Condenaron a los trabajadores de Las Heras

En Caleta Olivia, la Cámara del Crimen terminó condenando con severas penas a diez trabajadores de Las Heras.

Los condenados habían sido llevados a juicio por el asesinato del oficial Sayago, en el marco de una pueblada provocada por la detención de un referente petrolero en 2006. La movilización petrolera reclamaba por la derogación del impuesto al salario y por la situación de trabajadores petroleros tercerizados, que revistaban bajo el convenio de Uocra.
La Cámara condenó a los trabajadores Cortez Rosales y González a cadena perpetua por homicidio agravado, por el carácter de policía del muerto. También condenaron al joven Padilla, quien en el momento de los hechos era menor. Sólo por eso, difirió la fijación de la pena a una evaluación del tribunal de menores.
También se condenó a cinco años a Darío Cuatrihuala por lesiones graves, y la misma pena a los cinco imputados por coacción agravada.
Varias de las condenas no fueron por unanimidad: la presidente del tribunal voto por la absolución de Cortez y de Padilla, quienes fueron condenados por el voto de la mayoría, integrada entre otros por el juez Olivera -del grupo progubernamental “Justicia legítima”.

Apremios y espionaje

Esta condena, arbitraria por donde se la mire, tuvo que recurrir para su fundamentación a testimonios vertidos en la instrucción, que no fueron ni incorporados por lectura ni ratificados en el juicio. Ello torna a la condena sin sustento jurídico alguno, y sólo es explicable por su sentido político.
En primer lugar, pretende respaldar al aparato represivo de Santa Cruz. Todos los jueces desestimaron los apremios y las torturas efectuados en la investigación, al igual que las acusaciones de apremios presentadas contra los investigadores. Los jueces rechazaron explícitamente que la utilización de fotografías de los petroleros obtenidas en conflictos anteriores, para el reconocimiento de supuestos autores del asesinato, haya violado la prohibición de realizar inteligencia previa. En cambio, consideraron a esa actividad de espionaje como una atribución preventiva de las fuerzas policiales. En ese marco, la condena constituye un apoyo claro a cualquier acción de espionaje y represión del pasado y del futuro de la policía provincial.
La condena, por otra parte, es un ataque directo a todo el movimiento petrolero que combate por sus reivindicaciones y por la recuperación de sus organizaciones de lucha, contra las corporaciones petroleras y la burocracia sindical. La condena es un tiro por elevación a la lucha de los petroleros por la eliminación del impuesto al salario y en contra de la tercerización laboral, los ejes de la huelga de febrero de 2006 que dio origen a los hechos juzgados, pero que están plenamente vigentes.
La nutrida marcha que se concretó en Caleta, con la presencia de los diputados nacionales del Frente de Izquierda, los organismos de derechos humanos, delegaciones de comisiones internas y de trabajadores que viajaron de Buenos Aires, y los militantes del Partido Obrero de Santa Cruz, repudió la condena, y ayudó a establecer los pilares de una gran campaña nacional para su absolución.

Claudia Ferrero (Apel)