El gobierno viene atravesando un problema de crisis en las reservas, luego de años de pagos de deuda y fuga de capitales. Luego del incremento de las tasas de inflación a partir de 2006/2007, las empresas locales industriales evidenciaron su baja productividad y pequeña escala al ver afectada su tasa de ganancia. Esto tomó especial intensidad a partir del 2011, año electoral en que el Gobierno no quiso correr el riesgo y para evitar la salida de dólares ante las crecientes importaciones fueron implementando un cepo a la compra de dólares, junto con el “uno a uno” para la exportación."
El gobierno viene atravesando un problema de crisis en las reservas, luego de años de pagos de deuda y fuga de capitales. Luego del incremento de las tasas de inflación a partir de 2006/2007, las empresas locales industriales evidenciaron su baja productividad y pequeña escala al ver afectada su tasa de ganancia. Por eso iniciaron las críticas ante el “atraso cambiario”. Esto tomó especial intensidad a partir del 2011, año electoral en que el Gobierno no quiso correr el riesgo y para evitar la salida de dólares ante las crecientes importaciones fueron implementando un cepo a la compra de dólares, junto con el “uno a uno” para la exportación: exigían informalmente a las empresas que quisieran importar que demuestren importaciones por el mismo monto.
Como no fue suficiente para evitar la salida de divisas, en el 2012 Moreno generó barreras arbitrarias a las importaciones, que pueden incluso haber tenido un efecto recesivo en medio de un año de desaceleración económica por la crisis internacional. Cómo la balanza de pagos aún mostraba una sangría, se incrementaron las restricciones a las compras de dólares, hasta volverlas casi imposible, incluso para el turismo. Esta medida fue generando un mercado alternativo de dólares, sea para turismo, para operaciones inmobiliarias u otras. Desde fines de 2011 se implementó una retención a las compras con tarjetas de crédito en el exterior del 20%, que posteriormente se incrementó y se mantiene a un 35% intentando contener la brecha entre el dólar oficial y el del mercado negro (“blue”).
Sin embargo, la medida no funcionó como se esperaba, los gastos se incrementaron con las tarjetas de crédito en el exterior, sea por turismo o para realizar importaciones directas.
Uno de los principales problemas del Gobierno es la disminución de la entrada de divisas al país. Por ejemplo, si bien la balanza comercial fue superavitaria en USD 9.024 millones en 2013, representa una caída del 27% respecto de 2012. Esta variación responde a que el crecimiento de las importaciones fue mayor al de las exportaciones, lo que se refleja en la paulatina erosión del saldo comercial positivo, visto esto en un contexto de exhaustivo aunque arbitrario control a las importaciones. La balanza comercial se vio fuertemente afectada por la situación del sector energético durante 2013: las compras de combustible al exterior aumentaron un 23% respecto de 2012, mientras que las exportaciones cayeron un 24%. Por lo tanto, resulta cada vez más necesario destinar buena parte del saldo superavitario de la balanza comercial a compensar el déficit energético.
Por otra parte, durante 2013 los turistas extranjeros liquidaron USD 1.000 millones menos en el sistema financiero que en 2012. Mientras que las empresas exportadoras liquidaron apenas un 1,5% más -pese a que la cosecha en esta temporada fue un 16% superior a la de la campaña pasada-. La diferencia es la acumulación de saldos exportables en silo bolsas.
A pesar del cepo y de que se devaluó 32% en el año, las reservas siguieron su curso descendente. La devaluación se aceleró en los últimos dos meses pero aun así no alcanzó para disminuir la brecha entre el dólar blue y el oficial.: Se supone que parte de esta escasez de dólares está causada por un remanente de cosecha del año pasado aún no liquidada debido a intereses especulativos del sector agropecuario de no liquidarlas y obtener una ganancia extraordinaria esperando una apreciación cambiaria del dólar.
Sin embargo, cabe preguntarse cuándo van a vender lo producido, ya que la incertidumbre por el valor del dólar genera un incentivo a retener aún más la cosecha, la espera de un dólar más alto. Con tasas de interés por debajo de la inflación, siempre termina ganando el que “se queda” con los billetes verdes o el que tiene la llave para obtenerlos (soja, por ejemplo).
Buscando terminar con este esquema, el gobierno deja subir el dólar a 8 y las tasas de interés a casi 26%. Esto implica una devaluación del 18% en solo una semana.
Se trata de dos medidas claramente recesivas, porque encarece las importaciones que se necesitan para la producción local y favorece a los productos exportables, que en Argentina también se usan en el mercado interno, por lo que arrastran al alza el precio de los alimentos. Al mismo tiempo se encarecen los créditos y esto impacta más que nada en el sector empresario, y a aquellos que se hayan embarcado en un crédito hipotecario.
El impacto sobre la tasa de inflación es inevitable. Partimos de precios que ya se habían acelerado en diciembre y enero (incluyendo tarifas y combustibles) en un aprovechamiento de la clase capitalista de la salida de Moreno. Con este salto abrupto en el tipo de cambio muchos negocios hicieron remarcaciones de un día para el otro o frenaron las ventas porque argumentan que “no hay precios”.
El salario real va a tender a caer, salvo que en las paritarias se consigan aumentos considerables y un compromiso de renegociación de las mismas en un plazo más corto, algo bastante dudoso. Los estatales, provinciales y municipales son los que la tienen más difícil, porque todas las cuentas públicas están ajustadísimas y ya no tienen margen para seguir gastando, pese a que los estatales en varias provincias adelantaron que van a pedir aumentos similares a los otorgados a la policía a fines de 2013. Esa situación pone en alerta a los Gobernadores, que saben que la mayoría de ellos no está en condiciones de cubrir dichos aumentos. Las medidas devaluatorias pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Se entiende con otro cristal el lugar que ocupa en este “paquete” el plan “ProGreSar” para jóvenes.
En ese sentido, el acuerdo de precios que lanzó el gobierno para contener las paritarias, va a ser difícil de sostener por la presión del dólar oficial. De hecho, ya está habiendo problemas en su implementación. El llamado acuerdo de “Precios Cuidados” comenzó siendo un acuerdo para una canasta de alrededor de 180 productos de consumo masivo con revisiones trimestrales para el área de CABA y GBA, pero que el pasado 24 de enero fue extendido en lo que se denominó la “federalización del acuerdo”.
La agenda económica del Gobierno tiene como puntos principales el dólar y el tipo de cambio, pero le sigue de cerca el control de la inflación. La carta fuerte del gobierno para combatir la inflación es este acuerdo y sostienen que van a defenderlo con uñas y dientes. Asimismo, la posibilidad de que los acuerdos se extiendan a otros sectores de la economía es cada vez más certera y los objetivos principales son los de crear precios de referencia.
La otra veta que queda es el ajuste en el gasto público. Aproximadamente el 80% son salarios y jubilaciones y ahí es bastante complicado ponerse a recortar. El 20% restante lo componen los subsidios y de ahí se lleva la mayor parte lo que se destina a tener planchadas las tarifas de servicios públicos en Capital y GBA, cada vez más altos, que obligan al gobierno a seguir emitiendo. Es de esperar que haya correcciones en este sentido durante el año, como ya hubo en el transporte. Ahí otra vez va a impactar sobre salarios, y va a ser una presión más para las paritarias.
Tampoco es de esperar “buenas noticias” en el frente externo en concepto de deuda que traigan al país dólares frescos y con eso alivien el ataque sobre las reservas. El acuerdo con el Club de París, y el FMI están lejos de cerrarse. Además el único que presta para aumentar reservas es el FMI. Esto va a llevar como mínimo un año. Tampoco las inversiones en vaca muerta, que recién están empezando.
“Apertura del cepo”. Termina siendo como un desdoblamiento pero no formal. Luego de la fuerte devaluación que llevó al tipo de cambio a un pico de 8, el Gobierno anunció la flexibilización del cepo aplicado desde fines de 2011. Así, se permitirá la compra de dólares para atesoramiento con un recargo del 20% como anticipo de ganancias (lo que llevaría a una cotización de 9,60 con un dólar de 8 pesos como “valor adecuado” del tipo de cambio, según el Gobierno). Puede que sea una forma de resguardar poder adquisitivo ante la disparada inflacionaria que se viene. Sin embargo, sólo pueden comprar dólares para atesoramiento quienes ganen por lo menos dos sueldos mínimos en blanco por mes (o sea, $7.200, con un máximo de USD 2.000 por mes), para lo cual es necesario estar en relación de dependencia, ser monotributista o autónomo. Mientras que para gastos con tarjeta en el exterior y compra de dólares para turismo sigue vigente el recargo del 35%.
En definitiva, va a ser un año complicado para los trabajadores y los sectores populares, porque la inflación va a subir y es muy probable que se venga una sintonía fina 2.0 que obviamente va a ser disfrazada como una quita de subsidios a sectores “pudientes”, como hace dos años.
Demian para ANRed
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