Esta nota se apoya en parte en el informe presentado por el autor a las deliberaciones del XVII Congreso Nacional del PTS, así como a las intervenciones de distintos delegados que enriquecieron lo planteado inicialmente, y a la actualización realizada con los hechos ocurridos posteriormente al debate.
Partimos de una situación internacional donde continúan las tendencias a las crisis orgánicas en numerosos países y donde lo nuevo es la irrupción de acciones de masas, como vienen siendo los Chalecos Amarillos en Francia o las rebeliones populares en Argelia y Sudán; en América Latina la derecha viene avanzando pero sin dar derrotas de envergadura al movimiento de masas y con gran parte de sus gobiernos empantanados. Continúan las guerras comerciales y hay varios pronósticos sobre una desaceleración de la economía mundial para este año o el que viene, y distintos países, entre ellos el nuestro, que están al borde de generar una crisis de deuda.
Para pensar la situación política nacional es conveniente hacer un análisis previendo dos escenarios. Uno en el cual, a pesar de la crisis, el gobierno no se derrumba y logra llegar a las elecciones; y otro en el cuál la crisis se acelera y, por alguna vía, Macri cae antes de completar su mandato o, sin llegar a esto, renuncia a su candidatura y modifica el cronograma electoral para el recambio presidencial. En el primero de los casos, la situación debería pensarse en dos tiempos: uno el que va hasta las elecciones de octubre, y otro, más de mediano plazo, que tiene que ver con la perspectiva más general de lo que podríamos denominar el “régimen del FMI”. Desde ya que esta no es una división estanca y ambos escenarios pueden entremezclarse.
Hablamos de “régimen del FMI” en el mismo sentido en que durante los noventa podíamos señalar la existencia, con el plan de Menem-Cavallo, de un “régimen de la convertibilidad” que abarcó la gran parte de los gobiernos de Menem y los dos años de De la Rúa. O sea, de situaciones donde la economía y la política se desarrollan en medio de fuertes condicionantes estructurales a los que se amoldan las fuerzas políticas burguesas. En la actualidad, con uno de los desembolsos más grandes de su historia, de USD 57.000 millones, la injerencia del FMI en la economía local va más allá de cualquier gobierno “episódico”; es algo que difícilmente se quiebre o se modifique sin una irrupción decisiva del movimiento de masas o un salto en el carácter catastrófico de la crisis.
Los sucesivos fracasos del macrismo
Macri entregó al país al FMI a partir de una serie de fracasos. Cuando llegó al gobierno tenía el problema, para aplicar el conjunto de su plan, de que no llegaba en medio de una crisis catastrófica, como fueron la hiperinflación de 1989 y 1990 o la quiebra de diciembre de 2001, que llevara a la población a aceptar cualquier plan para salir de una situación insoportable. Por eso Macri no planteó en las elecciones de 2015 su real programa económico sino un planteo de “cambio light” o “cambio con continuidad”, como se lo denominó entonces. Mintió descaradamente con el fin de, una vez en el gobierno, tratar de ganar fuerza política para ir por la agenda real del gran capital. Con la victoria en las elecciones legislativas de octubre de 2017 opinó que había conseguido esa fuerza y lanzó su política de “reforma permanente”, pero se chocó con el movimiento de masas en diciembre de 2017.
Aquí se produjeron las acciones de masas más importantes de todo el ciclo macrista, las jornadas de lucha contra la reforma previsional del 14 y el 18 de diciembre, que aunque no lograron evitar la sanción de esa ley nefasta, apoyada por 23 de 24 gobernadores que firmaron el pacto fiscal que le da sustento, frenaron parcialmente el resto de la ofensiva macrista, en particular la reforma laboral flexibilizadora. Justamente este “frenazo” impuesto por la acción de masas es uno de los aspectos centrales que explica el golpe de mercado devaluatorio de abril de 2018, que lleva al gobierno al FMI al cortarse los préstamos de capitales privados a los que masivamente había recurrido en los dos primeros años de su gestión.
Con la complicidad de la burocracia sindical y los sectores de la oposición peronista, que le votaron todas las leyes en el Congreso, las masas sufrieron una caída sustancial en sus niveles de vida. Al calor de una inflación galopante se pulverizaron los salarios y las jubilaciones, mientras crecieron la desocupación y la pobreza. La deuda pública superó los niveles del 2001, con una proporción creciente de la misma emitida en dólares. Pero pese a la muy importante transferencia de riqueza desde el trabajo hacia sectores del capital más concentrado ocurrida en este período, lo hecho es solo una parte de la política que busca implementar la clase dominante. Como venimos denunciando, el FMI y los organismos internacionales son desde los ochenta factores activos para aplicar en los distintos países las “reformas estructurales” que se generalizaron durante el neoliberalismo. Dan préstamos impagables y a cambio de renegociar los vencimientos imponen la agenda neoliberal del momento, ordenando toda la economía de los distintos países en función del pago de la deuda a los acreedores externos.
En los noventa estas “reformas” tenían al tope a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos y de las jubilaciones y la flexibilización laboral, así como la apertura económica de los mercados locales. Hoy son una trilogía de contrarreformas: la previsional, para subir la edad jubilatoria y bajar los haberes; la laboral, para avanzar en la precarización del trabajo lo más que se pueda, con los sistemas tipo Uber o Rappi como amenaza general para ir logrando concesiones permanentes de las burocracias sindicales; la tributaria, para subir el IVA a los productos esenciales mientras se les bajan los impuestos a los ricos. En síntesis, aumentar la plusvalía que se le extrae a la clase trabajadora mientras se destinan porciones crecientes del gasto estatal hacia el pago de la deuda.
Es el combo de contrarreformas antiobreras que repiten como un mantra todos los gobiernos derechistas del continente bajo los auspicios de Donald Trump. Pero lo cierto es que los avances que han realizado esos gobiernos derechistas son aún parciales y, además, se encuentra empantanada la ofensiva golpista del imperialismo en Venezuela, que todos ellos apoyan fervientemente. Un derrumbe del gobierno de Macri y un fracaso del plan del FMI sería un golpe a la imposición de esta agenda antiobrera que, en sus lineamientos centrales, comparte el conjunto de las fracciones burguesas.
La coyuntura nacional y las turbulencias permanentes
Si nos centramos en el tiempo más coyuntural, Argentina está en una suerte de “arenas movedizas”, parafraseando el título de una de las series de moda, o cruzada por turbulencias permanentes. Esto hace a una situación política muy cambiante y dinámica, con escenarios muy abiertos.
Lo que hasta ahora ha mantenido a Macri no es el FMI en general, sino el papel que ha jugado el gobierno de Trump en el apoyo del Fondo a la Argentina. Le han hecho muchas concesiones. Primero, dándole uno de los préstamos más grandes en la historia del organismo. Segundo, a los dos meses de fracasado el primer plan, se lo renegocian rápidamente. Y tercero, le dan waivers todos los días, lo que se llama “perdones” en la jerga del FMI, revisiones parciales de los acuerdos planteados. No se olviden que el desenlace de la crisis de fines de 2001 se produjo ante la negativa del FMI a girar un desembolso ya pautado de apenas USD 1.500 millones, a iniciativa del gobierno norteamericano de entonces. Eso aceleró todavía más la fuga de capitales, llevó al corralito y terminó en la crisis que desembocó en el 19 y 20 de diciembre, llevando a la caída de De la Rúa y Cavallo.
Hoy la plata del FMI se usa para las subastas diarias de dólares, financiando la fuga de capitales. Al mismo tiempo vienen tratando de sostener el precio del dólar armando un gran negocio para los bancos que son las Leliq, con un rendimiento que supera el 100 % anual. Buscan que con tasas muy altas (que los bancos cobran por las Leliq y en menor medida pagan por los depósitos), en la ecuación “codicia/temor” de la que hablan los analistas, gane la primera. Sin embargo, esto cada vez parece funcionar menos, en particular desde finales de febrero, cuando se empezó a ver que la inflación, en vez de bajar, va subiendo. Y en marzo terminamos con precios aumentando un 4,7 %.
Desde un comienzo resultó evidente que las medidas anunciadas el 17 de abril son una suerte de “manotazo de ahogado” que no parece destinado a tener mayor efecto. Una intervención ultralight en la economía para tratar de contener la inflación y acordar con el FMI para fijar un tope en 51 pesos por dólar a la banda cambiaria.
El combo del “plan alivio” (término usado recurrentemente por Carolina Stanley en la conferencia de prensa donde presentó las medidas junto a Nicolás Dujovne y Dante Sica) buscaba tratar de contener en algo la inflación alrededor de congelar los precios de algunos productos (los 64 comprendidos en los “precios esenciales”) y servicios. En este último caso se trata de frenar lo que habían dado como ineludible, que era un nuevo salto en los aumentos de tarifas (aunque las programadas del gas y el agua van a mantenerse, pero no las de transporte y luz, y sin nuevas subas por fuera de las programadas, con un costo fiscal de $ 9.000 millones). Por último, los aumentos de los créditos a los que cobran la AUH y a los jubilados tienen mucho más de anuncio que de efectividad, más allá que muchos los pueden querer tomar para pagar las tarifas, que es para lo que se está endeudando una parte de la población a la que llegar a fin de mes se le vuelve cada vez más difícil.
Pero, como mostró la crisis de esta última semana con la suba del dólar y del riesgo país y la caída de los bonos de las empresas argentinas en Nueva York, el problema que tiene todo este plan es que no garantiza que el gobierno logre ninguno de los sus dos objetivos. Primero, evitar el derrumbe y llegar sin perder completamente el control de la economía a las elecciones. Y segundo, llegar con alguna expectativa de victoria a octubre, o más bien al ballottage de noviembre, un escenario cada vez más improbable para Cambiemos de mantenerse la candidatura de Macri.
Hoy estamos en una coyuntura con una crisis abierta, donde la fragilidad política del gobierno se retroalimenta con la de la economía, y donde cada vez más sectores de las patronales y de la propia coalición gobernante parecen dispuestos a bajarle el pulgar al proyecto reeleccionista de Macri antes de las elecciones. Es por eso que debemos prepararnos para la continuidad de los tiempos turbulentos y para saltos en la crisis, aunque por el apoyo de Trump y del FMI no pueda descartarse que logren llegar, aún en muletas, a las elecciones.
Este escenario de crisis es lo que lleva a la indefinición en cuanto a la conformación de las distintas coaliciones políticas burguesas y a los rumores sobre multitud de enjuagues políticos tan típicos de estas situaciones.
Lo que empuja las especulaciones hacia distintas variantes de “gobiernos de unidad nacional” antes o después de las elecciones es la constatación de que, tal como están los bloques políticos burgueses actuales (Cambiemos, el peronismo aliado a Cristina y Alternativa Federal), ninguno de los eventuales ganadores contará con fuerza propia en el Parlamento para implementar las medidas necesarias para cumplir con los pagos al FMI y los acreedores privados, los “nuevos buitres”. Sin embargo, como señalamos, nada está dicho y más allá de lo que hoy miden las encuestas, podemos ver realineamientos de distinto tipo.
El peso de la deuda eterna
La deuda pública es nuevamente el condicionamiento general de la economía argentina dentro del “régimen del FMI”. Hoy llega a USD 332.000 millones según el informe de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, a lo que debemos sumar unos USD 13.000 millones en cupones atados al crecimiento del PBI no contemplados en esta suma. Esa deuda es un 76 % en dólares, un cambio muy importante en la matriz de deuda generado en estos cuatro años. El kirchnerismo tenía una deuda de cerca de USD 225.000 millones, o sea que esta se incrementó en más de USD 120.000 millones, pero el perfil de la misma cambió: antes era mayormente en pesos argentinos y con deuda intra-Estado, donde le debían a Anses (y al Banco Nación, PAMI y otros organismos), por lo que el kirchnerismo estaba creando también una bomba, pero de otro tipo porque la deuda en dólares era débil. Lo otro que ha ido modificando Macri es a quién se le debe: aumentaron los pasivos públicos con acreedores externos privados y con los organismos internacionales FMI, BM, BID. Esto, lo que la jerga llama deuda “relevante”, se está acercando al 60 % de la deuda total.
Para tener una idea de la gravedad de la hipoteca, digamos que en el mandato del próximo gobierno, entre 2020 y 2023, hay que afrontar el pago de USD 160.000 millones; en promedio USD 40.000 millones por año. Esto es importante tenerlo en cuenta para confrontar los discursos facilistas de salida de la crisis que esgrimen el kirchnerismo y el conjunto de las variantes peronistas.
Tratando de defender que no es necesario romper con el FMI, como planteamos desde la izquierda, algunos sostienen que los pagos de la deuda podrían cubrirse sin profundizar el ajuste en base a una nueva suba de las retenciones a las exportaciones agrarias. Para que nos demos una idea de lo ridículo de este planteo, solo tengamos en cuenta que el total de las exportaciones argentinas viene siendo más o menos de USD 60.000 millones, incluyendo todo (agro, autos, minería, etc.). De este total, lo que exporta el campo alcanza a USD 28.000 millones. Es decir, que aunque hubiese retenciones al 100 % (lo que significa que los productores no reciben un peso), aún estaríamos lejos de los USD 40.000 millones… Con mucha suerte, con la reimplantación del esquema kirchnerista anterior, con la alícuota del 35 %, se llegarían a recaudar USD 9.000 millones. O sea que aún con los niveles de retenciones que los kirchneristas reivindican, pagar la deuda (que es lo que los kirchneristas aseguran que van a hacer) exige la continuidad y profundización del ajuste. No es menos ilusoria la salida que señalan otros economistas kirchneristas que, partiendo del hecho cierto que toda renegociación de pagos con el FMI será en condiciones leoninas, siembran la expectativa de librarse del organismo mediante el pago al contado de lo adeudado, recordando lo que hizo en su momento Néstor Kirchner. Pero la deuda con el fondo era entonces de USD 10.000 millones y Argentina tenía superávits comercial y fiscal y crecía a “tasas chinas”. Hoy la deuda con el FMI es seis veces superior. ¿De dónde saldrían los recursos para pagar tamaña cifra? Como vemos, por más vueltas que se le dé, no hay salida indolora del “régimen del FMI”. Seguir pagando la deuda, aún con renegociaciones y refinanciaciones, implica la profundización del ajuste hoy en curso.
Así como Macri vendió humo con respecto al facilismo de la salida de lo que había dejado el kirchnerismo y se hundió, ahora las distintas variantes del peronismo lo hacen respecto de una salida fácil y no traumática de la dependencia del FMI. Y esto incluye las hipótesis de renegociación de la deuda, ya que el FMI en general renegocia los acuerdos, ampliando los vencimientos de pago, pero a cambio exige medidas de “reforma estructural” mucho más agresivas, y un monitoreo aún mayor que el actual de la economía local por parte del organismo.
La contención y el ajuste que se viene
Por ello no extraña que economistas de Lavagna y Massa estén diciendo que están de acuerdo en hacer algún tipo de reforma en los ámbitos que las exige el FMI: laboral, previsional y tributaria. El peronismo en sus distintas variantes, ya sea kirchnerista o el de los gobernadores, plantea una estrategia que, más allá de los discursos de campaña, de una de otra manera nos lleva a la continuidad del ajuste permanente si las masas no irrumpen y modifican todo el escenario político. Esta última es la perspectiva realista frente a la que nos preparamos.
Veamos algunos ejemplos recientes. Cristina es muy amiga de Alexis Tsipras, el primer ministro griego de Syriza que llegó en 2015 al gobierno diciendo que era fácil renegociar con la Troika (integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI). Incluso lo hizo con un discurso mucho más de izquierda del que tiene hoy el kirchnerismo, y ya en el gobierno llegó a llamar un plebiscito para discutir si se aceptaba o no lo que pedía la Troika. Votó el 60 % de la población en contra de la aplicación del Memorándum de ajuste que había firmado el gobierno anterior de la derecha. La Troika no se conmovió y respondió –como no podía ser de otra manera– que eso podían decir los griegos, pero que los bancos alemanes que tienen la deuda opinaban lo contrario. Le dijeron que si no quería salir del euro iban a tener que pagar y seguir ajustando. Tsipras, traicionando el mandato del plebiscito, arrugó y desde entonces viene aplicando un plan fondomonetarista brutal sobre las masas, que incluyó 14 recortes en las jubilaciones (que redujeron sus montos a la mitad) y todavía está con una desocupación global del 18 % y del 60 % en los menores de 25 años. Un millón de griegos dejaron el país por la crisis y la economía es un 25 % más chica que hace una década. Es una situación de catástrofe, aunque Kiciloff dice en su último libro que los griegos tienen una relación más “madura” hoy con el FMI. Aunque la salida que presenta como ejemplo, al igual que lo hace Lavagna, no es Grecia sino Portugal.
Pero este caso tampoco resiste la prueba de los datos. Portugal tuvo una situación de ajuste recargado. El IVA era del 10 % en 2010 y lo subieron al 23 %, y ahí se mantuvo desde entonces. Los salarios públicos cayeron entre un 20 y un 25 %. El desempleo subió inicialmente del 8 al 18 %. Hicieron una flexibilización laboral brutal. O sea que, antes de tener una cierta recuperación basada en el turismo como elemento central, junto con algunas exportaciones que aumentaron producto de la baja en los salarios, provocaron una precarización generalizada especialmente en la juventud. Allí, en diez años se pasó de un 10 a un 67,5 % de jóvenes con empleos de corta duración o a tiempo parcial, y los índices de desocupación en la juventud triplican la media nacional. Después de pasar todo el ajuste tuvieron un cierto rebote, pero antes hicieron todo un importante trabajo de ajuste, y el gobierno supuestamente progresista mantuvo lo esencial de los ataques. Si fueran serios tendrían que decir quién va a hacer el ajuste brutal que precedió a la leve recuperación actual, que es lo que verdaderamente ocurrió en Portugal.
El kirchnerismo, es evidente, también está girando al “centro” en lo económico, con algunos de sus altos exfuncionarios yendo a los medios a defender que no se puede de ninguna manera romper con el FMI. Esta ubicación acompaña la alianza que viene teniendo con los gobernadores en las elecciones provinciales, incluyendo bajar sus candidatos en Córdoba en la intendencia de Tucumán o en Tierra del Fuego, para apoyar a quienes hasta ayer nomás denunciaban como socios de Macri.
Por su parte, el proyecto de Lavagna es el del pacto social, similar al del diálogo “Argentina 2000” de Duhalde, junto con la Iglesia católica, la CGT y la UIA. Tiene un problema, porque si va a la interna del Peronismo Federal pierde por el momento a los aliados no peronistas, y si no juega ahí, y el Peronismo Federal no se subordina, entonces es un plan que todavía no cierra porque además aún no despega en las encuestas pese al apoyo de sectores importantes de Techint y otros importantes grupos económicos.
El kirchnerismo, recordemos, nunca comulgó con el formato clásico del “pacto social”, ya que tanto Néstor Kirchner como Cristina opinaban que era darle poder de veto a la CGT y la UIA. En sus dos primeros gobiernos, hasta la ruptura del dirigente camionero, lo que hacían era una suerte de “pacto social” de hecho, a partir de un tope en los reclamos en las paritarias que establecía el acuerdo camionero. Después fue poner un parche tras otro, donde el rojo creciente de la economía se cubría agotando las reservas del Banco Central. Pero, más allá de estas y otras diferencias, no hay planteos económicos discordantes entre estos sectores, cuestión que también explica los elogios que han vuelto a cruzarse Cristina con Duhalde.
Nosotros hemos definido que estamos en los inicios de una nueva crisis orgánica. Decimos inicios porque si bien la crisis económica es profunda (aunque no aún en los niveles de fines del 2001), todavía no se ha derrumbado la adhesión electoral, según muestran las encuestas, a las coaliciones políticas burguesas existentes, aunque este resultado sea en gran parte por “consenso negativo”. Es decir, Macri mantiene una parte del apoyo como garantía a que no vuelva CFK y esta, a su vez, incrementa su caudal electoral como instrumento para sacar del gobierno al actual presidente. Pero esta es la “foto”. Ya sea porque pierde completamente el control de la economía, por una irrupción de masas o porque se afiance la percepción que no puede ganar, el apoyo electoral que aún exhibe Macri (en torno de un 25 %) puede evaporarse rápidamente. Si la crisis se acelera el macrismo puede sufrir un rápido derrumbe, con los radicales migrando en masa de Cambiemos y aún rupturas de importancia en el PRO, en busca de otros acuerdos políticos que le permita a la burguesía evitar el recurso de tener que aceptar a CFK como variante de contención de las masas.
Si en Argentina las masas fuesen un factor más actuante, la situación tiene muchas características para transformarse en prerrevolucionaria abierta, pero eso hasta ahora no ha ocurrido por una serie de cuestiones. Bajo el macrismo, el movimiento de masas desarrolló grandes movilizaciones y cobró nueva fuerza el movimiento de mujeres, alrededor del reclamo de la legalización del aborto y contra las diversas formas de la violencia machista. Pero, con excepción de las jornadas de lucha contra la reforma previsional, no hubo acciones radicalizadas de la lucha de clases. Es evidente que en esto ha jugado un papel el conjunto de la burocracia sindical, incluidos los sectores alineados con el kirchnerismo, que frenaron toda lucha seria detrás de la consigna “hay 2019”. A esto hay que agregar otro actor muy relevante en la política Argentina que es Bergoglio, el Papa Francisco, con multitud de lazos tanto políticos como con las burocracias sindicales y de los “movimientos sociales”. Bergoglio alienta un recambio “ordenado” de Macri, con quien nunca simpatizó, a alguna variante peronista, y es uno de los factores que explica por qué no ha habido irrupciones radicalizadas del movimiento de masas a pesar del agravamiento de las penurias del pueblo trabajador.
A esto hay que agregar el temor al desempleo entre los trabajadores ocupados y el aumento “estructural”, en relación al 2001, de las medidas de contención social para los desocupados y los sectores más vulnerables de la población. En el momento que cae De La Rúa había solo 300.000 planes entre nacionales y provinciales. Es después, cuando asume Duhalde, que el Banco Mundial le financia la aplicación de los “planes Jefes y Jefas”, antecesores de la AUH y de otras medidas de ayuda social, llegando a dos millones y medio de receptores. Desde entonces el nivel de beneficiarios se ha mantenido, a lo que hay que agregar el peso “organizacional” puesto al servicio de esa contención mediante los acuerdos entre Stanley (también con lazos con el Papa) y los “cayetanos” liderados por Juan Grabois, otro de los hombres del pontífice. Como vemos, una multitud de recursos materiales y políticos destinados a impedir la irrupción de quienes más están sufriendo las consecuencias de este plan de hambre y miseria.
Nuestra perspectiva
Nuestra perspectiva es la opuesta. Sabemos que sin acciones históricas independientes de las masas no es posible terminar con el “régimen del FMI”, ya sea antes o después de las elecciones. Esta irrupción de masas puede, esquemáticamente, darse por dos vías. Una, más parecida al Cordobazo o a diciembre del 2017, donde se les impone el frente único a los burócratas traidores y los sindicatos son articuladores de alguna forma de la movilización callejera. El otro escenario es uno donde, a pesar de la tregua de la burocracia sindical, las masas igual irrumpen, tipo como ocurrió el 19 y 20 de diciembre 2001 o como ocurrió con los Chalecos Amarillos en Francia. En ambos casos, es fundamental la política de favorecer la coordinación de los sectores en lucha, y empezar ya mismo a tratar de establecer esos lazos entre sectores de trabajadores ocupados y desocupados y otros sectores populares, tarea en la cual las fábricas bajo gestión obrera pueden jugar hoy un papel muy relevante.
En el reciente XVII Congreso Nacional del PTS destacamos un bloque de consignas para la agitación y la agitación propagandística que apuntan a delimitar los campos políticos en la actual situación. En primer lugar clarificar quiénes están por seguir con el “régimen del FMI” y quiénes decimos que no hay salida sin romper con el fondo: “Derrotemos al FMI, Macri y los gobernadores. El kirchnerismo, aliado de la burocracia sindical, la Iglesia y los gobernadores del PJ, no puede ser alternativa. Que la crisis la paguen los grandes empresarios, banqueros y terratenientes. Construyamos una gran fuerza política que impulse la movilización de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Por un gobierno de trabajadores”. A esto sumamos la exigencia a las direcciones sindicales de un plan de lucha que empiece por un paro general activo de 36 horas que culmine con una huelga general política. Y, si la crisis política se desarrolla, la demanda de Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana puede jugar un papel muy progresivo, oponiéndola a toda salida antidemocrática a espaldas del pueblo, y la lucha por una Constituyente servir como puente para favorecer el desarrollo de los organismos de poder obreros y del pueblo explotado, sobre los que tendrá que basarse un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo.
Empezamos a vivir tiempos interesantes. En cualquier momento lo extraordinario puede volverse cotidiano. La autoridad política conquistada en estos años por nuestro partido y por el Frente de Izquierda es un gran capital político para intervenir en esta situación.
Christian Castillo
La Izquierda Diario
