El 12 de diciembre de 2013 nueve trabajadores argentinos fueron condenados por defender sus derechos. Participaron en el año 2006 en una dura lucha popular (“pueblada”) en Las Heras, en la patagónica provincia de Santa Cruz, por su convenio de trabajadores del petróleo (no a la precarización, que todos los trabajadores sean fijos para gozar de los mismos salarios y derechos) y por la derogación del “impuesto a las ganancias” (impuesto al salario). Por este proceder nueve trabajadores han sido condenados, cuatro a cadena perpetua –uno es un menor y tendría un régimen diferente- y cinco a cinco años de prisión. El supuesto delito fue el asesinato de un policía, la “prueba” a la que aludió el Tribunal Oral de Caleta Olivia para condenar a los nueve trabajadores fue obtenida bajo torturas. La forma de conseguir esta “democrática prueba” es un secreto a voces ya que el propio fiscal afirmó que “una bolsa en la cabeza y un par de cachetadas” no eran torturas. Bajo este cínico eufemismo el fiscal ampara un proceso de tortura que nunca se queda en cuatro hostias y una bolsa en la cabeza para cortar la respiración por un minuto. Esta metodología “democrática” el fiscal la ha justificado argumentando que “para llegar a la verdad había que apartarse de la legalidad”. Esta acusación y este proceder han sido respondidos. Ante la acusación de asesinato uno de los trabajadores condenados a cadena perpetua, Ramón Cortés, ha dicho: “asesinos son ellos”. El proceder del fiscal y de los jueces lo ha respondido la abogada Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que en declaración pública afirmó que “la justicia de Santa Cruz acaba de dictar uno de los fallos más vergonzosos de la historia nacional, en una causa completamente armada, declarada dos veces nula, a la que un temerario fiscal, que respondió siempre a los intereses políticos de la [burguesía de la] provincia, resucitó, y hoy consiguió el objetivo: que condenen a los trabajadores”. Cuando la abogada dice que la causa fue “armada” se refiere a que fue elaborada, construida, por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz.
La condena todavía no es firme, se ha recurrido, y los nueve trabajadores aún no están en prisión. El 5 de febrero se presentará una apelación ante la Cámara de lo Criminal de Caleta Olivia. No sólo esto, afortunadamente el movimiento obrero argentino tiene muy buena salud y sabe que es la combinación de la movilización social, la defensa jurídica, la denuncia en el parlamento por los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y la solidaridad nacional e internacional la que puede salvar a estos nueve trabajadores. Para centralizar quehaceres solidarios ha constituido el “Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras”. La buena madera de los trabajadores condenados se puede entrever en las declaraciones de uno de ellos, el citado Ramón Cortés, que afirma “estaremos condenados a cadena perpetua pero no estamos de rodillas ante ningún juez ni ningún gobierno”. Este espíritu político y esta dinámica defensiva es la manera de evitar que los nueve trabajadores sean pasto de los aparatos represivos del “democrático” Estado burgués.
Este ejercicio de represión clasista es sólo la punta del iceberg ya que en la democrática Argentina hay más de 5.000 trabajadores procesados por participar en la defensa de sus derechos. Toda esta metodología represiva tiene un claro destinatario: el movimiento obrero, al que le advierten que no se enfrente a la gran patronal y a su crisis o sufrirá las consecuencias. Una vez más se pone en evidencia de una forma epidérmica que la independencia del aparato judicial cuando se combaten los privilegios de la clase dominante es un mito. La dura realidad es que en última instancia el Gobierno y los Aparatos del Estado están para defender los privilegios económicos, jurídicos y políticos de la burguesía.
Antonio Liz
Madrid, 1, febrero, 2014
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