Santa Alianza contra los aumentos salariales

Contrastando con la modorra que caracteriza el accionar parlamentario, todos los bloques de la Cámara de Diputados, desde el PRO hasta Lozano, pasando por Massa, la UCR y Binner, sacaron un pronunciamiento junto con el oficialismo kirchnerista contra los amotinamientos policiales. La única firma ausente es la del Frente de Izquierda, que ni siquiera fue convocado, seguramente porque anticipaban nuestro rechazo a este falso “pacto democrático” de oficialista y opositores.
Volviendo al punto, el comunicado común alcanza por sí solo para tirar por la borda la propia teoría que el gobierno quiso instalar cuando denunció que el acuartelamiento policial estaba orquestado para desestabilizar al gobierno. ¿Quién podría ser el desestabilizador si todas las fuerzas políticas respaldan al gobierno y a las negociaciones llevadas adelante por los gobernadores e incluso más, repudian “la forma de expresarse de los efectivos…. que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley”? Digamos, de paso, que esos desestabilizadores fueron convenientemente prohijados y reforzados por todos los partidos que firmaron el pronunciamiento, cada vez que les tocó gobernar.
Por lo tanto, lo que detonó esta inédita unanimidad política no ha sido la defensa de la “democracia”, pues ésta nunca estuvo en juego. La causa ha sido más prosaica: los bloques parlamentarios se unieron de emergencia al ver cómo el ajuste que toda la clase capitalista quiere acometer contra el pueblo entraba en crisis por una vía completamente imprevista, un acuartelamiento policial por aumento salarial. Previendo lo completamente previsible, quisieron anticiparse a la conmoción política que produce en millones de trabajadores que ganan salarios de 4.000 pesos o que revisten una condición de precarizados o en negro, ver cómo las fuerzas represivas conquistan un salario mínimo igual a la canasta familiar.
El lenguaje utilizado por los firmantes es el mismo con el que se suelen rechazar las huelgas, y delata la intención adicional de restringir el derecho a huelga de los trabajadores de los servicios públicos, bajo el argumento que debe preservarse el “bien común”.
La participación de la centroizquierda de Claudio Lozano y de la CTA en un texto común con todos los partidos de la clase capitalista hecha luz, una vez más, sobre su completa dependencia al régimen y sus instituciones.
Denunciamos a la Santa Alianza contra los aumentos salariales del gobierno y la oposición patronal, y llamamos a los trabajadores a tomar la iniciativa e impulsar la lucha por sus reivindicaciones.

Gabriel Solano