La crisis de vivienda, otro motivo para nacionalizar sin pago la banca y ponerla bajo control de los trabajadores.
Los endeudados con créditos hipotecarios UVA, que indexan tanto las cuotas como la deuda total por inflación, salieron rápidamente al cruce del gobierno, denunciando el carácter inocuo y de “parche electoral” del congelamiento de cuotas anunciado de aquí a fin de año.
Antes que nada, los Hipotecados UVA pusieron en duda la propia implementación de la medida por parte del Ejecutivo, ya que “es la cuarta vez que hace un anuncio sin haber firmado nada” (Filo News, 16/8). Efectivamente, la crisis alrededor de las UVA, cuyo lanzamiento en 2016 fue acompañado con promesas de inflación anual del 5%, ha llevado a la multiplicación de promesas oficiales de salidas que no son tales.
Pero la disposición actual, incluso de aplicarse, supone el congelamiento por corto plazo de la cuota, manteniendo en pie el mecanismo confiscatorio de indexar las UVA por el costo de vida. Es decir que a partir de enero las cuotas llegarán con el aumento “suspendido” en estos meses.
Esto mientras las familias vienen sufriendo un gran retroceso de sus condiciones de vida y el endeudamiento con las empresas de servicios (y sus tarifazos) o en sus expensas, en aras de no dejar de pagar las cuotas hipotecarias y perder sus viviendas. En muchos casos sin siquiera posibilidad de decidirlo, por tratarse de cobros automáticos sobre sus cuentas salariales (lo que desmiente la cantinela oficial sobre el bajo nivel de morosidad de estos créditos). “Incluso hay gente que sacó nuevos préstamos para poder afrontar los gastos y están quienes directamente dejaron de pagar la cuota, lo que es un riesgo ya que a la tercer cuota sin pagar el banco puede avanzar en una ejecución”, señala Federico Wahlberg, integrante de los Hipotecados (ídem).
La medida tampoco abarca a la totalidad de los endeudados, sino a aquellos que accedieron a sus viviendas a través del Procrear (33 mil personas) o cuya propiedad valía al momento de la escritura menos de 140 mil UVA (alrededor de 60 mil personas). Deja afuera así a otras 50 mil familias.
Una denuncia clave es que la diferencia entre lo que aumentaría la cuota de estos meses y la cuota congelada sería cubierta por el propio Estado, que la transferirá a los bancos. El gobierno mantiene la política que ha tenido a lo largo de estos más de dos años de “crisis UVA” y parches gubernamentales, consistente en salvaguardar hasta el último centavo del negocio especulativo de los capitalistas bancarios –los mismos que vienen haciendo fortunas con la bicicleta financiera alrededor de los títulos públicos.
Tal orientación tiene también el planteo del oficialismo (de destino incierto) de destinar fondos en el presupuesto 2020 “para que podamos converger en un esquema que ajuste por salario hasta que se puede converger con el índice de inflación” –es decir, que los endeudados paguen según el coeficiente salarial y el Estado le financie a los bancos la diferencia con la inflación. En el mejor de los casos, tal medida representaría para los trabajadores que se mantenga el elevadísimo porcentaje de sus gastos que actualmente representan las cuotas.
La agravada crisis nacional pone al rojo vivo la cuestión de si la crisis será descargada encima de la población trabajadora, como viene ocurriendo sin pausa, o si la pagan los capitalistas que la han generado. Esta última es la salida que plantea, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, a partir de una gran movilización política de los explotados.
En el marco de esta orientación, la diputada Romina Del Plá presentó un proyecto de ley que condensa una salida en beneficio de quienes aspiran a una casa propia, a través de la anulación del sistema de créditos UVA, una fuerte reducción de las cuotas y el saldo total y la compensación por lo ya pagado a costa de los bancos –cuya nacionalización sin pago y su control por parte de los trabajadores se revela como una necesidad ineludible para un país en llamas.
Tomás Eps
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