Qom: “Tres años de Impunidad”

Hace ya tres años, la represión de la policía de Formosa terminó con la vida de Roberto López, de la comunidad Qom La Primavera. Fue un punto bizagra de la lucha que lideró Félix Díaz, hasta llegar a Buenos Aires, para devolverle dignidad y nombre a su gente: Potae Napocna Navogoh. Sin embargo, la impunidad sigue vigente porque los qom son criminalizados y la lucha territorial continúa sin resolverse frente a un relevamiento provincial y nacional que no reconoce los derechos indígenas.

El 23 de noviembre de 2010 la Comunidad Qom de Formosa reclamaba en forma pacífica sobre la ruta nacional 86 por la usurpación de su territorio cuando fue brutalmente reprimida, incluyendo a ancianos y niños de ambos sexos. Desde el Grupo Resistencia Qom recordaron así el hecho: “Seguramente las fuerzas represoras del estado provincial pensaron que nadie se iba a enterar de lo que estaban haciendo. Y se enteró el país y el mundo”. Vale aclarar nuevamente que la entonces diputada Silvia Vázquez había anticipado la gravedad de la situación, pero el bloque del Frente para la Victoria interrumpió su tratamiento por pedido de los representantes del gobernador Gildo Insfran.
“No hay ni un solo funcionario ni un policía acusado. Por el contrario, sólo los qom somos criminalizados. Tenemos tres causas en contra. Varios desde nosotros, incluidos nuestro qarashe Félix Díaz, se encuentran procesados, otros veinte están imputados”, expresó la propia Comunidad en un comunicado publicado ayer. Algunas de las causas se armaron porque por la represión también resultó muerto un policía de Formosa. Así, desde el principio, los gobiernos provincial y nacional adhirieron a una especie de “teoría de los dos demonios”, adaptada a continuar el genocidio indígena. Luego de ello, los ataques continuaron y murieron más integrantes de la comunidad, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó garantizar la seguridad en la zona.
El hecho es de tal gravedad que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) expresó hace unos días: “La justicia procesó a Félix Díaz por una causa armada por la policía formoseña” y agrega luego “con el objetivo de criminalizar a los integrantes de la comunidad”. Allí se los acusa de “haber atacado a efectivos policiales y haberles robado armas durante la mañana del 23 de noviembre de 2010, horas antes de haber sido víctimas de una feroz represión”. Por su puesto, la causa armada es necesaria para sostener la teoría de los dos demonios, incluso porque se sospecha que el policía muerto lo fue por un arma reglamentaria de las propias fuerzas represivas. El CELS denunció desde el principio “numerosas irregularidades y falsedades” y que la “frágil versión de la policía” fue para “aportarle una excusa para reprimir”.
Con la misma argumentación, pero en un tono aún más contundente, se pronunciaron las organizaciones Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación de Abogados de Derecho Indígena, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Nora Cortiña), Orgullo Qom y Fundación SERPAJ (Pérez Esquivel). Allí puede leerse: “La connivencia entre los poderes del estado provincial sigue dando sus frutos”. Y también: “No hay pruebas, sólo inventos, en el país que se respetan los derechos humanos”. La conclusión es precisa: “Los indígenas fueron procesados y los responsables de la preparación de esta trampa (…) no sólo gozan del privilegio de la libertad sino que no han sido imputados por ninguno de los hechos cometidos”. Asimismo, apoyaron la acción legal del CELS en defensa de la comunidad.
En ese mismo comunicado, como entidades parte de la Mesa de Garantes, también expresaron: “Paralelamente al procesamiento de los qom el estado nacional está por entregar a la comunidad los resultados del relevamiento territorial que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que han resultado profundamente incompletos dado que se han relevado sólo el título comunitario y dos de los más de treinta lugares de ocupación tradicional, actual y pública”. Y agregaron: “Exigimos el georreferenciamiento de todos los lugares de ocupación tradicional y actual del territorio qom para que se respete el derecho indígena y se cumpla con la ley de Emergencia Territorial en su totalidad”.
Así lo confirmó la propia Comunidad Qom en el comunicado de ayer. “Lastimosamente, la semana pasada el INAI [Instituto Nacional de Asuntos Indígenas] y el ICA [Instituto de Comunidades Aborígenes] nos han presentado una cartografía preliminar que no respeta el largo trabajo que hemos realizado junto a los técnicos. Son muchas y muy serias las irregularidades del mapa”. Entre ellas: “Por ejemplo, no figuran ni el conflicto con la familia Celia ni con la Universidad/ Provincia”. También la comunidad denuncia que no se incorporó la totalidad de puntos dentro del Parque Nacional Río Pilcomayo. Incluso no registra el lugar donde vive Félix Díaz, pues es la razón por una causa de “usurpación” que se le impulsa.
“Los resultados de la cartografía presentada por el INAI son tan disparatados que reconocen menos hectáreas a la comunidad que las que se consignan en el título de propiedad comunitario provincial”, expresan en el comunicado.
En este contexto, señalan: “Para colmo la Corte Suprema, que era nuestra última esperanza, avala -hasta el momento- todo lo que vienen haciendo ambos gobiernos”. Desde el Grupo Resistencia Qom también mencionan: “Fue una parodia el proceso de resolución del conflicto que se inició en el Ministerio del Interior en mayo del 2011 y es una parodia el relevamiento territorial que se está realizando actualmente a través del INAI-ICA. Esperemos que la actuación de la Corte Suprema de Justicia tenga un desenlace diferente”. La comunidad sigue pidiendo: “Una salida de justicia, respeto y diálogo”.