La patronal promueve las golpizas contra quienes hurten
La ministra Patricia Bullrich ha erigido como política de Estado a la doctrina Chocobar por la cual se justifica y avala cualquier asesinato realizado por integrantes de las fuerzas de seguridad, así la víctima sea un anciano, un borracho indefenso o un niño -acaba de reivindicar al policía que mató de una patada a un hombre en el barrio de San Cristóbal.
Este cuadro de agresividad estatal, dirigido contra los sectores populares, tiene un buen imitador en el empresario Alfredo Coto. La muerte del jubilado Vicente Ferrer producto de la agresión de dos empleados del supermercado Coto del barrio de San Telmo, sacó nuevamente a la luz que esa patronal es otro ejemplo de generación de una violencia que se descarga, en primer lugar sobre los propios empleados y que puede terminar con la muerte de un cliente anciano cuyo único delito fue sustraer para su consumo tres productos de primera necesidad.
En Coto, los empleados están sometidos a una política patronal siniestra que incluye permanentes y duras sanciones que afectan los ingresos y pone en riesgo permanente el trabajo de los empleados. Si una sección no vende lo esperado por la patronal, los que trabajan en ella pueden recibir distinto tipo de penalidades que van desde la reducción del salario hasta el despido.
Otro tanto -y más grave aún- sucede si hay algún faltante de mercadería. El monto se le descuenta del sueldo a los empleados de la sección, que también pueden recibir otro tipo de sanciones hasta llegar también al despido.
Como los hurtos pueden ser algo de todos los días en los supermercados, la situación coloca a los empleados en un cuadro de tensión extrema por las consecuencias que estos faltantes suponen sobre sus salarios y la mantención de su fuente de trabajo.
La patronal no solo permite sino que impulsa que los empleados actúen con la fuerza que quieran a los efectos de detener a quienes realizan estos hurtos. La socióloga Paula Abal Medina, quien investigó durante años la perversión de la política de Coto, entre otras empresas, transcribe testimonios de empleados y ex empleados quienes describen las presiones y el vía libre de la empresa para que se torture (encierro en las cámaras frigoríficas) o golpee duramente a quienes se detenga robando dentro del supermercado.
Más allá de la pelea cotidiana contra los hurtos, la política de presiones y terror de Coto intenta convertir a sus empleados en una tropa defensora de los bienes de la patronal frente a una irrupción popular como sucedió en el 2001. Según los testimonios recogidos por Abal Medina, entonces la patronal “armó” con palos a los empleados para que “defendieran” la mercadería de la gente que ingresaba masivamente a los supermercados a llevarse comida.
Pero, el salto cualitativo lo dio en los años siguientes durante los cuales reunió un arsenal con armas y explosivos de tenencia ilegal, que estaba escondido en una sucursal de la cadena, para la “defensa” de la misma en el caso de “posibles saqueos”, según dijeron empleados de Coto a un periodista de la revista Crisis. Descubierto de casualidad, la sanción a Coto fue de una multa mínima.
Este cuadro de terror y de presiones internas es el que está detrás de la violencia desatada por el guardia y el empleado de Coto contra un jubilado (hay versiones de que tenía demencia senil) al que le provocaron la muerte.
Más allá de la responsabilidad directa en el asesinato que tiene los dos empleados, la culpabilidad de esta empresa negrera es inocultable. En la movilización a la puerta del Coto que realizaron ayer centeneres de vecinos el repudio y el reclamo de justicia por Vicente Ferrer, fueron dirigidos contra la patronal y el gobierno “de la doctrina Chocobar”.
Nelson Marinelli
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