Un análisis del conflicto policial más allá de los hechos recientes. La mirada de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional sobre el rol de las fuerzas de seguridad y las políticas desarrolladas al respecto en los últimos años.
Mucho se ha dicho en estos días en relación a la díada de huelgas/acuartelamientos policiales seguidas de saqueos, primero estallada en Córdoba, y luego expandida a distintos puntos del país, incluida la provincia de Buenos Aires. Las explicaciones, sin embargo, han tendido a coincidir. La mirada mediática, más abiertamente fascista que nunca, ha tendido a identificar en “grupos de delincuentes” la responsabilidad por lo ocurrido y a ensalzar a los vecinos que, ante la ausencia policial de las calles por un reclamo justo, se arman para defender la sagrada propiedad privada.
A su vez, académicos e intelectuales como Martín Caparrós, Javier Auyero, Beatriz Sarlo, Pablo Semán y Horacio Verbitsky han elaborado distintas hipótesis sobre el conflicto, que tienden a destacar las causas estructurales de los estallidos y a profundizar la mirada simplista de los medios. Sin embargo, todas, salvo la de Verbitsky (con algunas críticas), dejan afuera la explicación principal de la situación: la decisión política unánimemente compartida por todos los gobiernos locales y el gobierno nacional de oponer, a la exclusión social no resuelta en los núcleos urbanos de todo el país, una respuesta represiva.
Deberíamos repasar entonces algunos antecedentes inmediatos poco reseñados en cuanto al panorama de las políticas de seguridad. En primer lugar tenemos la creación y constante “engorde” de la Policía Metropolitana. Una policía que, además de la poca presencia territorial acorde a sus desorbitantes salarios, repite en su conformación y orientación los errores de las fuerzas del pasado. Planteándose a sí misma como una policía de “proximidad”, es decir, supuestamente formada especialmente para el contacto cara a cara con los ciudadanos, es en los hechos una policía fuertemente militarista volcada a la represión del conflicto social y de los sectores vulnerables en el espacio público, solapándose y entrando en conflicto además, con la ya existente Policía Federal.
Vale recordar que su creación fue avalada por el gobierno nacional en 2010, eliminando la clausula que prohibía la creación de un cuerpo policial propio de la Ciudad de Buenos Aires de la llamada “Ley Cafiero” y luego otorgando los votos necesarios en la legislatura porteña. Al hacerlo, el gobierno ha abierto sin quererlo la puerta a que otras fuerzas, en otras jurisdicciones, reclamen tarde o temprano niveles salariales similares a los que recibe la metropolitana.
Esta complicidad del gobierno nacional con el PRO es solo una medida más en la errática política de seguridad del gobierno en los últimos años. La creación del Ministerio de Seguridad con la designación al frente de Nilda Garré; el traspaso de todas las fuerzas federales a su mando así como el desplazamiento masivo de comisarios en la Capital y su reemplazo por civiles; la creación de foros de participación ciudadana en el control de las fuerzas de seguridad y la implementación de drásticas reformas en materia de formación de la policía, fueron todas medidas progresivas que se orientaban hacia un mayor control político de las fuerzas de seguridad y una transformación de las bases policiales.
Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno lanzó los operativos “Centinela” y “Cinturón Sur”, que sobrepoblaron de gendarmes, prefectos y la Policía de Seguridad Aeroportuaria las calles de los barrios del sur y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Si bien se afirma que los niveles de delito en esas zonas tendieron a bajar, al no implementarse luego medidas sostenidas de integración social en esos territorios, ni instaurar sobre el accionar de estas nuevas presencias policiales el menor control ciudadano, la exclusión y la violencia institucional siguieron afectando a los vecinos de esos barrios humildes.
En el último tiempo, el endurecimiento de la política de seguridad por parte del gobierno fue notorio. La emergencia con creciente poder y prerrogativas del secretario de Seguridad Sergio Berni, el escándalo del proyecto X de espionaje a militantes sociales, el desplazamiento de Garré y la designación de Puricelli, la designación de un intendente ampliamente reconocido por sus políticas represivas como Granados en el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, demuestran que hay una decisión política consciente y meditada del gobierno de recoger el guante de los reclamos mediáticos y de sectores medios y altos que piden más represión. Estas huelgas policiales son entonces, en parte, una consecuencia lógica de este accionar: ante un mayor requisito social y político de la tarea policial, los agentes y no los saqueadores, son quienes ven una oportunidad política inédita para lograr una mejora drástica de sus ingresos y sus prerrogativas.
El nudo político más problemático en este caso es que las organizaciones políticas del campo popular y los organismos de derechos humanos, intelectuales y académicos, están perdiendo la batalla contra los ideólogos de la mano dura y su maquinaria mediática. En lugar de legitimar (como hace el gobierno cuando endurece su política de seguridad) o adornar (como hacen algunos defensores “garantistas” de la baja de la edad de imputabilidad, que la proponen como una medida necesaria para “proteger” a los acusados más jóvenes) las soluciones punitivas u optar por la solución cómoda de no emitir opinión alguna, por no considerar este tema un debate “de izquierda”, es una prioridad elaborar una política de seguridad progresiva, basada en los derechos humanos, que tienda a reducir el papel del sistema penal y policial en su conjunto y a garantizar soluciones alternativas, no violentas y no represivas para la conflictividad social.
Se debe librar una guerra de trinchera para convencer a la población de que más policía no es nunca una solución, si no empeorar el problema. La policía (y así lo prueban los recientes escándalos de vínculos policiales con el narcotráfico en Córdoba y Santa Fe), está estrechamente vinculada a las grandes redes del delito. Solo mediante una acción política perseverante para desmilitatizarla, desconectarla de los circuitos delictivos, ponerla bajo un estricto control político y ciudadano, podrá ser un actor que verdaderamente contribuya a reducir los niveles de la violencia en la sociedad.
Es necesario además reorientar los recursos de manera inteligente. La prioridad puesta en el delito callejero y el espacio público, desvía los recursos que deberían invertirse en soluciones de investigación complejas para perseguir a los grandes narcotraficantes, proxenetas, estafadores y contrabandistas que son el verdadero sostén del delito callejero. Así como también los reclamos de mano dura ocluyen la posibilidad de debatir las grandes injusticias del modelo productivo y urbano que excluyen del mercado de trabajo a millones de argentinos, no dejándoles otra opción que arriesgar sus vidas en la hiper rentable, pero desenfrenadamente violenta economía ilegal de los barrios relegados.
Joaquín Zajac
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