La policía provincial, que cuenta con más de 22.000 efectivos en su haber, y un instrumento que le brinda una cobertura legal a sus abusos de poder, el Código de faltas, se manifestó en abierto desacato contra las autoridades gubernamentales. Saqueos, heridos de bala, el vacío del delasotismo y expresiones del malestar social.
Alrededor de 200 heridos fueron recibidos solamente en el Hospital de Urgencias; más de 1.000 comercios afectados por los robos; un joven de 20 años perdió la vida tras ser baleado en Ciudad Evita. Luego de un día y medio de conflicto, el auto-acuartelamiento policial en Córdoba finalizó con un acuerdo firmado entre las esposas de los miembros de la fuerza y autoridades gubernamentales de la provincia.
Entre los elementos más destacables de los 14 puntos acordados figuran el del monto adicional de $2.000 que, de manera transitoria, cobrará todo el personal policial y penitenciario activo en dos cuotas (diciembre de 2013 y enero de 2014); la pauta salarial que tendrá vigencia a partir de los sueldos del mes de febrero de 2014, a partir del cual se fijará un salario básico de $8.000 para las categorías iniciales y la realización de gestiones tendientes concretar créditos blandos para viviendas.
Lo que no se dijo aún, es cómo se financiará semejante acuerdo. Tal vez el gobernador José Manuel De la Sota esté pensando en realizar un fututo reclamo al gobierno nacional, tal como lo hizo anteriormente con la diferencia de dinero que la provincia le reclama a la Nación a propósito de la caja de jubilaciones. "El próximo martes voy a estar a las 9 en la Casa Rosada para que el gobierno nacional nos pague lo que nos debe", sostuvo ayer el mandatario. No fue el único reclamo. También había declarado ante la prensa, horas antes, que las tropas de Gendarmería no fueron enviadas por el Gobierno Nacional por las diferencias políticas que mantienen ambas administraciones.
El jefe de gabinete de ministros Jorge Capitanich replicó por su parte que el problema de la seguridad era de Córdoba, y negó que hubieran recibido alguna llamada de parte de los funcionarios provinciales. Eso sí, por su cuenta de twitter, DLS había escrito entre gallos y medianoches: "Desde las 20 hs solicitamos envío Gendarmería por acuartelamiento policial. Saqueos en ciudad de Córdoba amerita urgente respuesta.". El hecho es que recién ayer miércoles, casi a las nueve de la mañana, el gobierno de Córdoba envió un fax solicitando el envío de gendarmes.
Pases y facturas
Cuando se desató el conflicto, el gobernador se encontraba en Colombia. No es la primera vez que las papas queman en la provincia y "El Gallego" De La Sota no está presente en el territorio. De todos modos, desde hace tiempo parece que el justicialista federal se siente más cómodo en los territorios virtuales que en los reales.
Que la policía de la provincia de Córdoba se haya autoacuartelado, a solo tres meses del "narco-escándalo" que entre otras cosas se llevó puesto al jefe de policía Ramón Frías y al Ministro de Seguridad Alejo Paredes, no parece ser casualidad. Tal vez por eso, más que aumento salarial, lo que parece estar detrás del conflicto es una búsqueda por parte de la policía, de legitimar su desprestigiado rol ante la sociedad cordobesa (hace apenas tres semanas 20.000 personas marcharon por las calles de la capital provincial repudiando su accionar, en la séptima edición de la "Marcha de la gorra").
Se sabe, en el sistema político en el que vivimos es el Estado quien detenta el poder de monopolizar el uso legal de la violencia. Si las fuerzas encargadas de custodiar el orden se reservan el derecho de no actuar, el vacío de poder es inconmensurable.
Sin comercios, ni bancos, ni shoppings, ni supermercados, ni escuelas, ni dependencias públicas abiertas; sin transporte público en funcionamiento, Córdoba se pareció durante las últimas horas a una ciudad devastada.
Luego de 14 años en el poder, la primera línea del delasotismo se mostró totalmente ineficaz cuando el conflicto se desató de manera abierta ante la ausencia de su principal conductor. Mientras que el Hospital de Urgencias colapsaba por la cantidad de heridos que recibía, el ministro de gabinete provincial Oscar Félix González se mostraba en vivo por los canales de televisión, exclamando que "por suerte no había que lamentar daños en la integración física de los cordobeses". Era tan profundo el contraste entre sus dichos y la realidad que hasta los periodistas le tuvieron que repreguntar por los heridos. González se limitó a decir que no tenía "datos oficiales", pero que asimismo repetía que "era una suerte" no tener que lamentar víctimas. La ministra de seguridad Alejandra Monteoliva tampoco se mostró con todas sus luces. Incapaz de sobrellevar la situación, no tuvo reflejos para solicitar a tiempo refuerzos de fuerzas nacionales que pudieran ayudar a encuadrar el desborde.
Coyuntura y contexto
No es que todo tenga que ver con todo, como se dice popularmente, pero es un dato innegable de la realidad provincial que el conflicto policial se desarrolló en un contexto atravesado por un profundo malestar social. No solo por las repercusiones del narco-escándalo, sino también por los recientes hechos de violencia protagonizados por una "patota sindical" de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) contra asambleístas que mantienen un acampe frente a la empresa multinacional Monsanto, que ha comenzado a edificar una nueva planta en la localidad de Malvinas Argentinas y por la denuncia de fraude presentada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), luego de las últimas elecciones legislativas nacionales del 27 de octubre. También durante los últimos meses los conflictos salariales de los judiciales, del sector público y la salud se hicieron presentes una y otra vez en las calles de la ciudad, sin obtener ningún tipo de solución a sus demandas.
Eso sí, a diferencia de las crisis políticas, económicas y sociales que el país atravesó en 1989 y 2001, esta vez no pareció ser ese el elemento determinante a la hora de desatarse los desmanes en las calles. Si bien Córdoba presenta uno de los índices más altos de desocupación a nivel nacional (que asimismo se mantienen en un piso no menor al 7%) y la precarización laboral –como en todo el país– es un mal que castiga a casi la mitad de la población trabajadora, los robos a supermercados, almacenes, negocios minoristas de todo tipo y a personas particulares (en la vía pública y hasta en sus propias casas), dan cuenta más de un vacío dejado por la ausencia de presencia policial que por una cuestión social.
De todos modos, tal como se preguntó ayer Susana Fiorito -presidenta de la Biblioteca Popular Bella Vista-, en un texto que circuló por las redes sociales, lo que resta analizar y evaluar "es la denunciada relación entre las organizaciones del narcotráfico y la institución policial y en qué medida el ´desmadre´ de anoche es un aviso de lo que pasa cuando el ´poder´ político pretende socavar las fuentes de ingresos de su propio aparato represivo".
Mariano Pacheco, desde Córdoba
No hay comentarios:
Publicar un comentario