Los curas Nicola Corradi (quien goza de la prisión domiciliaria por su edad) y Horacio Corbacho, junto al administrativo Armando Gómez llegan al banquillo por los abusos sexuales cometidos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza contra menores hipoacúsicos en un juicio histórico de repercusión internacional.
En 2018 otro de los acusados, el empleado Jorge Bordón, admitió 11 abusos logrando un juicio abreviado y tuvo una simple condena de 10 años de prisión. Otra beneficiada por la justicia fue la monja Kumiko que obtuvo la libertad bajo fianza millonaria (2 millones) que pagó la orden a la que pertenecía “Señora del Huerto”, con uno de los abogados penalistas más costosos de la provincia, Carlos Varela.
Este juicio es una conquista histórica de la lucha de los familiares y sobrevivientes del Próvolo en primer lugar. Como muestran los antecedentes, no es fácil llevar al banquillo del Poder Judicial a los curas abusadores protegidos por el derecho canónico y por supuesto también por el Estado clerical argentino.
Arrancar este juicio también tiene mucho que ver con aquel levantamiento de las personas con discapacidad contra el recorte de las pensiones y con la fuerza del movimiento de mujeres en lucha por el aborto legal, la educación sexual y la separación de las iglesias del Estado que ganó las calles, y siempre acompañó el pedido de juicio y castigo a los curas abusadores.
Este juicio tiene además una relevancia internacional, pues el cura octogenario Nicola Corradi fue recibido por el Arzobispado de Mendoza décadas atrás escapando de denuncias de abuso de Verona y La Plata.
En el primer día del juicio la defensa de los curas violadores y abusadores de menores, mostró su perversidad solicitando que los denunciantes vuelvan a declarar frente al tribunal, lo que fue rechazado por los abogados de la defensa (ONG Xumek), quienes solicitaron se respeten las declaraciones realizadas en cámara Gesell y se evite una revictimización institucional.
Ha sido clara la acción hostil del Arzobispado de Mendoza para con los sobrevivientes y familiares desde un principio, el modus operandi de negar las denuncias, desentenderse del conocimiento de los antecedentes de los acusados, entorpecer la investigación del caso, etc. Sin embargo, ante la presión social y el cuestionamiento a la Institución, días antes del juicio emitieron un comunicado en solidaridad con los sobrevivientes que fue rechazado por los mismos en todos sus términos por demagógico y falto a la verdad de sus acciones.
El instituto del horror contó con la complicidad estatal y de los partidos del régimen para lograr impunidad. Tal fue el salvataje del Intendente de Lujan de Cuyo, Omar de Marchi (PRO) que concretó la compra millonaria de los predios del Próvolo para trasladar allí el centro cívico del municipio.
Esta “burla” del gobierno la denunciamos ante la Fiscalía de Estado en su momento con Soledad Sosa, Nicolás Córdoba (concejal lujanino por el Frente de Izquierda-Partido Obrero) junto al abogado Carlos Lombardi. Pedimos el freno de la compra venta atento que advertimos una forma de rescatar el patrimonio del Próvolo perjudicando la futura indemnización de las víctimas en un juicio civil, también por entorpecer la investigación penal en los terrenos. Lo cual fue rechazado por la Fiscalía (Unidiversidad.com.ar, 13/9/18).
Una vez desatado el caso Próvolo por las denuncias de los valientes estudiantes, se suspendieron las clases quedando sin alternativas para continuar sus estudios porque los centros educativos hipoacúsicos, como otras discapacidades, están casi por completo delegados a instituciones privadas, con costos elevadísimos que las obras sociales no cubren en su totalidad, y para quienes no tienen obra social es casi imposible acceder.
El despojo a estos jóvenes en la provincia es llevado adelante sistemáticamente por los gobiernos que delegan la educación “especial” en la Iglesia Católica, que recibe subsidios millonarios por parte del gobierno de Alfredo Cornejo.
El FIT reclamó tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura provincial, con Soledad Sosa y Víctor da Vila, la expropiación sin indemnización del Instituto Próvolo y su estatización para reconvertir el lugar y favorecer la atención de los menores y demás demandas, lo que fue rechazado por los partidos del régimen aliados del clero.
Acompañemos a los sobrevivientes y familiares en este juicio histórico con una gran movilización política que favorezca la comprensión de la clase trabajadora de la necesidad de la separación de las iglesias del Estado, de la defensa de la educación pública contra las exigencias privatistas de los gobiernos fondomonetaristas. Para que se pudran en la cárcel común los curas abusadores y lleguemos hasta lo más alto de la jerarquía oscurantista.
Soledad Sosa y Nadya Ortiz Gazzo
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