El naufragio de la ley de Medios

El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, tras adelantar al Buenos Aires Herald (20/1) que consideraba correcta la presentación de adecuación del grupo Clarín, tuvo que correr a simular una última “extorsión”, la condición de que éste incorporara en la grilla de Cablevisión una serie de canales estatales y privados afines al gobierno.
Para lograr la aceptación de Clarín habría terciado nuevamente David Martínez, el magnate mexicano socio de Cablevisión, por intermedio del fondo buitre Fintech Advisory. El mismo grupo del capital financiero que formó parte de las presiones sobre el fallo de la Corte a favor de la constitucionalidad de los artículos objetados por Magnetto, tras la derrota electoral de los K, poniendo en evidencia que éstos no estaban en condiciones de imponerle nada a Clarín, al mismo tiempo que, como representante de los intereses de los acreedores de la deuda, él sí está en condiciones de imponérselas a ambos.
En un gesto que merece ser recordado como uno de los grandes papelones del periodismo, el pasquín oficial Página/12 (24/1) le dedica la tapa del diario a la inclusión de Paka Paka, Incaa TV y Telesur, y a la reubicación de 360TV (Electroingeniería) y CN23 (Szpolsky), el día siguiente al que se ha operado un Rodrigazo oficial contra el pueblo trabajador, que merece un pequeño recuadro con el título de “pulso del dólar”.

Seis clarines, un monopolio en expansión

La batalla librada por el gobierno contra “el monopolio” ha derivado, como en todos los planes de adecuación presentados, en un reparto de unidades “independientes” entre los accionistas del mismo grupo. El propio Sabbatella ha reconocido que la asociación en la prestación de servicios de estas empresas separadas no está prohibida por ninguna ley. Es decir que la “escala de negocios” necesaria, para asegurarse su “libertad de expresión”, Magnetto la ha conservado e incluso ha ido más allá, ya que las unidades independientes fueron creadas contemplando los topes impuestos por la ley, de modo tal que puedan expandirse sobre sí mismas. Por supuesto, que sosteniendo una misma línea editorial, lo que da por tierra con la mentada pluralidad de voces que aseguraría la ley de medios.

Ilegales

El celebrado ajuste a la ley del “ilegal” Clarín ha puesto en tela de juicio la completa ilegalidad de los grupos capitalistas afines al gobierno. Detrás de las presiones de Martínez para adecuar a Clarín, se destaca su necesidad de desprenderse de su posición en Cablevisión para poder operar Telecom. La incompatibilidad de la prestación de servicios públicos con la posesión de medios afecta, a su vez, la aceptación de la adecuación de Telefé, de cuya propiedad debería desprenderse entonces Telefónica, competidora de Martínez.
Hacer cumplir la ley le valdría al gobierno un nuevo conflicto diplomático con España y algunos empresarios amigos, como Isidro Fainé, accionista de Telefónica y principal gestor del acuerdo con Repsol.
Una posible venta forzada de Telefé sería del interés de Cristóbal López, que no posee canales de aire. Pero tampoco el dueño del juego tiene los papeles en regla, por ser prestador de servicios públicos. A su vez, su asociación con Monetta por medio de la participación de Mayer Business Corp. en el 14,7% de Radio 10, las FM La Mega 98.3, Pop 101.5, Vale 97.5 y TKM 103.7, y el canal de noticias C5N debería forzar la venta de medios del banquero. Y las irregularidades continúan (Moneta puso a sus hijos como testaferros).

¿Una nueva ley de medios?

El negocio de la convergencia de las telecomunicaciones con los medios audiovisuales a través del “triple play”, la tendencia más general a que el servicio de Internet se transforme en el canal físico de transmisión de la televisión, se ha puesto nuevamente de manifiesto en el reclamo de una nueva ley para satisfacer los intereses concentrados y monopólicos del capital. El gobierno no tiene condiciones políticas para conciliar la puja de intereses capitalistas que ha desatado. Los posicionamientos de Fintech en Telecom, así como el reciente ingreso de la Disney -productora de contenidos- a la prestación de servicios de telecomunicaciones advierten sobre su disposición a romper las barreras de acceso de la actual ley de medios. Tal vez, ni siquiera tengan que esperar un nuevo gobierno.

Los trabajadores

Las adecuaciones, las ventas y las fusiones de empresas en el marco de la actual crisis desatada por el Rodrigazo cuentan con el amparo del fallo de la Corte para despedir personal. Existe una gran preocupación entre los trabajadores de la televisión. Ante esta situación el sindicato provee a las patronales de un convenio flexibilizador para las “productoras de contenido”. Es necesaria una deliberación para levantar la consigna de la prohibición de despidos, el reconocimiento de las polifunciones y el ajuste automático de los salarios por la inflación.

La lucha de los medios alternativos

Las esperanzas de los medios alternativos de lograr por la vía de la ley acceder a licencias que amplíen su potencia, supo producir entre ellos diversos grados de cooptación estatal. La experiencia está agotada. La necesidad de ampliar el campo de acción de los medios alternativos, pasa ahora por ligarse al movimiento obrero que lucha realmente, entendiendo esto en un sentido amplio: los trabajadores de la prensa, de la cultura y el arte, de la ciencia.

Julián Morcillo