A continuación, la versión levemente modificada del artículo de Altamira publicado en Clarín del 28 de enero pasado. El diario ya había editado una versión anterior.
En lugar de una cigüeña, las andanzas por el Club de París aportaron una megadevaluación del peso con recorrido incierto. Se trata de la conclusión provisional del periplo iniciado con los Cedines y Baades, los primeros balbuceos devaluacionistas, que clausuró una fugaz promesa de pesificación. A cuarenta años distancia, se vuelve a la pesadilla del Rodrigazo.
Se trata, sin embargo, de una devaluación ruinosa. Desata una carestía del orden del 5/6 por ciento en los próximos meses, que se duplica en el rubro alimentos. Representa, por lo tanto, un golpe feroz para el 75% de los jubilados que cobran la mínima de 2.477 pesos y para el 50% de trabajadores que tienen ingresos promedio inferiores a los 4.000 pesos. Si es acompañada, como se especula, por un aumento fuerte de la tasa de interés, llevaría a la quiebra personal a los consumidores endeudados y provocaría una recesión con suspensiones y despidos. Atiende al reclamo de los empresarios de reducir los salarios en dólares, pero para el conjunto de la economía, la devaluación está muy lejos de ser ‘competitiva’: no reequilibra la economía; acentúa los desequilibrios. Acentuaría el déficit internacional de la industria automotriz y de la electrónica, por ejemplo, así como el del conjunto de la industria nacional, que sufrirá el aumento colosal del precio de la energía importada. Es cuestionable que la devaluación mejore el balance de las llamadas producciones regionales, cuando los Estados provinciales y la CABA cargan con una enorme deuda de ‘dollar-linked’. Los mayores beneficiarios de la devaluación serían, en la ‘elegantes’ palabras de D’Elía, la “puta oligarquía’, o sea las cerealeras y sojeros, los “capitanes de la industria” y los ‘inversionistas’ que han acaparado los títulos en dólares malvendidos por la Anses. Para una mayoría de productores agrarios, sin embargo, significará una gran suba de los costos de insumos agroquímicos y semillas modificadas, y del crédito agrícola. La devaluación ‘nacional y popular’ tiene un carácter financiero -obtener un saldo positivo del flujo de capitales como las que están afectando a Turquía, Sudáfrica, Brasil o India y Rusia, con deudas externas impagables, especialmente del sector privado.
Para hacer frente a esta devaluación ruinosa es necesario un aumento inmediato equivalente de jubilaciones y salarios, y la prohibición de suspensiones y despidos. La Anses debe recuperar su autonomía y elegir un directorio de jubilados y activos. Deberá aplicarse un impuesto especial a la plusvalía de los sectores beneficiarios de la devaluación. Se impone, definitivamente, la investigación de la deuda externa que desangra al país desde hace medio siglo. El pago del cupón del PBI -unos 4.000 millones de dólares- o el premio a Repsol por haber contribuido al vaciamiento energético y financiero de Argentina deben ser rechazados. La moneda nacional ha vuelto a ser destruida como consecuencia de subsidios en masa a grandes intereses económicos y al pago de una deuda usuraria. Está planteada una reorganización del país sobre nuevas bases sociales.
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