Recibirán sentencia nueve represores. La mujer de Musa Azar, Marta Cejas, está acusada de torturas y fue denunciada por “facilitar” una violación. Las querellas y la fiscalía plantean dudas sobre el desarrollo del juicio oral.
Mañana se conocerá una nueva sentencia en las causas de lesa humanidad en Santiago del Estero. Esta vez, el tribunal debe decidir condenas para nueve represores. Entre ellos, los principales responsables de la represión en la provincia, pero además una mujer, Marta Cejas, esposa de Musa Azar, ex jefe de la D-2 santiagueña. Cejas se halla en juicio por su rol como carcelera de las presas políticas, parte de la asociación ilícita y está acusada de torturas. En el juicio su figura fue simbólica porque quedó denunciada, además, por habilitar la violación de una prisionera. Este es uno de los puntos sobre los que se espera una decisión del tribunal. Los intentos de denunciar este tipo de delitos tuvieron complicaciones durante todo el debate. El TOF no incorporó la acusación contra Cejas y ahora se espera saber si al menos impulsará una investigación por el caso. Querellas y fiscales también esperan ver si condenarán a los represores por el único caso de violencia sexual que quedó en pie.
“El tribunal no aceptó durante el juicio todas las ampliaciones por delitos sexuales que habíamos pedido”, señala Cristina Torres, una de las sobrevivientes e integrantes de la querella. “En ese sentido creemos que lo que ocurrió fue un paso atrás con respecto a la megacausa que se hizo el año pasado, creo que en uno de los casos se expuso a la víctima a una situación muy traumática y quizá provocó mucho ruido en un contexto jurídico donde en todos lados suelen estar cada vez más claras las posiciones respecto de este delito.”
El juicio estuvo a cargo de las juezas Alicia Noli y Graciela Fernández, ambas de Tucumán, y de Luis Imas, de un Tribunal Oral Penal Económico de Buenos Aires. El debate reconstruyó lo que sucedió con 32 personas, 11 de ellas mujeres.
El tipo de fragmentación “por año” le dio tonos propios al debate. Por un lado, las querellas señalan que dificultó la construcción de la prueba porque los acusados no pueden ser pensados, por ejemplo, en función de un lugar y un espacio, como sucede con los debates centrados en el funcionamiento de los centros clandestinos. Pero, por otro lado, la sucesión de testimonios y sobre todo la dificultad que muchos testigos tuvieron para poner en palabras lo que sucedió abrió una lectura más profunda sobre los efectos “atroces”, como señaló la fiscalía, de lo que fue la etapa represiva posterior a 1975 en la provincia.
“Entre las víctimas de este juicio no hay desaparecidos, sino sobrevivientes, lo cual ha marcado una de las características, dado que fueron víctimas del período más atroz”, dice la fiscal Indiana Garzón. “Si lo comparamos con los que estuvieron detenidos en el período previo, lo que puede verse es que en 1976 (los autores) ya tenían muy aceitado el aparato de tortura y la zona liberada y podían hacer lo que querían.”
Uno de los puntos más importantes del debate fueron las denuncias sobre violencia sexual. Hubo tres casos. Todos distintos. Allí apareció la figura de Marta Cejas, también nuevos planteos jurídicos que intentan pensar caminos para esta figura y preguntas que abrió el funcionamiento del tribunal. Para querellas y fiscales, el tipo de intervención impidió que una de las mujeres pudiera terminar de hacer un planteo. Además, señalaron una falta de preparación para entender estos casos, que impidió a los jueces transformar en imputación la única forma del “decir” que encontraron las víctimas.
“Nos costó mucho poder dar cuenta de todo esto”, dice la fiscal Indiana Garzón. “Tuvimos una sola víctima que logró decir todo esto con este término: ‘Me violaron’, en un contexto donde esta práctica no constituyó un hecho aislado, sino que era una práctica sistemática que tenía que ver con la condición de mujer y con construir poder frente a esa mujer en una situación vulnerable”.
Uno de los casos con más dificultades es la de una víctima que había pedido que su nombre no saliera del tribunal, pero al otro día apareció publicado en los diarios. Ella fue con sus hijos a la audiencia. Cuando debió declarar que la torturaron y la violaron dijo: “Yo estoy muerta, no quiero acordarme de esto” y explicó que delante de sus hijos no podía decirlo. El año pasado otro tribunal aceptó incorporar un hecho similar como prueba, pese a esa media forma de decir. En este caso, no se aceptó. Pero además, volvieron a llamar a la víctima. La hicieron sentar en la sala. Tuvo que escuchar a uno de los defensores, hijo de un represor, decir que ella estaba diciendo todo lo que decía porque quería plata o por alguna otra cosa. Quiso responderle. Se puso mal. La sacaron de la sala y luego volvieron a llamarla. “En ese momento una de las juezas le preguntó en una forma muy legal y jurídica, si ella quería que se investigue o reafirmaba que había sido violada y en medio de toda la confusión –dice Cristina Torres–, la entrada y salida y las ganas de responderle al defensor, ella dijo en ese momento: ‘No, no, no’ y se entendió que no había sido violada cuando en realidad estaba contestando al defensor.”
Más allá del dato y del caso, fiscales y querellas toman el hecho para reflexionar sobre el manejo de estos casos. Otro de los casos que no prosperó fue el de una sobreviviente que ahora está fallecida. El tribunal no lo incorporó como parte de la acusación, pero se espera saber si al menos ordenará una investigación. “El esposo de esta mujer también fue víctima en el juicio y declaró que ella le contó que había sido violada”, dice Garzón.
Alejandra Dandan
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