fernández cuestionó la resolución porque “se inscribe en una lógica de criminalización”, ya que se va “a las estaciones porque en los trenes viajan los pobres”. A su vez dijo que se trata de un “manotazo de último momento” del Gobierno que intenta “retener el voto” de “la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo”.
Sin embargo, como con casi todas las cosas, el seguro futuro presidente no dijo si va a anular inmediatamente la resolución de Bullrich una vez que asuma. No le costaría nada hacerlo. ¿O sí?
Por su parte el diputado Agustín Rossi agregó que esta medida “estigmatiza lo popular” y “condena penalmente la pobreza. Te van a pedir documentos y privar de la libertad por portación de cara”, dijo al tiempo que afirmó que se trata de un “infame retroceso solo comparable con la dictadura”.
Los cuestionamientos de Fernández y Rossi son mero oportunismo. Ambos integraron la gestión kirchnerista del Estado, caracterizada en temas de "Seguridad" por avanzar sobre derechos democráticos, en una línea argumentativa que ha tenido varios puntos de contacto con la gestión que lo continuó. A Macri le dejaron servida en bandeja una batería de normas y políticas implementadas desde el Ministerio de Seguridad que, en los hechos, habilitaron que se llegara a donde se llegó.
Desde las leyes Blumberg de 2004 y la Ley Antiterrorista de 2007 (“sugerida” por George Bush y acatada por Néstor Kirchner) hasta el crecimiento exponencial del gatillo fácil y la violencia institucional durante “la década ganada”, pasando por la misma creación de un Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010 tras los hechos del Parque Indoamericano (con muertos a manos de la Federal de Aníbal Fernández y a la Metropolitana de Macri), el peronismo kirchneristas avanzó varios pasos contra las libertades democráticas.
Si la Federal, la Gendarmería y la Prefectura hoy pueden implementar la medida “pensada” por Bullrich, es porque desde hace muchos años las estaciones, andenes y trenes están atestadas de esos efectivos. Y eso no lo hizo Macri. En todo caso lo profundizó, fiel a sus necesidades represivas en el marco de un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de la población.
Quienes aún no hablaron sobre el tema son algunos otros referentes del Frente de Todos, como Sergio Massa. ¿Dirá lo mismo que Fernández y Rossi? Dudoso, teniendo en cuenta que en su propio programa de Gobierno expresado desde 2013 (cuando se separó del kirchnerismo) figuran iniciativas como el desembarco del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las villas y barrios populares con la burda excusa de “combatir el narcotráfico”.
Vale recordar que el propio Massa, junto a Axel Kicillof y Verónica Magario, vienen bancando desde hace meses a Sandra Mayol, la intendente de San Miguel del Monte implicada directamente en los hechos conocidos como “la Masacre de Monte”, donde un grupo de criminales de uniforme atacaron a tiros un auto lleno de adolescentes, asesinando a cuatro de ellos y dejando malherida a una quinta joven. Allí queda demostrado de qué lado de la mecha están quienes demagógicamente se escandalizan por las medidas de Bullrich y sus secuaces.
¿Y qué pensará Sergio Berni, el exsecretario de Seguridad “estrella” de Cristina? Él, como se recordará, fue un claro expositor de la política criminalizadora de pobres, extranjeros y laburantes que reclaman sus derechos. Los federales, gendarmes y prefectos que hoy cumplen órdenes de Bullrich fueron en gran medida “formateados” por el xenófobo militar (excarapintada) que ocupó la Secretaría durante el gobierno “nacional y popular”.
¿De qué lado hay que estar?
En declaraciones a Página|12, la abogada de Correpi María del Carmen Verdú recordó que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas” que luego se generalizan. Y destacó que se trata de la “profundización al hiperextremo de la totalidad de herramientas de control que ya existían, dándole una vuelta de tuerca para masificarlas más”.
Como ya se dijo en este medio, son organismos como Correpi, la Comisión Provincial por la Memoria o el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) quienes se ponen a la cabeza de defender en serio a quienes son la “carne de canón” de estas medidas represivas del Estado. No son ni los diputados peronistas ni los candidatos que prometen pagar las deudas con el FMI.
En la propia resolución ministerial conocida esta semana, Patricia Bullrich desempolva el “caso Vera”, en el que se discutió la facultad policial para demorar personas para pedir DNI. Ese caso tuvo lugar en una estación de tren, precisamente, y llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que falló en favor de la Policía y dispuso que “no es inconstitucional” criminalizar a la población a través de estos métodos.
La Defensoría Pública porteña, acompañada por Myriam Bregman y Alejandrina Barry (CeProDH) y otros organismos de derechos humanos, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación buscando desandar el fallo de TSJ.
“El caso Vera sentó un precedente muy grave y hoy estamos viendo las consecuencias”, dijo entonces la diputada porteña Bregman, actual candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad.
Pero la Corte desestimó el recurso presentado por la Defensoría y los organismos, en lo que Bergman definió como “un gran desprecio por las libertades ambulatorias individuales”.
Este jueves Bullrich se hizo una escapada a la estación Retiro para dar inicio oficialmente al programa “Ofensores en trenes”. Allí buscó fotografiarse con efectivos de la Federal formados frente a los molinetes como para “atajar” pasajeros y portando planillas donde deberán volcar los datos que recaben.
Gloria Pagés, hermana de desaparecidos, miembro del CeProDH y del staff de La Izquierda Diario, pudo registrar el momento en el que los perros guardianes de Bullrich se alistaban para comenzar la cacería de “sospechosos”.
Alejandrina Barry, candidata a legisladora porteña por el FIT Unidad, llamó a “repudiar esta medida, no puede implementarse un virtual estado policial en las estaciones de trenes”. Y destacó que “esto refuerzan las facultades represivas de los efectivos, ya que queda a discreción de cada agente a quien detener solo por ‘sospecha’ de que podría haber cometido un ilícito. Y esto, como se sabe, recae siempre sobre los trabajadores y sectores populares, sobre todo de la juventud, que sufre la persecución policial sistemática por la sola razón de ser pobre”.
Daniel Satur
@saturnetroc
Viernes 4 de octubre | 14:14
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